La Cámara de Diputados aprobó este miércoles a la noche, por mayoría de votos, la modificación a la Ley 044 que intenta salvar al Senado de su responsabilidad de emitir sentencia en materia penal sobre los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional acusados de suspender la Ley del Notariado.
El Proyecto de Ley establece que el Órgano Legislativo puede procesar a los altos magistrados judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en la esfera disciplinaria, cuya máxima sanción es la destitución del cargo y no así la imposición de una privativa de libertad.
"El proyecto establece un proceso sumario que no llega a sentencia con cárcel, que es un asunto que no corresponde a la Asamblea Legislativa. Los temas jurisdiccionales tienen que ser manejados por tribunales especializados como es el Órgano Judicial; de encontrarse indicios de responsabilidad penal o civil, (el caso) será remitido al órgano jurisdiccional pertinente", explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío.
Según la explicación de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, una posible sanción con la destitución del cargo haría perder la investidura de la magistrada o magistrado y, consiguientemente, deberá ser sometido como cualquier ciudadano a la potestad punitiva del Estado en la justicia ordinaria, lo que no significa un doble procesamiento o doble castigo.
La norma se aprueba a poco de instalar el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligia Velásquez, el próximo 4 de diciembre.
Se prevé que el Senado trate este jueves el proyecto de modificación.
Estas tres autoridades suspendidas son acusadas por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que habrían cometido al suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
Especialistas y opositores critican maniobra
La oposición cuestionó que esta modificación se incluya en medio proceso a los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional. El diputado Osney Martínez consideró que "el MAS decidió modificar la ley porque hay temor de que el Estado boliviano pueda perder un juicio internacional".
El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor advirtió que la única manera de cambiar la ley, es reformando la Constitución Política, que ordena al Senado juzgar en materia penal contra altas autoridades de Estado, por "delitos" cometidos en el ejercicio de sus funciones y no por "faltas" administrativas, donde la consecuencia directa y máxima sanción en contra del servidor público es la destitución.
Advirtió que tampoco pueden enviar a los magistrados a juzgados ordinarios porque su juez natural por mandato de la ley, es el Senado Nacional, bajo riesgo de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que en la fase preparatoria la Cámara de Diputados investigó una denuncia penal y no una infracción administrativa.
"Eso sería una barbaridad jurídica, un manoseo de la Constitución y una simple maniobra política para sacarse a los magistrados", manifestó a tiempo de señalar que si aprueban la enmienda, ésta rige para un nuevo juicio y no para el actual ha sido estructurado en base a la ley vigente.
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