Cuatro días después de suspender a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez y Ligia Velásquez, la Cámara de Diputados remitió ayer al Senado la resolución camaral que aprueba la proposición acusatoria para su enjuiciamiento público por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, prevaricato e incumplimiento de deberes.
Después de recibir la resolución de Diputados, la Cámara de Senadores debe juzgar a las dos magistradas en un plazo de 20 días y su sentencia debe ser aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes en la sesión.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), según publicó ayer la agencia ANF, informó que la remisión de la documentación se hizo dentro del plazo de cinco días que establece la ley.
El legajo enviado al Senado incluye los obrados de todos los expedientes, la proposición acusatoria y la resolución camaral aprobada por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.
"El Senado tiene el tiempo perentorio necesario para emitir las notificaciones, hacer el análisis y estudio del proceso. Al mismo tiempo, convocar a una audiencia pública para que ambas magistradas suspendidas puedan defenderse de lo que se les acusa y proceder en consecuencia a la sentencia”, afirmó.
Explicó que el Senado llevará adelante un juicio oral, toda vez que tiene la facultad de dictar sentencia como autoridad pública competente.
"Así como elegimos las ternas que se generan de esas autoridades, también tenemos el derecho constitucional de removerlas”, justificó la autoridad.
La madrugada del martes, la Cámara Baja aprobó -tras nueve horas de debate- la imputación de ambas magistradas por la emisión de una resolución que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.
La denuncia contra las dos magistradas fue formalizada el 4 de junio pasado por la Asociación de Notarios de Potosí y el Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, por admitir la demanda contra la Ley del Notariado y disponer la suspensión de su aplicación mientras se resuelve el recurso.
Constitucionalistas comentaron a Página Siete que la Ley del Notariado viola la Constitución Política del Estado.
Un hecho que levantó polémica
La suspensión de las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez levantó polémica entre el oficialismo y la oposición.
La oposición acusó al Gobierno de haber impulsado la suspensión de las magistradas para controlar el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de introducir en la Carta Magna la figura de la elección indefinida.
Pero el Ejecutivo negó que haya influido en la suspensión de las magistradas.
El procurador general Héctor Arce exigió a Chánez y Velásquez que expliquen por qué dejaron en suspenso la Ley del Notariado.
El vicepresidente Álvaro García Linera fue más duro. Pidió "castigar” con una "sentencia fuerte” a las magistradas suspendidas y sentar un precedente. "Hay que enjuiciar, juzgar y sentenciar”, dijo.
Al respecto, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, afirmó en una entrevista con Cadena A que las partes involucradas no deben emitir criterio anticipado.
No comments:
Post a Comment