Sunday, November 30, 2014

Ministra considera evaluar a jueces de adopción

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo ayer que se debe evaluar el trabajo de los jueces encargados de conceder la adopción de los menores de edad huérfanos para evitar fallas en el proceso legal.
"Debemos ver el tema de las adopciones. Ver cómo las juezas, por la mayoría son mujeres, están haciendo seguimiento, porque la ley señala que primero se da en guarda, después se hace seguimiento a los padres adoptivos. ¿Qué hacen los jueces?, también debemos ver la responsabilidad de ellos”, consideró la autoridad.
El pronunciamiento de la autoridad se da a raíz de que en al menos las dos últimas denuncias de violencia, ambas contra el Hogar Virgen de Fátima, las autoridades de la Gobernación argumentaron que la agresión a los menores pudo darse durante la adopción y no en el albergue.
Fue el caso de una niña de seis años, supuestamente abusada sexualmente en el centro dependiente del Sedeges. También la de la niña Milagros, con múltiples fracturas en su cuerpo. A ambas les detectaron los signos de violencia cuando ya compartían tiempo con sus padres adoptivos.
Suxo recordó que estas situaciones "no son de ahora. Maltratos hubo desde hace años, pero eso no es justificativo. Debemos trabajar en medidas radicales”.
En este sentido, las auditorías que según la ministra se realizarán en todo el país, tienen el propósito de elaborar una política para mejorar el trato y la administración en estos establecimientos.

Saturday, November 29, 2014

Un juicio por violación a menores toma en promedio hasta 7 años



Luti, de 8 años y Silvia, de 14, fueron violadas por sus maestros y la primera dio a luz un bebé. Obtener la sentencia ejecutoriada en ambos casos tomó seis años, aunque el promedio es de siete, informó la organización Misión Internacional de Justicia (IJM).

“Lo que ocasiona que la víctima retroceda, desista o abandone es, sobre todo, la falta de recursos económicos, ya que el proceso, hasta contar con una sentencia ejecutoriada, dura en promedio siete años”, explicó a La Razón Alejandra Cámara, directora del Departamento Legal de la IJM.

La organización trabaja desde 2007 en los municipios de La Paz y El Alto, patrocina jurídicamente a niñas, niños y adolescentes en 99 procesos y hasta la fecha logró que se condene a 57 individuos.

Además del apoyo legal, brinda terapias psicológicas a las víctimas. “Trabajamos en la temática de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y demostramos que la justicia es posible para los pobres”, resaltó. Según esta organización, cada día 16 menores de edad son agredidos sexualmente en Bolivia, aunque solo cinco lo denuncian a las autoridades.

Casos. Por años, y desde que era niña, Luti sufrió en silencio. Su profesor de Educación Física en una unidad educativa de El Alto abusó de ella más de una docena de ocasiones y la obligó a guardar silencio mediante amenazas. Cuando la niña cumplió 14 años quedó embarazada como resultado de los abusos sexuales. Fue entonces que decidió hablar con sus padres, quienes denunciaron al sujeto a las autoridades. Corría 2008.

Como no tenían recursos para contratar a un abogado, se les recomendó que buscaran ayuda de la IJM. En la primera entrevista, los padres estaban “temerosos, sin embargo, estaban decididos a buscar justicia para su hija”.

Tras recopilar indicios y pruebas irrefutables, como la de ADN, se probó que el agresor sexual era el profesor de la muchacha. Tras 11 meses de juicio el maestro fue condenado a 12 años de cárcel, empero, presentó un recurso de apelación. En el caso de Silvia, un día uno de sus profesores puso una película y mientras ésta se proyectaba, la llamó, la llevó al lugar más alejado del aula, donde la abusó.

La adolescente contó después lo sucedido a dos de sus amigas, quienes también le dijeron que habían sido abusadas sexualmente por el mismo docente. Al día siguiente le contaron todo a su profesora de confianza. La IJM también las ayudó, pues a los padres de las tres colegialas no les alcanzaba el dinero para contratar a un abogado, mientras que el agresor ya tenía uno.

“Nuestro objetivo es la restauración de las víctimas en derecho, física y psicológicamente. No somos un ente de denuncia”, puntualizó Cámara. La organización sin fines de lucro apoya a padres de escasos recursos, cuyos hijos —hasta los 17 años— hayan sido víctimas de delitos sexuales y que tengan la voluntad de luchar hasta que concluya el proceso.

En sus siete años de trabajo en Bolivia, la IJM logró que se emitieran 51 sentencias condenatorias y cinco absolutorias, aunque en dos de ellas el fallo fue revocado y el juicio comenzará de foja cero.

¿Cuál es el perfil del agresor? “Están dentro del núcleo familiar, el padrastro, el padre y con el encubrimiento de la madre en algunos casos. Hemos llegado a sentencia condenatoria del padre y de la madre por complicidad. También (los agresores fueron) hermanos, hermanastros, tíos o personas cercanas como sus profesores”, sostuvo la profesional.

Las víctimas de los depredadores sexuales tienen en promedio entre 9 y 15 años, aunque hay bebés de meses. “Hemos tenido casos de víctimas que han llegado a fallecer”, agregó. En 2014 los casos de menores de edad de entre 10 y 14 años aumentó de uno a cuatro.

Para Silvia y Luti la justicia tardó años, ya que aunque los dos maestros tienen sentencias condenatorias, ninguno está encarcelado debido a los recursos que dilatan que los fallos se ejecuten. En Bolivia, los sentenciados en primera instancia tienen dos oportunidades para apelar: primero a la Corte Departamental de Justicia y, segundo, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Presentada la apelación, en el primer caso, los vocales tienen 20 días para pronunciarse, sin embargo, debido a la carga procesal pueden demorarse meses.

A finales de 2013 el TSJ confirmó las sentencias condenatorias contra los dos profesores y en febrero de 2014 terminó la impunidad para los agresores sexuales. Mientras duró el proceso, ambos encontraron nuevos trabajos. El profesor de Silvia empezó a enseñar en otra escuela, y el de Luti estaba trabajando con infantes de tres y cuatro años. En 2013, la Policía recibió 726 denuncias de violación a menores de edad en Bolivia.

Qué es la Misión de justicia

Red

Trabaja en 18 países, su sede está en Washington, EEUU, y financia sus actividades con donaciones. Es parte de la Red Departamental de Protección de la Niñez y Adolescencia de La Paz, en la que participan otras organizaciones. La Ley 348 dispone que la pena máxima por la violación a menores de edad es de 25 años, y puede llegar a 30 años.

APREHENDEN A UN JUEZ POR SOSPECHA DE PREVARICATO

Trinidad. Alejandro Ilich Cruz Rodríguez, fiscal departamental del Beni, informó de la aprehensión de Ruslan O. J., juez de Instrucción en lo Penal de Trinidad, Beni, bajo la sospecha de que incurrió en prevaricato.

De acuerdo con el Fiscal, el administrador de justicia fue imputado por haber concedido libertad irrestricta a dos súbitos extranjeros, un brasileño y un peruano, imputados de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa, pese a existir los elementos de convicción suficientes para someterlos a proceso penal por esos cargos.

La autoridad explicó que, según el juez, hubo vicios de nulidad absoluta en el procedimiento, como la inexistencia del mandamiento de allanamiento; sin embargo, pese a la flagrancia, dispuso concederles su libertad.

El juez se halla aprehendido en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de la capital beniana, en espera de que sea sometido a una audiencia de medidas cautelares en el transcurso de este fin de semana para decidir su situación jurídica.

Patricia Santos asume la Fiscalía de La Paz para acelerar procesos

Patricia Santos fue posesionada ayer como la nueva fiscal del Distrito de La Paz, en reemplazo de José Ponce, y tiene la misión de "revolucionar” la institución y acelerar los procesos que llevan adelante sus funcionarios.
"Me reuní con varias comisiones de fiscales en persona. Viendo diferentes situaciones que no avanzan, no hay resultados he tomado la decisión de cambiar al fiscal departamental; amerita un cambio de timón, de actitud, en el compromiso con la sociedad. Aquí se ha anquilosado, se ha quedado estático el trabajo en la Fiscalía de La Paz y es necesario hacer un cambio”, aseveró el fiscal general Ramiro Guerrero.
Santos tenía a su cargo la investigación del caso Chaparina, es decir, la intervención policial a la marcha indígena por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) ocurrido en septiembre de 2011.
Asimismo, su antecesor formó parte de la comisión de fiscales que investigó el caso.
Guerrero adelantó que se necesita no sólo un cambio de personas, sino un cambio de actitud. Entre las decisiones asumidas se encuentra el envió de fiscales de Sucre a La Paz que se encargarán de "encauzar” los cambio en el distrito paceño.
En un acto realizado en la Fiscalía de La Paz, Santos hizo el juramento a su nuevo cargo. La flamante autoridad anunció que se harán "cambios profundos”.
Mencionó el despacho fiscal como una de las acciones que permitirá agilizar los procesos en curso, "que lo haga sentir al usuario bien, que le den respuestas claras”, dijo la fiscal.
"Cada uno debe llevar en alto el nombre del Ministerio Público”, afirmó Santos en su discurso ante sus colegas y medios de comunicación.
Al respecto, Guerrero le brindó todo su apoyo. "Tiene el mandato de revolucionar la Fiscalía de La Paz, tiene todo el apoyo de la Fiscalía General, porque sólo nosotros vamos a lavar la cara del Ministerio Público”, afirmó.
En las próximas horas, Santos y Guerrero mantendrán reuniones para evaluar a los fiscales de materia de La Paz. El fiscal general adelantó que habrán cambios si es que se confirma que funcionarios no cumplen su trabajo. Asimismo, adelantó una oficina de relaciones públicas.

Fiscal trabajará en cuatro pilares
La flamante fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, anunció que a partir de hoy el trabajo en la institución estará basada en cuatro pilares.
El primero consiste en la lucha "implacable” contra actos de corrupción y contra la retardación de justicia.
El segundo, y el más importante para Santos, está en el fortalecimiento de los valores. "El valor moral tanto en nosotros (fiscales) como en todas las personas del proceso penal”, señaló la fiscal de Distrito.
El tercer pilar de trabajo es la reacción inmediata. "Implica que la Fiscalía asista en cuanto sea necesaria su presencia con oportunidad, legalidad, responsabilidad, autonomía y jerarquía. Se trata de reaccionar de forma idónea y de responder efectivamente”, sostuvo. Cuestionó que hay algunos fiscales que no tienen una sólida formación en derecho.
Finalmente, pidió que exista una identidad funcionaria y que se fortalezca la imagen de la Fiscalía bajo el principio de autoridad y de la humildad.

