Bolivia nunca pudo consolidar una administración de justicia creíble, independiente, eficiente y democráticamente justa. Hasta ahora mantiene el legado colonial con una estructura jerárquica pesada, corrupta y discriminadora, según el libro Laberinto.bo que desmenuza la crisis judicial permanente que vive el país.
Los autores abogados Rogelio Mayta y Pamela Delgadillo hicieron un diagnóstico trabajado entre el 2013 y 2014 para demostrar los principales problemas de la administración de justicia y exponen una sistematización de soluciones alternas a la situación crítica de justicia.
Mayta reflejó los intentos de concretar la independencia del Órgano Judicial por la vía de “despartidizar” la elección de sus altas autoridades, pero fracasaron porque no se pudo romper ese cordón umbilical.
Según el jurista, “ de cada 100 personas que concurren a realizar alguna gestión al Ministerio Público, 42 pagarían alguna coima, mientras 31 lo harían en los juzgados”.
El estudio contiene una sistematización de los principales problemas de la administración de justicia, procurando explicarlos en su complejidad e interrelación, como la base para pensar y construir alternativas. “Esperemos contribuir con algo a este momento crítico de la justicia. No pretende ser un diagnóstico acabado sino un aporte para que se realice uno que comprenda la complejidad de la problemática”, aseveró.
Para este trabajo los juristas recurrieron a fuentes bibliográficas y documentales, y también a la información y criterios logrados en decenas de entrevistas a abogados, funcionarios del sistema de justicia y profesionales de diverso ámbito, realizadas en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
CRISIS Por su parte, la abogada Delgadillo dijo que en la actualidad la administración de justicia está en crisis y enfrenta varios problemas, muchos de ellos originados hace siglos.
El estudio expone cuatro ejes estructurales: La inexistencia de una reflexión sobre la justicia, la ineficiencia del sistema, las limitaciones reales y aparentes de independencia e imparcialidad y las barreras al acceso a la justicia.
En la primera parte, se expone la experiencia de la reforma de la justicia iniciada en la década del 90, que no consideró las características socioculturales del país. Pese a los ajustes, no cambió nada la justicia.
“Además tocamos el fetichismo legal que padecemos, que nos hace creer que todos los problemas de la sociedad, incluidos los de la administración de justicia, se pueden resolver básicamente con leyes, lo que no es cierto”, aseveró.
Identificó como otro problema medular la ineficiencia del sistema. En algunos juzgados y tribunales existe sobrecarga donde el incremento casi colapsó el sistema, mientras en otros provocó mayor productividad.
En 2012 los tribunales penales emitieron sentencias solo en el 0.4 por ciento de los casos atendidos, mientras que los juzgados de trabajo resolvieron el 43 por ciento de los casos. Subieron su rendimiento en un 307 por ciento respecto del año 2005.
Además se evidencia como problema la falta de recursos, medios y personal, evidenciando que existe una pobre reflexión sobre los modelos de oficina jurídica y de gestión operativa de los procesos.
La corrupción y la injerencia política carcomen
La corrupción y la injerencia política en la justicia son los elementos que carcomen la estructura de este órgano y generó su crisis.
El jurista Rogelio Mayta explicó estos dos elementos vienen desde la colonia y han provocado se generen desde pequeños hasta grandes negocios ilícitos.
La forma de corrupción predominante en la administración de justicia es la “pequeña”, que se genera cuando la gente acude a los juzgados y otras instancias a pedir paradójicamente que se haga justicia.
Las principales formas de la corrupción en la administración de justicia son el clientelismo, el cohecho y la injerencia política.
Históricamente, las cortes supremas de Justicia en América Latina y en Bolivia han sido conformadas al influjo de los intereses del poder político.
Desde siempre, el poder político ha procurado el nombramiento de magistrados “amigos” o de “confianza” antes que de los profesionales mejor calificados. “Aunque con la elección de magistrados por voto directo en la gestión de Evo Morales se pretendió dar otros giro, pero igualmente fracasó”, añadió Mayta. Manifestó que, no obstante el discurso de modernidad y democracia predominante en las últimas décadas, se advierte que ha sido especialmente difícil implementar procesos de selección objetivos, basados en los méritos y alejados de la injerencia política y de otros sectores de poder.
