Seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oruro son procesados por la supuesta comisión del delito de emitir “resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes”, al haber dispuesto el despido de 18 funcionarios subalternos, sin tener competencia para el efecto.
El fiscal Franz Zulmer Villegas Chávez presentó la denuncia formal en contra de Beatriz Cortés Vásquez, José Luis Choque Nava, Osvaldo Fernández Quispe, Reynaldo Freddy Sangueza Ortuño, Fárida Brígida Velasco Alcóser y Omar Pereyra Moya, vocales del Tribunal Superior de Justicia.
El caso fue considerado insólito, porque es la primera vez que el 99 por ciento de los magistrados de Oruro se encuentran en proceso penal, por haber emitido un auto donde dispone la cesación de los secretarios, “por haber cumplido más de dos años de funciones en los diferentes juzgados del Tribunal de Justicia”.
El caso pasó a poder del juez cuarto de instrucción en lo penal cautelar de turno, Ivan Quezada Hinojosa, para constituirse en director del proceso, durante la etapa de la investigación de los seis magistrados, quienes, a pesar de estar en proceso, continuarán sus funciones en forma normal.
Según los procesados, la resolución de cesación de funciones de los secretarios y actuarios ha sido anulada, en atención a la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero el caso pasó en consulta, “para la restitución de los funcionarios que presentaron el recurso directo de nulidad, pero se debe explicar en qué situación quedarán los que no reclamaron esa situación”.
De la misma forma, se requiere conocer también quién o quiénes tienen que pagar los sueldos de los meses en que fueron suspendidos los funcionarios subalternos y en qué situación quedarán los otros funcionarios que han sido contratados desde mayo del 2014, en reemplazo de los reclamantes.
Por su parte, el juez cuarto de instrucción en lo penal, Sandro Ivan Quezada Hinojosa, advirtió que los magistrados que se encuentran en la etapa de las investigaciones, “tienen diez días para plantear excepciones, todo e cumplimiento a la Ley 586 e Instructivo No. 13/2014 del Tribunal Supremo de Justicia”.
Según la sentencia constitucional, los vocales del Tribunal Superior de Justicia, al emitir un auto de despido de los funcionarios subalternos, han actuado sin competencia, usurpando funciones del Consejo de la Judicatura, que es la única instancia para el control y fiscalización de labores de los miembros del Poder Judicial.
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