Saturday, August 30, 2014

Inauguran Casa de Justicia en Chulumani



El presidente Evo Morales inauguró ayer la Casa de Justicia en la localidad de Chulumani, ubicada en el norte del departamento de La Paz, con una inversión de Bs 5,2 millones, con financiamiento del Reino de Dinamarca. La infraestructura es parte de los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu).

“Hoy la justicia ya no es solamente para las ciudades, la justicia tiene que llegar al pueblo. En ese marco del acceso a la justicia es que se ha pensado integrar los servicios de justicia en un solo lugar. Esta infraestructura tiene ambientes para jueces, fiscales, médico forense, abogados de Defensa Pública, la Defensoría y otros”, detalló en su discurso el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Gabriel Machicao.

El Reino de la República de Dinamarca otorgó a Bolivia recursos en calidad de donación por la suma de 80 millones de coronas danesas, equivalentes a Bs 93 millones aproximadamente, con el fin de establecer el Programa Pro-Justicia: “Apoyo al Acceso a la Justicia en Bolivia”, para la construcción de infraestructuras.

Friday, August 29, 2014

Video Juristas se refieren al audio de Doria Medina y señala que podría haber incurrido en delitos penales

Plantean que solo un juez se encargue de cada juicio penal

El Consejo de la Magistratura plantea reducir la participación de los jueces técnicos en los juicios penales, de dos a uno. La medida está destinada a optimizar los recursos humanos, acelerar los procesos y reducir la carga procesal en los tribunales.

La información la hizo conocer la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani , en la Reunión Nacional de Evaluación, realizada en Cochabamba, ayer.

El proyecto para descongestionar los procesos penales fue iniciado de manera piloto en Chuquisaca y tiene resultados positivos, explicó.

Otra de las decisiones asumidas fue la digitalización de las actas de los juzgados. Las declaraciones serán grabadas y la información almacenada en el sistema informático de los juzgados.

Según Mamani, la transcripción del desarrollo de los juicios es una de las tareas más morosas de los secretarios de los tribunales.

La tercera medida para reducir la mora es el traslado de los jueces de las provincias a las ciudades capitales. Ellos trabajarán en la ciudad de manera temporal para aligerar la carga procesal. “Los tribunales deben ponerse al día porque tenemos mucha mora”, acotó.

Mamani dijo que los municipios no serán abandonados, porque han diseñado una metodología de trabajo en la que permanezcan tres semanas en el distrito central y una en su jurisdicción. Una vez que hayan puesto al día las sentencias regresarán a sus destinos, aseguró.

Antes de la implementación del nuevo Código Procesal Civil los tribunales deben reducir su mora a cero.

Datos

Cochabamba

El representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, informó que en Cochabamba se implementará el plan de descongestionamiento de causas rezagadas, principalmente en los juzgados cautelares.

Provincia.

En el departamento se realiza el análisis para establecer qué jueces de provincia serán trasladados a la ciudad.

Serán los que tengan poca carga procesal, por ejemplo, el caso de Arque, donde solo atienden cerca de 33 procesos al año.

Se están priorizando los juzgados cautelares aunque no se descarta implementar la estrategia en otros tribunales.

Organización

Actualmente, se habilitan espacios y muebles para

para poner en marcha la determinación asumida.

Reconocimiento

La Central de Diligencias del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba fue reconocida por el buen desempeño de sus funciones en el ámbito nacional.

Juicio a magistradas será el 21 de octubre; oposición ve cálculo

Los 26 senadores que forman parte del Tribunal de Sentencia de la Cámara Alta resolvieron ayer que el juicio de responsabilidades contra las magistradas del Tribunal Constitucional Soraida Chanez y Ligia Velásquez, se inicie el 21 de octubre, después de las elecciones generales. Para los opositores, esa decisión responde a un "cálculo político” del MAS.

"Se fija para el día 21 de octubre, a las nueve de la mañana, el inicio del juicio contra las magistradas”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, quien explicó que durante el tiempo que les resta debatirán, analizarán y discutirán las normas, "por ser un tema muy complejo y porque es el primer juicio de responsabilidades que tratará la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En la misma línea, el senador David Sánchez (MAS) explicó que decidieron postergar el juicio porque así tendrán tiempo para evaluar "a detalle” todos los expedientes y fundamentos jurídicos por los cuales la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra las magistradas Chánez y Velásquez.

Para la jefa de bancada de Convergencia Nacional (CN) en el Senado, Centa Rek, el hecho de postergar el juicio para después de las elecciones responde a un cálculo político del MAS para no perjudicarse electoralmente.
Su colega opositor Germán Antelo afirmó que "al MAS no le conviene emitir una sentencia condenatoria antes de la elección porque le restaría votos”.
El senador Marcelo Antezana afirmó que el juicio "comenzó con vicios de nulidad”, porque sus colegas Centa Rek, Germán Antelo, Lenny Zaconeta y Marialena Méndez se excusaron debido a que presentaron una querella contra la comisión de Justicia Plural de Diputados (que son acusadores), aunque participaron en la audiencia de apertura del juicio.
"Antes de aperturar el juicio, el cuerpo colegiado debería resolver las excusas y recusaciones”, explicó Antezana.

Las magistradas Chánez y Velásquez serán procesadas en el Senado luego de que la Cámara de Diputados (que cumple el rol de Fiscalía) aprobara la acusación por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por suspender temporalmente la Ley del Notariado.

Abogado tiene lista su estrategia
El abogado de la magistrada Soraide Chánez Chire, Eduardo León, informó ayer que ya se tienen las pruebas y la estructura de la estrategia trazada para enfrentar el juicio contra su cliente. Asimismo, calificó el juicio como "relámpago” y un proceso de "persecución machista”.
"Ya tenemos las pruebas y la estructura de la estrategia trazada y tenemos la seguridad de que este proceso es absolutamente injusto, de persecución machista, que no tiene sentido. Es un proceso sin cabeza destinado a morir”, aseguró.
El jurista explicó que lo que corresponde ahora es que las notifiquen legalmente con el auto de apertura de juicio "en señalamiento de la audiencia”. "Luego viene el juicio, en el que se deberán tomar las declaraciones de las magistradas”, dijo.
Pese a esta situación, León dio a conocer su optimismo para enfrentar este proceso. "Estamos listos para ganar el proceso a todos los políticos que vengan encima”, dijo el abogado de las suspendidas.

Thursday, August 28, 2014

TSJ exige el reglamento de la Ley del Notariado



Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la constitucionalidad de la Ley del Notariado, el presidente del Tribunal Supremo, Jorge von Borries, pidió al Ministerio de Justicia elaborar inmediatamente la reglamentación para que esa norma comience a aplicarse en Bolivia.

Von Borries dijo que el Ministerio de Justicia, con base en esta nueva norma, deberá designar a un director de manera interina e inmediatamente comience a elaborar el reglamento y luego proceder a designar a los notarios, toda vez que la ley establece que bajo dependencia de esa cartera de Estado estarán todos los notarios.

La magistrada suspendida del TCP Ligia Velásquez afirmó que, precisamente, por la falta de una reglamentación no podía entrar en vigencia la Ley del Notariado. Por lo tanto, dijo, su sanción es injusta y que está sometida a un juicio de responsabilidades de carácter político. La representante de los notarios en Chuquisaca, Estenka Udaeta, sostuvo que con esta norma se reducirá la mora procesal en 30%.

Ley del Notariado Piden anular cargos en contra de magistradas

Luego de que se declarara la constitucionalidad de la Ley del Notariado, Eduardo León, abogado de la magistrada Soraida Chánez, anunció ayer que pedirá se retiren los cargos en contra de su cliente y se la restituya en su cargo, pues este fallo ratifica que no existe materia justiciable ni supuesto delito.

León explicó que el Tribunal Constitucional (TC), a través de la sentencia 1620/2014, determinó la constitucionalidad de esta ley, la misma ratifica que las magistradas no han realizado ningún acto ilegal “porque si se consideraba que esta norma era inconstitucional, podía haber fallado no en contra de toda ley, sino en contra de todos los artículos observados por el diputado Gantier”, dijo el jurista.

Por otra parte, se establece que la admisión al recurso de inconstitucional abstracto, se sujeta a las normas del Código Procesal Constitucional, “por lo tanto, no existe materia justiciable y no existe delito alguno que hayan cometido en este caso las magistradas”, detalló León.

Consultado sobre si las magistradas, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, deben ser restituidas a sus puestos, León explicó que la Asamblea Legislativa debiera anular el proceso, determinando la falta de materia justiciable, lo contrario significaría una ilegalidad.

NUEVOS ARANCELES

Por su parte, el representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Javier Tarquino, informó que junto a la aplicación de la nueva Ley del Notariado se deben fijar nuevos aranceles para los trámites realizados por estos funcionarios.

“Tiene que emitirse un arancel, por cada servicio van a fijar un monto y eso lo va hacer el consejo de notariados conjunto al director nacional”, dijo Tarquino, luego de que se continuara con la reglamentación de esta ley. Esta escala salarial será el monto por el cual los notarios descontaran su salario.

Por otra parte, se tiene previsto el lanzamiento de la convocatoria para notarios que no implica afectar a los trámites que se realicen. “La ley del notariado nos establece que en un determinado tiempo, ya se debió cumplir, se realice la convocatoria pública”, explicó Tarquino.

A esta convocatoria también pueden presentarse los actuales notarios, que en las ciudades de La Paz y El Alto son 140 y en las provincias 50.

Piden que el Código Militar sea adecuado a la CPE

Las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, coincidieron ayer en señalar que el Código Procesal Militar debe ser necesariamente adecuado a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que está vigente en el país desde 2009.
"El Código Procesal Militar está vigente, sin embargo, el mismo debe ser adecuado a la nueva Constitución Política de Estado, al cual nadie se puede excusarse de cumplir, ninguno de sus elementos”, aseveró Chanez. En la misma línea, Velásquez afirmó: "Tiene que adecuarse a la Constitución, toda normativa tiene que estar adecuada, no olvidemos que tenemos una nueva Constitución desde 2009, que también prevé que se haga el desarrollo normativo absolutamente de todo el ordenamiento jurídico, eso quiere decir que tanto los códigos militares y policiales deben estar adecuados”.
Ambas hicieron estas declaraciones en referencia al caso de la detención de tres suboficiales de las Fuerzas Armadas que permanecen detenidos por haber impulsado las movilizaciones en demanda de la descolonización de la institución castrense.
Las magistradas suspendidas, Chanez y Velásquez, en declaraciones a la red ERBOL también explicaron que cuando hay la vulneración de derechos y garantías constitucionales, corresponde a la jurisdicción ordinaria tratar el tema y no a la justicia militar.
Ambas sustentaron sus afirmaciones en dos sentencias constitucionales que el Tribunal Constitucional ya emitió. El primero en 2004 con relación al caso "febrero negro” y el segundo el 21 de diciembre de 2012 por el caso subteniente Grover Poma, que murió en Sanandita (Tarija).

