Con la finalidad de promover el acceso a la justicia y la garantía de independencia judicial, se desarrolla actualmente en Bolivia y en otros países de Sudamérica el proyecto "Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoría social y transparencia”.
El director del proyecto, Luis Enrique Aguilar, y su equipo de trabajo llegaron a La Paz para monitorizar el trabajo que realizan estudiantes universitarios con 61 jueces de tres regiones.
El abogado aseguró que a través del acercamiento con el ciudadano, los jueces tienen la posibilidad de demostrar que su trabajo es transparente.
¿Cómo se inició este proyecto de la Comisión Andina de Juristas y con qué objetivo?
Se inició en 2005, en Perú, como una iniciativa de la Comisión Andina de Juristas para mostrar una innovación estratégica para acercarse a la justicia. Se decidió trabajar con estudiantes universitarios para que realicen un proceso llamado Cuadernos de decisiones jurisdiccionales, que consiste en la sistematización de todas las sentencias que emite un juez como un mecanismo de acercar a la justicia y saber cómo la administran. La idea es que los estudiantes reconstruyan la línea de pensamiento individual de cada juez; queremos que la profesión del juez sea revalorada porque ahora existen muchas ideas que generan rechazo en su labor. Esta experiencia repercutió en Bolivia y a partir del año pasado llegó a Ecuador, Colombia y Chile.
¿Qué se rescata de esta experiencia en Bolivia?
El interés por parte de los estudiantes y las universidades por participar en este proceso. Se firmó un convenio con tres universidades de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba. A pesar de todos los temores iniciales, estamos llegando a la meta de tener 60 jueces en cada país participando en este proceso donde se renueva la idea de que en la justicia no hay miedo de mostrar a la ciudadanía su trabajo.
¿Qué se logró percibir en Bolivia sobre el trabajo judicial? ¿hubo acceso a las sentencias?
A diferencia de otros países en los cuales el contacto ha sido primero con los jueces y luego con las autoridades que los administran, en el caso de Bolivia tuvo que ser al revés. Los jueces consideraban que primero tenía que haber un aval del Consejo de la Magistratura que permitiera su participación en este proceso. Se firmó un convenio permitiendo que los jueces participen y se pudo avanzar en este proceso.
¿Cuál es la referencia que llega de la justicia a través de los medios de comunicación?
Sabemos que la primera cara de la justicia que llega, y es totalmente razonable, es que tiene incoherencias como los casos controvertidos de carácter político, social como violencia de género. Pero así como hay esos jueces, creemos que hay de los otros jueces y de eso es lo que menos se publica, por eso nosotros estamos pensando en trabajar con los medios de comunicación.
¿No cree que es complejo que la gente confíe en la justicia tomando en cuenta que hay jueces que dan libertad a violadores, asesinos, cuyos fallos ponen al ciudadano en una situación vulnerable todo el tiempo?
Es totalmente comprensible la desconfianza. De hecho, una de nuestras principales preocupaciones es ver y concentrar nuestra atención en jueces que trabajan en casos de violencia de género. En la medida que podamos demostrar que un juez está actuando fuera de norma, estamos avanzando.
¿La carga procesal es otro de los factores que influye en que un juez obre a cabalidad, o no?
Es muy fuerte; en Perú, por ejemplo, pudimos demostrar que una jueza resolvía cerca de 1.500 causas al mes; sin embargo, el cuaderno de ella era coherente a pesar de esa dificultad. Y lo mismo se ve en otros países.
¿Qué es lo que se quiere lograr con este proyecto?
El primero de todos es generar una relación constructiva entre los jueces y los estudiantes en representación de la ciudadanía y a partir de eso generar una cultura judicial. Queremos que cambie la percepción de que la gente no puede confiar en la justicia.
HOJA DE VIDA
Estudios Culminó la carrera de Derecho en 2004, en Perú.
Experiencia Es el director del proyecto del acceso a la justicia, coordina proyectos en DDHH y a la implementación del Plan Trienal de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
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