El destino de Bs 28 millones en el Órgano Judicial, concedidos por el Gobierno para la contratación de jueces para el descongestionamiento de la mora procesal, es motivo de una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado, que inició el trabajo con base en informes de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía que denunciaron el desvío de los recursos con la contratación de más personal administrativo.
Por ese fin, una de las comisiones de Diputados convocó a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, para que presente un informe oral sobre el destino de los recursos; toda esa documentación fue remitida a la Contraloría para el inicio de la auditoría.
El auditor de la Contraloría en Chuquisaca, Amílcar Ayala, informó sobre el inicio oficial de la auditoría referido al manejo de Bs 28.881.133 en el Órgano Judicial, tras las denuncias del presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, y del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, que remitieron informes sobre el destino de recursos adicionales en el Órgano Judicial en las gestiones 2012 y 2013.
La explicación
Ayala dijo que, de acuerdo con la explicación del Ministerio de Economía, estos fondos estaban destinados al fortalecimiento del área jurisdiccional, con más jueces y personal de apoyo; sin embargo, de los 400 ítems creados, el 43%, casi la mitad, se destinó a la contratación de 174 administrativos.
Por su parte, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, fue enfática al señalar que el Estado no otorgará “ni un centavo más” para el sistema de justicia mientras no muestren resultados sobre la reducción de la mora procesal y el destino de estos recursos adicionales.
Ante esta situación, el Órgano Judicial inició un plan de reducción del personal administrativo para destinar un 80% de ítems para los jueces y el 20% para administrativos.
El presidente del Tribunal Agroambiental (TA), Lucio Fuentes, admitió que mientras el Órgano Judicial no demuestre en que gastó los Bs 28 millones, no habrá ningún incremento adicional al presupuesto.
El magistrado afirmó que ante este cuestionamiento, las autoridades judiciales iniciaron una restructuración en las instituciones del Órgano Judicial, pero aseguró que será la auditoría de la Contraloría del Estado la que determine el destino de esos más de Bs 28 millones.
En los últimos 10 años, apenas se incrementaron 88 juzgados en todas las materias, y en todo el país hay menos de 1.000 jueces para administrar las causas de más de 10 millones de habitantes
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