Juristas: El fallo sobre la Ley del Notariado, un precedente nocivo

La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara constitucional la Ley del Notariado, deja un antecedente "funesto” y ahora habrá inseguridad jurídica para los ciudadanos, afirmaron a Página Siete dos constitucionalistas.
"Ésta es una sentencia dirigida políticamente. Es un antecedente funesto para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, afirmó el constitucionalista William Bascopé, quien calificó de "sospechosa” la actitud del Ejecutivo por aplicar de forma inmediata la Ley del Notariado.
Los magistrados –dijo Bascopé– emitieron una sentencia vulnerando la Constitución, porque "no puede ser posible que los notarios dependan del Órgano Ejecutivo... Así, todos los actos de carácter privado serán manejados y controlados por el Ministerio de Justicia”.
Explicó que el artículo 12 de la Constitución Política del Estado establece la independencia y separación de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Además, dijo, las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano "ni ser delegables entre sí”.
"Un órgano del Estado no puede sumarse a otro. El TCP ha marcado un precedente funesto”, insistió Bascopé.
El TCP emitió la sentencia 1.620 que señala que la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Notariado, presentada por el diputado Juan Luis Gantier, quedó sin efecto. Por tanto, se aplica la Ley del Notariado, promulgada por el presidente Evo Morales el 25 de enero de este año.
La sentencia del TCP salió un mes después de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio de responsabilidades contra las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chánez, quienes –junto al magistrado Gualberto Cusi– dictaron en marzo de 2014 un auto constitucional que suspendía la aplicación de la Ley del Notariado.
Para la exmagistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame, la reciente sentencia del TCP es resultado del "amedrentamiento a los magistrados” de parte del Gobierno que, aprovechando su mayoría en la Asamblea Legislativa, suspendió a las dos magistradas y está en curso el proceso contra el magistrado Gualberto Cusi.
"El juicio de responsabilidades dio efecto y ahora habrá inseguridad jurídica para los ciudadanos”, manifestó Salame.
Velásquez dijo ayer que la sentencia "debe ser cumplida por todos los bolivianos, por tanto, no merece mayor comentario”.

El martes, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, negó injerencia del Ejecutivo en el fallo.

Punto de vista
Soraida chánez Magistrada suspendida del TCP
Repercutirá en juicio responsabilidades

Es un fallo que va a repercutir necesariamente en el juicio de responsabilidades, que se instalará en la Cámara de Senadores, al que estamos siendo sometidas mi colega magistrada Ligia Velásquez y yo.
Con la reciente resolución que declaró constitucional los artículos observados de la Ley del Notariado vemos que se confirma la necesidad imperiosa que tenía el Órgano Ejecutivo de someter y tener el control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ahora no creo que vaya a ser el único fallo que emitan los magistrados. Habrá otros que nos causarán gran sorpresa.
La independencia del Tribunal Constitucional es importante para un Estado de Derecho. Lamentablemente hay acciones que están completamente fuera de la realidad social y hay que esperar.
Insisto. Los magistrados del Tribunal Constitucional están tomando la línea (del Gobierno). Un ejemplo, es la sentencia que declara constitucional la Ley del Notariado, cuya aplicación inicialmente fue suspendida, en parte.

Wednesday, August 27, 2014

De 508 fiscales que hay en el país, 200 están procesados

Entre enero y agosto de este año el Ministerio Público destituyó cerca de 45 fiscales por diversos procesos disciplinarios y penales, mientras que otros 200 enfrentan causas internas, informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero.
El Ministerio Público cuenta con 508 fiscales en todo el país, pero cerca de 200 son procesados por la vía penal y disciplinaria por incurrir en faltas en sus funciones, dijo Guerrero.
Los fiscales son sancionados por faltas disciplinarias cuando incumplen los plazos procesales y si vulneran derechos. Por estos hechos reciben sanciones pecuniarias, suspensiones y hasta destitución del cargo

Saturday, August 23, 2014

Cochabamba Litigios suben en 17 por ciento en comparación al 2013

Durante el primer semestre de este año los litigios subieron en 17 por ciento en relación a los primeros seis meses del 2013.

La información la ofreció la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, en la rendición pública de cuentas, realizada ayer.

Los datos fueron obtenidos de la Plataforma de Atención al Usuario Externo, donde ingresan todos los memoriales y demandas que luego son distribuidos en los diferentes juzgados y salas del Tribunal.

“Hay un crecimiento considerable en relación a la gestión pasada”, dijo.

Entre los avances socializados se mencionó la constitución de una sala especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia.

Además, recordó la descentralización de los juzgados en diferentes zonas de la ciudad y algunos municipios, con el propósito de mejorar el acceso de la población a los administradores de justicia.

Mencionó que durante esta gestión, hasta la fecha, se crearon 12 nuevos juzgados.

Reconoció que existe mora judicial a causa de los expedientes heredados de la anterior gestión.

Destacó los cursos de actualización a los que los jueces asisten para conocer con mayor profundidad la nueva normativa vigente en el país.

Situación de Gualberto Cusi será analizada

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analizará la situación del magistrado Gualberto Cusi (f), ausente desde hace varias semanas debido a su internación en un hospital de La Paz, según informó a los medios el magistrado suplente, Macario Lahor Cortés.

Lahor dijo que la situación de Cusi será considerada por la Sala Plena en su próxima reunión y esa instancia deberá tomar una decisión sobre el futuro del magistrado, quien no asiste a sus funciones desde hace más de dos meses. Cusi presentó una justificación de baja médica para ausentarse a La Paz, donde se internó a fines de junio en una clínica por aparentes problemas de salud, los mismos que lo aquejaban de manera recurrente.

El magistrado debía declarar ante una comisión parlamentaria./ANF

Soraida Chanez presenta pruebas de su descargo

La suspendida magistrada Soraida Chanez presentó ayer sus pruebas de descargo a la Cámara de Senadores a través de su abogado que tiene más de 100 pruebas procesales y pruebas testificales que determinan su inocencia.
El abogado de Chanez, Eduardo León, informó que entre los descargos que presentaron se ofrecen más de 100 pruebas documentales y testificales.
La prueba documental se basa en los elementos que demostrarán que "en ningún momento ha habido violación a derechos o garantías constitucionales y que no se ha paralizado ningún sistema procesal, civil, administrativo o familiar”, dijo el jurista. Además, aseveró que esto es prueba absoluta de la inocencia de la magistrada del TCP.
Chanez es acusada por tres delitos: emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes porque instruyó la suspensión de la Ley del Notariado, luego de admitir un recurso de inconstitucionalidad.
"Se ha dado una orden, no hay dónde perdernos; estamos en espera, estamos presentes asumiendo defensa”, manifestó la magistrada Soraida Chanez, quien señaló que primero agotará todas las instancias nacionales y luego acudirán a organismos internacionales.
Como pruebas testificales se ofreció al Vicepresidente, ministra de Justicia, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados.

Friday, August 22, 2014

Video Crearán 29 juzgados en los 9 distritos judiciales

Magistradas del TCP suspendidas presentarán más de 70 testigos

Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraide Chánez y Ligia Velásquez, presentarán hoy sus pruebas de descargo ante el Senado para defenderse en el juicio de responsabilidades en su contra que todavía no tiene fecha de inicio.

Tienen previsto llevar pruebas testificales de unas 70 autoridades, entre presidentes de los tribunales departamentales de justicia, vocales, jueces y notarios para intentar desvirtuar la presunta comisión del delito incumplimiento de deberes del que son acusadas.

El anuncio de las vocales se produjo 10 días después de que fueron notificadas por el Senado sobre el inicio del juicio de responsabilidades por dejar en suspenso la Ley de Notariado, aunque ellas aseguran que nunca recibieron la comunicación.



Procedimiento

La magistrada Chánez adelantó que a través de las declaraciones testificales de funcionarios jurisdiccionales que conocen el documento que motivó su enjuiciamiento, pretenden desvirtuar la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes por haber dejado en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado que, en criterio de los acusadores, no era posible.

El resto de los delitos por los que enfrentan el juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato, tipificadas en el Código Penal, no tienen sustento, opinó Chanez.

La magistrada informó de que hoy presentarán en el Senado la documentación de descargo, a pesar de que el plazo fenece el lunes, pero dijo que prefieren hacerlo hoy por la incertidumbre de cómo computan los tiempos procesales en el Senado.

“No hay fecha para el juicio, solo para el ofrecimiento de pruebas”, aseguró la magistrada, que junto a su colega Ligia Velásquez asumen su defensa en el juicio en la ciudad de La Paz.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), informó de que el juicio se instalará, a pesar de que la Asamblea Legislativa tiene previsto iniciar receso en septiembre, pero el artículo 154 de la Constitución Política del Estado prevé el funcionamiento de una comisión especial de la Asamblea que será conformada por senadores y diputados.

El 1 de agosto, la Cámara de Diputados remitió al Senado la resolución con la proposición acusatoria para enjuiciar a las magistradas Ligia Velásquez y Soraide Chánez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por dejar en suspenso la aplicación de la Ley Notariado. El vicepresidente Álvaro García Linera pidió su enjuiciamiento.

PARA SABER

Procedimiento
El pleno de la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal de Sentencia para procesar a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y Ligia Velásquez



Reglamento
Según el reglamento de la Cámara Alta, tras la notificación de las partes acusadas (las magistradas) tienen 10 días de plazo, de acuerdo a la ley para presentar las pruebas de descargo



ACUSACIÓN
El 1 de agosto, la presidencia de la Cámara de Diputados remitió al Senado la resolución camaral que aprueba la proposición acusatoria para el enjuiciamiento público a las magistradas suspendidas del TCP, Ligia Velásquez y Soraida Chánez.

Asamblea ingresará a receso por 15 días

La Asamblea Legislativa Plurinacional iniciará el 1 de septiembre un receso por 15 días, confirmó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío.

El receso legislativo estaba previsto para el 21 de julio, sin embargo el presidente de la Asamblea Legislativo Plurinacional, Álvaro García Linera, lo postergó con el objetivo de dar continuidad al juicio de responsabilidades contra las suspendidas magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional Ligia Velásquez y Soraida Chanez, por su determinación de paralizar la Ley del Notariado.

Según el artículo 153 de la Constitución, las "sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de 15 días cada uno, por año”. /ABI

Investigan ‘narcoexpedientes’ resueltos por varios jueces

Al menos 30 casos de narcotráfico sustentados en expedientes están siendo estudiados por abogados del Consejo de la Magistratura para establecer responsabilidades.
Los expedientes fueron observados por las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), debido a que los actores, o sea, las personas detenidas -en su mayoría extranjeras, lograron salir libres gracias a fallos benevolentes otorgados por jueces de Santa Cruz.
El presidente del Órgano Judicial de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó de que los juristas ya empezaron a estudiar los casos. Ellos deben comprobar si realmente los procesados por narcotráfico presentaron documentos legales desvirtuando los riesgos de fuga para salir en libertad. Por ejemplo, se revisará si los extranjeros imputados adjuntaron documentos de radicatoria y certificados de trabajo.

