La comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante un auto constitucional, del 22 de mayo de 2014, rectificó ayer de oficio la parte resolutiva del auto constitucional del 13 marzo, que dentro de una medida cautelar suspendía la vigencia de la Ley del Notariado.
Según un boletín de prensa del TCP, citado por la agencia gubernamental ABI, la enmienda establece como medidas cautelares, la abstención de la designación de director o directora de la Dirección del Notariado Plurinacional. Asimismo, dispone la inhibición de transferencia de archivos y documentos, instruida por la disposición transitoria tercera de la Ley del Notariado.
Finalmente declara la suspensión de la elaboración del Reglamento a la Ley del Notariado Plurinacional, dispuesta por la disposición transitoria sexta.
La resolución aclara, según ABI, que los actos notariales efectuados por los notarios en aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional son plenamente válidos y surten efectos legales reconocidos por dicha ley.
Los notarios ayer estaban en la incertidumbre porque con el fallo del TCP prácticamente se paralizó la vigencia de la norma por lo que trámites como reconocimiento de firmas, otorgamiento de poderes, legalización de minutas y otros no podían realizarse.
Más temprano, constitucionalistas consideran que el Tribunal Constitucional cometió un "exceso” al haber determinado la suspensión de la aplicación de la ley tras admitir una acción de inconstitucionalidad abstracta y dar curso a medidas cautelares.
"El Tribunal tuvo un exceso al suspender toda la ley”, comentó el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Milton Mendoza.
"Más que un exceso, yo creo que se les fue la mano (a los magistrados”, aseguró el constitucionalista Gabriel Peláez, porque las autoridades no establecieron previsiones en tanto se suspenda la vigencia de la ley, para evitar posibles vacíos jurídicos a la función notarial.
Argumentos del recurso
El diputado opositor Juan Luis Gantier planteó la acción de inconstitucionalidad de dicha ley porque la estructura orgánica notarial en la ley promulgada este año estaría sometida al Órgano Ejecutivo.
"Plasma una estructura orgánica para la función notarial que depende del Órgano Ejecutivo”, sostiene en la argumentación del recurso.
Este hecho afectaría la garantía de la división orgánica del poder público, los principios de imparcialidad, independencia y seguridad jurídica.
Gantier indica que el recurso señala que los roles de la función notarial son dar fe pública en relación con actos jurídicos "y administrar justicia en vía voluntaria. Estas dos funciones no pueden ser sustraídas del Órgano Judicial al Órgano Ejecutivo”, funciones que deben depender de un órgano independiente, como es el Judicial, de acuerdo con la Constitución Política.
Gantier defiende la aplicación de las medidas cautelares.
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