Ante las constantes críticas al desempeño de los miembros del Órgano Judicial, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para revocar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental (TAA).
En tanto, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, anunció ayer que el Gobierno alista un plan para suspender a todos los magistrados de ese poder del Estado.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas, informó que hace un mes se elaboró este proyecto de ley que ahora está en revisión “para que puedan ser revocadas algunas autoridades del Órgano Judicial, amparados en lo que establece las atribuciones del Consejo de la Magistratura, que dice que son los que deben promover revocación de mandato”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, reiteró ayer que el Ejecutivo prepara un plan, con sustento jurídico, para la revocatoria de magistrados electos del Órgano Judicial.
“Es un plan que tenemos y una vez esté completo y definida (la estrategia) lo vamos a dar a conocer. Estamos viendo por el momento el lineamiento jurídico”, dijo Gutiérrez.
El Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral, señala que el revocatorio de mandato “se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
La CPE
Sin embargo, el Artículo 125 de la CPE abre esta posibilidad porque otorga al Consejo de la Magistratura la atribución de revocar mandato a las autoridades del TSJ y del TAA “cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas determinadas por la ley”.
“Es necesario porque lastimosamente el Órgano Judicial no está respondiendo a lo que el pueblo quiere, es decir, cambiar la justicia. Más allá de lo que dicen, entre ellos están haciéndose una serie de denuncias y contradenuncias, el pueblo los ha elegido y el pueblo también tiene que ser en este caso si estos cometen delitos quienes deben revocar mandato”, indicó Cejas.
Al respecto, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, dijo que existe la voluntad de hacer cambios en la justicia, pero los mismos magistrados se enfrentan con “limitaciones” que incluso provienen de la Ley 212 “que no te permite lanzar convocatorias, no te permite hacer los cambios” a esto se suma “la falta de herramientas legales” que tienen que ver con la elaboración de códigos procesales sustantivos y adjetivos.
“Nos ha elegido el pueblo (pero) a las cabezas solamente porque siguen los mismo vocales, siguen los mismos jueces, incluso los mismos funcionarios no se ha cambiado absolutamente a nadie”, dijo Mamani.
Duras críticas del Gobierno contra el Órgano Judicial
En febrero, el presidente Evo Morales lanzó duras críticas al sistema judicial por retardación y corrupción, denunciadas por las mismas autoridades y otros ciudadanos, incluso se cuestionó la presencia de “ponchos y polleras” en el Órgano Judicial.
“Traté de entender por qué tiene mala imagen la justicia boliviana y llegué a la siguiente conclusión: la retardación y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana (...) Siento que no depende de (la) infraestructura, depende de la mentalidad de los operadores”, reprochó.
El 16 de octubre de 2011, la ciudadanía votó por 56 nuevas autoridades para los tribunales Constitucional, Supremo y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura, pero tras dos años y medio de vigencia empeoró la situación de la justicia.
Las elecciones judiciales costaron Bs 1,7 millones, donde los votos nulos y blancos sumaron el 60 por ciento y los votos válidos el 40 por ciento, pero ahora el MAS plantea hacer un referéndum sobre los operadores de la justicia en cuestión. Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional, Efrén Choque, manifestó que respetarán las decisiones que se asuman sobre este tema.“Nosotros somos respetuosos de la decisión que pueda tomar (el Órgano Ejecutivo), pero que sea la decisión del soberano”.
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