El presidente del Tribunal Constitucional, Efren Choque, dijo ayer que la suspensión de las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez “vulnera el estado de derecho” y afecta a la Constitución y la democracia boliviana”. En tanto, las sancionadas señalaron que el juicio es “político e inconstitucional” porque quebranta las atribuciones del Órgano Judicial.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que las magistradas “cometieron una arbitrariedad aberrante” al suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
Mientras dure el juicio en el Senado, que aún no tiene fecha, los magistrados suplentes Juan Valencia y Zenón Bacarreza asumirán las funciones de sus colegas suspendidas.
Las magistradas suspendidas Ligia Velásquez y Zoraida Chanez están procesadas por suspender la aplicación de la Ley de Notariado mientras se resuelve un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma. Chanez afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene la competencia para enjuiciar a autoridades electas.
En tanto el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efren Choque, calificó como “día negro para la justicia constitucional” la suspensión de las magistradas, quienes serán sometidas a un juicio de responsabilidades en el Senado.
“Queremos decir con todo respeto y de manera reflexiva, que esta crisis institucional afecta a la estabilidad del Tribunal y también afecta al estado de derecho de la democracia boliviana”, dijo Choque.
Respecto a las consecuencias que tendrá en el TCP el alejamiento de dos de sus miembros, Choque reconoció que la medida “genera inestabilidad en sus tareas jurisdiccionales”.
El presidente del TCP convocó a los otros poderes del Estado a establecer una relación “horizontal” de coordinación con el objetivo de mejorar el servicio a la sociedad.
Silvia Salame, exmagistrada del TCP, manifestó que en la Constitución no existe revocatorio para el ámbito judicial.
“La propia norma establece que será el Consejo de la Magistratura quien siga un proceso y, si fuera un caso penal, se remitirá al Ministerio Público”, aclaró.
Según Salame, no se puede suspender el mandato a un magistrado por emitir una resolución, más aun si se trata de una resolución que está sujeta a revisión.
La diputada Rebeca Delgado Burgoa, afirmó que la aprobación del proyecto de acusación a dos magistradas del TCP carece de tipificación, tiene defectos procesales y se basa en una medida precautoria, no en una resolución, por lo que se estaría dando un duro golpe a la democracia.
Injerencia
Ante denuncias de partidos de oposición y de las magistradas suspendidas, de que el juicio fue por instrucción del Gobierno, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez respondió que el Ejecutivo no influyó en la decisión de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, justificó el proceso a las magistradas coincidiendo con las opiniones vertidas por el vicepresidente Álvaro García Linera y los parlamentarios del oficialismo.
“Estamos viendo ir a un revocatorio, ellos fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas, aquí no será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo, ni arbitrariamente.
Será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tienen que ir o se quedan”, apuntó la Ministra.
Y mientras dure el juicio contra las magistradas, los suplentes Juan Valencia y Zenón Bacarreza cubrirán las funciones de sus colegas suspendidos.
“Después que llegue la notificación al Tribunal Constitucional Plurinacional, en las próximas horas, los magistrados suplentes estarían asumiendo la titularidad” informó el magistrado Ruddy Flores.
La candidata a diputada por Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, sostuvo que el juicio es una acción gubernamental para tratar de retomar el control del TCP, esto también implicaría el retorno del magistrado Rudy Flores a la presidencia de esta entidad judicial. Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, calificó el juicio de responsabilidades como una “aberración”.
“Es la segunda aberración más grande desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la justicia, la primera fue elegir autoridades judiciales del tribunal con consigna política, militancia política del Movimiento Al Socialismo”, dijo.
En el caso del magistrado Cusi, el informe de la Comisión de Justicia Plural señala que éste presentó una acción de libertad, que fue concedida en resguardo a su derecho a la vida, “disponiendo el cese de cualquier proceso hasta que su salud esté restituida y asuma sus funciones.
No tiene competencia
La exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Silvia Salame, asegura que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene competencia para suspender o procesar a los magistrados del Órgano Judicial, porque estos fueron elegidos por el voto popular.
Dijo que los magistrados no se equivocaron en determinar la suspensión temporal de la Ley del Notariado porque evitaron con esta acción que se provoque un “caos jurídico”.
“Se pidió las medidas cautelares en razón a que iba a causar un grave caos jurídico a todo lo que es el ámbito notarial, porque iba a pasar temporalmente al Ministerio de Justicia y si se declaraba inconstitucional nuevamente volvía al Órgano Judicial.
Para evitar ese daño se pidió esa medida cautelar”, explicó Salame.