Friday, November 28, 2014

Video mujer que denuncio a un juez

Chánez: En el TCP negocian las sentencias y hay una intromisión del Gobierno

Soraida Chánez, magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), reveló a Página Siete la "negociación” de sentencias que se da en esa entidad y criticó la intromisión "grosera” del Ejecutivo. Ella está acusada, junto a Gualberto Cusi y Ligia Velásquez, por dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.
Ratificó que el juicio de responsabilidades que le siguen está viciado de nulidad, más aún cuando el MAS quiere aprobar cambios a la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades, con lo que –dice– continúa violando sus derechos.
Advierte tres ilegalidades en su planteamiento: la posibilidad de que les envíen a un juzgado ordinario, que les juzguen por temas disciplinarios cuando la acusación es penal y que ninguna persona puede ser procesada dos veces por el mismo hecho.
¿Qué efecto tendrá la modificación a la Ley de Juicio de Responsabilidades?
Lamentablemente esta Asamblea ha actuado de manera irresponsable, aunque no es del todo su responsabilidad, porque existe una intromisión grosera del Ejecutivo (...). Al inicio de este proceso nos han condenado anticipadamente sin cumplir la Constitución Política respecto a la presunción de inocencia.
Por eso el retroceso con la modificación de la ley. No quieren llegar a una sentencia ejecutoriada para evitar responsabilidades internacionales.
¿Qué irregularidades ve usted?
No hay normativa que dé una solución justa y acorde a los estándares nacionales e internacionales. Están en un limbo y no podrán dar una respuesta positiva o negativa en el caso. Somos inocentes, pero necesitamos la decisión de la Asamblea para recurrir a instancias internacionales. Yo no tengo miedo a la privación de libertad (...).
Fueron acusados por delitos penales y ahora sólo pedirán su destitución..

Los tipos penales por los que nos han acusado son delitos en el ejercicio de la función pública. Si se traslada a la jurisdicción ordinaria, no hay ningún juzgado del ámbito jurisdiccional que sea competente.
¿Es posible que les envíen a la justicia ordinaria?
Están queriendo forzar una situación que no se puede dar. Estamos suspendidos por presuntos delitos penales. Si trasladan el juicio, ¿empieza de nuevo el proceso? ¿De qué delitos o por qué faltas nos van a acusar? ¿Por qué nos van a destituir?
Así nos quiten el título, en el momento de la presunta comisión de delitos hemos sido magistrados.
Los acusarán por un tema disciplinario... Dicen un trámite administrativo, ¿atribuido a qué norma…?
¿Debió tratarse su caso internamente en el TCP?
Los procedimientos administrativos –hasta donde se sabe– son de competencia de la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada institución, en este caso el pleno y la presidencia del TCP.
¿Debía anularse el proceso?
Es la única solución. Ni el magistrado Gualberto Cusi, ni mi persona estamos apegados a un cargo político y público. No hemos entrado (al TCP) para aprovecharnos del cargo, como otros magistrados que negocian las sentencias y van de ofrecidos para torcer las sentencias. Hemos actuado apegados a la ley. Queremos recuperar el ejercicio de nuestra profesión.
¿De quiénes habla cuando dice que "negocian las sentencias”?
Eso no es ético decirlo. Todo el mundo (lo) sabe. El Legislativo y Ejecutivo lo conocen, nos hacen seguimiento. Hay denuncias

¿Van a encubrir, van a atacar y sancionar a quienes han ejercido el cargo con idoneidad y responsabilidad?

Cae un juez en Beni por liberar a dos narcopilotos

El acusado es el juez primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Trinidad, Oliver Juárez, quien fue detenido el jueves en su despacho y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), según un comunicado del Ministerio de Gobierno (Interior). Está acusado de prevaricato por haber liberado a dos sujetos que fueron capturados por narcotráfico esta semana.

Juárez dictó la puesta en libertad sin cargos de un ciudadano peruano y otro brasileño que fueron capturados esta semana en una operación antidroga desarrollada conjuntamente por Bolivia y Perú, en la región del Beni.

En la misma operación fueron decomisadas dos narcoavionetas con matrículas paraguaya y brasileña que esperaban a una carga de 356 kilos de cocaína procedentes de Perú, pero que nunca llegó a su destino porque la aeronave que transportaba la droga se estrelló, el pasado 22 de noviembre, en territorio peruano.

Los supuestos pilotos estaban acusados de los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictiva, indicó una fuente de la Fiscalía.

Tras la puesta en libertad de los detenidos, el Ministerio Público inició un procedimiento penal contra el juez al considerar que existían indicios suficientes para procesar a los dos pilotos.

El Gobierno y otros organismos han reconocido en varias ocasiones a lo largo de este año que existe una profunda crisis en la justicia de Bolivia, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.

Litigantes preocupados por falta de notificadores

Varios procesos penales, civiles y familiares se quedan estancados ante la conclusión de contratos del Consejo de la Magistratura con auxiliares, notificadores y pasantes de los diferentes juzgados a nivel departamental, hecho que preocupa a litigantes.

Además, la abogada Braulia Choque afirmó que sólo el 10% de estos funcionarios trabajan bajo normas éticas mientras el restante “deja mucho que desear”.

Si bien la Ley Orgánica judicial establece sanciones para los notificadores, pasantes y auxiliares que son observados por realizar cobros indebidos, que exigen a los litigantes para cumplir sus funciones, como presentar las carpetas de investigación cuando requieren los implicados, no pedir coimas o pasajes para entregar las notificaciones en los tiempos adecuados a los procesos, en muchos de los casos no son denunciados por temor a represalias.

Para muchos litigantes y abogados, estos niveles que existen en los juzgados, son quienes en un 90% se toman atribuciones por encima de los propios jueces y al tener ellos el acceso a las carpetas de investigación o ser quienes deban notificar a los litigantes implicados en un proceso, “se convierten en pequeños poderes de la obstaculización y retardación de justicia”, observa Barrera.

En más de cinco casos que analiza la profesional en derecho en temáticas penales y familiares, da cuenta que sus litigantes tienen el mayor obstáculo para lograr continuar con el proceso como con los auxiliares y notificadores, quienes no necesariamente son contratados por tener las mejores capacidades legales y humanas, sino por otro tipo de factores inclusive los políticos.

“Si uno quiere denunciarlos porque son los primeros que obstaculizan los procesos judiciales, el procedimiento para la denuncia es un proceso legal y burocrático que se debe hacer con nombre y apellido mediante memorial al Consejo de la Magistratura, pero como ellos no llevan ninguna identificación (marbetes) difícilmente les dan sus nombres o se identifican ellos”, señala Barrera.

En la misma lógica, las mujeres litigantes por los delitos de feminicidio, que solicitan los memoriales de citación a sus victimadores, dan cuenta que los auxiliares, notificadores y pasantes, cuando deben solicitar que notifiquen a los procesados, primero deben pagarles sus pasajes en taxi o radio taxi y aparte deben pagarles por su tiempo utilizado.

“Es grave nosotras debemos pagar taxi de Bs 50, por cada notificación a ello debemos pagarles por su tiempo Bs 80 porque ellos dicen que deben hacer otras tareas en los juzgados y no reciben sueldo y por eso nos exigen plata y si nosotras queremos denunciarlos a ellos, primero que nunca sabemos sus nombres, no están identificados y segundo el juez y las abogadas del juzgado los protegen, es por eso que no podemos hacer nada contra este grupo de personal de los juzgados”, explicó María, nombre ficticio de una de las litigantes que llega por tercera vez al juzgado de familia y no puede notificar al padre de sus cinco hijos porque no hay notificadores y para esperar que se cumpla su requerimiento ella debe tener Bs 130 para cumplir con ese procedimiento.

En un recorrido por los juzgado en la ciudad de El Alto, se evidenció no sólo la ausencia de personal de auxiliares, pasantes y notificadores, sino que en las puertas de cada uno de los juzgados algunos llevan un letrero de “denuncie todo tipo de corrupción”, sin embargo, los litigantes afirman que el cartel no especifica si el litigante tiene tiempo y dinero para hacer la denuncia y dónde la puede realizar.

El Consejo dela Magistratura, al haber concluido los contratos de este tipo de personal que está en los juzgados, habría tomado los exámenes a un nuevo personal que, estarán destinados en los juzgados, de los cuales la comunidad litigante esperan que por lo menos sean honestos, profesionales y humanos.

De acuerdo con 10 litigantes, este tipo de personal que debe estar en los juzgados deberían ser identificado y en dichos tribunales de justicia debería instalarse un Defensor Judicial, donde se pueda hacer las denuncias, contra los malos funcionarios legales, evitando el proceso burocrático que deben emplearse en la ciudad de La Paz.

NUEVA LEY DEJA A TRES MAGISTRADOS EN EL LIMBO

Con las modificaciones a la Ley Nº 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendidos, Soraida Chánez, Gualberto Cusi y Ligia Velásquez, se encuentran en la incertidumbre.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, detalló que los cambios a la norma determinan que el Senado Nacional será solamente un tribunal sancionatorio y no de sentencia y que las autoridades del TCP suspendidas pueden elegir la ley con que se inició el proceso o con la nueva para su proceso.

"El Senado ya no emitirá sentencia con la detención con cárcel para los imputados, únicamente se convierte en un proceso sancionatorio que sanciona con la destitución de los cargos pero de haber indicios de responsabilidad civil o penal se deriva (el caso) a la instancia pertinente, al ámbito del Órgano Judicial".

Si lo solicitan los magistrados, recalcó, pueden acogerse a esta norma que tiene características muy importantes, como el ser mucho más benigna que la anterior, porque lamentablemente la anterior era demasiado dura en su contenido, y podrían acogerse a esta siempre y cuando favorezca a los imputados.

No somos jueces técnicos. El Presidente de la Cámara de Diputados justificó los cambios a la Ley Nº 044, en sentido de que los asambleístas no son personal técnico para emitir una sentencia con privación de libertad en contra de las autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional, del Consejo de la Judicatura y del Ministerio Público.

"Nosotros no somos jueces técnicos ni mucho menos, en tal sentido los que tienen emitir este tipo de sentencias son la autoridades del ámbito de la judicatura. Ahora, la Cámara de Diputados emite todo pero con suspensión temporal de los imputados, si el Senado encuentra que no hay indicios, ellos vuelven a sus cargos con las disculpas del caso".

Renuncia y archivo de obrados. La modificación de la norma establece que "la alta autoridad hasta antes de la emisión de la sentencia podrá renunciar a su cargo, ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, ante el pleno de la Cámara de Diputados o ante el tribunal según corresponda, debiendo la instancia correspondiente imponer el archivo de obrados".

Opiniones divididas de los magistrados suspendidos.

La magistrada suspendida Soraida Chánez, entrevistada por radio Compañera, respecto a la posibilidad de que "se archiven los obrados" si renunciara, aseguró que ésa no es una opción.

"No voy a renunciar, voy analizar la norma, pero me parece injusto que se nos melle la dignidad como personas, como profesionales. A nosotros no nos interesa agarrarnos del cargo y es injusto que nos digan ahora de la noche a la mañana, aquí no pasó nada y nos hagan renunciar. La renuncia implica una clara aceptación de que sí hubo un delito".

Por su parte, el magistrado Gualberto Cusi, prefiere esperar a que se promulgue la norma con las modificaciones, antes de emitir un criterio y tomar la decisión de dejar o no el cargo. "No conozco el contenido de la Ley que modifica, por lo tanto me reservo el derecho hasta que salga la ley como tal.Tengo que conocer la Ley, por ahí pone condiciones, entonces prefiero esperar".

