Con las modificaciones a la Ley Nº 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendidos, Soraida Chánez, Gualberto Cusi y Ligia Velásquez, se encuentran en la incertidumbre.
Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, detalló que los cambios a la norma determinan que el Senado Nacional será solamente un tribunal sancionatorio y no de sentencia y que las autoridades del TCP suspendidas pueden elegir la ley con que se inició el proceso o con la nueva para su proceso.
"El Senado ya no emitirá sentencia con la detención con cárcel para los imputados, únicamente se convierte en un proceso sancionatorio que sanciona con la destitución de los cargos pero de haber indicios de responsabilidad civil o penal se deriva (el caso) a la instancia pertinente, al ámbito del Órgano Judicial".
Si lo solicitan los magistrados, recalcó, pueden acogerse a esta norma que tiene características muy importantes, como el ser mucho más benigna que la anterior, porque lamentablemente la anterior era demasiado dura en su contenido, y podrían acogerse a esta siempre y cuando favorezca a los imputados.
No somos jueces técnicos. El Presidente de la Cámara de Diputados justificó los cambios a la Ley Nº 044, en sentido de que los asambleístas no son personal técnico para emitir una sentencia con privación de libertad en contra de las autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional, del Consejo de la Judicatura y del Ministerio Público.
"Nosotros no somos jueces técnicos ni mucho menos, en tal sentido los que tienen emitir este tipo de sentencias son la autoridades del ámbito de la judicatura. Ahora, la Cámara de Diputados emite todo pero con suspensión temporal de los imputados, si el Senado encuentra que no hay indicios, ellos vuelven a sus cargos con las disculpas del caso".
Renuncia y archivo de obrados. La modificación de la norma establece que "la alta autoridad hasta antes de la emisión de la sentencia podrá renunciar a su cargo, ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, ante el pleno de la Cámara de Diputados o ante el tribunal según corresponda, debiendo la instancia correspondiente imponer el archivo de obrados".
Opiniones divididas de los magistrados suspendidos.
La magistrada suspendida Soraida Chánez, entrevistada por radio Compañera, respecto a la posibilidad de que "se archiven los obrados" si renunciara, aseguró que ésa no es una opción.
"No voy a renunciar, voy analizar la norma, pero me parece injusto que se nos melle la dignidad como personas, como profesionales. A nosotros no nos interesa agarrarnos del cargo y es injusto que nos digan ahora de la noche a la mañana, aquí no pasó nada y nos hagan renunciar. La renuncia implica una clara aceptación de que sí hubo un delito".
Por su parte, el magistrado Gualberto Cusi, prefiere esperar a que se promulgue la norma con las modificaciones, antes de emitir un criterio y tomar la decisión de dejar o no el cargo. "No conozco el contenido de la Ley que modifica, por lo tanto me reservo el derecho hasta que salga la ley como tal.Tengo que conocer la Ley, por ahí pone condiciones, entonces prefiero esperar".
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