Según la representante distrital del Consejo de la Magistratura Paola Chirinos Montoya, el 100 por ciento de los jueces y vocales del departamento de Tarija, tienen algún proceso penal o disciplinario en su contra. En la actualidad, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) tiene a disposición un total de 60 jueces. Existen 30 que están en la capital y otros 30 en las provincias, además de ocho vocales.
Los delitos por los que generalmente están siendo investigados algunos de los jueces en la vía penal son: el prevaricato, que es dado cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan. Además por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
En la vida interna son procesados disciplinariamente por un tribunal de alzada que tipifica las acciones que realiza el juez en su función diaria. Las investigaciones se dan cuando hay una denuncia por falta leve, grave o gravísima que puede llegar a la destitución del funcionario.
“Están todos con procesos de investigación en un 100 por ciento, algunos con procesos penales que están siendo investigados en el Ministerio Público y los disciplinarios que son más internos—manifestó Chirinos–. Son sin duda denuncias de los gajes del oficio, puesto que muchas veces no se da contento con el fallo a las partes y ante ello accionan una denuncia”.
Sólo hay un juez que fue a la cárcel
De todos los casos que al momento vienen investigándose en la vía penal y disciplinaria, solo un juez fue sancionado drásticamente con la detención preventiva en la cárcel de Yacuiba. Se trata del juez Luis Edgar Abircata, quien está acusado por el delito de prevaricato y concusión.
“Todos los casos están en proceso de investigación y existe un solo juez hasta el momento en la cárcel y se trata del doctor Abircata. Él, por ejemplo, este funcionario está con un proceso penal y cometió una falta grave y está suspendido—indicó Chirinos–. Los demás casos que están en proceso, algunos están en apelación, otros que están con sentencia, otros con rechazo”.
Abogados desconocen sobre fallos ejecutoriados
Algunos abogados penalistas como Grover Mita y Grover Baldiviezo cuestionan que hasta la fecha no se conozca resultados de los procesos que existen contra jueces ni vocales. Si bien los mismos fueron abiertos por alguna causa hasta el momento no existen resoluciones de sentencia ejecutoriadas, ya sea en la vía penal o disciplinaria.
“Por una parte, está el proceso penal y por otro el disciplinario y eso hay que dejarlo en claro y estas denuncias contra jueces o vocales son interpuestas por las partes cuando consideran que un fallo o una resolución no estuvo acorde a las normas—indicó Mita–. Ahora estas denuncias lamentablemente no sabemos como son tratadas y por lo menos hasta ahora no conozco que haya una autoridad judicial con sentencia condenatoria y ejecutoriada por el delito de prevaricato”.
“La Ley es específica y la denuncia debe demostrar que sí se cometió el ilícito de prevaricato o resoluciones contrarias a la Ley pues deban sancionarse previo a un debido proceso—añadió Baldiviezo–.Entonces nadie puede escapar de la Ley y los administradores están sujetos a ser procesados también, pero lamentablemente no conocemos ninguna sentencia oficial”.
LOS DATOS.-
- En todo el departamento existen 60 jueces, 30 en las provincias y 30 en la capital
- El 100% de ellos, según Chirinos, está envuelto en algún proceso jurídico
Casos que involucraron a jueces y vocales
JOSUE HEBER ACEBEY C./EL NACIONAL
Algunos de los casos han trascendido a los medios de comunicación generando cierta convulsión en la sociedad. Uno de los casos emblemáticos que tuvo sentencia en mayo de 2013 fue contra el juez técnico del Tribunal Primero de Sentencia, Pablo Reynaldo Zelaya Villanueva, por protagonizar un escándalo sexual en vía pública. El Tribunal disciplinario del Consejo de la Magistratura de Tarija lo encontró culpable de la falta denunciada.
Otra investigación que terminó con imputación penal fue contra los vocales, Nilo Velasco y José Luis Lenz, por el probable delito de prevaricato, ya que el Banco Central de Bolivia (BCB) resultó ganadora de una demanda interpuesta; sin embargo, los implicados anularon la decisión.
No fueron los únicos vocales suspendidos y procesados, también se procesó a la presidenta del TDJ, Heidy Calderón Pérez, acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de la Piscina Olímpica y se pidió la anotación preventiva de todos sus bienes.
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