Thursday, November 27, 2014

Tarija espera fallo del TCP sobre Estatuto Autonómico

- Tras enmendar las observaciones, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija presentó por segunda vez el Estatuto Autonómico Departamental al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control de constitucionalidad.

El presidente de la Asamblea departamental, Fortunato Llanos, informó que ahora se espera la resolución final del Tribunal en el plazo de 15 días.

Según explicó los 19 artículos observadores fueron corregidos en el pleno del ente legislativo departamental. Es así que el documento final contiene 92 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final, divididos en cinco libros.

“A partir de la fecha de presentación tenemos que esperar 15 días, con el seguimiento correspondiente. La comisión que presentó el documento estuvo conformada por la presidencia (Fortuna Llanos), un asambleísta de la bancada de la agrupación ciudadana Camino Al Cambio (CC) René Valdez y un asambleísta del MAS”, indicó en conferencia de prensa.

A tiempo de aclarar las declaraciones realizadas por la Asambleísta de CC, María Lourdes Vaca, que observó que la determinación de presentar el Estatuto Autonómico Departamental al TCP no haya consensuada con las cuatro bancadas del ente legislativo.

Llanos explicó el artículo 88 que fue el de mayor discusión y relevancia por tratarse de la figura de los ejecutivos seccionales por voto popular quedo subsanado, porque existirá la figura de subgobernadores y los mismos dependerán de la máxima autoridad departamento, sin cualidad gobernativa.

Por su parte, la asambleísta Vaca, sostuvo que el documento presentado no fue consensuado con las cuatro bancadas y si bien se logró subsanar los 19 artículos que en primera instancia fueron observados, el Estatuto Autonómico Departamental que inicialmente tenía 119 artículos, con dos disposiciones transitorias quedó en 92 artículos, toda vez que se llegó a suprimir algunos en correspondencia a la Constitución Política del Estado.

En tanto, Vaca manifestó que la bancada de Camino Al Cambio estará pendiente a la resolución final del TCP en 15 días, que según informó el presidente de la Asamblea Departamental se tendrá un dictamen final.

Diputados aprueba ley para juzgar a magistrados en tribunales ordinarios

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles a la noche, por mayoría de votos, la modificación a la Ley 044 que intenta salvar al Senado de su responsabilidad de emitir sentencia en materia penal sobre los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional acusados de suspender la Ley del Notariado.

El Proyecto de Ley establece que el Órgano Legislativo puede procesar a los altos magistrados judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en la esfera disciplinaria, cuya máxima sanción es la destitución del cargo y no así la imposición de una privativa de libertad.

"El proyecto establece un proceso sumario que no llega a sentencia con cárcel, que es un asunto que no corresponde a la Asamblea Legislativa. Los temas jurisdiccionales tienen que ser manejados por tribunales especializados como es el Órgano Judicial; de encontrarse indicios de responsabilidad penal o civil, (el caso) será remitido al órgano jurisdiccional pertinente", explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío.

Según la explicación de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, una posible sanción con la destitución del cargo haría perder la investidura de la magistrada o magistrado y, consiguientemente, deberá ser sometido como cualquier ciudadano a la potestad punitiva del Estado en la justicia ordinaria, lo que no significa un doble procesamiento o doble castigo.

La norma se aprueba a poco de instalar el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligia Velásquez, el próximo 4 de diciembre.
Se prevé que el Senado trate este jueves el proyecto de modificación.

Estas tres autoridades suspendidas son acusadas por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que habrían cometido al suspender la aplicación de la Ley del Notariado.

Especialistas y opositores critican maniobra

La oposición cuestionó que esta modificación se incluya en medio proceso a los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional. El diputado Osney Martínez consideró que "el MAS decidió modificar la ley porque hay temor de que el Estado boliviano pueda perder un juicio internacional".

El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor advirtió que la única manera de cambiar la ley, es reformando la Constitución Política, que ordena al Senado juzgar en materia penal contra altas autoridades de Estado, por "delitos" cometidos en el ejercicio de sus funciones y no por "faltas" administrativas, donde la consecuencia directa y máxima sanción en contra del servidor público es la destitución.

Advirtió que tampoco pueden enviar a los magistrados a juzgados ordinarios porque su juez natural por mandato de la ley, es el Senado Nacional, bajo riesgo de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que en la fase preparatoria la Cámara de Diputados investigó una denuncia penal y no una infracción administrativa.

"Eso sería una barbaridad jurídica, un manoseo de la Constitución y una simple maniobra política para sacarse a los magistrados", manifestó a tiempo de señalar que si aprueban la enmienda, ésta rige para un nuevo juicio y no para el actual ha sido estructurado en base a la ley vigente.

Wednesday, November 26, 2014

Juez de trabajo suspendido por presunta corrupción


La juez tercero de trabajo y seguridad social del Tribunal de Justicia de La Paz, Ester Machaca, fue suspendida ayer del cargo y remitida a un proceso disciplinario en el Concejo de la Magistratura, informó el representante de transparencia del Concejo de la Magistratura, Ariel Marañón.

Contra la juez Machaca se registra varias denuncias, de retardación de justicia, incumplimiento de deberes, presuntos hechos de corrupción y otras faltas denunciadas por los litigantes y quienes tienen procesos en su juzgado.

“Es una suspensión temporal de la jueza y las sanciones dependerán de los resultados del proceso disciplinario contra la autoridad. Varios litigantes se adhirieron a las denuncias de retardación de justicia y otras anormalidades en su contra”, indicó la autoridad.

Se trata de un proceso disciplinario, de acuerdo a las investigaciones se asumirá acciones pertinentes, sin descartar proceso penal ante las instancias correspondientes

Se la acusa de faltas leves, graves y gravísimas, las últimas terminaron con la destitución de la autoridad.

Hasta mediados de mayo, al menos 40 jueces fueron suspendidos por denuncias de retardación de justicia, maltrato, entre otros.

Legislativo actual concluirá juicio a magistrados

A pesar de no haber iniciado el juicio a los tres magistrados acusados por la ley notarial, ni haber escuchado aún los descargos respectivos, el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que este proceso en su contra tendrá una sentencia en la actual gestión legislativa, “así se desmayen o presenten chicanerías”.

Para la magistrada Velásquez, las palabras del Presidente de la Asamblea Legislativa que calificó como “chicaneros” a los abogados son erróneas y van contra el respeto a la defensa de cualquier ciudadano, cuestionando si el hecho de presentar testigos es una forma de dilación.

“Aunque traigan diez mil testigos, aunque se desmayen, este proceso va a acabar con una sanción de los tres acusados en esta legislatura y en las siguiente iniciaríamos con los juicios de otras personas que tengan acusaciones verificadas y documentadas”, señaló el segundo mandatario del Estado.

En su criterio, luego de las modificaciones a las potestades del Tribunal de Sentencia, los magistrados deberían repensar sus actitudes dilatorias y presentarse al juicio, sin dejar de ser enfático en la sentencia a los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional Soraida Chánez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, que anticipó la presentación de 300 testigos en el juicio que inicia este 4 de diciembre.

LA JUSTICIA ORDINARIA PROCESARÁ A MAGISTRADOS

El vicepresidente Álvaro García informó ayer que la Ley 044 de el juzgamiento de altas autoridades será modificada con el objetivo de que el Senado sólo pueda suspender a los imputados y derivar la causa a la justicia ordinaria para que lleve adelante el proceso penal respectivo.

La norma actual establece que en un juicio de responsabilidades la Cámara de Diputados asume el papel de acusador o Ministerio Público y el Senado Nacional esTribunal de Sentencia.

Con el planteamiento propuesto por García Linera, la Cámara de Senadores solo suspende y no aplicará una sanción penal.

"En las siguientes horas haremos la introducción de un artículo (a la Ley 044) que diferencia la acción sancionatoria del Senado en el juicio de autoridades máximas del Poder Judicial que lleva hasta la destitución del cargo y la parte penal correría a cargo del órgano jurisdiccional correspondiente la justicia ordinaria", explicó García Linera en una conferencia de prensa en el Palacio.

De acuerdo con la explicación, esta modificación se aprobará a la brevedad posible para que entre en vigencia el 4 de diciembre, oportunidad en que se iniciará el juicio contra los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligia Velásquez por los supuestos delitos de prevaricato, determinaciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia la Ley del Notariado Plurinacional.

"El Senado va a tener una función y una sanción que puede llegar hasta la destitución del cargo (a autoridades del Órgano Judicial); la parte penal, si hubiera, la deriva a la Justicia ordinaria. Eso es lo que se va a corregir".

el juicio concluirá en esta legislatura. García Linera aseguró que con esta modificación, el Senado solo deberá considerar si el proceso contra los tres magistrados pasará a la justicia ordinaria.

Señaló que este cambio es un buen elemento para que las tres autoridades suspendidas del TCP reconsideren su actitud dilatoria.

Aseveró que este juicio que se iniciará en diciembre, concluirá en esta legislatura y por más que los acusados "presenten 1.000 testigos o se desmayen".

Indicó que esa modificación a la norma será debatida en primera instancia en la Cámara de Diputados y posteriormente pasará a la Cámara de Senadores.

"Vamos a esforzarnos para que esta legislatura concluya la sanción a estas tres autoridades y esperemos que la siguiente legislatura se inicie juicios a otros miembros de la justicia"

Anteriormente, el presidente del Senado, Eugenio Rojas, señaló que no había plena seguridad de que este proceso concluya en esta legislatura, por lo que deberá concluir en la próxima.

Cambios a favor de jueces

El Gobierno anunció que modificará una ley para que el máximo castigo que puede imponer el Senado en juicios políticos a autoridades judiciales sea la destitución, pero no sanciones penales, como ocurría hasta ahora.

Separar acciones. El vicepresidente, Álvaro García Linera, explicó en declaraciones a los periodistas que con esta modificación, "el enjuiciamiento penal correría por cuenta del órgano jurisdiccional correspondiente de la Justicia ordinaria".

García Linera hizo estas declaraciones días después de que la Cámara de Diputados de Bolivia anunciara que pedirá 10 años de prisión para tres magistrados del Tribunal Constitucional, en el juicio político que sigue el Senado a esas autoridades por supuestas resoluciones inconstitucionales, prevaricación e incumplimiento de deberes.

Según el vicepresidente, hasta ahora "el Senado actuaba, destituía y daba un sanción penal", pero con el fin de proteger la Constitución Política del Estado se va a "separar" la acción sancionadora.

Ya podría aplicarse. La norma que se modificará, aprobada en 2010, es la Ley 044 de Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

"El senado llegaría hasta el ámbito de destitución de autoridades judiciales, ya no regresarían nunca más a su cargo, y de la parte penal, si es que corresponde, se hace cargo ya la justicia ordinaria", subrayó García Linera.

También precisó que la modificación de la ley ya podrá aplicarse en el juicio contra los tres magistrados del Constitucional que serán enjuiciados en diciembre próximo y contra los que pidió una sanción ejemplar.