La Fiscalía antinarcóticos
Tras las observaciones de la Felcn, la Fiscalía de Sustancias Controladas, dirigida por Ana Luisa Heredia, derivó más de 30 expedientes para que sean analizados. Entre los documentos hay casos de personas involucradas en narcotráfico que en pocos meses lograron salir libres. El resultado de la revisión determinará responsabilidades

La Ministra de Justicia apoya la pena de muerte



La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, dijo ayer en Santa Cruz que “personalmente está de acuerdo” con la pena de muerte en contra de los asesinos de mujeres, aunque recordó que no lo permite la Constitución.

“Creo que tenemos que avanzar más en endurecer penas, eso no fue suficiente, porque vemos todos los días que hay violencia en contra de las mujeres, a pesar de tener una legislación específica”, dijo con relación a la ley integral, según un reporte de El Deber.

Estas declaraciones se realizaron en medio de la indignación que provocó en la población cruceña y nacional el asesinato de Sophia Calvo, de 26 años, en manos del guardia de un estacionamiento de vehículos.

En la ciudad de La Paz, cientos de mujeres de instituciones y organizaciones sociales participaron en la IV Cumbre de Mujeres del Departamento de La Paz y resolvieron pedir la creación del Ministerio de la Mujer y reglamentar la Ley 348, para garantizar una vida libre de violencia, informó la secretaria de género de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Aida Lanza.

La presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, se sumó a las voces indignadas por la ola de asesinatos a féminas y pidió a las autoridades gubernamentales asumir acciones para combatir los hechos de violencia contra ellas.

“Demandamos al presidente Evo Morales la declaración de una alerta nacional ante la existencia de más de 98 casos de asesinatos en lo que va de este año. Creemos que es fundamental abordar esta problemática y esta situación de indefensión de las mujeres desde el Ejecutivo de una manera decidida”, señaló a los medios.

Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), de enero a la fecha se registraron 98 asesinatos de mujeres en el país, de los cuales 59 son feminicidios. En el caso de Sophia Calvo, el culpable fue condenado a 30 años de prisión de manera rápida y expedita.

Wednesday, August 20, 2014

El TCP se siente presionado por organizaciones sociales



El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque Capuma, afirmó ayer a La Razón que le preocupa las presiones que ejercen las organizaciones sociales y el sentido de direccionar la justicia constitucional con visión política.

Choque llegó ayer a la ciudad de La Paz con el objetivo de conocer proyectos administrativos que encara la institución que preside. En la plaza Murillo conversó en exclusiva con este diario en el interior de la Catedral Metropolitana.

“El Tribunal Constitucional es del pueblo de Bolivia, tiene que legitimarse para el pueblo boliviano. Nos preocupa las posturas que toman muchas veces ciertas organizaciones sociales, nos hemos visto cercados últimamente, no solo una vez, sino varias veces”, expresó el magistrado vestido con su clásica indumentaria indígena.

“Nos preocupa también el sentido en el que se quiere direccionar la justicia constitucional del pueblo de Bolivia, no podemos confundir con visiones políticas”, agregó el titular del TCP.

Cuando fue consultado a qué organizaciones se refiere, respondió: “Ya es de conocimiento público, hemos tenido un caso de los Sin Techo de Cochabamba, los pueblos indígenas y de varias movilizaciones que se han dado y otras que se están gestando”.

Presión. Choque, que preside el TCP desde fines de febrero de este año, sostuvo que los magistrados de esta institución se sienten presionados e incomprendidos. Lamentó que se dé esta situación y advirtió que está preocupado porque el TCP es una institución que tiene impacto plurinacional e internacional. “En esa medida no es bueno que el Tribunal Constitucional sea maltratado o sea sometido a este tipo de conductas que no solamente dañan la imagen institucional, sino que dan un mal mensaje de una administración de justicia constitucional del pueblo”, dijo. La autoridad judicial indicó que con esta situación se da el mensaje de que la justicia se resuelve mediante presiones y eso no debe manifestarse de esa manera.

Respecto a posibles injerencias políticas en el TCP, Choque rechazó ese extremo, arguyó que son poderes distintos y que existe un respeto mutuo. “Somos una institución que respeta a los otros poderes y sentimos que hay ese clima de respeto interinstitucional. En absoluto, no hay injerencia (de ningún poder)”, afirmó la autoridad.

Choque evitó referirse a una probable pugna en el interior del TCP para ocupar la presidencia o que su antecesor, Ruddy Flores, pretenda buscar su retorno. “Siempre se dijo que Flores estuvo de manera estrecha al Movimiento Al Socialismo (MAS), no tengo comentario al respecto, nosotros creemos que el TCP tiene que cumplir sus roles en el marco de la Constitución Política del Estado”, declaró el magistrado.

Respecto a la incertidumbre en el TCP por la suspensión de dos magistradas (Ligia Velásquez y Soraida Chánez), quienes serán sometidas a un juicio de responsabilidades en el Senado por dejar sin efecto la Ley del Notariado, Choque expresó que es cierto que se pasaron momentos de crisis cuando se registró esa situación. Pero advirtió que el TCP ha superado la misma cumpliendo con sus obligaciones. Citó el caso de la entrega de diferentes cartas orgánicas a los municipios por temas de Autonomía y otros logros de su gestión. “Eso es una muestra de que el TCP está con una estabilidad institucional”, afirmó.

Respecto al citado juicio, señaló que es un caso personal de ambas y que el TCP ya dio su posición institucional en su momento. Adelantó que ya está lista la resolución sobre el fallo de la Ley del Notariado y que hasta la próxima semana se la hará conocer. “Se va a dar un razonamiento adecuado a través de esa sentencia”, agregó.

Choque enfrenta un proceso judicial

La Alcaldía de La Paz inició un proceso judicial en contra del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque Capuma, por admitir una demanda de límites que lo enfrenta a su similar de Palca.

“Sí, tengo un proceso que me ha instaurado la Alcaldía de La Paz. Hemos emitido un auto con el doctor (Gualberto) Cusi, admitiendo el recurso de amparo constitucional y, para este auto, nos basamos en una resolución administrativa prefectural, que establece dicha resolución que declara una franja de conflicto de límites entre Palca y La Paz”, explicó Choque a este diario.

Detalló que la resolución quita potestades administrativas a ambos municipios en tanto dure el proceso. “Hemos obrado en el marco de la legalidad, toda vez que un auto no define derechos, solamente se ha admitido, tampoco hemos cautelado nada, hay una serie de figuras que plantea el municipio de La Paz y los vamos a responder”, adelantó.

Consultado si este proceso no pone en riesgo su cargo, el magistrado respondió que “a veces esta situación tiene trasfondos políticos, siempre constituye un riesgo”. Sin embargo, aseguró que asumirá defensa de todo lo obrado porque cree que se ha actuado en derecho y espera no tener dificultades para continuar en el desempeño de sus funciones.

El presidente del TCP reveló que no sabe hasta cuándo durará o culminará su gestión, debido a que asumió el mando en un momento de crisis del TCP, cuando ese cargo ejercía el magistrado Ruddy Flores. “Todo está en manos de la Sala Plena y del pueblo, ellos evaluarán y tomarán una decisión, no sé hasta cuándo será mi gestión”, sostuvo el magistrado.

La justicia boliviana 87 años después del último fusilamiento

La justicia criolla, que imperturbable mandó en 1927 a fusilar a un hombre a sabiendas de su inocencia tras un juicio de 10 años, mostró en las últimas 48 horas los extremos de su crisis, al sentenciar por la vía abreviada al asesino confeso de una mujer menos de 24 horas después del crimen, en la primera jurisprudencia por feminicidio en Bolivia, y fallar por la culpabilidad de un hombre procesado durante 15 años por violar y matar a una escolar.

En el proceso más sumario de la historia boliviana, la justicia sentenció a Ronald Iván Fernández Chambi a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinar a sangre fría a una bioquímica, Sophía Calvo Aponte, en la ciudad de Santa Cruz, y dictar la misma pena a Odón Mendoza, a quien encontró culpable de ultrajar y matar a una niña de escuela en La Paz, después de un penoso juicio abierto en 1999.

PENA DE MUERTE La legislación boliviana abolió la pena de muerte vigente en los años "70, cuando, durante la dictadura del general Hugo Banzer, el violador Melquiades Suxo expió su culpa fusilado en un paredón una madrugada de 1973 en La Paz, y ahora contempla como máxima pena 30 años de presidio sin derecho al perdón de un juez o del Presidente.


Fiscalía y TSJ, en guerra por mostrar cuál dilata juicios



La Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) libraron una guerra por demostrar cuál de las dos instituciones administra la mayor cantidad de juicios y, por consiguiente, los dilata. Jorge von Borries, presidente del TSJ, dijo ayer que la Fiscalía tiene en sus manos el 96%.

La posición del Órgano Judicial surgió un día después de que el fiscal general, Ramiro Guerrero, asegurara que el 83% (5.676) de los procesos judiciales abiertos por el delito de narcotráfico en Bolivia, que llegan a un total de 6.661, está en manos de jueces y vocales, y que solo el 17% (985) está en la jurisdicción del Ministerio Público.

Von Borries, en una conferencia de prensa, reveló que, según las estadísticas recogidas de los jueces de todo el país, hasta mayo de 2014, en las nueve ciudades capitales más El Alto existían 159.000 causas penales pendientes de despacho.

Situación. De esa cantidad de procesos, solo 4.500 se encuentran en la fase de acusación, para juicio oral, a la espera de la celebración de la audiencia conclusiva. El presidente del TSJ aclaró además que el resto, 154.000 causas aproximadamente, son procesos penales cuyo desarrollo depende de la emisión de requerimiento conclusivo del Ministerio Público.

Von Borries puso énfasis en señalar que esas causas están en la fase de investigación preliminar o en la etapa preparatoria, donde la participación del juez simplemente se limita al control de los plazos procesales.

En respuesta directa al dato ofrecido por Guerrero, el presidente del TSJ explicó que la cantidad de procesos por narcotráfico solamente representan el 4,1% (6.661) del total de las causas penales en Bolivia que hasta mayo llegó a 159.000 procesos. No obstante, recalcó que de todos los litigios penales, el 97% está en manos de los fiscales.

El antecedente más próximo a esta nueva polémica surgió la pasada semana, luego de que el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, denunciara que entre enero y julio, 30 extranjeros, la mayoría de nacionalidad colombiana, fueron liberados por jueces, pese a que éstos tenían detención preventiva.

En este mismo tema, otro factor de pugna verbal entre los titulares de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia es el referido a la audiencia conclusiva. Según Guerrero, esa figura debía eliminarse del ordenamiento jurídico porque, en su criterio, se convierte en el “cuello de botella” y alarga los procesos penales.

En contraposición, Von Borries aseguró que es una figura necesaria e importante. Advirtió que no se puede borrar de un plumazo la audiencia conclusiva, porque esta fase permite sanear el proceso y llegar a un juicio oral con sustento jurídico.

