El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que en los próximos días se pondrá en marcha la Unidad de Investigaciones Patrimoniales del Ministerio Público que se encargará de investigar las cuentas bancarias y los bienes de los fiscales, asistentes y todos los servidores del Ministerio Público.
Guerrero hizo el anuncio en el marco del lanzamiento del Programa Nacional de Unidades para Delitos de Flagrancia que permitirá atender por parte de los fiscales y jueces, de forma casi inmediata, los hechos delictivos que estén enmarcados en este ámbito.
Dijo que se conocerá el patrimonio de cada uno de los fiscales de acuerdo a los ingresos que perciben y en caso de que exista alguna irregularidad o sospecha de delito, se procederá a una investigación inmediata.
En 2014 el Ministerio Público recibió 450 denuncias contra los fiscales de los cuales se han destituido a 30, un número similar recibió sanciones de suspensión, multas y llamadas de atención.
Guerrero señaló que las denuncias anunciadas por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, contra algunos fiscales a la fecha no llegaron a su despacho.
Programa
Guerrero y la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, lanzaron ayer en Cochabamba el Programa para Delitos de Flagrancia. Guerrero indicó que después de conocer el resultado “exitoso” del programa piloto de unidades de flagrancia hace tres meses en cuatro departamentos: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, se tomó la decisión de ampliar el ámbito de acción.
“Hemos atendido 408 casos de los cuales se han resuelto 350, más o menos el 86 por ciento. Hemos obtenido sentencias incluso de 30 años, uno de esos casos es aquí en Cochabamba y en Santa Cruz hemos obtenido sentencia de 12 o de 8 años en temas de robo agravado”, dijo.
Con este programa se resolverán delitos relacionados con violencia contra la mujer, robo, hurto, violación y narcotráfico entre otros. Sin embargo, los que tienen relación con el tema de corrupción no, porque requieren de mayor información para su tratamiento.
Mamani dijo que es necesario ampliar y uniformar criterios para que se pueda aplicar el programa y su procedimiento desde Pando a Tarija. “Ahora estamos reunidos para que se aplique, que hayan jueces de flagrancia a nivel nacional”.
Indagan sobre privatización
El Ministerio Público designó en las últimas horas a un equipo de tres fiscales para el inicio de investigación respecto a las dos proposiciones acusatorias de la Cámara de Diputados contra exautoridades por llevar adelante o participar en el proceso de privatización de empresas en el país. Habrá un primer pronunciamiento al respecto en 30 días.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que el Legislativo remitió las proposiciones el pasado viernes en horas de la tarde y ayer por la mañana se dio el aviso mediante memorial a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el inicio de la investigación.
“El procedimiento es de 30 día hábiles para que nosotros realicemos toda la revisión y los actos investigativos y en 30 días la Fiscalía General se estará pronunciando sobre los resultados de esta etapa que corresponde”, señaló Guerrero. Aseguró que este proceso se llevará adelante mediante el modelo de la fiscalía corporativa.
Hace una semana la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó dos proposiciones acusatorias en contra de 13 exautoridades, incluidos Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina, por supuestos daños económicos causados con la privatización y capitalización de empresas entre 1989 y 2000.
Dificultades
En cuanto a las dificultades para aplicar el programa sobre delitos de flagrancia, el fiscal Ramiro Guerrero detalló que existieron varias debilidades en el proceso y que merecen ser ajustadas. Una de ellas es la falta de coordinación con los jueces que en un inicio fue “dificultosa”, porque no entraron a la dinámica debido a que este programa no implica que dejen los otros casos que investigan.
A esto se suma que el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) no estaba funcionando los fines de semana y feriados.
Otro tema pendiente es la ausencia de abogados de Defensa Pública. En el acto estuvo presente la ministra de Justicia Sandra Gutiérrez y vocales de los tribunales departamentales de justicia.
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