Tuesday, November 25, 2014

Al menos cinco cartas orgánicas son copias

Las cartas orgánicas de al menos cinco municipios del país, que fueron presentadas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respectiva revisión de constitucionalidad, son copias de otras, reveló el magistrado Osvaldo Valencia.

“Sin mencionar qué municipios, pero nos hemos encontrado con que algunas cartas han sido prácticamente copiadas de otras, con esa particularidad, ustedes entenderán que hay un trabajo interno minucioso que a veces la población no nos entiende, pero con todo y eso estamos saliendo adelante”, dijo. Cuando la radio Aclo de Erbol preguntó cuántas copias descubrieron, respondió: “Hay varias, unas cuatro a cinco”.

Afirmó que están priorizando las declaraciones constitucionales de las cartas orgánicas y para ello se ha implementado dos mesas de trabajo, asimismo, se han reforzado los despachos de los magistrados, redoblando los esfuerzos, sin descuidar las otras causas que llegan al TCP.

Por eso, “con seguridad que las próximas semanas y meses se van a ir entregando poco a poco entre febrero y máximo marzo hemos quedado ponernos como meta para despachar todos los pendientes que hay respecto a las cartas orgánicas”, aseguró.

Apuntó que todas las semanas se sortean las cartas orgánicas para su respectivo tratamiento. De los siete magistrados titulares del TCP, tres ingresaron recientemente a la titularidad, entre ellos el mismo Valencia.

Magistrado cusi se queda sin abogado en el juicio

El abogado Jorge Quiroz (f), quien hace pocos días afirmaba que no le temía al Gobierno para encarar la defensa del exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, dentro del juicio de responsabilidades que le sigue la Asamblea Legislativa por la Ley del Notariado, decidió separarse del caso. El jurista prefirió callar sobre su decisión y se limitó a señalar que su exdefendido podrá dar las explicaciones en su debido momento. Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que Quiroz analizó la estrategia de defensa y no estuvo de acuerdo en presentar a más de 300 testigos de descargo, lo que se interpreta como medida de dilación, razón por la que podría ser procesado en el futuro en aplicación a la Ley de Descongestionamiento Procesal Penal.

El TSJ vuelve a remitir al TSE la renuncia de Tordoya

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a remitir la carta de renuncia del magistrado Fidel Tordoya para consideración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 12 de noviembre, Tordoya renunció de manera irrevocable a su cargo y una hora y media después retiró su dimisión.
El TSJ remitió ese día la renuncia al TSE, pero esta entidad sólo tomó conocimiento de esta nota y no tomó decisión alguna sobre la misma.
"Nos llegó una nota del TSJ, nos hacen conocer (el hecho) y nosotros hemos decretado por conocido, nada más; otra determinación no podemos tomar”, dijo al respecto el vicepresidente del Tribunal Electoral, Wilfredo Ovando.
El presidente del TSJ, Jorge von Borries, aseguró que en esta oportunidad se pide al TSE que explique por qué no asumió una determinación en el caso del magistrado Tordoya, como sí lo hiciera en un caso anterior.
Anteriormente, cuando el ahora exmagistrado Williams Alave renunciara al TSJ, el TSE designó a Iván Lima como su sucesor, de acuerdo con la votación que consiguió en las elecciones judiciales de 2011.
Von Borries alega que es tuición del TSE considerar la renuncia porque la entidad electoral es la que administró los comicios del Poder Judicial.
"Nos ha elegido el voto del pueblo; a través del TSE, estamos insistiendo en que nos explique por qué actuó de una manera en el caso Alave y ahora no se tiene esa misma jurisprudencia”, argumentó el magistrado
En su carta de renuncia, Tordoya alegó "motivos de salud”. El 12 de noviembre la misiva fue considerada por la sala plena y luego remitida al TSE.

Monday, November 24, 2014

Contratos bimensuales frenan postulación a cargos de jueces



Tarija aún no puede aplicar la nueva Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal. Los jueces técnicos designados no aceptan conformar los tribunales de sentencia, puesto que el Consejo de la Magistratura solo les ofrece un contrato por dos meses.

La nueva norma en vigencia elimina la figura de los jueces ciudadanos en los tribunales y estos son remplazados por un juez técnico, en el departamento se necesitan siete.
La representante de la Magistratura, Paola Chirinos, indicó que los profesionales seleccionados vienen de una convocatoria realizada en la gestión 2012 y al ser los más altos puntajes fueron seleccionados de forma directa para asumir el cargo de jueces técnicos.
“De los siete profesionales seleccionados, solo una aceptó el cargo de juez técnico para la ciudad de Bermejo, pero nos falta cubrir la capital y las demás provincias—manifestó Chirinos-. Según nos dijeron todos estos profesionales, con quienes hablamos personalmente, no les parece el contrato y además están ocupando al momento otros cargos en asesorías y como fiscales en algunos casos”.
Las personas que fueron seleccionadas para los cargos son: Moisés Álvaro Cardona Sánchez, para Juez Técnico Primero de la capital, Claudia Patricia Ugarte Martínez, para el Tribunal de Sentencia Segundo, Noemi Tejerina Rocha, para Juez Técnico en Entre Ríos, Alicia Durán Gorena para Yacuiba, Pablo Rodrigo Valeriano Barroso para Villa Montes y la abogada Irma Marina Castellón Betancur, quien sí aceptó irse de Juez de Sentencia a la ciudad de Bermejo.
Ante la negativa de los abogados seleccionados, de asumir el reto de jueces técnicos, la Magistratura optará por la opción denominada “plan B”. Se promocionará jueces cautelares para convertirse en jueces técnicos y con ello se cubriría el déficit que existe en los Tribunales de Sentencia.
Los espacios que vayan a dejar estos jueces, serán cubiertos por nuevos profesionales que dieron examen para el área cautelar el año 2012. Se estima que existen alrededor de 30 personas que están a la espera de la selección.
El fiscal Beimar Farfán indicó que al no existir la designación de los jueces técnicos, será difícil la aplicación de la Ley de Descongestionamiento. Al momento eso estaría afectando el normal desenvolvimiento de los procesos que incluso están programados hasta la gestión 2016.
“Si antes existía un colapso de casos, con este descongestionamiento sin duda que aumentará. Para no tropezar con estos problemas debemos tener más jueces técnicos e incluso más Tribunales—dijo Farfán--. Debemos indicar que los juicios que están programados y conformados por jueces ciudadanos están avanzando, pero no así los nuevos juicios que deben ser con jueces técnicos”.
En una entrevista con el PAIS EN, el vocal Félix Ernesto Mur, indicó que la nueva medida agilizará todos los juicios en curso. El eliminarse las audiencias conclusivas servirá para alcanzar el objetivo, todo dependerá de agilizar las designaciones de otro juez técnico.

Cusi pide veedores para su juicio en el Senado

El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, manifestó que no confía en la imparcialidad de los senadores del Congreso y por eso invitó a organismos internacionales para que sean veedores en el juicio de responsabilidades en su contra, fijado para el 4 de diciembre.

Cusi explicó que invitó a organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y organizaciones de derechos humanos en calidad de observadores con el objetivo de buscar garantizar sus derechos, que según el magistrado, en todas las etapas fueron vulneradas.

“Más que un juicio procesal o judicial, técnicamente hablando, es un juicio político y lamentablemente hay cuestiones de carácter personal, cálculo político y el afán de mantearse en el poder de Morales”, expresó Cusi en una entrevista en el en canal Unitel.

Cusi lamentó estar en desventaja porque consideró que el juez está parcializado con el Gobierno y manifestó no tener confianza en la Cámara de Senadores.

“Los verdaderos jueces en este caso son el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera y lo único que hacen los senadores es acatar órdenes”, afirmó.

Ley de Notariado

Los magistrados Rosario Chánez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi son acusados de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes.

Las acusaciones contra los magistrados son por haber declarado inconstitucional partes de la Ley del Notariado. Según la Cámara de Senadores, la ciudadanía fue gravemente perjudicada por casi dos meses a consecuencia de esa medida.

Sunday, November 23, 2014

Tribunal Constitucional pagará a 14 estudiantes investigadores

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de un convenio con la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales dependiente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) asumirá el pago de un aporte de 1.400 bolivianos mensuales, para cada uno de los 14 estudiantes de dicha unidad facultativa que tendrán la única labor de investigar a cerca de la justicia originaria campesina.

Ayer por la mañana se hizo oficial la firma del convenio presentando a los beneficiarios, ocho de la carrera de Derecho, cuatro de Comunicación Social y dos de Antropología, en el despacho del decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Martínez quien detalló que este documento al menos tiene una vigencia de ocho meses inicialmente.

"Estos dos grupos multidisciplinarios tiene la misión de hacer una investigación sobre lo que es la justicia originaria campesina que les va a permitir a los estudiantes en la investigación, demostrar muchos factores de lo que significa los lados positivos y negativos de este proceso y principalmente el tema de que ese aporte de aquí a los ocho meses va a servir al Tribunal Constitucional como un elemento más del diagnóstico y de los factores que puedan utilizar para mejorar la administración de justicia en nuestro país", afirmó.

La labor de los estudiantes comienza mañana y durará ocho meses según establece el documento que también indica que los universitarios se beneficiarán por dos lados, el primero, que recibirán la remuneración mensual de los 1.400 bolivianos y, segundo, que la universidad les tomará un examen de informe de todas las actividades y la forma en la que hicieron la investigación para otorgarles los títulos que corresponde tanto de comunicador, antropólogo o abogado.



BENEFICIARIOS

La nómina remitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional firmada por su presidente Efren Choque Capuma y por los tres miembros de la comisión técnica de revisión de documentación, Freddy Siles, Petronilo Flores y Mary Beth Gallardo es la siguiente.

Primer grupo multidisciplinario; carrera de Derecho: Aleida Lucas Choque, Onat Cortez Carrillo, Mariel Payllo Viricochea y Leidy Vela Colque; carrera de Comunicación Social: Ivett Nogales Irahola y Ramiro Colque Gonzales y de Antropología: Boris Mamani Bueno.

El segundo equipo multidisciplinario está integrado por los estudiantes de Derecho: Judith Crespo Aguilar, Hugo Ledezma Espinoza, Ilay Jiménez Torrico y Germán Sansuste Sarsuri; por Comunicación Social son: Madelem López Fernández y Jorge Chambi Olivera; por Antropología: Mayra Aranibar Choque.

Saturday, November 22, 2014

El 4 de diciembre empieza el juicio contra 3 jueces del TCP



La Cámara de Senadores resolvió iniciar el 4 de diciembre el juicio de responsabilidades en contra de los tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), litigio que se realizará de forma continua, según el titular de esa instancia legislativa, Eugenio Rojas.

El proceso contra los titulares del TCP Rosario Chánez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi se impulsó porque admitieron un recurso de inconstitucionalidad que paralizó la Ley del Notariado. Se los acusó de cometer los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes.

“Hemos citado (al pleno) para el 4 de diciembre, a las 08.30, para iniciar el juicio de responsabilidades, por lo que (ahora) nos toca notificar a los magistrados (implicados)”, informó Rojas en una conferencia de prensa.

