La demora en la elección de los jueces ciudadanos, para participar de los juicios orales, se ha convertido en uno de los factores que provoca la retardación de justicia.
Ante esta situación, en el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal se ha decidido excluirlos como parte de los juicios por delitos de acción pública.
La figura de estos jueces fue implementada hace 10 años con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía en la administración de justicia y establecer un mecanismo de control social al accionar de los jueces. El único requisito fue que debían ser capaces de diferenciar lo bueno de lo malo.
LA SITUACIÓN En Cochabamba, la situación de los jueces ciudadanos es particular.
Según la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, solo en la ciudad, de 10 procesos penales que están en curso, solo 5 consiguen llegar a una sentencia.
“Se hace imposible constituir los tribunales por diversos motivos. En Cochabamba es por la marcada ausencia de los jueces ciudadanos”, manifestó.
La realidad es aún más preocupante en las provincias donde las dificultades son mayores. Las causas son diversas. La ausencia se debe principalmente a los lazos familiares o espirituales que tienen los jueces ciudadanos y quienes van a ser juzgados.
“Estos son impedimentos legales para que bajo el principio de imparcialidad puedan administrar justicia”, agregó.
Esto deriva en que las listas de los posibles jueces ciudadanos se vean limitadas. Es el caso del Chapare, donde se agotaron las posibilidades.
Para cada juicio oral se debe, en primera instancia, realizar un sorteo y elegir a 12 personas, de las cuales solo 3 conformarán el Tribunal de Sentencia. A ellas se suman dos jueces técnicos. Este proceso, según el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal vigente, no debería demorar más de 15 días.
La constitución del Tribunal debe realizarse cinco días después de señalada la audiencia de juicio oral.
LOS INCIDENTES Pero, a decir de Gonzales, en este proceso los abogados de las partes intervinientes interponen una serie de incidentes que provocan demoras.
“Debería ser breve, pero las partes argumentan que tienen derecho a presentar incidentes y excepciones. Lo que hay es un abuso del derecho”, sostuvo.
Finalmente, de acuerdo, a los datos de una citación emitida para participar como juez ciudadano, otro de los problemas para la conformación es que falsos funcionarios pretenden afectar el proceso anunciando cambios en la fecha de la audiencia.
Desde el Tribunal de Justicia aclaran que las fechas son inmodificables y “si usted recibe alguna comunicación respecto a algún cambio, no haga caso por tratarse de falsos funcionarios”.
Suspensiones afectan imagen
Edgar Frías, uno de los cuidadanos nombrado para participar de este proceso, explicó que en principio entendió que tenía un compromiso moral y debía cumplir con esta obligación. Asistió a dos audiencias, las mismas que fueron suspendidas y a la tercera prefirió no llegar.
“Si me tienen que sacar multa o algo, no importa. A mi nadie me reconoce el perjuicio que paso al venir y que no haya nada”, contó.
Frías es un trabajador del volante. Si bien no debe pedir permiso para asistir a estas audiencias, considera que es una burla y una falta de respeto que no avisen de las suspensiones.
En el caso de Luisseppe Dyle, un profesor de colegio, recordó que en su trabajo ya no le creían que estaba yendo a la audiencia y que se suspendía por lo que ya no tenía permiso y decidió “dejarlo así”, aunque reconoció que quería participar.
Problemas en el padrón general dificultan designación
Profesionales abogados y los administradores de justicia coinciden en señalar que las debilidades en la constitución de los tribunales tienen mucho que ver con los problemas administrativos y de logística.
Es el caso del padrón general que se utiliza para el sorteo de los jueces ciudadanos. Las listas son proporcionadas por el Tribunal Departamental Electoral.
La presidenta del Tribunal de Justicia, Nuria Gonzales, se refirió a la desactualización del banco de datos. Aseguró que este factor contribuye a la demora en la conformación de los tribunales de sentencia.
“Las direcciones son inexactas, no se pueden encontrar los domicilios y eso afecta el proceso”, manifestó.
Dijo también que la denominación y la numeración de los domicilios son imprecisas, al igual que la falta del número de la dirección o el nombre del barrio.
Por otro lado, el juez ciudadano Edgar Frías explicó que la mínima remuneración que reciben también provoca que no se animen a participar.
El artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, establece que los empleados públicos o privados serán declarados en comisión con goce de haberes. Y en caso de trabajadores independientes, el Estado asignará en su favor una remuneración diaria equivalente al 50% del haber diario que percibe un juez técnico (aproximadamente 50 bolivianos).
Pese a estas dificultades y mientras no se promulgue la Ley 334 de “Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal” que elimina la figura de los jueces ciudadanos para agilizar los juicios penales y evitar la retardación de justicia, el Código de Procedimiento Penal se aplica.
Gonzáles confirmó que continúan con el mismo procedimiento para la constitución de los tribunales de sentencia para participar de los juicios orales y concluir el proceso con una sentencia.
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