Juicio a tribunos, síntoma de la crisis de la justicia

Todos hablan de la crisis del sistema judicial; a la par de lo que naturalmente hace la oposición, este año las críticas salieron incluso de boca del oficialismo. El mismo presidente Evo Morales dijo que de nada había servido llevar ponchos y polleras a las altas magistraturas judiciales. El juicio de responsabilidades en curso a los tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, Zoraida Chánez y Ligia Velásquez es un síntoma de la crisis del sistema y servicios de justicia.

“Hay que hablar de una crisis del sistema judicial. El Tribunal Constitucional Plurinacional conforma la justicia constitucional. Es un servicio de justicia. Sí, el juicio puede ser ubicado en el marco de una de las manifestaciones de la crisis de los servicios de justicia por el componente de la independencia de los órganos”, precisa el abogado Carlos Börth.

La Constitución Política del Estado (CPE) en su parte, se puede decir, republicana establece la separación de poderes y que ninguno debe intervenir en el otro, salvo por los mecanismos de equilibrios y contrapesos que están trazados en el mismo texto constitucional.

DEBILIDAD. “En ese sentido, tanto el Órgano Judicial como la justicia constitucional se encuentran muy débiles e influidos por el Órgano Ejecutivo; cualquier manifestación de independencia o decisión contraria al Ejecutivo puede derivar en hechos como el juicio”, juzga Börth. De manera oficial, la raíz del juicio a los tribunos del TCP es la suspensión que hizo su Comisión de Admisión de la Ley del Notariado Plurinacional, hasta que se resuelva la constitucionalidad de los artículos cuestionados.

“Esto no le agrada al Ejecutivo, cualquiera sea la razón, y plantean el proceso contra los magistrados. Ahí se ve claramente la relación de los dos órganos”, señala. El expresidente Carlos Mesa, en una columna pasada, también nota que el juicio a los magistrados está relacionado a la crisis de la justicia.

“Este conflicto pone en evidencia cuestiones de fondo que son realmente las que nos han llevado a esta lamentable circunstancia. La elección por voto universal del Poder Judicial es un absurdo (que para peor fue mal conducido y sesgado con la preselección de candidaturas) que ha llevado no solo a agravar la histórica corrupción de ese órgano, sino a reducir a grados insospechados su ya cuestionada idoneidad”, escribe.

En efecto, la independencia del TCP es constantemente cuestionada; el pico de esas críticas fue cuando este órgano declaró constitucional la Ley de Aplicación Normativa que permitió la tercera elección consecutiva de Evo Morales.

Para el senador electo por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Carlos Romero, la crisis alcanza al TCP, sin embargo lo dice en un sentido muy diferente a Mesa y Börth. El exministro de Gobierno apunta que se ha incorporado la elección por voto de las autoridades jerárquicas con el “espíritu de dar el mandato popular” a la función de los jueces y magistrados; pero, “desafortunadamente”, esa fórmula, si bien ha servido para “democratizar a los operadores de justicia e incorporar a indígenas y mujeres”, también se ha “distorsionado porque el voto ha sido entendido, por parte de algunos integrantes, como una licencia discrecional para tomar decisiones al margen de las normas y los procedimientos, para politizar la disputa de espacios de poder interno y para politizar sus relaciones con los otros órganos del poder público”.

“Estos mecanismos de distorsión se han expresado en esta polémica en que se han visto involucrados los miembros del Tribunal que actualmente se encuentran procesados”. Börth vuelve al tema de la independencia del TCP: “ante una pequeña manifestación de independencia de criterios (invalidar temporalmente la Ley del Notariado), la reacción (del Ejecutivo) es desproporcionada”.

“Ante esa débil manifestación de independencia, viene una reacción sobredimensionada del Ejecutivo que además de afectar a los magistrados en juicio, debilita aún más la imagen y la capacidad de protección de la Constitución por parte del Tribunal”, observa.

TEMORES. Al final, el juicio significa “más obstáculos” para el Gobierno si tiene la intención de superar su “talón de Aquiles”: la justicia. Con este antecedente “¿quién va a querer ser magistrado, qué profesional calificado se va a animar si por tan poco te hacen un juicio? Entonces, se tendrá que los altos cargos judiciales serán ocupados por profesionales no calificados dispuestos a no incomodar al Ejecutivo. El Gobierno se pone a sí mismo obstáculos para salir de la crisis de los servicios de justicia”. Si se tenía un Tribunal “sin credibilidad, con la suspensión y posible destitución de los tres magistrados el TCP quedará aún más débil”.

En cuanto a lo procedimental del juicio hay tres versiones. La primera la expresa Romero, quien dice que el juicio es parte de las atribuciones del Órgano Legislativo en el marco de controles mutuos que debe existir entre órganos. “Lo que se ha hecho con la Ley del Notariado Plurinacional ha sido un exceso. Dejar sin aplicación una normativa ha expuesto al sistema jurídico boliviano a una alta vulnerabilidad y zozobra a la población y al Estado”.

Mesa, en cambio, en el texto citado, recurre al recurso literario de la imagen para cuestionar el procedimiento. “Se mantiene, además, el contrasentido de que el Órgano controlado (la Asamblea Legislativa) acaba juzgando al Órgano que hace el control de constitucionalidad, lo que desvirtúa las potestades que en teoría tiene el TCP. La Constitución, al consagrar la elección popular de los magistrados y darle al Senado la responsabilidad de enjuiciar al TCP, sigue en la lógica de la serpiente que se muerde la cola”.

Por último, está el constitucionalista Carlos Alarcón, quien es aún más crítico al señalar que las leyes que regulan el juicio tienen “dos grandes aberraciones estructurales que le quitan legitimidad y legalidad y hacen tabla rasa con la independencia de la justicia constitucional en Bolivia”.

Primero —explica— no establece como primer paso la intervención del soberano mediante referendo para definir si a criterio de los ciudadanos existe o no materia justiciable. “No debemos olvidar que el soberano los eligió y no la Asamblea Legislativa, que más bien es controlada por el TCP”.

Segundo, no hay ningún Tribunal Constitucional “en el mundo” que esté sujeto a responsabilidad disciplinaria porque “estaría subordinado a otro órgano y menos a los legisladores que no son superiores jerárquicos de los magistrados, sino más bien constitucionalmente subordinados al TCP”. El juicio penal se volvió “inmanejable para el oficialismo”, utilizando “como kamikazes” a sus legisladores que están de salida, y “para salir de este callejón sin salida buscaron un remedio peor que la enfermedad: la responsabilidad disciplinaria”.

“Resultado de todo este circo y pandemonium es la aniquilación de la independencia de la justicia constitucional en Bolivia y la vía libre para leyes tiránicas y violaciones a los Derechos Humanos”, concluye. Sea como fuere, una cosa es cierta: la crisis de los servicios de justicia que engloba el servicio de la justicia constitucional. El juicio es la manifestación de esa debilidad.