Friday, October 31, 2014

Procesos penales que no avancen serán archivados

La exclusión de jueces ciudadanos en procesos orales, eliminación de la vacación colectiva en el Órgano Judicial, archivo de causas penales sin movimiento y restricción a los abogados en el uso de recursos, son medidas que pretenden disminuir la carga procesal en los juzgados tras la promulgación, ayer, de la “Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”.

La ley que ayer promulgó el ejecutivo tiene el propósito de corregir el retraso en los procesos penales, un defecto del sistema judicial boliviano que le ha valido varias veces críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas.

El presidente el ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó la “Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”, en ausencia del presidente titular, Evo Morales, de viaje en Europa.

La norma establece que todo proceso penal incoado por los ciudadanos o instituciones que no tenga desarrollo alguno durante un año se archivará temporalmente y si después de otro año sigue en esa situación, se archivará de forma definitiva.

García Linera dijo que hay procesos que llevan tres o cinco años sin ningún movimiento y se mantienen vigentes, aunque haya detenidos de forma preventiva en centros penales.

La norma fija que los juicios orales se harán sólo con tres jueces técnicos, lo que implica que en adelante se excluirán a los jueces ciudadanos, que en los hechos se convirtieron en factores que retrasaron procesos o fueron objeto de presiones de los litigantes, explicó García Linera.

Para evitar “el uso procesal malicioso corrupto” de los incidentes, recursos, excepciones y recusaciones se establece que éstas podrán ser usadas por una sola vez y los abogados que intenten hacerlo dos o más veces será amonestados, después sancionados económicamente y en última instancia separados de un caso, agregó.

El uso exagerado de esos recursos en Bolivia siempre ha sido criticado porque provoca que los juicios duren varios años sin sentencia.

Incluso con personas que continúan presas por tantos o más años que los fijados para los delitos que les imputan.

La norma también establece que los juicios orales deben tener una continuidad hasta concluir y se habilitará para ellos horas y días extraordinarios, con pausas máximas de 16 horas tomando en cuenta el tiempo para los almuerzos o descansos.

Lo habitual en el sistema judicial de Bolivia es que los juicios orales puedan durar varios años, con suspensiones intermedias de varios meses, con cambio de jueces y fiscales e incluso de ciudades.

Autorizan dar recursos para autonomías indígenas

El Ejecutivo promulgó ayer una ley que obliga a los municipios del país a erogar recursos para la realización de referendos aprobatorios de los estatutos autonómicos indígena originario campesinos. El 6 de diciembre de 2009, 11 municipios optaron por convertirse en autonomías indígena originaria campesinas. A partir de esa fecha, iniciaron las gestiones para adquirir esa cualidad con la elaboración de sus estatutos autonómicos que deben ser revisados por el Tribunal Constitucional y posteriormente refrendados a través de referendos autonómicos.

Los 11 municipios son Uru Chipaya, Salinas de Garci Mendoza, San Pedro de Totora y Pampa Aullagas de Oruro; Charagua de Santa Cruz; Tarabuco, Huacaya y Mojocoya de Chuquisaca; Charazani y Jesús de Machaca de La Paz y Chayanta de Potosí.

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, informó en días pasados que una de las principales trabas para consolidar las autonomías indígenas era justamente la erogación de recursos de parte de los municipios para la realización de los referéndums autonómicos. “En 2015 se establece que puedan disponer los municipios los recursos para autorizar y viabilizar los referendos.



Vacación judicial

Los jueces y fiscales tomarán vacaciones individualmente, se eliminarán los períodos de vacación colectiva porque eso deriva en el cierre de tribunales cada año por más de 30 días, causando más retrasos en los juicios.

Bolivia ha sido criticada varias veces por tener un sistema judicial caracterizado por retrasos, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos, como señaló en 2013 la ONU.

La ONU, la agencia de cooperación española (Aecid) y la Unión Europea (UE) apoyan a Bolivia en varios programas de capacitación para alentar la independencia judicial y el acceso a la Justicia.

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