Anulación de la figura de jueces ciudadanos, mayor carga procesal para los jueces técnicos, falta de jueces y recursos económicos, y multa a los abogados son algunas de las observaciones que realizaron abogados después de la promulgación de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal que pretende acabar con la retardación de justicia.
La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, señaló que esta norma es otro desacierto del Gobierno y va en contra del profesional abogado, al restringir el uso de recursos de excusa y recusaciones en un proceso.
"En primer lugar, porque a nadie le pueden procesar por hacer uso de los recursos que a él le franquean; el abogado para defender a su cliente, tiene el derecho a plantear todos los recursos que viera conveniente, los recursos legales, por algo la propia ley, concede esa facultad; en segundo lugar, se está desvirtuando la esencia de lo que era el Código Procesal Penal, que en realidad era un código garantista”, dijo.
La exmagistrada señaló que eliminar la mora procesal no pasa por la promulgación de leyes, sino por la falta de recursos humanos en el Órgano Judicial.
Para Gustavo Camacho, docente de Derecho Penal de la UMSA, la ley es buena pero tiene artículos inconstitucionales y contradictorios que deberían ser revisados, analizados y debatidos. Considera favorable la eliminación de los jueces ciudadanos en los tribunales de sentencia debido a que se convirtieron en una "traba” y "carga” procesal por la imposibilidad de ubicarles, porque no conocían los tecnicismos del sistema penal y eran conducidos por los jueces técnicos.
El abogado Jorge Valda afirma que con la eliminación de la figura de los jueces ciudadanos toda la carga procesal recaerá en los jueces técnicos y esto incrementaría la carga procesal.
El jurista refirió que hay cerca de 300 tribunales de sentencia y habría que contratar otros 300 jueces tomando en cuenta que hay una acefalía de 900 jueces en el Órgano Judicial.
Ante estas observaciones, Valda anunció que la próxima semana, junto a otros abogados, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley.
El jueves, Iván Lima, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, también indicó a Oxigeno.bo que con la promulgación de esta norma "no se resuelven los temas centrales de modernización, gestión procesal, dirección de audiencia”.
Mientras tanto, el Órgano Ejecutivo y parlamentarios del MAS defienden las disposiciones de esta norma que busca agilizar los procesos legales y acabar con la retardación de justicia.
El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Diego Pari, ponderó los esfuerzos del Estado boliviano para el descongestionamiento del sistema judicial.
Detención preventiva
Con la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal se elimina la detención preventiva para aquellas personas acusadas de terrorismo, corrupción y los que atenten contra la seguridad del Estado.
"La detención preventiva será indefinida, ya no será una detención cautelar. Es uno de los puntos más graves de esta ley”, afirmó el abogado Jorge Valda.
Bajo esta nueva figura, ya no existirá la presunción de inocencia y el o los acusados deberán permanecer en celdas indefinidamente mientras dure el proceso, explicó el jurista.
Para el docente penalista Gustavo Camacho hay otros delitos como el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y violación que deberían ser incluidos en la nueva norma con sanciones más drásticas. Por otro lado, hay el riesgo de que existan personas acusadas injustamente de terrorismo, corrupción o de atentar contra la seguridad del Estado sean recluidas y juzgadas como culpables sin derecho a beneficiarse de un recurso. Estarán recluidas indefinidamente.
Fiscales se reunirán para aplicar la nueva ley
El fiscal departamental José Ponce anunció que el próximo martes se realizará una reunión con los fiscales para tomar las previsiones necesarias en la aplicación de la ley de descongestionamiento de carga procesal, promulgada el jueves por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, según la ABI.
"Estamos convocando para el martes a una reunión con fiscales para evaluar los alcances de la Ley 334, de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal para asumir una posición de viabilizar la norma y no esperar la conminatoria del Órgano Judicial”, dijo a los periodistas.
Explicó que esa norma establece que los jueces tienen plazo de 15 días para solicitar a los fiscales departamentales identificar las causas paralizadas por un año o más. Además, concede a los fiscales 25 días para que elaboren una nómina por edicto sobre los procesos paralizados y para que las partes tengan la oportunidad de apersonarse a los juzgados; de lo contrario, esas causas serán archivadas y se extinguirán. En otras causales, dijo que se conminará a los fiscales para que en plazo de 90 días dicten resolución o requerimiento conclusivo, de rechazo, de imputación o de salidas.
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