Monday, January 12, 2015

Lluvia de denuncias contra los magistrados en el Legislativo

Las dos principales autoridades del país, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, en coincidencia con la mayoría del pueblo boliviano, reconocen que la justicia se desenvuelve en medio de la corrupción, influencia, lenidad y otras ‘chicanerías’ que perjudican sobre todo a los que menos tienen.
Está abierta la posibilidad de que se realice un referéndum para definir el rumbo de la justicia y de los operadores de justicia, también deben proseguir los juicios contra las personas acusadas de corrupción o que han incumplido sus deberes.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, dijo que la totalidad de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, todos elegidos mediante el voto en las elecciones de 2011, “tiene denuncias, están siendo investigados, algunos tienen resolución de rechazo”.
Marca dijo que se presentaron 93 casos, de los que cinco tienen rechazo porque no se encontraron elementos de convicción y los 88 restantes están en el inicio de investigación. Por lo que la tarea debe ser encarada por la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que iniciará sus funciones el 22 de enero por el período 2015-2020.

Investigar y juzgar
La Ley 612 modificó la Ley 044, que es de juicio de responsabilidad a autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público, y el diputado Rodolfo Calle, presidente de la Comisión de Justicia Plural, dijo que en ese marco existen muchas denuncias contra esas autoridades en la Comisión de Justicia Plural y el Comité del Ministerio Público, por lo que se debe analizar y ver si corresponde o no el procesamiento.
“La Asamblea Legislativa debe investigar y juzgar en los casos de delitos en el ejercicio de sus funciones, de delitos contrarios a la Constitución y a las leyes, prevaricato o incumplimiento de deberes; pero no en caso de delitos privados, que corresponden a la justicia ordinaria”, apuntó.
Calle señaló que los delitos contra el Estado no prescriben, por lo que se debe investigar y procesar, y “los próximos legisladores tienen que continuar, estamos dejando todo en orden para que decidan si corresponde o no, muchos de esos casos tienen que ser procesados”.
Sobre la propuesta del referéndum, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran que se debe efectuar este año. “No se puede esperar más, y determinar qué cambiar, las preguntas deben ser bien elaboradas con la participación del control social”.

Mejor formación
“Desde la fundación de la República (1825) hasta nuestros días, el Órgano Judicial nunca ha cumplido la misión que el pueblo le encomienda, que es la de dar un servicio de justicia transparente, imparcial, idóneo, que genere satisfacción en la ciudadanía”, opinó Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exdefensor del pueblo.
Para Albarracín “la justicia tiene que ser independiente, no puede llegar por respaldo de un partido político”, y en esa línea considera que las universidades deben contribuir con una formación de profesionales eficientes.
“La idea es formar profesionales con vocación de justicia, que sean apóstoles del derecho, no simples tinterillos. Necesitamos profesionales al servicio de la justicia, en caso de denuncia contra algún docente seré el primero en viabilizar una acción procesal independiente”, aseguró.

Anuncian referéndum sobre la justicia

Una profunda revolución de la justicia boliviana, mediante la realización de un referéndum, anunció el presidente Evo Morales al inaugurar el año fiscal, en Sucre, el lunes 5 de enero.
El Jefe de Estado, al indicar que es importante definir el tipo de preguntas que se formularán, afirmó que el pueblo boliviano definirá con su voto qué cambiar, “ya que la justicia no puede seguir perjudicándonos”.
Mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera declaró que tras el juicio de responsabilidades a dos de los tres magistrados del Tribunal Constitucional se continuarán con los procesos contra otras autoridades judiciales.
“Los magistrados y las magistradas que tengan acusaciones de corrupción y de incumplimiento de deberes van a ser enjuiciados en la siguiente legislatura”, dijo el miércoles a los periodistas.

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