Monday, January 19, 2015

Corre el revocatorio para magistrados electos de tres jurisdicciones

La revocatoria de mandato para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está impedida constitucionalmente, pero corre para los demás miembros electos del Órgano Judicial.

Según el Procurador General del Estado, Héctor Arce, las autoridades de jurisdicciones especializadas y administrativas como el Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, pueden ser revocadas.

“Esta es una posibilidad, entre otras. Hay que analizar el Órgano Judicial, porque la cabeza de esta instancia es el Tribunal Supremo de Justicia y no se puede someter a referendo revocatorio como lo señala la Constitución”, manifestó.

La autoridad presidió la Cámara de Diputados en la gestión que se seleccionó a abogados para ser sometidos al voto democrático. Ahora, hace una evaluación de la justicia, sus males y posibles soluciones.

LA CONSULTA AL PUEBLO En entrevista con OPINIÓN, dijo que “ineludiblemente” la solución, en primera instancia, pasa por consultarle al pueblo boliviano el futuro de la justicia, que puede ser mediante la revocatoria de mandato, referendo constitucional, referendo ordinario o referendo nacional.

Explicó que la revocatoria de mandato sería una de las primeras vías expeditas porque no viola la Constitución Política del Estado, mientras no se toque a los miembros del TSJ.

Reiteró que el común denominador es la consulta al pueblo. Además, dijo que la Constitución permite el referendo sobre otros temas.

“Ahora cualquier reforma a la Constitución, por parcial que ésta sea, puede ser una de las posibilidades. También pasa por la consulta al pueblo, ya sea referendo revocatorio, referendo ordinario, referendo nacional o reforma constitucional a través del referendo. En cualquier caso, el pueblo tiene la palabra”, agregó al precisar que será por iniciativa del presidente Evo Morales.

LA LEGALIDAD Para Arce, modificar primero la Constitución, luego ir al revocatorio y posteriormente sentar las bases tomaría mucho tiempo, por lo que “se debe asumir acciones expeditas, rápidas y que no generan más incertidumbre en el Órgano Judicial”.

“La magnitud del problema en la justicia es tan grande que el pretender darle soluciones coyunturales o menores puede ser otro error y la medicina fuerte es la palabra del pueblo”, aseveró.

Sin embargo, algunos expertos y políticos consideran que una verdadera reforma judicial pasa necesariamente por despolitizarla, evitar la injerencia, respetar la independencia de poderes y principalmente que la designación de los futuros magistrados y magistradas sea meritocrática, en una instancia independiente y sin presiones políticas.

Para Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, toda iniciativa para enfrentar la crisis de la justicia es importante, pero debe ser trabajada a profundidad y con objetivos claros. No se opone al referendo o revocatoria, pero considera que debe estar dentro el marco legal y contribuir a la revolución de la justicia.

Entre tanto, el analista Jorge Lazarte, en coincidencia con el experto Carlos Borth, aseguró que el referendo o la revocatoria de mandato no solucionará la crítica situación de la justicia,si no se cambia la forma de selección que se realiza en la Asamblea Legislativa y “que mantiene la politización en favor del partido gobernante”.

La propuesta la planteó el partido en función de Gobierno (Movimiento Al Socialismo) al reconocer que hay una crisis judicial.

Apuntes.

Desaparición

El Consejo de la Magistratura es el más criticado y se plantea su desaparición o reestructuración total.

El Tribunal Supremo de Justicia plantea su desaparición porque considera que se ha convertido en un cáncer de la justicia boliviana y en un obstáculo para aplicar nuevas reformas, toda vez que eligió a jueces incapaces a través de un cuoteo de cargos.

Propuesta

El Procurador General del Estado, Héctor Arce, propuso “cambiar a la mayor parte del personal que se ha hecho cargo de los niveles de justicia, restableciendo la meritocracia”.

Referendo

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, afirmó que el referendo tiene el objetivo de consultar a la población sobre la revocatoria de autoridades del Órgano Judicial.

Seis alternativas en busca de solución

De acuerdo con el Procurador del Estado, la solución pasa básicamente por seis componentes: a) cambiar a los magistrados del aparato judicial, a través de un revocatorio; b) restablecer la meritocracia; c) participación de instituciones como las universidades y otros; d) dignificar la carrera de Derecho e) reformas de la Constitución y f) acompañar con la ejecución de nuevas leyes.

Arce manifestó que en el debate se debe definir si se debe eliminar la elección democrática de la justicia o complementarla.

“Lo que sí estamos muchos de acuerdo es que la meritocracia debe volver a la administración de justicia”, aseveró.

Señaló que los magistrados de la justicia deben ser personas “altamente calificadas” y que se dediquen a su trabajo y no estén pretendiendo perfilarse en ser candidatos o tener una posición política partidaria.

Recordó que la despolitización ha sido la razón por la cual se decidió la elección directa y democrática de autoridades ya que los partidos políticos, anteriormente, se distribuían los cargos en el Órgano Judicial.

En consecuencia, dijo, se debe buscar alternativas para evitar la injerencia política en la calificación de méritos.

“La transformación no pasa solo por cambiar las cabezas de la justicia, sino toda la estructura para lograr los mejores abogados del país. No podemos pensar solo en cambiar a los magistrados que están en Sucre, sino a los jueces que están en La Paz y otros distritos, previa evaluación, para que se queden los mejores”, acotó.

