Fernando Édgar Núñez Jiménez se dedicó el último año y medio a investigar y cruzar información sobre los procesos judiciales del país. Su investigación se refleja en un libro, Pluralismo jurídico, el nuevo ordenamiento jurídico boliviano, que presentará hoy, a las 19:00, en el salón auditorio de la UPSA.
¿Cómo evalúa el sistema judicial en Bolivia después de la elección por voto directo de los magistrados?
Al principio se veía como alternativa y solución a la crisis del sistema judicial, pero este proceso se politizó y evitó que ingrese gente proba y competente; prueba de ello es que en ese proceso ganó la abstención y eso ha sido un duro revés para el sistema judicial. Hay una crisis en el Tribunal Supremo y en el Agroambiental, es decir, en vez de resolver los problemas de la justicia se ha profundizado por la politización del sistema de elección de autoridades judiciales, que inicialmente se mostraba como un proceso innovador, pero desgraciadamente el partido de Gobierno (MAS) lo politizó y ahora es una de las grandes causas para que la justicia en Bolivia esté en crisis y provocó que la ciudadanía haya perdido toda la confianza en el Poder Judicial.
Según su investigación, ¿qué región registra la mayor carga sobre retardación de justicia?
De lejos, Santa Cruz. En esta región hay más carga procesal, las acefalías son de mayor número y donde se necesita designar más autoridades judiciales, llámense jueces, vocales o fiscales, es decir, esta región necesita que se aumente el número de autoridades judiciales porque todos estos elementos hacen que el departamento registre el mayor número de casos de retardación de justicia. Creo que también se debe implantar los juzgados contravencionales para atender los grandes problemas que enfrenta la sociedad y así dar agilidad al sistema judicial. Solo por citar, se evidenció que en el eje central un proceso judicial tarda 716 días para llegar a un Tribunal de Sentencia y eso es retardación de justicia.
¿A qué atribuye que en los últimos tiempos se hubiera visto a muchos jueces y fiscales detenidos por supuestos actos de corrupción?
El gran problema está en la inexistencia de la independencia de los poderes. El Órgano Judicial ha sido tomado prácticamente por el Poder Ejecutivo y al violarse el principio de independencia de los poderes ha generado que muchas autoridades judiciales, por alguna razón, se parcialicen o se sometan a las autoridades del Poder Ejecutivo, que exige alinearse a ese poder, y eso va en desmedro del sistema judicial en un modelo democrático.
Se debe exigir la independencia de poderes para tener una justicia independiente y autónoma, que permita a los jueces actuar en derecho y no a solicitudes o intereses de políticas partidarias.
¿A qué se refiere con los juzgados contravencionales?
Estos juzgados están para atender problemas como riñas callejeras, accidentes de tránsito y robos domiciliarios, lo que ayudará a que no se colapse la justicia. La atención deberá ser en los mismos distritos, pero además de eso, hay que desconcentrar la justicia en los distritos, pero deberá ir acompañada de infraestructura y redes de comunicación que permitan agilizar los procesos.
Se habla mucho de la descentralización del sistema judicial , de especializaciones de las autoridades judiciales....
Ya están los juzgados especializados y quizás en lo que se debería trabajar es en cuanto a la especialización de los representantes del Ministerio Público. Por ejemplo, hay datos de que el personal operativo del Servicio Nacional de Defensa Pública, en el área urbana, llega a 54 funcionarios y en el área rural solo hay 15 funcionarios que se denominan consultores en línea de Defensa Pública.
En Bolivia se ha creado la Procuradoría, que es una especie de suprafiscalía como las que hay en Argentina y México, están los fiscales especialistas en materia aduanera, en narcotráfico, tributaria o corrupción, entre otros temas, por ello creo que se debería potenciar la Procuradoría del Estado, que es dirigida por Héctor Arce.
En su criterio, ¿hay garantía de transparencia y objetividad en las acciones del procurador, un exdiputado del MAS?
Es que ahí está el problema de la politización de la justicia. No dudamos de la capacidad profesional de Héctor Arce Zaconeta, pero el hecho de estar vinculado al MAS de alguna manera genera en la ciudadanía mucha desconfianza y falta de objetividad en su proceder
El autor
Fernando E. Núñez
Abogado
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Upsa
Trayectoria
Egresó de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Es magíster en Estudios Europeos y tiene un doctorado de la Universitad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. En 2013, la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados le entregó el reconocimiento como Profesional Meritorio del Estado Plurinacional de Bolivia y le impuso de la Medalla de Honor al Mérito.
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