En el contexto de realizar una evaluación al sistema de justicia boliviana, el presidente Evo Morales convocó a una cumbre, previa al referendo donde se enmarquen propuestas sólidas para realizar la consulta ciudadana. Para el analista cruceño Hugo Molina, el asumir una cumbre y posible referendo sería un gasto insulso para Bolivia.
El mandatario sostuvo que para superar la crisis judicial en el país se deben elaborar propuestas integrales de todo el sistema con la finalidad de evaluar y analizar las eficiencias de esta instancia.
“Vamos a convocar a una cumbre para hacer la revolución dentro de la justicia boliviana (...) Están convocados todos los sectores sociales, para esta profunda transformación de la justicia boliviana”, dijo.
A criterio del mandatario la crisis de la justicia se refleja, en el país, por ejemplo, en la demora de la atención de los casos judiciales, el porcentaje de reclusos con sentencia ejecutoriada apenas llega al 16%, en tanto que los reos que permanecen en los reclusorios con carácter preventivo alcanzan al 84%.
Adelantó que en la cumbre se estructurará un comité que elaborará propuestas para llevar adelante el referendo, con el objetivo de mejorar la justicia en el país, planteamiento que se conoció el 6 de enero en la inauguración del año judicial.
Además y a su juicio, la transformación del Órgano Judicial no sólo es responsabilidad del Estado sino también de “todo el pueblo boliviano”. Por ello aseguro que “de manera conjunta con nuestras instituciones colegiales, con nuestros expertos nacionales en la justicia. Hay buenos abogados y buenas abogadas, pero tenemos que dignificar la abogacía”.
Según publicaciones de prensa, el 8 de enero, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, anunció que el referendo para la reforma judicial tendrá entre cuatro y cinco preguntas y se realizará este año, y todo ese trabajo se iniciará después del 22 de enero.
Para el analista Molina, “lo único que va generar el realizar un referéndums es un gasto innecesario de más de 180 millones de bolivianos, para generar una simple expectativa, pero una solución de fondo no se realizaría”.
Los problemas de fondo se realizan con medidas estructurales que tiene que ver con el sistema de administración de justicia, con los abogados, presupuestos para la policía, fiscalía, entre otros.
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