Procedimiento. Aseguró que dentro de la norma se establece que el proceso debe realizarse de manera continua. Una vez que se inicia la causa, ésta debe ser concluida. Rojas explicó que el Tribunal de Sentencia se reunió ayer y éste determinó, según el procedimiento legal, que en primera instancia la próxima semana se notifique a los tres acusados, luego al Ministerio Público y después a los testigos presentados en el caso.

El martes, el magistrado Cusi hizo conocer, tras presentar sus alegatos y descargos ante la Asamblea Legislativa, que presentó una nómina de más de 300 personas como testigos para el juicio de responsabilidades en su contra. Además, informó que dentro de la lista de testigos están el vicepresidente Álvaro García y la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.

Rodolfo Calle (MAS), titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, descalificó la cantidad de testigos presentados por parte de los magistrados, ya que, dice, solo tiene el objetivo de dilatar el proceso que la Asamblea Legislativa les instaurará.

En el tiempo aproximado que podría durar el proceso, Rojas advirtió que lo primero que se debe garantizar es el inicio del proceso, ya que aún no se puede prever cuándo podría terminar el juicio. Tampoco quiso emitir criterio sobre si la causa concluiría en esta gestión legislativa.

El Senado terminará su gestión el 22 de enero, un mes y medio después de que inicie el juicio. Al respecto, el asambleísta Efraín Condori (MAS) señaló que la intención del tribunal es avanzar, aunque admitió que hay una preocupación por el poco tiempo, según un reporte de la red Erbol.

El jueves, la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que actúa como Ministerio Público en el juicio de responsabilidades contra los tres tribunos suspendidos, pedirá la pena máxima de diez años de reclusión para estas autoridades judiciales, anunció el presidente de esa instancia legislativa, Juan Carlos Cejas.

Añadió que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el juicio será oral, público y contradictorio. También dentro de la secuencia procesal, la primera instancia será resolver las excusas o recusaciones. Posteriormente se dará lectura íntegra a la acusación para luego dar paso al Ministerio Público.

Invitan a organismos

Proceso

El jueves, el magistrado suspendido del TCP Gualberto Cusi anunció que solicitó la presencia de organismos internacionales en el juicio de responsabilidades, para que observen su desarrollo.

Jueces se capacitan en manejo de herramientas de conciliación

En el marco del nuevo Código de Procedimiento Civil que entrará en vigencia en agosto del 2015, ayer culminó el curso "Conciliación en sede judicial" a través del cual se capacitó a los jueces y vocales en el manejo de técnicas y herramientas de conciliación. Este curso se desarrolló bajo el convenio entre la Fundación UNIR Bolivia y la Escuela de Jueces del Estado.

La conflictóloga de la Fundación UNIR, Griselda Torrico explicó que el curso fue diseñado por dicha entidad, considerando que la próxima gestión entrará en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Civil, por lo cual es importante capacitar sobre la figura de conciliación, puesto que esta norma contempla la conciliación antes de iniciar el proceso y en el desarrollo del mismo.

Indicó que el propósito del curso es que los jueces puedan manejar técnicas y herramientas de conciliación como prevé la ley, antes del proceso y si las partes del conflicto deciden también dentro del proceso.

Mencionó que este curso está diseñado con una metodología del 80% práctico, por ello se realizarán ejercicios sobre el manejo de técnicas de comunicación para llegar a la conciliación, que permitirá diseñar preguntas en el proceso de conciliación.

Señalo que el anterior código no preveía esta figura, pero en Bolivia se trabaja conciliando a partir de la Ley 025 del Órgano Judicial, no obstante con el nuevo código se podrá realizar la conciliación antes del proceso, además habrá conciliadores, que serán profesionales expertos en manejar conflictos.

Indicó que la norma establece que casos pueden conciliarse, puesto que esta figura no se aplica en todos los procesos.

Explicó que la conciliación involucra que las personas que tengan algún conflicto puedan presentarse y solicitar por medio de esta técnica la presencia de un conciliador que utilice técnicas de comunicación, escuche y pueda brindar solución al conflicto.

Friday, November 21, 2014

Senado fija para el 4 de diciembre inicio de juicio a tres magistrados

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó hoy que el Tribunal de Sentencia de esa instancia legislativa fijó para el 4 de diciembre el inicio del juicio de responsabilidades a los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Rosario Chanez del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la suspensión de la Ley del Notariado.

"Lo que estamos haciendo es sacar un auto para fijar el día y la hora de inicio de juicio, hemos fijado para el día 4 de diciembre, jueves 4 de diciembre a horas 8:30 (de la mañana) el inicio de juicio", explicó en conferencia de prensa.

El Legislador anunció que la próxima semana se notificará "personalmente" a los magistrados, al Ministerio Público y a todas aquellas personas que son parte de ese proceso que sigue la Asamblea Legislativa.

"Ojalá que estén presenten los magistrados con sus abogados y el Ministerio Público para iniciar el juicio que hemos fijado el jueves 4 de diciembre, se va controlar la asistencia", indicó.

Además, dijo que será un juicio continuo, tomando en cuenta que no se tiene fecha para culminar ese proceso. Los magistrados del TCP, Cusi, Velásquez y Chanez enfrentan un proceso que inició la Asamblea Legislativa el 29 de julio por declarar inconstitucionales partes de la Ley del Notariado.

En la víspera, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Calle, aseguró que la Cámara Baja exigirá la pena máxima para los tres juristas que son procesados por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes.

"Nosotros vamos a estar presentes cuando nos convoquen en el juicio de responsabilidades, de acuerdo a ley, la comisión de justicia es quien funge como Ministerio Público, vamos a sustentar la acusación que hemos presentado vamos a presentar las pruebas y vamos a pedir la pena máxima para los magistrados, lo que dice el código penal, es decir que estamos pidiendo 10 años de reclusión", respaldó.

PIDEN 10 AÑOS DE CÁRCEL PARA MAGISTRADOS

La Cámara de Diputados de Bolivia anunció que pedirá diez años de prisión para tres magistrados del Tribunal Constitucional, en el juicio político que sigue el Senado a esas autoridades judiciales por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricación e incumplimiento de deberes.

Los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velázquez y Rosario Chánez están acusados por el Gobierno de dejar en suspenso la Ley del Notariado Plurinacional sin haber emitido previamente una sentencia como exige la normativa vigente.

Esto, según el Ejecutivo, creó un precedente que afectará la seguridad jurídica y económica del país.

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que ejerce como Ministerio Público en el juicio de responsabilidades abierto en el Legislativo contra los tres jueces, informó, en un comunicado de que pedirá la pena máxima de diez años de reclusión para los acusados.

El diputado oficialista Juan Carlos Cejas, que preside dicha Comisión, dijo que hoy se determinará cuándo se iniciará el proceso político, que ya ha sido pospuesto en dos ocasiones y tendrá lugar ante la Cámara de Senadores.

el caso, La Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, aprobó en julio pasado la suspensión de Chanez y Velázquez y su enjuiciamiento por los supuestos delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes". Posteriormente también imputó al magistrado Cusi, que inicialmente no fue incluido porque estaba enfermo.

Cuatro senadores opositores han denunciado por acoso político ante la Fiscalía a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados que aprobó el juicio. EFE

Thursday, November 20, 2014

La Sala Plena del TSJ define la situación de Fidel Tordoya



La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prevé definir hoy el futuro del magistrado Fidel Tordoya, quien ayer volvió a pedir a sus colegas que consideren las dos cartas enviadas por él, en las que primero dimite y después se retracta.

El decano del TSJ, Rómulo Calle, confirmó que la Sala Plena ha sido convocada para las 16.00, con el objetivo de considerar las dos cartas enviadas por su colega Tordoya. Además, dijo que tomarán una posición respecto a la decisión asumida por el Tribunal Supremo Electoral, en sentido de que esa instancia no tiene competencia para aceptar o rechazar la renuncia de un magistrado.

Tordoya, en su declaración de ayer, señaló que respetará cualquier decisión que asuma la Sala Plena del TSJ. El 12 de noviembre, Tordoya decidió renunciar a su cargo de magistrado del TSJ. Argumentó problemas de salud, pero tres horas después desistió de su decisión inicial. Desde esa fecha, el magistrado está a la espera de una decisión sobre su caso.

Tordoya volvió a pedir a sus colegas de Sala Plena que consideren las dos misivas que fueron enviadas por él, que “oficiosamente” fueron enviadas por el presidente del TSJ, Jorge von Borries, el mismo día de la presentación, al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa.

En su criterio, la Sala Plena del TSE no admitió su renuncia porque no se presentó con las formalidades de ley, es decir que personalmente no presentó su dimisión ante esa instancia. Es una carta que nunca “se ha presentado con formalidades”, agregó.

Pese a que Von Borries señaló la pasada semana que su colega Tordoya ya no conoce causas nuevas, el magistrado afectado dijo lo contrario y afirmó que todavía redacta resoluciones y sentencias y que trabaja de manera normal hasta conocer una decisión final de sus colegas.

Tordoya fue elegido ministro del TSJ por voto directo con el 42,29% de votos en el departamento de Cochabamba, en las elecciones de 2011. Tiene 31 años, es abogado titulado en la Universidad Mayor de San Simón, con posgrados en Derecho Privado y Educación Superior. Fue asesor legal de una empresa constructora, de la Central Sindical Única de Campesinos de Quillacollo y también consejero externo de la Alcaldía de Quillacollo.

Según Calle, jueces del TCP buscan dilatar juicio



El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), afirmó que la presentación de más de 300 testigos por parte de los tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que serán sometidos a un juicio de responsabilidades, solo tiene el objetivo de dilatar el proceso en su contra.

El miércoles, el magistrado Gualberto Cusi informó que presentó una lista de al menos 300 personas de testigos, para el proceso que inició la Asamblea Legislativa en contra de él y de sus colegas Rosario Chánez y Ligia Velásquez, por admitir una acción inconstitucional que paralizó la Ley del Notariado.

“Están en todo su derecho para presentar cuantos testigos crean necesario, pero cuando presentan ya más de 300 testigos, es una muestra de que esto es una chicana barata, quieren hacer con esto para que se dilate el proceso”, sostuvo el asambleísta Calle.

Explicó que con la dilación que quieren hacer, buscan que concluya la actual gestión legislativa y, así, se paralice la causa, para que al final la nueva Asamblea vea el proceso. Cusi afirmó que la presentación de testigos es un derecho para demostrar la verdad, ya que si hay dilación, será culpa del Tribunal de Sentencia por su falta de organización.

“Se invitó a organismos internacionales, como al delegado en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, para que verifique la vulneración que hay”, dijo.

Wednesday, November 19, 2014

Cusi cita a García y Gutiérrez de testigos



Los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi, pedirán que el vicepresidente Álvaro García y la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, sean parte de los testigos en el juicio de responsabilidades que les seguirá el Senado. Los tres son procesados por admitir una acción que frenó la Ley del Notariado.