Considera que un tercer elemento es lograr buenas leyes, como la ejecución de los códigos Procesal Constitucional, de la Familia, Niño, Niña y Adolescente y la nueva Ley del Notariado, entre otros.

Manifestó que restan al menos otros cinco instrumentos legales como: el Código de Sistema Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley General del Trabajo que será el Código Laboral y el Código Procesal Laboral.

Priorizan selección despolitizada en la Asamblea Legislativa y meritocracia

Oficialistas, opositores y juristas coinciden en que la selección político partidaria en la Asamblea Legislativa debe desaparecer para darle más prioridad a la meritocracia, en la selección de magistrados del Órgano Judicial.

El Procurador del Estado, Héctor Arce, no descartó que la mala selección de autoridades judiciales en la Asamblea haya tenido “mucho” que ver en contribuir a una justicia crítica.

“Tenemos que asumirla con responsabilidad. En la Asamblea, desde la presidencia de Diputados, tratamos de impulsar el proceso de selección de candidatos de la forma más transparente, pero las tentaciones llegan a todos los seres humanos”, aseveró.

Dijo también que los jefes de bancada y de las brigadas departamentales parece que tuvieron situaciones en las que no “actuaron correctamente”, como en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia, por lo que su evaluación está pendiente.

PROPUESTA Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, manifestó que hay que seleccionar a los mejores abogados del país y que no mezclen lo jurídico con la política.

“Antes se veía el cuoteo, el que no tenía padrino político no podía acceder a un cargo de jerarquía en la administración de justicia. En la revolución de la justicia hay que enterrar esa práctica colonial”, aseveró.

El constitucionalista Carlos Borth, dijo que es fundamental cambiar la forma de selección de los candidatos para el Órgano Judicial.

“La meritocracia siempre ha sido un elemento conductor, pero tiene que ser verdaderamente valorada y consolidada por una elección en la Asamblea o por voto del pueblo. Es decir, si se tiene una terna de los mejores, lógicamente se tendrá a uno de los mejores elegidos”, aseveró.

A su vez, el exsenador y actual diputado electo, Bernard Gutiérrez, dijo que cualquier intención de reformas a la Constitución, referendo revocatorio u otra figura para sacar de la crisis a la justicia, “no servirá si continúa la ausencia de independencia de poderes y politización”.

Reconocen errores y fracasos de la elección judicial

La selección y elección de los magistrados del Órgano Judicial ha sido un fracaso y se asume como un error que hay que corregirlo, manifestó el Procurador General del Estado, Héctor Arce.

El expresidente de la Cámara de Diputados manifestó que aún existe un sector “verdaderamente colonial, conservador y retrógrado” que es la justicia.

“Uno de los viejos males del Estado que se ha mantenido y que ni siquiera cambió en la revolución de 1952 ha sido la justicia”, agregó.

La justicia era una tarea pendiente y la Asamblea Constituyente, para democratizarla, generó una “fórmula novedosa” que no se había aplicado en el mundo.

“Hoy a tres años de la aplicación de esa fórmula hay que reconocer que hemos fracasado, esa apuesta boliviana no dio los resultados esperados”, aseveró, aunque también reconoció que son contadas las buenas autoridades que fueron elegidas por voto ciudadano y que dan su aporte a la justicia.

“Pero la mayoría de las autoridades elegidas por voto no han estado a la talla del desafío que se había enfocado. Hay que decirlo con nombre y apellido, el Consejo de la Magistratura, una institución que la Constitución le dio bastante poder para la transformación de la justicia, para lograr el cambio en esa instancia, pero ha sido un rotundo fracaso”, afirmó.

Señaló que ahora es tiempo de reflexionar y asumir decisiones en busca de reemplazar al Consejo por otra institución. Para Arce, lamentablemente una gran parte de los males de la justicia está bajo la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, lo que provocó un retroceso.

Además, dijo que este fracaso se suma al de las autoridades del Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, porque no han estado a la talla de los desafíos de cambio, ni de la apuesta a la que apuntó el pueblo boliviano para la revolución de la justicia.

El rol jurídico de las autoridades

El Procurador del Estado, Héctor Arce, lamentó que las autoridades elegidas por voto no entendieran que su rol era netamente jurídico. Explicó que la causa del fracaso y de la crisis judicial fue su ingreso en el campo político.

“Lo lamentable es que se confundieron y hemos visto que magistrados asumieron como autoridades políticas con declaraciones típicas de un partido político. Un magistrado no puede estar hablando sino trabajando en los fallos, impartiendo justicia”, puntualizó.

Dijo que muchos magistrados priorizaron intereses mezquinos, sectarios, personales y parciales ante el interés común del pueblo que espera justicia.

Para el analista Jorge Lazarte, la responsabilidad de politizar la selección y elección de los magistrados es del Gobierno y la Asamblea Legislativa. “No se seleccionaron a los mejores, sino a los simpatizantes del partido de Gobierno, por tanto actuaron como simples políticos”, agregó. “Públicamente se planteó la idea de que había que acabar con la politización de la justicia con el control político de los partidos. Es decir, evitar que los distintos partidos se distribuyan la justicia entre ellos y por eso se hizo votar al pueblo sobre los magistrados. Pese a las advertencias, el gobierno siguió adelante, pero la mayor parte de la población votó en blanco o nulo”, afirmó

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