Explicó que, en muchos casos, se presenta la acusación con varios delitos y solo se tiene argumentos para defender uno de ellos. Por ello, según Von Borries, en esa instancia se puede objetar la prueba y garantizar que sea más eficaz el desarrollo del juicio.

La sugerencia de Guerrero no fue tomada en cuenta por el Tribunal Supremo de Justicia en la propuesta planteada para modificar el Código de Procedimiento Penal que, actualmente, está en manos de la Cámara de Senadores para su aprobación.

Cuestionan la elección

Críticas

El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, ministros de Estado y el Procurador General cuestionaron en los últimos meses la administración judicial y la elección, mediante voto popular, de los magistrados.

Juicio a magistradas, desde el 25 de agosto

Las audiencias del juicio de responsabilidades contra las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez, iniciarán el 25 de agosto, toda vez que en esa fecha se cumple el plazo de 10 días para la presentación de pruebas, anunció el jefe de bancada del MAS en el Senado, Julio Salazar.
Explicó que una vez que se cumpla el plazo se instalará las audiencias y se conformará la directiva del Tribunal de Sentencia, además se recibirá el informe del cuerpo Colegiado sobre las excusas y recusaciones que se vayan a presentar.


Tuesday, August 19, 2014

Jueces ambientales llevan juicios orales con éxito

Los juicios orales contribuyeron para que al interior del Tribunal Agroambiental la “mora o carga procesal”, una de los principales problemas de la justicia boliviana, “no exista”, informó el presidente de ese órgano judicial Lucio Fuentes.

Dijo que la modalidad de los juicios orales que usan los jueces agroambientales desde hace varios años permitió acelerar procesos judiciales y no tener mora judicial.

“Los procesos se llevan de manera oral en audiencias, hasta dictar la sentencia es una de las innovaciones que ha ayudado harto a los procesos para que estos no estén durando como antes años y años”, explicó Fuentes.

Estas innovaciones posibilitaron la inexistencia de “carga procesal” o “mora procesal”, dice Fuentes.

La autoridad manifestó que esta modalidad no está siendo aplicada en la justicia ordinaria donde se continúa con procesos escriturados que causan que los casos duren varios años.

En los últimos meses se dio a conocer que en las cárceles del país hay más de un 80 por ciento de reclusos sin sentencia ejecutoriada.

En esta misma línea varios analistas, especialistas en el tema de justicia y hasta el propio Gobierno del presidente Evo Morales han señalado a la “mora procesal” como uno de los problemas centrales a resolver en la justicia boliviana.

Hace unas semanas atrás el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en coordinación con el Consejo de la Magistratura (CM), decidió trasladar a partir de septiembre jueces de las provincias, donde existe menos “carga procesal”, hacia las ciudades para posibilitar el descongestionamiento procesal en el área penal.

1.600 casos

Los recursos de casación son los más atendidos por el Tribunal Agroambiental, los siete magistrados y 57 jueces de esta instancia han reportado en esta primera gestión un total de 1.600 casos atendidos.

“No tenemos una segunda instancia, no tenemos tribunales departamentales para que acudan ante estas instancias en apelación, nosotros (Tribunal Ambiental) tenemos directamente jueces de partido y magistrados agroambientales”, dijo Fuentes.

Los casos que más tiempo están en esta instancia del Órgano Judicial de Bolivia son los procesos administrativos de nulidad de títulos que tienen una duración de entre seis meses y un año. Informó que algunos de los procesos que llevan a delante el Tribunal Ambiental duran seis meses.

EN JUICIO A MAGISTRADAS Chanez: Siguen violando norma

La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zoraida Chanez, denunció ayer que no recibió notificación personal para presentar pruebas de descargo en el juicio que le sigue la Cámara de Senadores y consideró esta omisión como una más de las vulneraciones al Código Procesal Penal.

El presidente de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó ayer que se les notificó a Chanez y su colega Ligia Velásquez y que tienen hasta el viernes para presentar sus pruebas.

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó ayer que las magistradas del Tribunal Constitucional, Zoraida Chanez y Ligia Velásquez tienen hasta el viernes para presentar sus pruebas de descargo, para que luego se les inicie el juicio de responsabilidades.

Sin embargo, la magistrada Chanez dijo que hasta ayer en la noche no recibió notificación personal alguna y consideró esta omisión como una más de las vulneraciones al Código Procesal Penal de parte del Senado.

“Lo único que interesa es ejecutar de una vez un fallo condenatorio sin tomar en cuenta norma alguna. Sabemos que hay una orden de la Vicepresidencia, esto no es un chiste. El Gobierno ha ordenado que se nos dé un castigo drástico para sentar un precedente. Con esto sabemos que estamos ante una condena inminente e incluso con privación de nuestra libertad”, lamentó Chanez.

“Ya se ha notificado y esperemos que presenten su descargo. Están a unos cuatro días hábiles (para responder), ellas ya saben”, afirmó el senador Rojas.

Las magistradas Chanez y Velásquez fueron suspendidas de sus funciones por la Cámara de Diputados por haber retenido la aplicación de Ley del Notariado luego de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la norma. El juicio se desarrolla en la Cámara Alta.

Según Chanez, desde el inicio del proceso han dejado cedulones (edictos que se fijan en sitios públicos) por todo lado.

“Seguramente con eso creen que han cumplido con la notificación, pero eso está reglamentado en el Código Procesal, en sentido de que en casos como éste, de forma imprescindible, se debe notificar en forma personal”, dijo la magistrada.

Según la magistrada, no existe interés alguno en el Senado de seguir el debido proceso ni de restablecer derechos, ni menos sujetarse a normas establecidas.

Agregó que los senadores van a seguir con el proceso, y que no les interesa ni siquiera tener un asesoramiento jurídico para llevar adelante el juicio dentro de los procedimientos establecidos.

Pese a que cree en su inminente condena, Chanez dijo que está preparando su defensa. “Estamos seguras que este procedimiento no tiene fundamento jurídico, mucho menos constitucional y tampoco hay responsabilidad por lo que se nos acusa”.

Incluso en los otros magistrados y magistradas hay preocupación, están totalmente amedrentados, finalizó Chanez.

Recomiendan pedir asilo

La candidata a una diputación por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, sugirió a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Zoraida Chanez, que pidan asilo político en una embajada porque están siendo sometidas a un juicio político sin el debido proceso.

La magistrada Chanez dijo que plantearán todos los incidentes y recusaciones que se puedan dentro del plazo que les están dando y ajuntarán también pruebas de descargo. Sin embargo, simultáneamente también acudirán a tribunales internacionales. El presidente de la Bancada Nacional del MAS, Pascual Huarachi, informó este lunes que los diputados y senadores tendrán “la posibilidad de salir en receso legislativo” cuando concluya el juicio de responsabilidades instaurado contra las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Ahora resta el proceso en el Senado; una vez concluido, tendremos posibilidad de salir en receso, no podemos antes”, dijo el diputado Huarachi al aclarar que la vacación legislativa se programa en relación al trabajo que tiene la Asamblea compuesta por las dos cámaras y cuyo presidente nato es el Vicepresidente del Estado.

Funcionarios judiciales toman sede de su mutual



Los ex y actuales funcionarios judiciales tomaron ayer, en Sucre, físicamente las oficinas de la Mutualidad del Órgano Judicial, para exigir la devolución de sus aportes, y advirtieron que, en caso de que no sean atendidos, iniciarán una huelga.

Uno de los afectados, Rubén Oropeza, explicó que, de forma obligatoria, los funcionarios judiciales sufrían descuentos mensuales del 8,67% de sus salarios, monto que iba a su Fondo de Retiro, ahora exigen que ese dinero les sea devuelto.

Desde 2011, el aporte de los trabajadores a dicho fondo ya no es obligatorio, sino voluntario. Según la dirigente del Control Social, Sandra Siñani, el pedido de los ex y actuales funcionarios es la devolución de $us 7 millones a cerca de 4.000 personas.

Siñani reveló que, pese a los rumores de quiebra de la institución, la administración aún dio préstamos a jueces y vocales. Por ejemplo, dijo que con la simple garantía de una camioneta, se dio un crédito de $us 50.000. Por ello pidió que el Ministerio Público investigue las supuestas irregularidades.

El administrador de la Mutualidad, Marcel Civera, indicó que no hay una institución en el mundo que devuelva los aportes con una ganancia del 80%, pero señaló que se hizo convenios para devolver los aportes más un plus del 10%.

Justicia dicta sentencia en caso de niña Patricia

Para las 15.00 de hoy, en el salón celeste del Palacio de Justicia, se ha convocado a las partes, acusadas y querellantes, para escuchar la sentencia en contra de quienes fueran culpables de la violación y muerte de la niña Patricia Flores, ocurrido en agosto de 1999. Así lo hizo conocer la abogada de la familia de la víctima Paola Barriga.

"Esperamos que toda la población pueda acompañarnos, se ha hecho un seguimiento minucioso a este caso. Ha sido un proceso que ha enlutado a todas las familias bolivianas y está impunidad ha generado de que se sigan replicando este tipo de delitos", dijo la abogada.

Destacó que durante el proceso se haya designado a una comisión de fiscales que se dedicó exclusivamente al juicio oral durante dos años.

Hasta la pasada semana se corría el riesgo de que el proceso no llegue a buen término debido a la falta de firmas en las actas respectivas, sin embargo, Barriga, prevé que se haya justificado de la mejor manera el impase y hoy se llegue a la sentencia.

"Esperemos que la señora Juez de lectura de estas actas en audiencia donde vamos a estar presentes todas las partes y se puedan ratificar las mismas y así no existiría ninguna observación para dar lectura de la sentencia", acotó.

El caso de la Niña Patricia Flores se ventila en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal Liquidador presidido por la jueza Amalia Morales.

Los principales acusados en este caso son Odón Mendoza, José Luis Flores, contra quienes el Ministerio Público pidió una condena de 30 años de prisión y Reynaldo Flores para quien se solicitó la condena de 10 años. Los tres se encuentran recluidos en el penal de Chonchocoro.

Solo con la anuencia del acusado se va a un juicio rápido



El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Santa Cruz, el juez Emerson Figueroa, explicó que para hacer viable un procedimiento abreviado, como el sucedido con el asesino de Sophia Calvo Aponte (26), que fue condenado a 30 años de prisión de manera inmediata, se debe contar con todos los elementos de juicio claros para solicitar esta salida.
Sin embargo, aclaró que una condición esencial para ejecutar esta acción jurídica es la aceptación de la culpa por parte del acusado, además de descartar un posible caso de organización criminal o asociación delictuosa

Abren posibilidad de aumentar jueces

Como consecuencia de la carga procesal que se registra en los juzgados cautelares especialmente los fines de semana, el Órgano Judicial estudia la posibilidad de incrementar mayor número de jueces para satisfacer las necesidades de los litigantes.
El presidente del Órgano Judicial Mirael Salguero expresó que hay gran movimiento de causas los fines de semana y que los mismos fiscales deben formar hasta cola para celebrar audiencias junto a detenidos, así como policías y sus abogados.
Salguero manifestó que por decisión del Tribunal Supremo jueces de cinco provincias que no tienen movimiento se trasladarán a la capital para ayudar a sus colegas a llevar adelante actos conclusivos

Cámara de senadores notifica a magistradas para el inicio de su juicio



El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó que ya se notificó a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez, para que se inicie su juicio de responsabilidades por haber paralizado la Ley del Notariado.

