La Cámara Baja solicitó al Senado aplicar la pena de 10 años de privación de libertad para las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, de acuerdo al Proyecto de Acusación aprobado por la sesión de diputados el martes. Ambas autoridades son acusadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes por emitir el Auto Constitucional que puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.
Lo que dice la norma. Según el Código Penal, el delito de resoluciones contrarias a la Constitución tiene una pena de cinco a 10 años de cárcel, el incumplimiento de deberes cuenta con una sanción de privación de libertad de hasta cuatro años y el prevaricato, de cinco a 10 años. / Oxígeno.
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