La sobrecarga procesal hizo que algunos juzgados laborales sean más eficientes
Cuando los cuestionamientos por la retardación de justicia se hicieron más frecuentes y cada vez más ácidos, desde la vereda de los administradores de justicia se respondió que se debía al incremento de la carga de trabajo .
La jurista y autora de la investigación Laberinto.bo, Pamela Delgadillo, manifestó que en los últimos años se puede advertir un significativo incremento de procesos, aunque no en todas las materias ni en todos los juzgados y tribunales.
“La carga de trabajo y la respuesta de los operadores de justicia no es la misma en las ciudades capitales que en las provincias, ni en materia civil que penal”, agregó.
La retardación de justicia se debe a varios factores. Los juzgados de partido en materia civil tuvieron sobrecarga de trabajo en todo el periodo 2005-2012; pero luego la demanda fue disminuyendo gradualmente.
En materia penal, los juzgados cautelares penales enfrentaron una gran sobrecarga de trabajo que se incrementó de forma sostenida en todo el periodo, debido al creciente número de procesos. La sobrecarga de trabajo en este caso está colapsando a los juzgados cautelares que deben atender procesos siete y ocho veces por encima de los estándares de referencia.
En cambio, en los tribunales y juzgados de sentencia penales no tuvieron sobrecarga de trabajo en ningún año del periodo y, sin embargo, son los juzgados y tribunales con el menor promedio de procesos concluidos.
Los juzgados laborales también enfrentaron sobrecarga de trabajo que se incrementó progresivamente; pero no colapsaron sino que fueron mejorando su rendimiento hasta constituirse en 2012 en los juzgados con el mejor promedio de procesos concluidos con un incremento del 307 por ciento en relación al año 2005.
Los juzgados de familia tuvieron una importante carga de trabajo, aunque es discutible que hubieran enfrentado sobrecarga según el estándar de referencia que se utilice. Estos juzgados incrementaron su promedio de procesos concluidos en 32 por ciento , lo que no se equipara al logrado por los juzgados laborales.
Propuestas para mejorar el sistema y dar celeridad
Una vez identificados los problemas en la justicia queda clara la necesidad de cambiar la administración de este órgano para responder mejor a los requerimientos de la sociedad, coincidieron los abogados autores de la investigación, Pamela Delgadillo y Rogelio Mayta.
La propuesta para mejorar la justicia radica en reivindicar la administración de justicia como un servicio público. Concentrar los esfuerzos del Estado en la aplicación de las leyes que existen, antes que impulsar la promulgación de nuevas normas.
Los autores del libro Laberinto.bo plantean evaluar las experiencias de las reformas de justicia en el país y aprovechar sus enseñanzas sin pretender empezar todo de nuevo.
Proponen promover la reflexión sobre la administración de justicia con una perspectiva multidisciplinaria. Crear mecanismos e instancias que impulsen la investigación jurídica.
“El cambio de la administración de justicia debería partir de cambiar esta concepción y construir las directrices constitucionales una cultura jurídica que conciba la administración de justicia como un servicio público con operadores que apliquen la ley a partir de los principios que las sustentan, superando el formalismo y la interpretación sesgada y exegética de la ley”, afirmó Mayta.
El estudio determina realizar un diagnóstico del sistema que distinga los diferentes ámbitos de la administración de justicia y desarrollar estándares cuantitativos y cualitativos de medición de la administración de justicia.
Mayta y Delgadillo plantean enriquecer el Plan de Justicia 2025 con resultados a corto, mediano y largo plazo. Se requiere definir un modelo de gestión de los procesos que abarquen la organización del equipo de trabajo, la gestión operativa de los procesos y el soporte de infraestructura, logística e informática.
Se tiene que definir un plan de acción que tienda a reducir y eliminar la retardación de justicia considerando las características del modelo de gestión de los procesos.
Además, urge implementar una política de recursos humanos dirigida a reclutar a los profesionales mejor calificados, dándoles capacitación continua, una remuneración equitativa, estabilidad y un sistema de incentivos no monetarios.
Mayta aconsejó establecer criterios de evaluación y seguimiento al trabajo de la Escuela de Jueces.
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