Rojas explicó que las autoridades judiciales aún tienen cuatro días para presentar sus descargos y responder a la notificación. El plazo vence el próximo viernes.

"Ya se ha notificado y esperemos que presenten su descargo. Están a unos cuatro días hábiles (para responder), ellas ya saben", afirmó Rojas.

La candidata a diputada en el departamento de Cochabamba por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, sostuvo que este juicio es político y está observado por varias irregularidades, puesto que la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que avaló el proceso, tiene otros cientos de casos pendientes que fueron relegados por este tema.

"Este es un juicio político y lo que deberían hacer las magistradas es no someterse a un tribunal que las ha condenado prácticamente", exhortó.

La denuncia contra las magistradas fue formalizada el 4 de junio pasado por la Asociación de Notarios de Potosí y el Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, por admitir la demanda contra la Ley del Notariado y disponer la suspensión temporal de su aplicación mientras se resuelva el recurso.

Tras las críticas a esta determinación de las magistradas, realizadas además por el Órgano Ejecutivo, el Tribunal Constitucional rectificó de oficio la parte resolutiva del auto constitucional del 13 marzo que suspendía la vigencia de la Ley del Notariado.

Hay 5.676 causas por narcotráfico en los juzgados

Tras la revelación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de que varios jueces de Santa Cruz liberaron a 30 reclusos involucrados en narcotráfico, la Fiscalía General desveló que de 6.661 causas por narcotráfico, 5.676 están en trámite en los juzgados, es decir, un 83%, a la espera de la audiencia conclusiva, audiencia de juicio o en revisión de resolución en instancias superiores.

“No es deslindar responsabilidades, pero esas son las estadísticas”, dijo el fiscal general, Ramiro Guerrero, ayer en la presentación de datos que reflejan el movimiento de causas en materia de sustancias controladas de los últimos 13 años, es decir, desde la gestión 2001.

Guerrero dijo que de esta cantidad, 486 están en la fase preliminar de investigación y 499 con imputación, todos estos, en la fase investigativa en manos de los 41 fiscales antinarcóticos en todo el país.

Empero, hay 4.724 causas con acusación en los juzgados que no pueden pasar de la audiencia conclusiva o no puede instalarse la audiencia de juicio oral por diferentes razones.

Otras 952 causas están con apelación y casación. “En el Ministerio Público tienen 985 casos en investigación preliminar y con imputación un 17%, en cambio en los juzgados hay 5.676, que equivale a 83%, que están a la espera de la audiencia conclusiva, juicio oral, apelación y casación”, señaló.

Por regiones

Según las estadísticas del Ministerio Público, el departamento que tiene más casos por narcotráfico es Santa Cruz con 2.835, seguido de La Paz con 1.692, Cochabamba con 1.614, Beni con 275, Chuquisaca con 162, Tarija con 147, Oruro con 140, Potosí con 107 y Pando con 84 casos.

Con estos datos, la autoridad del Ministerio Público volvió a justificar la necesidad de la eliminación de las audiencias conclusivas en un proceso penal que es el ‘cuello de botella’ donde se demoran los procesos por el uso excesivo y abusivo de los incidentes

Monday, August 18, 2014

La mitad de los juicios se demora por falta de jueces ciudadanos

La demora en la elección de los jueces ciudadanos, para participar de los juicios orales, se ha convertido en uno de los factores que provoca la retardación de justicia.

Ante esta situación, en el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal se ha decidido excluirlos como parte de los juicios por delitos de acción pública.

La figura de estos jueces fue implementada hace 10 años con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía en la administración de justicia y establecer un mecanismo de control social al accionar de los jueces. El único requisito fue que debían ser capaces de diferenciar lo bueno de lo malo.

LA SITUACIÓN En Cochabamba, la situación de los jueces ciudadanos es particular.

Según la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, solo en la ciudad, de 10 procesos penales que están en curso, solo 5 consiguen llegar a una sentencia.

“Se hace imposible constituir los tribunales por diversos motivos. En Cochabamba es por la marcada ausencia de los jueces ciudadanos”, manifestó.

La realidad es aún más preocupante en las provincias donde las dificultades son mayores. Las causas son diversas. La ausencia se debe principalmente a los lazos familiares o espirituales que tienen los jueces ciudadanos y quienes van a ser juzgados.

“Estos son impedimentos legales para que bajo el principio de imparcialidad puedan administrar justicia”, agregó.

Esto deriva en que las listas de los posibles jueces ciudadanos se vean limitadas. Es el caso del Chapare, donde se agotaron las posibilidades.

Para cada juicio oral se debe, en primera instancia, realizar un sorteo y elegir a 12 personas, de las cuales solo 3 conformarán el Tribunal de Sentencia. A ellas se suman dos jueces técnicos. Este proceso, según el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal vigente, no debería demorar más de 15 días.

La constitución del Tribunal debe realizarse cinco días después de señalada la audiencia de juicio oral.

LOS INCIDENTES Pero, a decir de Gonzales, en este proceso los abogados de las partes intervinientes interponen una serie de incidentes que provocan demoras.

“Debería ser breve, pero las partes argumentan que tienen derecho a presentar incidentes y excepciones. Lo que hay es un abuso del derecho”, sostuvo.

Finalmente, de acuerdo, a los datos de una citación emitida para participar como juez ciudadano, otro de los problemas para la conformación es que falsos funcionarios pretenden afectar el proceso anunciando cambios en la fecha de la audiencia.

Desde el Tribunal de Justicia aclaran que las fechas son inmodificables y “si usted recibe alguna comunicación respecto a algún cambio, no haga caso por tratarse de falsos funcionarios”.
Suspensiones afectan imagen

Edgar Frías, uno de los cuidadanos nombrado para participar de este proceso, explicó que en principio entendió que tenía un compromiso moral y debía cumplir con esta obligación. Asistió a dos audiencias, las mismas que fueron suspendidas y a la tercera prefirió no llegar.
“Si me tienen que sacar multa o algo, no importa. A mi nadie me reconoce el perjuicio que paso al venir y que no haya nada”, contó.
Frías es un trabajador del volante. Si bien no debe pedir permiso para asistir a estas audiencias, considera que es una burla y una falta de respeto que no avisen de las suspensiones.
En el caso de Luisseppe Dyle, un profesor de colegio, recordó que en su trabajo ya no le creían que estaba yendo a la audiencia y que se suspendía por lo que ya no tenía permiso y decidió “dejarlo así”, aunque reconoció que quería participar.


Problemas en el padrón general dificultan designación


Profesionales abogados y los administradores de justicia coinciden en señalar que las debilidades en la constitución de los tribunales tienen mucho que ver con los problemas administrativos y de logística.
Es el caso del padrón general que se utiliza para el sorteo de los jueces ciudadanos. Las listas son proporcionadas por el Tribunal Departamental Electoral.
La presidenta del Tribunal de Justicia, Nuria Gonzales, se refirió a la desactualización del banco de datos. Aseguró que este factor contribuye a la demora en la conformación de los tribunales de sentencia.
“Las direcciones son inexactas, no se pueden encontrar los domicilios y eso afecta el proceso”, manifestó.
Dijo también que la denominación y la numeración de los domicilios son imprecisas, al igual que la falta del número de la dirección o el nombre del barrio.
Por otro lado, el juez ciudadano Edgar Frías explicó que la mínima remuneración que reciben también provoca que no se animen a participar.
El artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, establece que los empleados públicos o privados serán declarados en comisión con goce de haberes. Y en caso de trabajadores independientes, el Estado asignará en su favor una remuneración diaria equivalente al 50% del haber diario que percibe un juez técnico (aproximadamente 50 bolivianos).
Pese a estas dificultades y mientras no se promulgue la Ley 334 de “Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal” que elimina la figura de los jueces ciudadanos para agilizar los juicios penales y evitar la retardación de justicia, el Código de Procedimiento Penal se aplica.
Gonzáles confirmó que continúan con el mismo procedimiento para la constitución de los tribunales de sentencia para participar de los juicios orales y concluir el proceso con una sentencia.

El senado prioriza juicio contra dos magistradas

Conformado el Tribunal de Sentencia, la Cámara de Senadores priorizará esta semana el tratamiento del juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes.

El senador René Martínez (MAS) informó que ese proceso se enmarcará en la Ley del Juicio de Responsabilidades 040 y que en estos días el Tribunal de Sentencia conocerá las excusas y recusaciones de las partes demandadas.

El proceso de las dos magistradas se realiza en medio de denuncias realizadas por el abogado de la defensa Eduardo León sobre la ilegalidad del juicio, a lo que se suma la demanda penal interpuesta por los legisladores de la oposición contra los diputados del MAS, miembros de la Comisión de Justicia, que determinaron dar vía libre al enjuiciamiento de las dos magistradas del TSE.

"Esto nos llama la atención, porque ahí hay una lectura política, hay diferentes formas de intentar excluirse forzadamente del juicio, vale decir que estarían anticipando un criterio comprometiendo la imparcialidad que debe tener todo parlamentario en este juicio", afirmó. Martínez informó que el Senado llevará adelante un juicio oral, toda vez que tiene la facultad de dictar sentencia como autoridad pública competente.

