A la fecha 400 jueces han sido sancionados por el régimen disciplinario. Otros fueron destituidos de sus cargos.
Autoridades electas de la Asamblea y abogados afirman que hay una red de dilación con fines de extorsión en la justicia que daña a la población y continúan favoreciendo a los ricos.
La Prensa en una visita de dos días que realizó a las oficinas del Tribunal en La Paz pudo constatar que los “intermediarios” de estas redes son funcionarios subalternos que gozan de la confianza de jueces y fiscales, quienes cuentan con tarifas establecidas para que un proceso avance o se dilate por tiempo indefinido en desmedro de los litigantes.
Un demandante consultado por este medio, afirmó que desde hace tres años no halla solución a un proceso interpuesto por su vecino por riñas y peleas y que cada vez su audiencia es suspendida por los administradores de justicia a petición de los abogados querellantes y en algunos casos el propio fiscal.
Rosenda M. declaró que "si no das plata dilata su proceso por meses y hasta años. Pero si hablas con el fiscal y los jueces tu proceso avanza en un dos por tres".
Red. Sobre estas denuncias el senador electo por Santa Cruz y exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que si "hay una red de dilación con fines de extorsivos" que lo único que hace es dañar la justicia y para ello propuso una transformación profunda.
"Se compran y se venden los litigios. Se continúa negociando la ley. Hay esa red, obviamente que no se puede meter a todos los fiscales y jueces, porque hay operadores y administradores de justicia decentes".
Esta estructura de extorsión, según Romero, se observa desde afuera y que "no se ha visto a la fecha que los fiscales se investiguen a sí mismos y mucho menos que los jueces se juzguen entre ellos" porque no hay controles cruzados que garanticen transparencia en la justicia.
El exMinistro de Gobierno recordó que cuando dirigía esa cartera la Policía realizaba una serie de operativos y capturaba delincuentes que en pocas horas recuperaban su liberta, generando malestar entre los policías. "El sistema de justicia debe transformarse desde afuera".
En tanto, un fiscal, de quien se mantiene el nombre en reserva, explicó que los fiscales son enemigos de los propios fiscales y que por ello existe una "red de compadres" que ha sido virtualmente desbaratada, pero que está enraizada.
El informante señaló que hay una tarifa entre los fiscales que va desde los 1.000 dólares, dinero que es utilizado, mucha veces para dilatar y otras para absolver a los inculpados.
El teléfono. El abogado Eduardo León afirmó que en un caso un juez, que estaba suspendido, prosiguió con su labor de administrador de justicia e hizo que uno de sus clientes sea detenido preventivamente. Vulnerando los derechos de las personas que la Constitución garantiza.
"En este caso, la Policía y el Ministerio de Gobierno eran los querellantes. El juez recibió una llamada y falló en contra de mi defendido pese a que no existían los riesgos procesales para detenerlo".
Según León, los interesados en este caso realizaron una llamada para que la red de extorsión que fue citada por el senador Romero sea puesto en marcha.
Denuncia. Sobre esta situación, la magistrada Cristina Mamani afirmó que de conocer estos hechos las autoridades lo que deben hacer es denunciar a estos malos jueces para desbaratar esta supuesta red que funciona en el interior de los tribunales. En tanto señaló que su autoridad continúa con su labor de fiscalización y que por ello han sido sancionados más del 40 por ciento de los casos denunciados en el Consejo de la Magistratura.
EL SECTOR LITIGANTE SERÍA LA RESPONSABLE DE LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA.
LOS CASOS DE CORRUPCIÓN a la fecha más de 15 jueces han sido destituidos de sus cargos por incurrir en actos de corrupción en los últimos 11 meses.
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