Varios procesos penales, civiles y familiares se quedan estancados ante la conclusión de contratos del Consejo de la Magistratura con auxiliares, notificadores y pasantes de los diferentes juzgados a nivel departamental, hecho que preocupa a litigantes.
Además, la abogada Braulia Choque afirmó que sólo el 10% de estos funcionarios trabajan bajo normas éticas mientras el restante “deja mucho que desear”.
Si bien la Ley Orgánica judicial establece sanciones para los notificadores, pasantes y auxiliares que son observados por realizar cobros indebidos, que exigen a los litigantes para cumplir sus funciones, como presentar las carpetas de investigación cuando requieren los implicados, no pedir coimas o pasajes para entregar las notificaciones en los tiempos adecuados a los procesos, en muchos de los casos no son denunciados por temor a represalias.
Para muchos litigantes y abogados, estos niveles que existen en los juzgados, son quienes en un 90% se toman atribuciones por encima de los propios jueces y al tener ellos el acceso a las carpetas de investigación o ser quienes deban notificar a los litigantes implicados en un proceso, “se convierten en pequeños poderes de la obstaculización y retardación de justicia”, observa Barrera.
En más de cinco casos que analiza la profesional en derecho en temáticas penales y familiares, da cuenta que sus litigantes tienen el mayor obstáculo para lograr continuar con el proceso como con los auxiliares y notificadores, quienes no necesariamente son contratados por tener las mejores capacidades legales y humanas, sino por otro tipo de factores inclusive los políticos.
“Si uno quiere denunciarlos porque son los primeros que obstaculizan los procesos judiciales, el procedimiento para la denuncia es un proceso legal y burocrático que se debe hacer con nombre y apellido mediante memorial al Consejo de la Magistratura, pero como ellos no llevan ninguna identificación (marbetes) difícilmente les dan sus nombres o se identifican ellos”, señala Barrera.
En la misma lógica, las mujeres litigantes por los delitos de feminicidio, que solicitan los memoriales de citación a sus victimadores, dan cuenta que los auxiliares, notificadores y pasantes, cuando deben solicitar que notifiquen a los procesados, primero deben pagarles sus pasajes en taxi o radio taxi y aparte deben pagarles por su tiempo utilizado.
“Es grave nosotras debemos pagar taxi de Bs 50, por cada notificación a ello debemos pagarles por su tiempo Bs 80 porque ellos dicen que deben hacer otras tareas en los juzgados y no reciben sueldo y por eso nos exigen plata y si nosotras queremos denunciarlos a ellos, primero que nunca sabemos sus nombres, no están identificados y segundo el juez y las abogadas del juzgado los protegen, es por eso que no podemos hacer nada contra este grupo de personal de los juzgados”, explicó María, nombre ficticio de una de las litigantes que llega por tercera vez al juzgado de familia y no puede notificar al padre de sus cinco hijos porque no hay notificadores y para esperar que se cumpla su requerimiento ella debe tener Bs 130 para cumplir con ese procedimiento.
En un recorrido por los juzgado en la ciudad de El Alto, se evidenció no sólo la ausencia de personal de auxiliares, pasantes y notificadores, sino que en las puertas de cada uno de los juzgados algunos llevan un letrero de “denuncie todo tipo de corrupción”, sin embargo, los litigantes afirman que el cartel no especifica si el litigante tiene tiempo y dinero para hacer la denuncia y dónde la puede realizar.
El Consejo dela Magistratura, al haber concluido los contratos de este tipo de personal que está en los juzgados, habría tomado los exámenes a un nuevo personal que, estarán destinados en los juzgados, de los cuales la comunidad litigante esperan que por lo menos sean honestos, profesionales y humanos.
De acuerdo con 10 litigantes, este tipo de personal que debe estar en los juzgados deberían ser identificado y en dichos tribunales de justicia debería instalarse un Defensor Judicial, donde se pueda hacer las denuncias, contra los malos funcionarios legales, evitando el proceso burocrático que deben emplearse en la ciudad de La Paz.
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