Resolución camaral. La Presidencia de la Cámara de Diputados remitió el viernes 1 de agosto pasado al Senado, la Resolución Camaral que aprueba la Proposición Acusatoria para el enjuiciamiento público a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez. El legajo enviado al Senado incluye los obrados de todos los expedientes, la Proposición Acusatoria y la Resolución Camaral aprobada por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Ante este panorama, los senadores de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek y Germán Antelo presentaron ante la Fiscalía de La Paz una denuncia contra los diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Sentencian con 30 años al asesino de una joven cruceña

Ronald Iván Fernández Chambi de 23 años fue sentenciado a 30 años de presión en la cárcel de Palmasola por el asesinato, el pasado viernes, de Sophia Calvo Aponte (26), una joven profesional en bioquímica y modelo en el parqueo Cañoto de Santa Cruz.
El homicida deambuló por más de 10 horas con el cuerpo de su víctima en la cajuela del coche de ésta y fue detenido en Pailón.
Confesó ser autor del crimen y aceptó ir a un juicio abreviado sin derecho a indulto por lo que fue sentenciado con la máxima pena. El juez Martín Camacho llevó adelante la audiencia en absoluta reserva y sin la presencia de los medios de comunicación. Los delitos por los que se lo acusó son asesinato y feminicidio, reportó El Deber.
El viernes a las 22:00, la joven víctima llegó acompañada hasta las puertas del parqueo. Ingresó al estacionamiento sola hasta el cuarto piso donde existían deficiencias en la vigilancia de las cámaras de seguridad.
Esta falla la aprovechó uno de los empleados que llevaba seis meses trabajando en el lugar, de acuerdo al informe detallado de los hechos presentado por el ministro de Gobierno, Jorge Pérez.
"Cuando sube a su vehículo deja la puerta entreabierta y es ahí donde aprovecha esta persona y la agrede con un cuchillo. Se defiende la víctima y le ocasiona alguna herida. Él termina haciéndole algunos cortes a la joven en la ceja, en la mano y de ahí la agarra de atrás del asiento y la termina asfixiando”, relató.
Según la autoridad, es en este momento cuando también "la agrede sexualmente”.
Posteriormente, aprovechando que existe una media pared, el criminal saca el cuerpo del vehículo y lo introduce en la maletera. Inmediatamente, cubre con periódicos los vidrios laterales y sale del estacionamiento.
Para burlar la última cámara de seguridad enciende las luces fuertes. Deja el coche estacionado en inmediaciones del lugar, sube hasta el séptimo piso, se limpia las manchas de sangre y se cambia de ropa.
Regresa a su puesto de trabajo, cierra las puertas y asegura el lugar para después llamar al propietario con el fin de que encienda la alarma y él se quede toda la noche cuidando el lugar. Una vez encendida la seguridad sube al segundo piso y logra salir sin ser detectado y regresa al vehículo. "Se va a tomar (bebidas) aunque no prueba nada por la preocupación”, aclaró Pérez. También asiste a una casa de citas de donde sale a las dos de la madrugada del sábado, cuando es interceptado por efectivos policiales.
Pese a que no tenía licencia de conducir, los uniformados lo dejan continuar.
De acuerdo a Pérez, tras la conversación con los oficiales de este distrito policial, el asesino "les rogó”, que le disculpen por no traer su licencia de conducir pero a cambio les aclaró que sí tenía su carnet de identidad.
Superado ese control, comienza a deshacerse de las pertenencias de la joven. Se va por l a zona alejada de Pampa de la Isla para lanzar el celular a un lado, el chip a otro. Llega al barrio Venezuela y quema el resto de las pertenencias de Sophia Calvo. "Hasta es momento, ya teníamos la información de que se trataría, aparentemente, de un secuestro”, subrayó Pérez. Por eso es que inmediatamente se instruye que se instalen dos cordones de seguridad en la ciudad.

Fernández Chambi es detenido por segunda vez en la tranca de Pailas. "Perdone, voy a una fiesta a un pueblo cerca pero tengo mi carnet”, volvió a decir. Se le obliga a bajar, abre las puertas laterales y cuando debía mostrar la cajuela, revela "estoy llevando un cadáver”.

Inmediatamente es apartado del vehículo, se llama a los oficiales de la policía y se lo interroga varias veces. "Se le pregunta por qué no reconoce lo que hizo y respondió que las personas que cometen estos hechos cuando lo llevan al penal los agreden de forma diferente”, dijo Pérez a tiempo de reconocer la astucia con que llevó a cabo el crimen.

Otros hechos
Asesinatos El Observatorio "Manuela”, Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), registró de enero a junio 98 asesinatos de mujeres, de los cuales 59 son feminicidios y 39 muertes violentas de mujeres por inseguridad ciudadana y otros.
Regiones De los 59 casos de feminicidios; 21 (35,59%) ocurrieron en el departamento de Cochabamba, 16 (27,12%) en el departamento de La Paz, 8 (13,56%) en el departamento de Santa Cruz, 6 (10,27%) en Oruro, 4 (6,78%) en el departamento de Potosí y 3 (5,08%) en Chuquisaca.

Sunday, August 17, 2014

Hay pocos jueces y más de 27.000 causas sin atender

El departamental de Santa Cruz tiene 15 jueces cautelares, a veces por día cada uno debe resolver hasta 50 memoriales y atender hasta 10 audiencias. Algunos fines de semana celebran de 25 a 35 audiencias cautelares y los días hábiles reciben hasta 25 causas nuevas.

Algunos sábados y domingos, los fiscales se ‘quitonean’ los escasos jueces para llevar a sus imputados a las audiencias, muchos deben esperar junto a los detenidos y policías hasta seis horas para llegar al turno. Por ejemplo, hace tres fines de semana el juez de turno seguía celebrando audiencias a las 22:00 del sábado.

“No nos alcanzan las manos para atender tantos casos, hay saturación, nada ha cambiado, cada vez hay más movimiento y mora”, se quejó un juez que pidió no ser identificado. Sin embargo otro juzgador dijo que los casos saturan en los juzgados de los nuevos porque “no tienen capacidad para dirigir audiencias dinámicas” y permiten que el acto dure hasta siete horas.

Datos del Órgano Judicial de Santa Cruz indican que hasta el 30 de junio de este año ingresaron 11.912 procesos penales y que de la anterior gestión se arrastran 27.112. En 2013 se registraron 17.869 causas con un movimiento de 65.000.

Desdoblamiento y traslado

El presidente del Órgano Judicial, Mirael Salguero, admitió que hay saturación de trabajo los fines de semana; aclaró que hace un año había un solo juez de turno para los fines de semana, pero que ahora hay dos.

Salguero reconoció que hay casos complejos con varias personas imputadas, pero que se debe poner límite de tiempo a las audiencias para evitar que sean extremadamente largas. Ya se cursó una circular prohibiendo la réplica y dúplica a los abogados. “Esto se debe a que los jueces nuevos no tienen dirección de audiencia ni la suficiente experiencia para dirigir los actos”, dijo Salguero.

En el Tribunal Supremo se puso en marcha un plan para descongestionar las causas. Se identificó que en las audiencias conclusivas de los jueces cautelares se genera un cuello de botella. De ahí que se dispuso que los de Lagunillas, Comarapa, El Torno y La Guardia se trasladen al Palacio de Justicia para ayudar a sus colegas a celebrar audiencias conclusivas.

Asimismo, el Órgano Judicial solicitó el ‘desdoblamiento’ de los nueve jueces técnicos de sentencia para apoyar en cautelares.

El año pasado los juzgadores técnicos pasaron a cautelares por tres meses y -según Salguero- sus actuaciones dignificaron la justicia.

Preocupación en la Fiscalía

La fiscal de distrito de Santa Cruz, Marina Flores, expresó que los fines de semana se incrementan los hechos y los juzgados se saturan, pero que lo más grave es que los litigantes deben trasladarse desde el Plan Tres Mil hasta Los Tusequis junto a policías y detenidos, por lo que urge una verdadera desconcentración de servicios y la designación de más jueces para una mejor atención

Fiscalía instala una oficina en Orinoca para resolver casos



El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, inauguró un Asiento Fiscal en Orinoca, tierra natal del presidente Evo Morales, y posesionó al primer representante del Ministerio Público en esa región, Juan Carlos Illanes. Esa población pertenece al municipio de Santiago de Andamarca del departamento de Oruro.

Según un reporte de prensa de la Fiscalía General, Guerrero justificó la apertura de esa oficina por el crecimiento poblacional en ese gobierno local, lo que repercutió en el incremento de los actos delictivos y, por ende, en el aumento de procesos judiciales.

El máximo representante del Ministerio Público precisó que hasta antes de la apertura de este Asiento Fiscal, los habitantes de esa región debían interponer sus denuncias en el municipio de Challapata, que es el más cercano, lo que era complicado no solo por la distancia, sino porque era más costoso para ellos.Guerrero también recomendó que con la apertura de esa oficina se coordine con la Justicia Indígena, Originaria y Campesina.

Saturday, August 16, 2014

Evacuan el Tribunal de Justicia por segunda vez

Por segunda vez, el personal de Seguridad del Tribunal Departamental de Justicia evacuó a los trabajadores y litigantes ante una llamada telefónica que advertía sobre la amenaza de una bomba, en el edificio principal. Antes, Bomberos atendió un incendio en el Juzgado Penal Cautelar Octavo, ubicado en el bloque antiguo de la institución.

El incendio fue reportado a la Central de 911 cerca de las 6:00 y fue controlado oportunamente por el personal de seguridad de los tribunales. De forma inicial se sospecha que el fuego pudo ser provocado por personas afectadas por algún proceso judicial.

El hecho ocurrió, después de que ayer se encontró dos cachorros de dinamita en el sexto piso del edificio del Tribunal de Justicia, ubicado en la avenida San Martín entre Jordán y Sucre. El hallazgo se dio cuando el personal de seguridad realizaba un trabajo de rutina en las instalaciones. El caso se halla en investigación, pero se desconocen los avances.

La presidenta del Tribunal de Justicia, Nuria Gonzales, expresó luego de que se encontraron las dinamitas que se ha pedido una investigación y que las averiguaciones continuarán hasta dar con los responsables.

También se ha reforzado la seguridad en el ingreso y los litigantes deben pasar por la revisión de sus pertenencias.

Hasta ahora todas las amenazas de bomba contra el Tribunal no habían pasado de una falsa alarma. Sin embargo, en los dos últimos días las advertencias han ido más allá sin que se conozcan las razones y se pueda dar con los autores.

Jueces se defienden de acusaciones Explican por qué liberan a narcos

"El sistema de justicia no solo lo compone el órgano judicial sino el Ministerio Público y la Policía", de esta manera justificó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, acerca la reciente liberación de 30 extranjeros, en su mayoría colombianos implicados en delitos de narcotráfico. La autoridad judicial argumentó que cuando una persona es detenida preventivamente en la cárcel, para recobrar su libertad solicita la cesación a la detención preventiva (libertad condicional). Sin embargo, para desvirtuar los riesgos procesales como el peligro a la obstaculización de la investigación se requiere un informe del policía asignado al caso. "Ese visto bueno lo emite el policía asignado en base a su valoración y con el visto bueno del fiscal y quien decide finalmente es el juez en base a todos estos elementos", aclaró Salguero. Y en caso que el Ministerio Público no esté de acuerdo, queda apelar la resolución.

A la espera de informes. Salguero anunció que solicitará al Gobernador del Penal de Palmasola remita fotocopias de los mandamientos de libertad de los extranjeros que han recobrado su libertad. Una juez, que guardó en reserva su identidad, comentó que los 15 jueces cautelares se encuentran con procesos y dijo que no es responsabilidad de ellos la liberación de los detenidos. "Los fiscales están en audiencia cuando se le otorga libertad a un detenido. Si ellos consideran la determinación erróneas pueden apelar, pero callan", cuestionó./LES

Reportan 45 denuncias a magistrados

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, dio a conocer que su dependencia recibió un total de 45 denuncias contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional. Muchas de las denuncias ya fueron resueltas, mientras que otras están en proceso de tratamiento, precisó el legislador, quien dijo que algunos de los casos contra magistrados del Tribunal Constitucional, responden a la no aprobación de cartas orgánicas municipales. "Hay denuncias contra exautoridades también, lastimosamente en gestiones pasadas no dieron el tratamiento como nosotros estamos dando, pero los casos antiguos están en movimiento. Estos delitos tienen que enmarcarse en el ejercicio de sus funciones, esa es la característica, porque delitos comunes nosotros no juzgamos", manifestó, de acuerdo con un boletín de prensa de la Cámara Baja./

Friday, August 15, 2014

Desactivan un explosivo en el TDJ de Cochabamba



Un artefacto explosivo con dos cachorros de dinamita y mecha lenta fue hallado en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, informó ayer el subcomandante de la Policía, Wálter Valda.