Aseguró que la acción de Diputados significa un “golpe de estado” al Tribunal Constitucional “porque la ALP no tiene competencia. La CPE establece que a los magistrados los elige el pueblo no la Asamblea, esa modalidad que establece la Ley 44 era cuando los magistrados eran electos por la Asamblea”.
Los delitos
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Sejas, dijo ayer que no entrará en detalles sobre el momento en que las magistradas del TCP, Ligia Velásquez y Zoraida Chanez, supuestamente cometieron los delitos por los que la mayoría oficialista las suspendieron y las enviaron a juicio de responsabilidades. “Todavía no concluyó el proceso, yo debo mencionar que los supuestos ilícitos serían incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato. Erbol consultó ¿en qué momento las magistradas ahora suspendidas incurrieron en los delitos que se menciona? Y el legislador respondió: “No voy a entrar en detalle por cuestiones obvias, estoy explicando que todavía voy a conocer la causa en la etapa del juicio mismo”.
ÁLVARO GARCÍA LINERA NEGÓ INJERENCIA
Vice: El próximo será el magistrado Cusi
El vicepresidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo ayer que las dos magistradas suspendidas en sus cargos por decisión de la Cámara de Diputados son procesadas por cometer una “arbitrariedad aberrante, injustificada” al suspender la Ley del Notariado y que el magistrado Gualberto Cusi también será sometido al mismo procedimiento.
“Aquí están inventándose un procedimiento o por desconocimiento o por ineptitud o por incapacidad o por mala fe pero el dañado es el Estado y no es Álvaro García, el dañado es el Estado, el ciudadano de a pie que no puede aplicar una ley muy buena”, dijo ayer en Cochabamba.
La madrugada de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el inicio de un juicio de responsabilidades contra las magistradas Soraida Rosario Chanez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños,
Chanez y Velásquez, junto con el magistrado Gualberto Cusi Mamani, en su condición de miembros de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, dictaron, el 13 de marzo de 2014, un Auto Constitucional que suspende la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.
“El Tribunal (Constitucional) sin sentencia solamente habiendo admitido la demanda se le ha ocurrido, por primera vez en la vida, anular la aplicación de la ley, anular la aplicación de sus artículos. Entonces este es un antecedente funesto contra el funcionamiento del Estado”, aseguró García Linera.
Dijo que lejos de un procedimiento político y de una intromisión “de lo que se trata es que de una buena vez exigir al sistema de justicia -no a todas las instituciones sino a algunas- que dejen de hacer chacota y que trabajen. Ya han llegado a un tope de intolerancia, de arbitrariedades, de abusos por eso la justicia está mal y se pide a los tribunos elegidos por el voto popular que cumplan su mandato, no que bloqueen al Estado ni que fomenten más actos de corrupción”.
García Linera explicó que la sanción a las magistradas puede llegar incluso a la destitución y después pasar a un proceso administrativo o incluso penal. “Ahora están suspendidos no pueden ejercer su función y dependerá de lo que diga el Senado pero en principio puede ser la destitución de esos funcionarios y veremos si hay algún tipo de sanción administrativa o penal”.
INSTITUCIONALIDAD
Ligia Velásquez, magistrada suspendida
Se trata de un juicio político
La magistrada Ligia Velásquez denunció ayer que es sometida a un juicio político, lo que acaba con la institucionalidad del Órgano Judicial. Anunció que como mecanismo de defensa presentó ante la Asamblea una excepción de incompetencia del Legislativo para juzgar supuestos delitos a magistrados del TCP, además de una acción de inconstitucionalidad concreta, afirmando que la única entidad de impartir justicia es el Órgano Judicial.
AMEDRENTAMIENTO
Zoraida Chanez, magistrada suspendida
Quieren dar efecto ejemplificador
La magistrada suspendida, Zoraida Chanez, advirtió que la intención del oficialismo con esta decisión es “dar un efecto ejemplificador”. “Si algún magistrado, vocal, juez o cualquier autoridad judicial ose impartir justicia con imparcialidad e independencia, entonces le va a pasar lo que a nosotros”, alertó. Sostuvo que su suspensión y enjuiciamiento fueron una orden política que partió del actual procurador general del Estado, Héctor Arce.
DEFENSA
Efren Choque, presidente del TCP
Sólo cumplieron con su trabajo
Efren Choque, presidente del TCP, defendió la actuación de las magistradas suspendidas al haber admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley del Notariado. “Lo único que han hecho las magistradas es cumplir con sus tareas constitucionales en beneficio de los sectores sociales toda vez que el trabajo de los notarios está íntimamente vinculado con el pueblo”, señaló. El presidente dijo que la sanción es un acto inconstitucional.
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