La jueza pandina María Esther Caero sostuvo que espera se respete la decisión de los jueces ciudadanos que la juzgaron y se ratifique la sentencia que la declaró absuelta. La juzgadora fue procesada por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, a denuncia del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Los jueces ciudadanos la declararon inocente. Sin embargo, el juez técnico David Tito Atahuichi fue de criterio disidente. Según abogados penalistas de Cobija, la desconformidad debía fundamentarse y leerse conjuntamente con la sentencia de inocencia, notificándose recién a la procesada.
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
El 15 de agosto se leyó en audiencia pública la parte resolutiva de la sentencia del proceso seguido contra la juez Caero Silva y el 20 de agosto se dio lectura in extenso al fallo. La jueza María Esther Caero Silva tiene más de 12 años de ejercicio de la judicatura. Su especialidad es el derecho tributario y fue en esas funciones que su decisión judicial motivó que el SIN la acusara de prevaricato y decisiones contrarias a Constitución y a las leyes.
“Siempre he sujetado mi actuación a las leyes del Estado. Finalmente se impuso la verdad. La gente ha solidarizado conmigo. Una iglesia evangélica estuvo ayunando durante el juicio oral. He dado la cara. Puedo decir que en Pando, los jueces no somos corruptos", dijo a EL DIARIO la jueza Caero.
DISIDENTE
El juez Atahuichi se pronunció de manera contraria al criterio de los jueces ciudadanos. Según la jueza absuelta, la disidencia recoge las posturas alegadas por los abogados del servicio de impuestos.
El Tribunal que conoció de la acusación por prevaricato y fallos contrarios a las leyes y a la Constitución, estaba integrado por un Juez Técnico y dos jueces ciudadanos. Los jueces ciudadanos Heriberto Guerra Nayer y Francisca Gonzales Bismark, luego de escuchar durante dos días los alegatos de los acusadores y de la defensa, y en oposición al criterio del Juez Técnico Atahuichi, fallaron dictando sentencia absolutoria, por no haberse probado, por parte de la fiscalía y del SIN, delito alguno cometido por la juez Caero
El proceso tuvo una duración de dos años, en los cuales la Caero estuvo detenida, tanto en el penal de Villa Busch, donde permaneció más de cinco meses, como en su domicilio, hasta el momento del fallo.
FALTA DE PRUEBAS
La sentencia que favorece a la juez Caero Silva indica que no hubo pruebas que justificaran la acusación. La tarea acusadora le correspondió al abogado Willy Cerruto, en representación del SIN y por parte de la Fiscalía actuaron los fiscales Juan Carlos Cuellar y Paúl Solá.
El proceso se inició a raíz que la juez Caero impidió al SIN llevar a cabo un proceso determinativo de impuestos, contra una empresa en Pando, debido a que ésta había objetado a través de una acción legal el cese del beneficio de exención en el pago de impuesto a las utilidades, que antes favorecía a la Zona Franca de Cobija. Sin embargo, y de acuerdo con la defensa de la Jueza, los abogados del SIN no objetaron la resolución dictada por la Jueza y no utilizaron apelación en contra de la resolución dictada en el proceso y esta quedó a firme.
Según los defensores de la magistrada, hubo negligencia de parte de los funcionarios estatales. "Trataron de corregir lo que no hicieron en el juicio, a través de acusaciones sin base en la vía penal", dijo Caero.
ATAQUES
Luego de conocerse el resultado del juicio, el representante del Consejo de la Magistratura en Cobija, Ricardo Torrez Echalar, manifestó que la sentencia vulneraba los intereses del Estado y que se tomarían medidas, calificando negativamente a los jueces ciudadanos.
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