El juicio a dos magistradas y un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) derivaría supuestamente en un juicio contra el Estado de Bolivia, del que el país saldrá “mal parado”, y que podría incluir el pago de un resarcimiento para los procesados, coincidieron la exmagistrada Silvia Salame, el exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) Víctor Hugo Cárdenas y el abogado Eduardo León, defensor de uno de los acusados.
Los señalados indican que la norma no es retroactiva, excepto casos específicos, entre los que no está el de los magistrados. Cuestionan asimismo la imparcialidad de los jueces por la mayoría oficialista en el Senado, además los procedimientos “que violan la independencia de poderes”.
Coinciden en que el cambio de la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades a la mitad del proceso muestra “la admisión de los excesos que se estaban cometiendo y la clara intención política de descabezar el TCP”.
Hace algo más de 25 días se dio inicio al juicio de responsabilidades que el Legislativo instauró a tres magistrados del TCP: Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi, quienes son acusados de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes, tras determinar la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado.
El tribunal mostró flexibilidad al permitir a cinco testigos por cada magistrado, los cuales se deberán presentar el lunes 5 de enero de 2015, después de las fiestas de fin de año.
La jurista Salame considera que, si este juicio continúa, el Estado deberá enfrentar un proceso internacional del que, a su juicio, saldrá “muy mal parado”. “Los organismos internacionales están observando esto. Yo he recibido consultas hasta de Inglaterra para saber si es verdad lo que está sucediendo en Bolivia. Están sumamente preocupados los organismos internacionales y los juristas a nivel nacional. En este caso lamentablemente se va a dar una sanción al Estado boliviano, porque aquí no es la persona, es el Estado el que no les está dando a estos tres ciudadanos la seguridad jurídica para afrontar un proceso de acuerdo a la norma nacional e internacional”, dijo.
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