Guido Melgar, abogado de Cusi, presentó junto a su defendido los alegatos y requisitos, entre los cuales está la nómina de al menos 30 testigos. “Están como testigos los cinco magistrados actuales, el personal que trabaja en la Comisión de Admisión, también la Ministra de Justicia, las dos notarias que se querellaron y el Vicepresidente”, detalló Melgar.

Consejo nombra a 75 jueces técnicos



El Órgano Judicial determinó reducir en 10% los cargos administrativos para crear 105 nuevos ítems para jueces, de los cuales 75 serán destinados a los juzgados de Sentencia creados por la norma para descongestionar procesos penales.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó que en la última sala plena de esa institución se designó a 75 abogados, quienes ahora deberán realizar los trámites administrativos para que asuman los cargos de manera inmediata.

Mamani explicó que los 75 abogados designados resultaron de una lista que tenía elaborada el Consejo de la Magistratura, pero previamente esos profesionales fueron calificados por sus méritos y exámenes de competencia.

El consejero Wílbert Choque señaló que, en total para 2015, se crearán 105 nuevos ítems para jueces y otros 150 destinados a cargos para personal de apoyo jurisdiccional, tras una decisión institucional asumida entre el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y la Dirección Administrativa y Financiera (DAF).

Según Choque, los recursos provienen del incremento de las recaudaciones de la oficina de Derechos Reales en el eje central del país, gracias a su mejor administración y en la reducción en 10% del personal administrativo del Órgano Judicial.

En el caso de los 75 nuevos jueces, en diciembre se les pagará bajo la modalidad de contrato. Choque aclaró que en 2015 ingresarán a la planilla oficial para recibir todos los beneficios de ley. La contratación de este personal demandará Bs 7 millones por año.

Tanto Mamani como Choque coincidieron en afirmar que solicitarán al Tesoro General de la Nación (TGN) una mayor asignación presupuestaria para la gestión 2015. También señalaron que el dinero requerido les servirá para crear más juzgados y combatir la retardación de justicia en los juzgados habilitados en el país.

Declaran silencio judicial en caso Alexander

El caso Alexander fue declarado “en reserva” por 10 días, por determinación de la Juez Segundo de Instrucción Penal, informó la fiscal Edna Montoya, miembro de la comisión del Ministerio Público, que tiene a su cargo la investigación sobre el deceso del bebé de ocho meses ocurrido el pasado jueves.

“Conforme al artículo 281 del Código Penal, el caso se está relvando con reserva de las actuaciones por 10 días”, manifestó Montoya, quien no quiso emitir más declaraciones al respecto.

Ante la incertidumbre sobre si hubo o no violación, se dispuso ayer que el cuerpo del menor sea exhumado y sometido a una necropsia, cuyo resultado servirá para conocer otros detalles sobre su deceso.

En cuanto a la labor de la Fiscalía, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, indicó que “hay una debilidad institucional del Ministerio Público y en la actuación de investigadores, de fiscales y eso contamina la posibilidad de identificar a los autores intelectuales y directos”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena pidió a quienes están interesados en el tema que se abstengan de emitir declaraciones “irresponsables” porque ponen en riesgo que la prueba sea contaminada.

Otra de las acciones asumidas para conocer la verdad de lo ocurrido en torno al deceso del menor, ayer se llevó adelante el informe oral de los directores del Servicio Departamental de Gestión Social, los hospitales del Niño y Juan XXIII.

Para algunos asambleístas el informe fue confuso ya que los representantes de las instituciones que se presentaron para emitir el informe muchos testimonios no coinciden con lo que verídicamente ocurrió.

Ante esa situación, la Asamblea designó una comisión especial, conformada por ocho personas; mismas que verificarán el proceso administrativo iniciado por la Gobernación paceña, los informes de jueces y fiscales; asimismo se encargarán de exigir la celeridad de las investigaciones en el Hogar Virgen de Fátima.

Por un informe de la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Agustina Quispe, dijo que desde el lunes se puso en funcionamiento las cámaras de seguridad en dicho hogar de niños para ejercer el respectivo control.

Tuesday, November 18, 2014

Justicia devolvió el millón de dólares arrojado desde una avioneta



El millón de dólares arrojado hace un año desde un avión y secuestrado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) fue devuelto a personas que lo reclamaron, ante vacíos jurídicos y falta de una normativa clara, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres. Dijo que, en general, el 70% de lo que se incauta es devuelto por la Justicia.

En octubre de 2013 fue lanzada desde una avioneta en vuelo una bolsa con dinero, presuntamente de una banda de narcotraficantes, en la localidad Pozo del Tigre en Santa Cruz, en el límite fronterizo con Brasil. La bolsa contenía 26 paquetes de dinero de diferentes cortes con un valor total de 1.000.080 dólares.

“Se incautó este dinero, pero lastimosamente estos dineros han sido devueltos. Ha habido personas que dicen que estaba ahí su camioneta, que no era lanzada (la bolsa) desde la avioneta. Buscan mil formas de cómo distraer este tema”, explicó la autoridad durante una entrevista con la estatal Patria Nueva.

Cáceres lamentó que la Justicia y el Ministerio Público “no cooperen en nada” y abogó por la pronta vigencia de la Ley de Extinción de Bienes.

“ Con la ley de Extinción de Dominio, una muestra así (dinero) en 45 días se monetiza y esos dineros fortalecerían la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo.

En octubre de 2013, según informe de la FELCN, una patrulla visualizó a una persona en medio de un sembradío de la localidad Pozo del Tigre en Santa Cruz, que hacía señas a una avioneta de color blanco con rayas celestes. Desde el interior se arrojó una bolsa blanca que contenía 26 paquetes de dinero de diferentes cortes, con un valor de 1.000.080 de dólares.

Algunos fajos de dinero tenían el sello de un banco paraguayo y de la empresa de transporte de remesas Prosegur. Además fueron secuestrados dos vehículos, una escopeta, un rifle de salón, una ametralladora automática y tres celulares.

Cusi pide 10 testigos y peritos en el juicio a 3 jueces del TCP



Abogados de Gualberto Cusi, magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), solicitarán al menos 10 testigos y peritos para demostrar la inocencia de su cliente en el juicio de responsabilidades previsto para el 21 de noviembre.

El proceso también se dará en contra de las magistradas Rosario Chánez y Ligia Velásquez. Los tres están acusados de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes por haber admitido una denuncia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley del Notariado.

Jorge Quiroz, uno de los tres defensores de Cusi, informó a este diario que hoy presentará ante la Asamblea Legislativa las pruebas de descargo de su defendido mediante un memorial. “Lo más sobresaliente que tendremos en el documento son las pruebas testificales que presentaremos de las personas que trabajan en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), vamos a proponer testigos y vamos a proponer documentos como pruebas. Solicitaremos al menos diez testigos”, sostuvo Quiroz.

Remarcó que también dentro del memorial está la presencia de peritos internacionales, aunque no precisó los nombres ni el número de expertos que traerán para el juicio de responsabilidades.

“Los especialistas vienen para hacer un peritaje en torno a cómo se hizo el trámite (de admisión del recurso de inconstitucionalidad) y por qué se emitió los dos autos, por lo que ellos buscarán destruir la acusación de asambleístas del oficialismo que indican que hubo delitos con las decisiones de los magistrados”, explicó el jurista. Agregó que una de las magistradas presentará 341 testigos.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, René Martínez, indicó ayer que el proceso contra los tres magistrados suspendidos se iniciará este viernes y que el juicio de responsabilidades será público. Aseguró que las personas que quieran podrán presenciar este acto.

“Tenemos una convocatoria para el 21 de noviembre, en donde el Tribunal de Sentencia sesionará para dar prosecución de reinstalación de la sesión y apertura del juicio de responsabilidades”, declaró Martínez. Añadió que en el proceso deben estar los tres magistrados suspendidos, junto a sus abogados, ya que les conviene estar presentes para dar parte de su propia versión de los hechos.

Ministra de Justicia Directora de Sedeges “debe renunciar por ética”

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, demandó ayer la renuncia de la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación del Departamento “por ética”, luego del deceso de Alexander de ocho meses, ocurrido el pasado jueves, en circunstancias que aún se investigan.

Sin embargo aclaró que la designación de esta funcionaria le corresponde a la Gobernación del departamento.

La aseveración la hizo en tono molesto y observó que hasta la fecha no se tenga un informe concreto sobre el lugar donde se produjo este hecho. “(No se sabe) si fue en el Hogar o en el transcurso hacia el Hospital del Niño, o si fue cuando se estaba realizando su traslado a otro Hospital”, dijo.

La autoridad dejó abierta las interrogantes de saber cómo la enfermera que acompañó a la criatura no se percató de la lesión que tenía y sólo adujo, por intermedio de su abogado, que al llegar al Hospital del Niño se encontraba sin signos vitales.

En cuanto a la posible violación la autoridad observó las contradicciones que existen en referencia a la versión que manifiesta el Ministerio Público en sentido de que pudo ser por un objeto duro o un miembro viril.

“No vamos a esperar que este caso transcurra meses o años para saber quién es, fue uno o dos implicados en este tema”, afirmó.

En cuanto al proceso de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, la ministra Gutiérrez dijo que espera contar con el cuaderno de investigación para observar qué elementos se han dejado de lado, porque reiteró que la imputación en contra de los sindicados “no está muy clara” en especial contra quienes se encuentran en calidad de arresto domiciliario, porque el delito de complicidad no pasa más de dos años de reclusión y la juez no podía asumir una determinación que vulnere el debido proceso.

“Aquí no se va a perdonar absolutamente a nadie, esto no se va politizar, quien caiga será aplacado con todo el peso de la ley”, dijo al mencionar que se ha solicitado una valoración forense a todos los niños en todos los centros del país. “Espero que este sea el último caso que suceda en el país”.

En conferencia de prensa, otorgada por la asesora legal del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Karen Pereira, la administradora del Hogar Virgen de Fátima, Celia Agramont, y la representante de médicos de la misma institución, Bonie Arevillca Molina, brindaron un informe para esclarecer a la sociedad y opinión pública que el niño Óscar Alexander no ha sufrido ningún vejamen ni maltrato en el Hogar Virgen de Fátima.

“El menor fue llevado al hospital con signos vitales bajos producto de un cuadro de bronco aspiración, se tiene un documento emitido por el Hospital del Niño ‘Ovidio Aliaga’ en el que se puede verificar que al menor le tomaron la temperatura vía rectal y no hay especificaciones de signos de maltrato”, indicaron.

A través de la imputación formal que dictó la Comisión de Fiscales se esclarece en su punto segundo que el niño Alexander llegó al nosocomio sin signos de violencia, aspecto corroborado por el propio médico que lo atendió.

Como resultado de audiencia cautelar la educadora Madeleine Paola P. Ch., y las enfermeras Naty Ch. B. y Martha T. A. fueron detenidas preventivamente la primera en el centro de Qalahuma y las otras en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y Obrajes respectivamente, por habérseles encontrado suficientes indicios de responsabilidad en la muerte de Alexander de ocho meses, ocurrido la noche del jueves.

