El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia coactiva fiscal que obliga a la exprefecta de Oruro Mirtha Quevedo, refugiada en Perú, a devolver a la Gobernación $us 146.687, Bs 1 millón. Se alista el remate de sus bienes.
En 1996, Quevedo, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), desafilió de la Caja Nacional de Salud (CNS) a los funcionarios de la Prefectura de Oruro y los trasladó a la Caja Nacional de Caminos (CNC).
La desafiliación incumplió los procedimientos de traspaso de un ente asegurador a otro, por lo que la CNS inició una demanda contra la exprefectura, hoy Gobernación, y la ganó, explicó el secretario de Asuntos Jurídicos de la entidad, Édgar Ajata.
Tras presentarse este problema, la Contraloría General del Estado efectuó una auditoría, y encontró responsabilidad civil en Quevedo por $us 146.687, informe que hizo conocer a la exprefecta para que en diez días presente sus descargos.
La responsabilidad civil es la obligación de resarcir un daño intencional o no causado al Estado, según la Ley del Sistema de Administración y Controles Gubernamentales (Safco).
Con los resultados finales de la auditoría, en enero de 2011, el gobierno departamental planteó una demanda coactiva fiscal contra la exfuncionaria ante el juez Administrativo Coactivo Fiscal Tributario de Oruro, la que fue admitida. Como no se encuentra en Bolivia, se la notificó mediante edictos.
Su hija María José Luna Quevedo se presentó como apoderada y planteó varios incidentes que fueron rechazados por el juez, quien emitió un fallo de primera instancia el 15 de noviembre de 2012 a favor del gobierno subnacional. La Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia confirmó esa sentencia.
Prevención. Luego, se procedió al embargo y a las anotaciones preventivas de los terrenos de la sentenciada en la carretera a Vinto y en la urbanización Santa Ana 1 y 2 , de sus vehículos, un Nissan y un jeep Suzuki, además del congelamiento de sus cuentas bancarias.
Sobre la gasolinera QV2 ubicada en la carretera a Vinto, se espera un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que debe certificar la situación antes de proceder a la anotación preventiva y preparar el remate de todos los bienes, salvo que Quevedo pague lo adeudado.
En abril de 2014, la Sala Social Administrativa 2ª del Tribunal Supremo de Justicia declaró infundado el recurso de casación presentado por la apoderada para revertir la sentencia del juez coactivo y de la Sala Social Administrativa de Oruro, según informó ayer Ajata.
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