Asambleístas del MAS plantearon "regular” las actividades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) después de que esta institución dejó en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado, un acto -según afirman- "ilegal”. Tampoco descartan asumir acciones legales contra los magistrados.
El diputado José Antonio Yucra (MAS) dijo que el TCP no puede "presumir de la inconstitucionalidad o ilegalidad” de una norma, por lo que anunció una "fiscalización” de las actuaciones del órgano de control constitucional. "Vamos a ver el mecanismo de cómo regular el funcionamiento del Tribunal”.
En cambio el diputado Irineo Condori propuso un régimen disciplinario al interior de la institución para evitar los excesos de algunos magistrados.
"Lamentablemente, algunos magistrados se están manejando políticamente, es el caso de Gualberto Cusi, que está con una línea política que perjudica al país”, comentó.
Si bien los asambleístas admitieron que el TCP está en su pleno derecho de admitir y revisar las normas y observar las inconstitucionalidades, dicen que no puede adelantarse a suponer la ilegalidad de una ley.
Bajo el argumento de que la Ley del Notariado tiene varios elementos inconstitucionales, el diputado de Convergencia Nacional Juan Luis Gantier y el Colegio de Abogados plantearon al Tribunal Constitucional el recurso abstracto de inconstitucionalidad, este recurso fue admitido por el TCP.
Después, el TCP emitió el auto constitucional 0106/2014-CA en el que establece la suspensión de la aplicación de la Ley 483 del Notariado hasta la emisión de la sentencia constitucional que resuelva la acción presentada.
El procurador general del Estado, Hector Arce, dijo en declaraciones a la red ATB que "no hay problema de que el TCP admita una demanda, lo grave está en que haya dejado en suspenso la ley. Hay una violación de la Constitución”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, informó que la Asamblea Legislativa se declaró "en emergencia” ante la actuación de la comisión de admisión del TCP, que aplicó "medidas cautelares” que dejan en suspenso la ley.
El miércoles, el vicepresidente Álvaro García Linera criticó la decisión de los magistrados del TCP y ayer la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, consideró una "aberración jurídica” la determinación del "TCP, que actuó más allá de lo solicitado por el diputado y eso es totalmente inconstitucional”.
Página Siete conoció que la comisión de admisión del TCP estaba conformada por los magistrados Gualberto Cusi, Ruddy Flores y Neldy Andrade. Hasta ayer el TCP no se pronunció.
El presidente de esa institución, Efren Choque, colgó el teléfono cuando este diario le formulaba una pregunta. Luego, apagó su celular.
Se presume la constitucionalidad
El exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera manifestó que en una acción de inconstitucionalidad abstracta se entiende que una ley no es aplicada a una persona en concreto, por lo que no corresponde ordenar la suspensión de aplicación de la ley.
"De todas formas, de manera general puedo decirle que según las normas previstas por el Código Procesal rige el principio de presunción de constitucionalidad, lo que significa que se presume que una ley es constitucional hasta tanto el Tribunal Constitucional, mediante sentencia ejecutoriada, la declare inconstitucional”, comentó a Página Siete.
Una suspensión de la norma sería de carácter general, hecho que no sería correcto porque "infringiría el principio de presunción de constitucionalidad”.
El artículo 4 de la Ley Procesal Constitucional establece que se "presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles en tanto el TCP no declare su inconstitucionalidad”, explicó Rivera.
Opositores culpan al MAS por la falta de debate
La oposición responsabilizó al gubernamental MAS por aprobar leyes que tienen varios elementos inconstitucionales y por la falta de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El diputado opositor Willman Cardozo manifestó que "el oficialismo carece de un discurso coherente y es el responsable de las leyes observadas”.
"Lamentablemente, la Asamblea aprueba leyes sin el mínimo asesoramiento jurídico. Desde hace tiempo hemos venido reclamando que la Asamblea Legislativa debiera tener los mejores abogados constitucionalistas (...). La Asamblea se ha convertido en una máquina de hacer leyes”, cuestionó Cardozo.
Su colega de Unidad Nacional Elizabeth Reyes cree que una eventual regulación al TCP va a afectar su independencia, pese a que la Constitución garantiza esa cualidad en los órganos del Estado. "Lo que pasa es que el MAS no quiere que se revise nada de sus normas”, dijo.
Cardozo criticó al oficialismo porque evitó la fiscalización al TCP en otros casos, por lo que ahora los magistrados no rinden informes a la Asamblea.
Por otra parte, el diputado José Yucra (MAS) criticó al TCP por el retraso en la revisión de los estatutos y cartas orgánicas.
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