Oficialismo y oposición buscan impulsar cambios en la Justicia

El oficialismo y la oposición coinciden en la necesidad de impulsar cambios en la Justicia, pero no discrepan en la forma. Mientras en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se apunta al proceso revocatorio de sus autoridades, en Convergencia Nacional (CN) se exige una reforma estructural.

La crisis del sistema judicial y la reciente suspensión de dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para someterlas a un juicio de responsabilidades por paralizar la aplicación de la Ley del Notariado, desató nuevamente el debate sobre la situación de la administración judicial.

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), sostuvo que dentro de las reformas es posible un proceso revocatorio de autoridades judiciales electas. No obstante, advirtió que es un tema que merece un estudio cuidadoso, porque hay una “complejidad entre la legislación vigente y la Constitución Política del Estado”. Además, consideró que se debe debatir si es que se reformará la Carta Magna u otra norma para resolver la crisis judicial.

Reformas. Reconoció que todavía no se otorgó al sistema judicial todas las herramientas para que funcione como todos desean. “Los varios códigos aprobados aún no están en vigencia, en algunos casos entrarán en vigencia en agosto de 2015”, dijo,

En contraposición, Centa Rek, jefa de bancada de CN en el Senado, señaló que el Gobierno, antes de anunciar un revocatorio en contra de las autoridades judiciales en 2015, con el objetivo de salvar la responsabilidad política del MAS, se debe plantear un plebiscito para implementar “cambios estructurales profundos en la Justicia”.

Los principales partidos políticos en carrera electoral para octubre del este año, el MAS, el Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Demócrata (UD) plantean en sus programas de gobierno una reforma constitucional para mejorar la administración de justicia y también debatir el tema de la elección de magistrados.

El domingo, el procurador general del Estado, Héctor Arce, explicó a la prensa que “la figura del revocatorio se da para todas las autoridades electas, con excepción de las autoridades jurisdiccionales”, de acuerdo a la actual estructura constitucional. Sin embargo, acotó que se ha planteado diferentes mecanismos para el revocatorio, “incluso la reforma constitucional”.

Consultada sobre la posibilidad de llevar adelante el proceso revocatorio de autoridades, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, manifestó que ese es un plan que tiene el Ejecutivo. “Una vez que tengamos completamente definido, nosotros lo vamos a dar a conocer debidamente”, sostuvo tras un encuentro destinado a llevar adelante reformas en el sistema judicial boliviano, reunión que se desarrolló en Sucre.

La autoridad gubernamental agregó que se analiza el tema del revocatorio y que todavía se define el “lineamiento jurídico”. Hizo notar que además se considera otros temas, como la administración de justicia y que, una vez que se tenga todo concretado, se lo hará conocer.

El presidente del Tribunal Constitucional, Efrén Choque, también fue consultado sobre la posibilidad de implementar un proceso revocatorio. “Somos respetuosos de toda decisión que puedan tomar (en la Asamblea Legislativa), pero que sea la decisión del soberano”. “Nosotros aceptamos, estamos llanos a esa posibilidad, por lo menos el suscrito”, añadió. El presidente del TCP no quiso referirse más al tema, y recalcó que no sabe cuál sería la vía o la parte operativa para las reformas judiciales.

Nueva forma de elección

Decisión

“Es el pueblo el que debe decidir de qué manera se van a elegir las futuras autoridades judiciales; pero antes, para abrir la Constitución se debe tener las ideas claras y un mecanismo de cambio estructural”, dice Centa Rek (CN).

Declaran ‘guerra judicial’ por proceso

Eduardo León, abogado de las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y Soraida Chánez, anunció ayer una “guerra judicial” para impedir que sus defendidas sean procesadas en la Cámara de Senadores.

“Existe una instrucción política para juzgar lo más rápido a estas personas y no lo vamos a permitir, vamos a hacer que se respeten todos los procedimientos judiciales; y en esta guerra judicial, que estamos declarando hoy, se va a acudir al máximo tribunal que se tiene, que es el pueblo boliviano”, expresó León a la red Erbol.

Acotó que el pueblo, que es el verdadero jurado, va a establecer que estas personas son inocentes. Además, señaló que le recuerda al vicepresidente Álvaro García Linera que este proceso es “político” y que no tienen pruebas suficientes para procesarlas.

Las magistradas Velásquez y Chánez fueron suspendidas de sus funciones por admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado, decisión que paralizó la aplicación de esa norma. El 29 de julio, la Cámara de Diputados autorizó un juicio de responsabilidades en contra de estas autoridades judiciales. El Senado, que se constituirá en el tribunal, definirá el futuro de ambas. El presidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas, manifestó ayer que aún no se conoce la fecha de inicio del proceso.