El Ministerio Público en coordinación con el Consejo de la Magistratura dieron por inaugurado la implementación del Programa Nacional de Flagrancia, luego de que en la gestión anterior se implementara un programa piloto en cuatro departamentos en los cuales se tuvo la resolución de 86 por ciento del total de casos atendidos en tres meses.
Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, señaló que la implementación del Programa Nacional de Delitos en Flagrancia tiene el objetivo de impedir el congestionamiento de casos en juzgados y fiscalías, evitar la retardación de justicia y luchar contra la impunidad, aplicando, con criterios uniformes y adecuados, el procedimiento inmediato en caso de delitos en flagrancia, respetando los derechos y garantías constitucionales.
Guerrero explicó que hace tres meses arrancó este el programa Piloto de Unidades de Flagrancia en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, que logró resolver 349 casos de 408 atendidos, con una efectividad del 86 por ciento, muchos de ellos con sentencias de 30 años en menos de 24 horas.
"Hoy tres meses después, haciendo una evaluación del trabajo, hemos tomado la decisión de aplicar este programa a nivel nacional, de ampliar la cobertura, de ampliar el trabajo de nuestros jueces y fiscales, eso es trabajar con eficiencia", señaló el Fiscal General.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, felicitó a los fiscales y jueces por los resultados de su trabajo y pidió seguir trabajando de manera coordinada con el único objetivo común que se tiene, que es el de transformar la justicia.
Guerrero instó a la Policía Nacional a trabajar de manera coordinada poniendo al servicio de la sociedad lo mejor de su profesionalismo en el avance de las investigaciones y al Ministerio de Justicia, mediante el Servicio Nacional de Defensa Pública, a trabajar para que no se vulnere ningún principio procesal.
El acto contó con la presencia presidentas y presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia de todo el país, lo cual, según el Fiscal General, demuestra un compromiso de transformar la justicia y de avanzar para mejorar cada día el sistema judicial, aspecto que se lo trabajará de manera conjunta y uniformizando criterios, en el marco de la absoluta independencia que tiene cada una de las instituciones.
"La crisis de la justicia no sólo la vamos a resolver los operadores de justicia, es una tarea de nuestro pueblo, de toda la institucionalidad, es una tarea de la sociedad, para desmontar esa estructura colonial y revolucionar la justicia, para poner al servicio de nuestro pueblo una justicia más eficaz, pronta, oportuna y totalmente transparente", finalizó.
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