“En el piso sexto han detectado la presencia de dos cachorros de dinamita, los mismos que tenían mecha lenta, es decir, que estaban habilitados, conectados”, indicó.

El personal de seguridad del edificio dio la alerta cerca de las 10.00 y dijo que de inmediato se envió a los expertos en explosivos de la Unidad de Bomberos Nataniel Aguirre. Después de desalojar el edificio se desactivó la carga y se realizó un rastrillaje por todos los pasillos y oficinas para descartar la presencia de más explosivos.

El TCP ya entregó 21 cartas orgánicas



El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque, informó el jueves que desde febrero hasta la fecha entregó 21 cartas orgánicas y estatutos autonómicos que fueron revisados y devueltos a los municipios y departamentos del país.

“Esta entrega de estatutos y cartas orgánicas que estamos haciendo cada día es una demostración de la estabilidad y del trabajo de cada uno de los magistrados. Hasta la fecha, ya hemos entregado 21 estatutos y cartas orgánicas, y seguiremos haciendo lo mismo en los próximos días”, destacó.

El magistrado aymara detalló que en el transcurso de esta semana el TCP entregó el Estatuto Autonómico de Tarija y las cartas orgánicas de los municipios de Camataqui (Chuquisaca), Uriondo (Tarija), Huanuni (Oruro) y Santa Ana del Yacuma (Beni).

Agregó que el TCP recibe los proyectos autonómicos y cartas orgánicas de Tacobamba y Pocoata, ambos de Potosí.

Piden investigar a jueces que liberaron narcos



El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pidieron ayer, por separado, que se investigue a jueces y fiscales que liberaron a narcotraficantes en el país.

Pérez, en la ciudad de Santa Cruz, anunció que realizarán un seguimiento a los juzgados que liberaron a cerca de 80 extranjeros que se encontraban con detención preventiva en las cárceles de esa urbe, de los que 30 fueron aprehendidos por narcotráfico.

“Estamos buscando la lista y tener los nombres de los juzgados con los cuales los 80 extranjeros obtuvieron las medidas sustitutivas y 30 de ellos estaban presos por la Ley 1008”, declaró Pérez.

Según la autoridad, es curioso que los jueces hayan liberado a los extranjeros, siendo que éstos no cuentan con arraigo natural porque viven en alquiler, alojamientos y hoteles. Además, ellos no tienen familia asentada en el país y están ligados a delitos de narcotráfico.

En Sucre, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, expresó su preocupación porque “de manera extraña” algunos jueces liberan a personas vinculadas con temas de narcotráfico. Por ello, anunció que denunciarán y procesarán a los jueces y fiscales que actúen fuera de la ley.

Guerrero admitió que llama mucho la atención la decisión de algunos jueces y recordó que se plantearon diversas apelaciones y realizaron denuncias incluso en contra de jueces que estarían actuando fuera del marco de la ley.

“Nos preocupa esta situación; nosotros, desde el Ministerio Público, pedimos que se pueda hacer una lucha conjunta de aplicación simplemente de la ley”, sostuvo. Agregó que “en muchos casos han sido encontradas personas con sustancias controladas prácticamente en flagrancia y, lamentablemente, fueron liberadas por los jueces, (eso) nos llama poderosamente la atención”.

Thursday, August 14, 2014

Dinamita causa pánico en el edificio del Tribunal de Justicia en Cochabamba

Dos cachorros de dinamita con mecha lenta fueron encontrados hoy en el edifico del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde el pánico se apodoró por algunos minutos de los funcionarios y litigantes, informó la Policía

El subcomandante de la Policía de Cochabamba, Walter Valda, dijo que detectaron dos cachorros de dinamita en el sexto piso del edificio de justicia y explicó que se procedió al desalojo de todas las personas del edificio

Posteriormente llegaron efectivos de la unidad de Bomberos y retiraron el material explosivo. Aunque no existen detenidos, preparan un informe pericial para hallar a los responsables del hecho.

Denuncian a siete diputados por juicio contra magistradas



Ocho asambleístas de Convergencia Nacional (CN) presentaron ayer una denuncia, ante la Fiscalía de La Paz, en contra de siete diputados de la Comisión de Justicia Plural por autorizar un juicio de responsabilidades contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Estamos fundamentando esta denuncia en el hecho de que diputados de la Comisión de Justicia Plural generaron un supuesto juicio de responsabilidades a dos magistradas que no creemos que sea tal y que, por lo tanto, esta comisión dictó resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, a las leyes y además está ejerciendo violencia política contra mujeres”, afirmó la senadora de CN Centa Rek minutos antes de presentar la demanda ante la Fiscalía.

Rek estuvo acompañada de los senadores Germán Antelo, Lenny Zaconeta, Dora Burgos y Rolando Llanos, que son parte de los ochos asambleístas opositores demandantes.

Demanda. Los seis diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fueron denunciados ante la Justicia Ordinaria son: Juan Carlos Cejas Ugarte, Wilfredo Calani Choque, Julia Figueredo Paniagua, Eusebio Cruz Gonza, Juan Barriga Montero y Carlín Haensel Inuma. Junto a ellos se sindica al asambleísta opositor Apolinar Rivera.

“Son los miembros que fueron los responsables de instaurar un juicio de responsabilidades en el Senado contra las dos magistradas”, afirmó Rek.

Las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez fueron imputadas por los delitos de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado, tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad de la citada norma legal.

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados dio luz verde para que el Senado Nacional inicie el proceso contra las dos autoridades. Hasta el momento la Cámara Alta aún no notificó a las demandadas, acción que dará inicio al proceso.

Uno de los diputados demandados es el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas, quien señaló que desconocen el contenido de la demanda. “Una vez que nos notifiquen vamos a asumir nuestra defensa”, acotó. Lamentó que los asambleístas desconozcan la Constitución Política del Estado (CPE) y todo el ordenamiento jurídico que está en vigencia. “Ojalá esa denuncia se enmarque en la legalidad y nosotros vamos a asumir defensa y no descartamos un proceso contra estas personas que están dañando nuestra imagen”, advirtió.

“Hemos cumplido nuestro trabajo con base en la Constitución Política y la Ley 044, en lo demás no voy a entrar en un debate de show político”, sostuvo Cejas. La senadora Zaconeta dijo que los delitos por los que se los acusa a estos siete diputados son por dictar resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y por violencia política a las mujeres. Los senadores opositores calificaron el proceso como “político” y que el Senado solamente obedecerá los lineamientos políticos trazados desde el Ejecutivo.

Juicio en el Senado

Situación

El juicio de responsabilidades contra las magistradas del TCP Soraida Chánez y Ligia Velásquez se encuentra en el Senado Nacional, quienes aún no confirmaron la fecha del proceso. Se aguarda la notificación.

Jueces liberaron a 30 narcos extranjeros en un semestre

Treinta ciudadanos extranjeros, procesados en distintas fechas y encarcelados con detención preventiva en Palmasola por delitos vinculados al narcotráfico en Santa Cruz, fueron liberados por la justicia entre enero y julio de este año, decisión que ha sido criticada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que ha solicitado una investigación del tema a la Fiscalía, según fuentes oficiales.

El informe salió a raíz de la captura del colombiano Jahider Vargas Cifuentes, descubierto el martes en un laboratorio de cocaína ubicado cerca de Santa Rosa cuando se pensaba que continuaba preso en Palmasola, pues el 2 de diciembre de 2013 lo mandaron a dicha cárcel luego de caer en otro laboratorio de droga. La Felcn evidenció que un juez liberó a Jahider Vargas el 6 de junio de este año.

Colombianos, la mayoría

Según el reporte de Álex Rojas, director de la Felcn, entre enero y julio de 2014 la justicia sacó de la cárcel a 24 ciudadanos colombianos, a dos nigerianos, a un sudafricano, a un georgiano, a un paraguayo y a un brasileño.

Del grupo, el que más permació en Palmasola fue el brasileño Diego F.S., con dos años y cinco meses, mientras que el colombiano Pablo E.R.L. solo estuvo dos meses y 20 días, pues ingresó el 25 de noviembre de 2013 y salió el 20 de febrero de 2014.

“Se está haciendo conocer al Ministerio Público para iniciar una investigación y establecer cuáles fueron los motivos para que en pocos meses Jahider Vargas esté libre y delinquiendo otra vez”, dijo Álex Rojas.

Mirael Salguero, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, indicó que en el caso de Jahider pedirá un informe al juez que dispuso la libertad; añadió que muchas veces los magistrados actúan basados en el pedido de los fiscales

Wednesday, August 13, 2014

Magistrado Cusi denuncia “hostigamiento y amenazas” por policías de inteligencia

Entretanto, las magistradas Soraida Chanez y Ligia Velásquez acusadas de prevaricato, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, ademas de presuntamente haber incumplido deberes al suspender la vigencia de la Ley del Notariado, aguardan ser convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para brindar su descargo.

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi denunció este martes. A través de su cuenta en Facebook que es víctima de amenazas y hostigamiento por parte de policías de inteligencia.

Cusi que lleva internado en la Caja Petrolera de la zona Sur de La Paz desde el pasado mes de junio por problemas pulmonares, acusó al gobierno central de enviar a sus portavoces a amedrentarlo, aún sin respetar su delicado estado de salud.


“Hoy martes 12 de agosto de 2014, de acuerdo a lo comunicación del Medico de Servicio de la Caja Petrolera de Salud, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, se presentaron en recepción, dos agentes de inteligencia de la Policía Nacional para entrevistarse supuestamente con mi persona, no dieron detalles sobre su presencia”, escribió.

Asimismo, consideró el hecho como una falta de respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), las normas y los Derechos Humanos y Humanitarios, de parte de las autoridades de turno, por lo que anunció denunciar lo sucedido ante instancias internacionales.

“Como en épocas de la dictadura (...) vienen a hostigarme y amenazarme, ejerciendo tortura psicológica sin considerar mi delicado estado de salud, constituyéndose este echo, como los anteriores, acciones cobardes contra de mi persona, estos si son delitos de lesa Humanidad, que serán denunciados a Cortes Internacionales”, enfatizó.

Entretanto, las magistradas suspendidas, Soraida Chanez y Ligia Velásquez aguardan ser convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para brindar su descargo por las acusaciones de prevaricato, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, ademas de presuntamente haber incumplido deberes al suspender la vigencia de la Ley del Notariado.

Hay 2 proyectos para revocar a magistrados

Ante las constantes críticas al desempeño de los miembros del Órgano Judicial, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para revocar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental (TAA).

