La solución a la crisis del sistema judicial no pasa por la revocatoria del mandato de los magistrados elegidos por voto el 16 de octubre de 2011, sino por enfrentar las causas estructurales, entre ellas la falta de presupuesto, de una adecuada organización territorial del órgano, entre algunos factores, sostiene el constitucionalista José Antonio Rivera.
En días pasados el presidente Evo Morales y varios diputados del Movimientos Al Socialismo (MAS) anunciaron que revocarán mediante referendo, el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, con miras a una “profunda revolución en la justicia boliviana”.
Las actuales autoridades judicial fueron designadas por voto en octubre de 2011, un procedimiento introducido por el gobernante MAS como la “gran reforma” para sacar al sistema judicial de la profunda crisis en la que se encontraba.
En esa votación, 4,5 millones de ciudadanos de los 5,2 millones habilitados acudieron a las urnas para elegir a 56 magistrados para los tres organismos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. En los resultados finales ganó el “nulo”, pero igual, pese a la baja votación que obtuvieron los candidatos, se designó a las altas autoridades judiciales.
En febrero de este año, en coincidencia con el criterio del constitucionalista Rivera, la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, descartó cualquier posibilidad de referendo para revocar el mandato de los magistrados, como una medida para resolver la crisis institucional en los órganos judiciales.
Para el constitucionalista Cayo Salinas el “error” se da en el momento que se recurrió a la elección mediante el voto a las autoridades judiciales, “ese ya es un error” ya que se obvió el mecanismo del mérito “básico” que hace a la capacidad que debe reunir un magistrado y a la experiencia que debe tener para ejercer un cargo. “Si se ha optado por ese camino que es un error, peor error sería que esa autoridad electa judicialmente esté sujeta a revocatorio, porque ahí se colocaría directamente al Órgano Judicial en escenario de inestabilidad”, dijo.
Para Rivera la crisis se encuentra en los juzgados y tribunales de instancia y la cantidad de personal dispuesto, pues son 490 jueces para todo el territorio, distribuidos inadecuadamente, con una concentración en determinados departamentos. “Estos son problemas que tienen que enfrentarse a partir de una nueva organización territorial y una redistribución de los juzgados”, insistió el abogados.
Rivera propone la creación de jueces itinerantes para los municipios que no tienen mucha carga procesal, la creación de jueces de circuito y desjudicializar las relaciones sociales en el país.
Designación “punto central”
Rivera dijo que se debe trabajar en una nueva forma y método para designar a las autoridades judiciales, tomando en cuenta el informe 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se evalúa el sistema judicial en América y recomienda establecer sistemas de selección y designación que garanticen la absoluta independencia de los jueces y magistrados para asegurar el acceso a la justicia.
Para Salinas el descrédito de la administración de justicia y el fracaso de las “reformas encaradas” por el mismo gobierno hace que la administración Morales asuma ciertos pasos en procura de tratar de revertir la actual situación de la justicia boliviana.
“Uno de esos pasos, con una fuerte dosis electoral, es tratar de acreditar ante la opinión pública que se están llevando acciones contundentes en procura de solucionar la retardación, la corrupción en la justicia”, dijo.
No existe ninguna iniciativa
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Nelsón Virreira aseguró, que pese a que la propuesta de revocatoria de mandato de las autoridades judiciales salió del presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, a la fecha “no existe ninguna iniciativa” para impulsar el referendo.
La Constitución Política del Estado establece la figura del revocatorio para Presidente, Vicepresidente, Alcaldes y Gobernadores, pero no para las autoridades judiciales, razón por la cual, según Virreira se está analizando las posibilidades legales y técnicas de aplicar este mecanismo también a los magistrados.
El diputado admitió que está abierto el debate a nivel nacional y que existen “muchas” organizaciones sociales que pidieron revocar el mandato de los magistrados luego de que en la Asamblea Legislativa se decidió enjuiciar a tres magistrados del Tribunal Constitucional, que suspendieron la vigencia de la Ley del Notariado al admitir una acción de inconstitucional presentada contra esa norma.
Virreira considera que cambiar de magistrados no va resolver los problemas estructurales que arrastra la justicia boliviana.
¿Que dice la constitución política?
La Constitución Política del Estado (CPE) establece en el artículo 240 parágrafo I: “Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley”.
De la misma manera el Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral describe los alcances de la revocatoria de mandato y señala: “Se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”
Para convocar a un referendo revocatoria para los magistrados “tendríamos que cambiar la Ley en primer lugar en la Asamblea Legislativa Plurinacional y para ello tiene que existir una iniciativa legislativa de algún diputado u ciudadano”, sostuvo el diputado Nelson Virreira.
Por otra parte, advirtió Verreira que el proceso electoral que vive el país inviabiliza realizar un referéndum revocatorio este año, aunque adelantó que siendo un pedido de algunas organizaciones sociales podría ser factible en la siguiente legislatura con los nuevos asambleístas nacionales.
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