OBSERVACIONES

Tras conocido este hecho, representantes de las enfermeras detenidas preventivamente salieron a rechazar la decisión judicial indicando que las sindicadas no tienen responsabilidad en el deceso de esa criatura.

De la misma manera los familiares de la educadora se apostaron en puertas del Palacio de Justicia para demandar ecuanimidad en la investigación.

Con llanto incontrolable, la madre de la joven Madeleine, dijo que su hija era inocente y que no hacía mucho tiempo que había ingresado a trabajar en esa institución. Se conoció que la joven estaba reemplazando a la titular que se encuentra con baja médica por embarazo.

Al respecto el abogado de la joven, Efraín Chacón, sostuvo que su defendida no tuvo participación directa en el deceso del niño. “Es una gran injusticia que se mande detenida a una persona inocente y se trata de conocer la verdad y no utilizar a chivos expiatorios para justificar el caso”, expresó.

Además reveló que el día que ocurrió los hechos los médicos que atienen a los niños no fueron a trabajar, al igual que el portero.

Motivo por el cual se solicitará un informe, asimismo, anunció que se querellarán contra la directora del Sedeges y la responsable del Hogar Virgen de Fátima. “Lamentamos que las autoridades del Ministerio Público no hayan podido establecer la autoría de la muerte del niño”.

En esa misma línea, Paola Barriga, abogada de uno de los médicos que se encuentran con detención domiciliaria, dijo que tras una lectura de la imputación formal de la “investigación” realizada por el Ministerio Publico, evidenció “con indignación” un gran vacío en la investigación criminal, porque en su criterio el Ministerio Público imputa a los médicos que atendieron al niño cuando este llegó al hospital con un paro cardiorespiratorio, producto de violencia sexual y no a todo el personal del hogar de niños Virgen de Fátima.

Monday, November 17, 2014

Video La Ministra de Justicia dijo que fue pésima la investigación de la Fiscalía por la muerte del bebé

Refuerzan el equipo de fiscales para investigar el caso del bebé Alexander



El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, anunció esta mañana que el Ministerio Público decidió reforzar el equipo de fiscales asignados en La Paz a la investigación del caso de violación y posterior muerte del bebé de ocho meses Alexander Choque.

Hizo el anuncio poco después que la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, abriera la posibilidad de iniciar un proceso contra los cuatro fiscales que trabajan en el caso por la “negligencia” que demostraron hasta ahora en su trabajo.

“Hemos decidido enviar a dos directores de la Fiscalía General para que puedan estar conjuntamente este equipo de fiscales y forenses”, anunció Guerrero en Sucre, durante una conferencia de prensa en la que informó sobre el trabajo que realiza la comisión de fiscales y anunció una reconstrucción de los hechos para esta semana.

La comisión de fiscales, encabezada por Lizeth Zarco, imputó el fin de semana a siete personas en este caso, a tres por infanticidio y a cuatro por encubrimiento. Para la ministra Gutiérrez este trabajo fue “una lágrima”, ya que pasó por alto muchas evidencias.

Los fiscales visitaron esta mañana el Hospital del Niño, donde los funcionarios se declararon en emergencia e iniciaron un paro indefinido para solicitar la liberación de sus compañeras de trabajo Naty Ch. B. y Martha T. A., detenidas preventivamente por sospecha de infanticidio.

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, también visitó el centro hospitalario y fue retenido por unos minutos por los trabajadores movilizados.

Gutiérrez, quien consideró que todos los acusados debieron ser imputados por delitos que permitan su detención preventiva hasta llegar a establecer con claridad su participación en el caso. Hasta ahora- lamentó- no se conoce dónde ocurrió la violación del menor y “hay mucha susceptibilidad”.

“Aquí ha habido una nefasta investigación”, cuestionó y añadió: “No descartamos absolutamente nada de que podamos nosotros iniciar alguna acciones contra estos fiscales, una vez analizadas todas las actuaciones que han realizado. A simple vista podemos ver que ha habido mucha negligencia de los fiscales”.

Gobierno ve “negligencia” en labor fiscal sobre muerte de bebé y abre posibilidad de procesos

El Gobierno calificó hoy como “negligente” la pesquisa e imputación presentada por la comisión de fiscales en el caso de la violación y posterior muerte del bebé de ocho meses que era acogido en el hogar Virgen de Fátima, por lo que abrió la posibilidad de seguir un proceso en contra de esas autoridades judiciales una vez que se revise su actuación en el proceso. Además, anunció una inspección a todos los centros de acogida de Bolivia.

La posición la hizo conocer la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien consideró que todos los acusados debieron ser imputados por delitos que permitan su detención preventiva hasta llegar a establecer con claridad su participación en el caso. Hasta ahora- lamentó- no se conoce dónde ocurrió la violación del menor y “hay mucha susceptibilidad”.

“Esta imputación es una lágrima realmente, es una lágrima”, insistió en la autoridad durante una entrevista con la red Uno. “Son muchas falencias, mucha dejadez en cuanto a la investigación, en cuanto a la imputación presentada, eso es lo que nos llama mucho lo atención”, afirmó.

Lizeth Zarco lidera la comisión de cuatro fiscales encargada de investigar lo sucedido con el bebé Óscar Alexander Choque Villanueva. El jueves 13 de noviembre el menor fue llevado con un cuadro complicado del hogar de acogida Virgen de Fátima al Hospital del Niño, donde fueron, según los galenos, repuestos sus signos vitales y luego trasladado al hospital Juan XXIII por falta de espacio para para atender ese tipo de casos.

Las enfermeras Naty Ch. B. y Martha T. A. son las principales sospechosas del fallecimiento del bebé, según se desprende del requerimiento de imputación formal que elaboró la comisión de cuatro fiscales. El sábado, de diez aprehendidos, siete fueron imputados y la jueza Lía Cardoso dispuso medidas cautelares para ellos. A las dos enfermeras y a la madre sustituta Madeleine Paola P. Ch. se les acusa de infanticidio, aunque con diferente grado de responsabilidad, y la jueza ordenó su detención preventiva.

La enfermera Isabel C. C., la médica Sandra D. M. C., el estudiante Darío R. T. y el médico José L. D. A. son acusadas por encubrimiento y fue ordenada su detención domiciliaria. El hecho conmocionó a la sociedad.

Gutiérrez sostuvo hoy que no es comprensible que hasta el momento no se haya determinado dónde fue cometido el abuso o que el informe médico forense no defina con claridad lo ocurrido. Luego advirtió con un proceso en contra la comisión de fiscales sobre la base de una revisión del cuaderno de investigaciones.

“Aquí ha habido una nefasta investigación”, cuestionó y añadió: “No descartamos absolutamente nada de que podamos nosotros iniciar alguna acciones contra estos fiscales, una vez analizadas todas las actuaciones que han realizado. A simple vista podemos ver que ha habido mucha negligencia de los fiscales”.

La ministra anunció una inspección a los diferentes albergues dependientes de Gobernaciones y Alcaldías de Bolivia.

Juicio a magistrados del TCP se define el 21

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, anunció que el 21 de noviembre, el Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores se reuniría para fijar la fecha y hora del inicio de juicio contra los tres magistrados procesados del Tribunal Constitucional Plurinacional: Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Rosario Chánez.
“Nosotros hemos notificado a Gualberto Cusi; el plazo para que presente sus descargos, a partir del día de notificación, concluye el día 19, a partir de eso nosotros tenemos un día para convocar al Tribunal de Sentencia para fijar el día y la hora de audiencia, posiblemente sería el día 21 que podamos instalar la sesión para fijar hora y día del juicio, después debemos notificar a los tres magistrados y al Ministerio Público”, explicó el legislador, según un boletín de prensa institucional emitido recientemente.
Ante la consulta de medios de comunicación, el tercer hombre del país indicó que procesar a los tres magistrados de forma separada hubiese sido un error, en cumplimiento al artículo 45 del Código Procesal Penal.
“Gualberto Cusi en su momento se enfermó y la Cámara de Diputados respetó sus derechos, además había una resolución judicial para que el proceso se suspenda mientras estaba mal de salud, nosotros estamos marcando lo que dicen nuestras normas”, dijo.
Los magistrados Chánez, Velásquez y Cusi son acusados de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) e incumplimiento de deberes al haber declarado inconstitucional partes de la Ley del Notariado, como efecto, la ciudadanía fue gravemente perjudicada por casi dos meses.

Diputado Calle
Según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, hace días se conoció que los delitos por los que se acusa a los tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tienen una pena de privación de libertad de entre dos y 10 años.

Sunday, November 16, 2014

Magistrados presentarán más de 200 testigos

Más de 200 testigos y asesores extranjeros empleará la defensa de los tres Magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional (TCP), durante el juicio de responsabilidades iniciado por el Legislativo a causa de la suspensión de la Ley del Notariado.

"El proceso esta lleno de vicios de nulidad y por eso estamos pidiendo la intervención de organismos internacionales (...) Presentaremos las pruebas de descargo, tenemos buena cantidad de testigos, serán más de 200, entre ellos funcionarios del Tribunal Constitucional y Diputados", aseveró en entrevista con Radio Fides.

Señaló que se recurrirá a expertos de Costa Rica, Colombia y otros "peritos" especializados en la jurisdicción constitucional. Aseguró que se presentará el miércoles en el Senado para presentar sus descargos, aunque dio por anticipada la sentencia de culpabilidad.

"Recurriremos a todo lo posible para que el juicio sea transparente, nosotros sólo cumplimos lo que dice la Ley (...) Ha ido buscando algunos detalles para alejarme y se aferraron a este tema, sabemos que la sentencia ya esta definida, pero nos defenderemos", aseveró la autoridad suspendida.

Detalló que se reunieron con las otras dos Magistradas procesadas, Zoraide Chanez y Ligia Velásquez. para elaborar una defensa conjunta, tomando en cuenta que una vez presentados los descargos, iniciará el juicio en la Cámara Alta.

Friday, November 14, 2014

Tordoya espera que el TSE decida si aún es magistrado



Fidel Tordoya, magistrado que el miércoles renunció a su cargo y después de tres horas retiró su dimisión, dejó en manos de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) su permanencia como miembro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tordoya justificó su decisión de retirar su renuncia porque consideró que la instancia correcta para presentar su dimisión era la Asamblea Legislativa y la Sala Plena del TSE y no así el TSJ, como lo hizo. Por ese hecho, dijo que le pidió al presidente de esa instancia, Jorge von Borries, que le devuelva su primera carta de renuncia.

“Espero una respuesta oficial a mi nota de retiro de renuncia y también a la anterior nota. No se me responde ni a mi retiro de la carta ni a la renuncia, entonces, no hay una respuesta ni del Tribunal de Justicia ni del Tribunal Electoral, tampoco del Órgano Legislativo”, declaró Tordoya ayer, visiblemente afectado por un problema de salud en la garganta.

Legalidad. Aseguró que será respetuoso de la decisión que se emita en las instituciones correspondientes. Añadió que al no tener respuesta de ninguna de las instancias, él continúa ejerciendo las funciones en el TSJ, aunque reconoció que no ha sido convocado a ninguna sala plena de esa instancia judicial.