En tanto, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, anunció ayer que el Gobierno alista un plan para suspender a todos los magistrados de ese poder del Estado.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, informó que hace un mes se elaboró este proyecto de ley que ahora está en revisión “para que puedan ser revocadas algunas autoridades del Órgano Judicial, amparados en lo que establece las atribuciones del Consejo de la Magistratura, que dice que son los que deben promover revocación de mandato”.

Por su parte, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, reiteró ayer que el Ejecutivo prepara un plan, con sustento jurídico, para la revocatoria de magistrados electos del Órgano Judicial.

“Es un plan que tenemos y una vez esté completo y definida (la estrategia) lo vamos a dar a conocer. Estamos viendo por el momento el lineamiento jurídico”, dijo Gutiérrez.

El Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral, señala que el revocatorio de mandato “se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

La CPE

Sin embargo, el Artículo 125 de la CPE abre esta posibilidad porque otorga al Consejo de la Magistratura la atribución de revocar mandato a las autoridades del TSJ y del TAA “cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas determinadas por la ley”.

“Es necesario porque lastimosamente el Órgano Judicial no está respondiendo a lo que el pueblo quiere, es decir, cambiar la justicia. Más allá de lo que dicen, entre ellos están haciéndose una serie de denuncias y contradenuncias, el pueblo los ha elegido y el pueblo también tiene que ser en este caso si estos cometen delitos quienes deben revocar mandato”, indicó Cejas.

Al respecto, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, dijo que existe la voluntad de hacer cambios en la justicia, pero los mismos magistrados se enfrentan con “limitaciones” que incluso provienen de la Ley 212 “que no te permite lanzar convocatorias, no te permite hacer los cambios” a esto se suma “la falta de herramientas legales” que tienen que ver con la elaboración de códigos procesales sustantivos y adjetivos.

“Nos ha elegido el pueblo (pero) a las cabezas solamente porque siguen los mismo vocales, siguen los mismos jueces, incluso los mismos funcionarios no se ha cambiado absolutamente a nadie”, dijo Mamani.

Duras críticas del Gobierno contra el Órgano Judicial

En febrero, el presidente Evo Morales lanzó duras críticas al sistema judicial por retardación y corrupción, denunciadas por las mismas autoridades y otros ciudadanos, incluso se cuestionó la presencia de “ponchos y polleras” en el Órgano Judicial.

“Traté de entender por qué tiene mala imagen la justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana (...) Siento que no depende de (la) infraestructura, depende de la mentalidad de los operadores”, reprochó.

El 16 de octubre de 2011, la ciudadanía votó por 56 nuevas autoridades para los tribunales Constitucional, Supremo y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura, pero tras dos años y medio de vigencia empeoró la situación de la justicia.

Las elecciones judiciales costaron Bs 1,7 millones, donde los votos nulos y blancos sumaron el 60 por ciento y los votos válidos el 40 por ciento, pero ahora el MAS plantea hacer un referéndum sobre los operadores de la justicia en cuestión. Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional, Efrén Choque, manifestó que respetarán las decisiones que se asuman sobre este tema.“Nosotros somos respetuosos de la decisión que pueda tomar (el Órgano Ejecutivo), pero que sea la decisión del soberano”.

Presidente urge avanzar hacia una 'nueva Justicia' y revela que hay propuestas de leyes y decretos para ello

El presidente Evo Morales informó hoy que existen propuestas de decretos y leyes para lograr “una nueva Justicia”, aunque consideró que una revolución en esta parte de la administración del Estado requiere de la participación de la población.

“El gran problema que tenemos es el tema de Justicia, yo decía cómo podemos parir una nueva Justicia al servicio del pueblo, al servicio de los obreros, esa es una enorme responsabilidad”, afirmó en un acto en el que aprobó a favor de la Federación de Fabriles de La Paz tres proyectos por siete millones de bolivianos.

La Justicia es uno de los temas centrales en la agenda electoral. Las principales fuerzas en carrera electoral, el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Demócrata (UD), plantean en sus programas de gobierno una reforma constitucional para mejorar la Justicia y debatir el tema de la elección de magistrados.

Entre las alternativas está incorporar el recurso de revocatorio de esas autoridades, hoy ausente en la legislación nacional. La crisis en la administración de justicia está marcada por denuncias de corrupción y pugnas internas en la cúpula del Órgano Judicial. En tanto que las magistradas del Tribunal Constitucional Soraida Chánez y Ligia Velásquez fueron suspendidas de sus cargos y serán enjuiciadas en el Senado por suspender la vigencia de la ley del Notariado.

Morales afirmó: “sigo conociendo los problemas al interior de la Justicia”. Abogó por encarar cambios estructurales. “También (estoy) convencido, (que) solo con el pueblo boliviano se puede hacer una revolución dentro de la Justicia boliviana. Y hay propuesta de nuevas normas, de nuevos decretos, de nuevas leyes”, señaló.

La Constitución Política del Estado, vigente desde 2009 tras aprobación en un referéndum, incorporó la figura de la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial.

Diputados aprueba la ley que elimina a jueces ciudadanos



La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que tiene el fin de reducir la retardación de justicia y agilizar los trámites de las causas penales con modificaciones al actual Código de Procedimiento Penal.

Son 22 los numerales de la Ley 1970 que sufrieron variantes, entre los cuales se destacan: la exclusión de los jueces ciudadanos de los tribunales de sentencia, el cambio de modalidad de las vacaciones en el Órgano Judicial de colectivas a individuales y las sanciones a las “chicanerías” de los abogados.

“De acuerdo con estadísticas, la mayor cantidad de procesos retrasados en materia penal se da por la tardanza en la conformación de los tribunales de sentencia.Hubo juicios en los que el tribunal fue conformado en meses y también en años”, explicó el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas, sobre la eliminación de los jueces ciudadanos. “Hay que buscar su domicilio, otros se excusan, ésos son los problemas que se presentan para la conformación”, agregó el legislador.

Los jueces ciudadanos fueron insertados al sistema judicial en 1999 con el nuevo Código de Procedimiento Penal; sin embargo, en 2011 se conformó una comisión codificadora para elaborar otro Código Procesal Penal que excluya a los jueces ciudadanos debido a las varias críticas por parte de las autoridades judiciales y de gobierno por la retardación de los juicios. Las modificaciones que aprobaron ayer los diputados, con la nueva ley, fueron elaboradas por el Tribunal Superior de Justicia.

La normativa establece también que para evitar la retardación de justicia las vacaciones en el Órgano Judicial ya no serán colectivas, sino individuales. “Esto (vacaciones colectivas) paraliza en sí el Órgano Judicial”, refirió al respecto el diputado Cejas.

La ley también establece sanciones a los abogados que cometan “chicanerías” (excepciones e incidentes presentados y rechazados en innumerable cantidad) para dilatar un proceso. La normativa establece que esta acción es una falta gravísima y su sanción es la suspensión temporal del jurista y una multa que está definida en la Ley del Ejercicio de la Abogacía.

Cambios al sistema judicial

Jueces

En 1999 se incluyó a los jueces ciudadanos con el Código de Procedimiento Penal. Ahora serán excluidos de los tribunales de sentencia, que serán conformados solo por jueces técnicos.

Magistrada Chánez dice que no fue notificada



Soraida Chánez, magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó ayer que aún no fue notificada con la decisión de alejarla de su cargo ni que se le iniciaba un juicio de responsabilidades en el Senado.

“Nunca nos han notificado personalmente, mucho menos de la suspensión, ni de la proposición acusatoria; excepto en mi caso de la declaración informativa (que ofrecí), ningún actuado ha sido notificado”, dijo Chánez a radio Fides.

Las magistradas Ligia Velásquez y Chánez fueron suspendidas de sus funciones por admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado que paralizó la aplicación de esa norma.

El 29 de julio, la Cámara de Diputados autorizó un juicio de responsabilidades en contra de estas autoridades judiciales y el Senado definirá el futuro legal de ambas, ya que se constituirá en tribunal de sentencia.

El presidente Evo Morales sostuvo ayer, en un acto con fabriles, que existen propuestas de decretos y leyes para lograr “una nueva justicia”, aunque consideró que una revolución en esta parte de la administración judicial requiere de la participación de la población.

“El gran problema que tenemos es el tema de justicia, yo decía cómo podemos parir una nueva justicia al servicio del pueblo, al servicio de los obreros, esa es una enorme responsabilidad”, afirmó.

Gobierno elabora plan jurídico para revocar a magistrados electos

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, informó ayer que el Poder Ejecutivo está trabajando en un plan, con sustento jurídico, para poner en marcha el proceso revocatorio en contra de los magistrados electos en 2011 para el Órgano Judicial, ese año los votos, para la elección de las 56 autoridades del sistema judicial, entre nulos y blancos, sumaron el 60 por ciento.

“Es un plan que tenemos (y) ya una vez que tengamos completo y definido (la estrategia) vamos a dar a conocer. Estamos viendo el revocatorio, una vez que tengamos el lineamiento jurídico vamos a dar a conocer”, declaro la Ministra.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Efrén Choque, manifestó que respetarán las decisiones que se asuman sobre este tema. “Nosotros somos respetuosos de toda la decisión que pueda tomar (el Órgano Ejecutivo), pero que sea la decisión del soberano”, afirmó.

REVOCATORIO

El parágrafo I, del Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral, indica que el revocatorio de mandato “es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano” y puede “destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el período de su mandato”.

El parágrafo II, de la misma norma, agrega que “se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

En febrero de este año, el presidente Evo Morales lanzó duras críticas al sistema judicial por retardación y corrupción, denunciadas por las mismas autoridades y otros ciudadanos, incluso se cuestionó la presencia de “ponchos y polleras” en el Órgano Judicial.

“Traté de entender por qué tiene mala imagen la justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana (…) Siento que no depende de (la) infraestructura, depende de la mentalidad de los operadores”, reprochó.

Las elecciones judiciales costaron al menos 1,7 millones de bolivianos, donde los votos nulos y blancos sumaron al 60 por ciento y los votos válidos el 40 por ciento, pero ahora el partido de Gobierno plantea hacer un referéndum sobre los operadores de la justicia en cuestión.

Tuesday, August 12, 2014

Jueces de las provincias irán a las ciudades a agilizar causas



La mora procesal en el área penal, que alcanza aproximadamente a 159.000 causas en los juzgados y tribunales de las nueve capitales de departamento del país, será enfrentada con el traslado de jueces de las provincias donde hay menor carga procesal, dentro de un plan de descongestionamiento aprobado por el Órgano Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, los magistrados y consejeros de la magistratura acordaron implantar el plan en los juzgados cautelares de las capitales a partir de septiembre.
El plan consiste en el traslado temporal de algunos jueces de provincias a las capitales mediante un sistema de ampliación de competencias, para tramitar con prioridad las audiencias conclusivas en los casos donde hay detenidos preventivos para reducir el hacinamiento en las cárceles./ANF