Eduardo León, abogado de la suspendida magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraide Chánez Chire, anunció ayer que iniciará una guerra judicial para demostrar la inocencia de su defendida.
Chánez, junto a Ligia Velásquez, quedó suspendida de su cargo en el TCP, en cumplimiento de la ley para el juzgamiento de altas autoridades del Estado, debido a que instruyó la suspensión de la Ley del Notariado al momento de admitir un recurso de inconstitucionalidad de la norma.
“Declaramos una guerra judicial en este proceso para demostrar la inocencia de una persona que está siendo perseguida de manera política por el poder (…) he escuchado al Vicepresidente del Estado textualmente decir que este proceso no es político y le decimos este proceso sí es político y de persecución de manera sistemática”, afirmó León.
Él abogado explicó que este es un proceso que se lleva bajo normas prohibidas por la Constitución y en ese orden la “guerra judicial” tiende a demostrar la inocencia de su cliente y denunció que su defendida no fue notificada como establece la Ley 044, para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidente o Vicepresidenta, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y del Ministerio Público.
También hizo hincapié en que ante la presentación del proceso, las magistradas debieron haber hecho uso de la palabra, dentro de la etapa preparatoria, sin embargo se vulneró sus derechos y denunció actividad procesal defectuosa lo que anularía todo el caso, porque en otras cosas se violó la presunción de inocencia.
El Tribunal de Sentencia conformado la semana anterior por 26 senadores en su mayoría son del partido oficialista. León, además de notar un conjunto de irregulares, afirmó que con este juicio no se quiere defenestrar solo a dos magistradas, sino a todo el Poder Judicial, para justificar su intervención y lograr objetivos políticos.
“Él (Vicepresidente del Estado) ya asumió un rol de juez y condenó a las dos ministras. Las tachó de delincuentes y señalado de que este proceso no es político. Le retamos al poder, para que nos demuestre que este juicio no es político y para conocimiento más didáctico del señor vicepresidente (Álvaro García Linera), todo proceso que es instaurado en la Cámara de Diputados, Senadores o el conjunto de la Asamblea Legislativa es un proceso político, porque está siendo conocido no por autoridades jurisdiccionales sino por quienes tienen un estamento político, por eso le decimos al Vicepresidente que es un juicio de ribetes políticos y más aún cuando las denunciantes son pues del partido de gobierno”, aseguro León.
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