En La Paz, la presidenta del TSE, Wilma Velasco, señaló que la instancia no tiene conocimiento del caso, por eso no se pronunciará hasta que haya algo oficial. Tordoya renunció el miércoles al cargo de magistrado del TSJ por tres horas y 20 minutos. A las 08.45 dejó su carta de dimisión, pero después, a las 12.05, decidió retroceder en su decisión.

Este caso provocó la reacción de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes aseguraron que el TSJ entraría en ilegalidades si Tordoya no deja sus funciones porque ya presentó su renuncia irrevocable y solo queda habilitar a su suplente.

“Si se acepta el retorno (de Tordoya) entramos en una anormalidad institucional y lo que tienen que hacer las autoridades es cuidar la imagen de la institución. Se supone que en criterio jurídico a tomado una determinación de carácter irrevocable y hay que actuar con responsabilidad, ya que lo único que queda es señalar el cambio de quién lo sustituirá”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, René Martínez.

Remarcó que la declaración no es solo una apreciación de Martínez, sino que es una interpretación de la Ley 025 del Órgano Judicial, en el que no hay ningún artículo que diga que se puede reincorporar a un magistrado que haya renunciado irrevocablemente.

El presidente del Senado, Eugenio Rojas, criticó la dimisión y el arrepentimiento de Tordoya, ya que ello demuestra una falta de seriedad y profesionalismo. También indicó que ya la renuncia debe ser canalizada a través de la presidencia del TSJ, además debe remitir la información al TSE.

“Es falta de responsabilidad y de ética profesional, ahora lo que procedería, en este momento, es que la Asamblea pida informes al Tribunal Supremo de Justicia, para que explique cuáles son las causas de su renuncia”, indicó Rojas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, afirmó que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia resolver la situación del magistrado Tordoya. “Uno renuncia irrevocablemente y no puede retirar la carta, son las reglas de juego que existen, pero éste es un criterio mío, muy personal”, sustentó el diputado.

El diputado Álex Orozco (CN) anunció que pedirá un informe oral a las autoridades judiciales para que expliquen por qué renuncian y luego se arrepienten. El miércoles, el decano del TSJ, Rómulo Calle, dio a conocer la decisión de su colega Tordoya de dejar el cargo, misma que habría sido sorpresiva para la autoridad.

Magistrado Tordoya admite que se apuró en renunciar

El magistrado Fidel Marcos Tordoya, que renunció el miércoles de forma irrevocable a su cargo en el Tribunal Supremo de Justicia, reapareció ayer para admitir que se ‘precipitó’ en tomar esa medida llevado por su situación crítica de salud que casi le quitó el habla, por eso se retractó y ahora espera respuesta de los órganos Legislativo y Electoral sobre su situación y terminar con la incertidumbre.

“Precipitadamente presenté una nota de renuncia al doctor (Jorge) Von Borries (presidente del TSJ), pero hora y media después retiré mi renuncia, por esa razón sigo ejerciendo funciones; ahora no me responden a ninguna de mis notas (de renuncia y retiro de renuncia)”, señaló.

El magistrado no quiso referirse a su renuncia irrevocable, pero como ninguna de las instancias se pronunció al respecto, dijo que sigue cumpliendo labores para evitar un posible abandono de funciones, aunque no le pasaron causas sorteadas.

Al mediodía, el presidente del TSJ, Jorge von Borries, dijo que no conocía ninguna respuesta del Legislativo ni del Ejecutivo sobre la situación de renuncia de Tordoya, y señaló que la institución continúa con su trabajo y el sorteo de causas es sin la participación del magistrado renunciante.

“Debe haber tranquilidad en la población boliviana, puede renunciar otro magistrado o morirse y no ocurrirá nada con relación al despacho de causas”, aseguró el presidente del Tribuna Supremo de Justicia.
Desde La Paz, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, afirmó que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia resolver la situación del magistrado Tordoya.

“Uno renuncia irrevocablemente y después no puede retirar la carta, son las reglas del juego que existen, pero este es un criterio mío, muy personal. La instancia que tiene que resolver el tema es el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Elío.

A su vez, Von Borries reiteró que la Sala Plena no puede resolver si Tordoya se va o se queda, serán las instancias que lo designaron las que definan su caso. Aclaró que el TSJ no envió el retiro de renuncia al Legislativo ni al Tribunal Supremo Electoral porque el decano Rómulo Calle no siguió los conductos para remitir el documento /WZ

Thursday, November 13, 2014

Expertos aportan con manual jurídico

El libro “Código Procesal Constitucional de Bolivia” (CPC)tiene 822 páginas y pretende constituirse en un manual básico y práctico, pues en éste se condensan miradas académicas a profundidad sobre el Estado y la aplicabilidad de la norma que regula cómo se tramitan los diferentes procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El libro, presentado ayer en el Colegio de Abogados, fue elaborado por el constitucionalista José Antonio Rivera Santiváñez y varios especialistas en el campo jurídico, entre ellos el actual procurador general de Bolivia, Héctor Arce, William Herrera, Mónica Sauma, Aquiles Ricardo Sotillo y Alán Vargas entre otros.

Desde distintos puntos de vista los especialistas escudriñan la influencia del contexto nacional boliviano, la problematización de los escenarios posibles de aplicación y las dificultades que se generan en la aplicación de la norma. También se describen propuestas de solución frente a problemáticas concretas.

“Es un libro que se constituirá en una manual básico de manejo no sólo para los abogados o los estudiantes de derecho, sino para los ciudadanos y ciudadanas que tengan conflictos constitucionales”, dijo Rivera.

El libro es práctico ya que ofrece también en detalle los pasos que tiene que seguir una persona en caso de tener conflictos constitucionales como la vulneración de sus derechos fundamentales o cuando una ley infringe los valores supremos, principios fundamentales proclamados por la Constitución Política del Estado (CPE).

El análisis de los juristas pretende una mejor comprensión, un correcto y adecuado manejo del Código Procesal Constitucional que, reiteró Rivera, regula cómo se tramita, se sustancian los diferentes procesos constitucionales que forman parte del control constitucional para proteger derechos fundamentales. Uno de ellos es la regulación normativa de la acción de constitucionalidad.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL TCP

El constitucionalista José Antonio Rivera dijo que en el libro se encuentran descritas las potestades y las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como corporación, también la de los magistrados como integrantes de esa corporación, por ejemplo se analiza: en qué casos y cómo los magistrados pueden aplicar medidas cautelares para evitar que se produzcan daños irreparables o irremediables por las acciones o decisiones de autoridades públicas, o las leyes o reglamentos que contradicen la CPE, hechos que han motivado el inicio de juicio de responsabilidades a magistrados.

Cuatro jueces del TCP son investigados



Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores, Neldy Andrade, Mirtha Camacho y Macario Laor Cortez se presentaron ayer a declarar ante la Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados. Hoy, el presidente del TCP, Efrén Choque, cerrará esta fase investigativa abierta a raíz de una serie de denuncias contra esas autoridades judiciales.

El diputado Apolinar Rivera confirmó a La Razón que, después de la declaración de Choque prevista para las 09.30 de hoy, los magistrados tienen diez días de plazo para presentar pruebas o documentos que crean conveniente para su respectiva defensa. Luego, esa instancia legislativa tomará una decisión sobre el procesamiento o no de los denunciados con base en certificados acumulados.

La magistrada Mirtha Camacho explicó que las denuncias están relacionadas con algunas resoluciones que aprobaron los magistrados. Concretamente se refirió a la demanda de David Melgar Vargas, que denuncia incumplimiento de plazos procesales. También dijo que tiene otro proceso propuesto por la Federación de Municipalidades de Bolivia por el tema de las cartas orgánicas.

Además, señaló que el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, planteó otra denuncia contra los magistrados. Estas autoridades también son investigadas por haber aprobado la reelección del presidente Evo Morales.

A diferencia de sus dos colegas suspendidas Ligia Velásquez y Rosario Chánez, los magistrados Flores, Andrade, Camacho y Cortez aceptaron presentar su declaración informativa. En el caso de Andrade, ella adelantó que se someterá a cualquier citación porque considera que todos sus actos están enmarcados en las normas bolivianas vigentes.

Ligia Velásquez Castaños Magistrada suspendida del tribunal constitucional plurinaciona

U sted es una de la magistrada procesadas, ¿cómo califica el sistema judicial en Bolivia?

Es buena en esencia, pero los operadores dejan mucho que desear.

¿Y cómo califica a los operadores de justicia?
Los operadores han llevado a la justicia a la perversión absoluta.

¿Lo es con usted?
En este caso, quienes hacen de administradores de justicia han vulnerado absolutamente todos nuestros derechos y garantías, no solamente los que están establecidos en la Constitución, sino los que están en tratados y convenios internacionales.

Han hecho una pantomima de un proceso penal, porque hay que tomar en cuenta que, según la norma, este empieza desde la sindicación en sede administrativa o judicial. Los senadores dicen que el proceso recién comenzará. Eso demuestra que no son la instancia competente. Comenzó desde la denuncia, y ellos no tienen ni idea.

¿En qué medida usted se considera víctima de esta situación de la justicia?
No solamente yo soy víctima, sino todas y todos los ciudadanos que conformamos el Estado lo somos de una desinstitucionalización, de una pérdida del Estado democrático constitucional de derecho, porque la democracia se ha reducido al simple hecho de asistir a votar cada cierto tiempo.

Esa es la expresión mayor de la democracia, y es un concepto cojo, porque esta se debe traducir en el Estado de derecho y eso no pasa actualmente.

¿A qué se refiere?
Hemos aprobado una CPE que fue construida en forma participativa por todos los ciudadanos de este país, y nació de la Asamblea Constituyente en la que los constituyentes recogieron la voz popular a través de encuentros territoriales y audiencias públicas. Esa CPE recogió en el tema de justicia la forma de elección de los magistrados y de autoridades de los tribunales de este país. Y eso no se respeta en este juicio.

La Constitución dice que la facultad de justicia emana del pueblo y se administra por el Tribunal Supremo, los tribunales departamentales y los jueces.

Lo que creó la Ley 044 es una comisión especial, que está prohibida por la CPE, que en el artículo 117 dice que nadie puede ser juzgado por instancias especiales, y eso crea esa ley. Los asambleístas nos quieren convencer de que obedecen los artículos 159 y 160 de la CPE, que deben ser entendidos y analizados en el concepto de la construcción, no aisladamente.

¿Indica que los asambleístas no se pueden atribuir la condición de jueces?
No pueden, ellos son legisladores, están para fiscalizar y sancionar leyes, no para juzgar.

¿Y la Ley del Notariado?
No hicieron la reglamentación, y nunca la hicieron. No es aplicable. Es parte del show.

¿Usted cometió algún delito?
Jamás, aplicamos la ley, y hay que decir que nos juzgan por hacer nuestro trabajo. Los legisladores no conocen ni las leyes que sancionan, y se atribuyen funciones de juzgadores. Son juez y parte, nos procesan por una ley que ellos mismos han sancionado, porque tienen interés directo en esto, y además lo hacen según sus propios intereses, vulnerando la independiencia de poderes