Suman las denuncias contra fiscales de La Paz

A los casos de la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, y de su excolega Humberto Quispe, ayer se sumaron otras denuncias en contra de representantes paceños del Ministerio Público. El Gobierno exigió sanciones duras para los culpables, tras las respectivas investigaciones.

La gota derramó el vaso hace dos semanas, cuando una pareja de joyeros denunció el robo de joyas de oro valuadas en al menos $us 23.000 y ser víctimas de extorsión por parte del fiscal Humberto Quispe. Tras ello surgió una avalancha de denuncias de corrupción en su contra e incluso se conformó una asociación de víctimas que lo acusan de la comisión de delitos como robo y uso indebido de influencias.

Por ello, el fiscal general, Ramiro Guerrero, lo destituyó del cargo. No obstante, la ahora exautoridad alegó que es difamado y anunció procesos. Quispe fue citado ayer en la Fiscalía para que declare sobre el robo de un vehículo, pero no asistió. Sus abogados presentaron memoriales que indican que el proceso tiene una “actividad defectuosa”.

Esta semana se denunció también a la fiscal Santos por no pagar el alquiler de un departamento durante cinco años y deber al menos Bs 93.000. Por este caso, Guerrero le dio un plazo de 48 horas para solucionar el tema, hecho que hasta la fecha no ocurrió.

A estos dos casos, se sumó ayer la acusación de una familia de El Alto, cuyos integrantes llegaron hasta las puertas de la Fiscalía de La Paz, en la calle Potosí, con pancartas en sus manos, para pedir la destitución de la fiscal Patricia M., debido a que ella quiere quitarles su casa ubicada en la zona de Santiago II, para entregarla a otra persona que vivía en el domicilio. Este proceso tiene más de un año y se trasladó al distrito paceño.

“Ahora nos quieren aprehender y porque no tenemos dinero nos quieren quitar la vivienda. Falsificaron la firma de mi madre para cometer el ilícito, aparte de ello nos extorsionan y hacen tráfico de influencias, porque nos dicen que nos enviarán a la cárcel si no terminamos el proceso o no les pagamos”, relató Oswaldo R., quien solicitó que una comisión investigue el caso por las irregularidades y la forma de actuar de la autoridad, a la que acusa de tener arreglos con jueces y abogados.

Aparte se conoció que pobladores de la provincia de Caranavi, en los Yungas, denunciaron al fiscal Fernando F. por no presentar una imputación en contra de dos presuntos violadores, por lo que el juez los liberó, pese a que habían pruebas del delito, como un video.

Eso no es todo. El 26 de enero, la Fiscalía General destituyó a dos fiscales de El Alto, acusados de extorsionar a litigantes con la ayuda de funcionarios judiciales. El caso todavía se encuentra en la fase de investigación. Ante las denuncias de corrupción en la Fiscalía paceña, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, criticó ayer las acciones ilícitas y anunció que el Gobierno no tolerará los casos de corrupción, por lo que implementará un seguimiento de las acusaciones que involucran a representantes del Ministerio Público. “Las leyes se deben aplicar como corresponden porque la justicia llega a todos y tienen que haber sanciones duras”.

Mientras que el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, ratificó que el Ministerio de Justicia llevará a cabo este seguimiento. “Todos los fiscales que tienen denuncias comprobadas y algunos que sobrepasan el colmo, deben ser investigados y se los tiene que juzgar con todo el peso de la ley”.

La autoridad gubernamental se refirió a los casos de Quispe y al de la muerte del niño Alexander, incluso en este último se verificaron errores de los fiscales. “Son síntomas de la crisis que atraviesa el Órgano Judicial junto al Ministerio Público. Éstos no van a la par del proceso de cambio”.

Proyectos para la cumbre

Trabajo

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, informó que la Ministra de Justicia ya realiza reuniones con organismos sociales para identificar las pautas para el tratamiento de la Cumbre de Justicia.

Proceso

Agregó que como cartera de Estado tienen el trabajo de llevar adelante la cumbre judicial; por ello, la próxima semana se trabajará en la comisión interinstitucional junto a los sectores sociales.

Verificarán patrimonio de fiscales

Yuvert Donoso

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y los nueve fiscales de distrito departamentales se reúnen desde el jueves en Santa Cruz de la Sierra para afinar y aprobar la propuesta institucional para la revolución de la Justicia. Una de las primeras acciones será la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial de la Fiscalía que verificará la relación de los ingresos de los representantes del Ministerio Público con sus bienes adquiridos durante sus respectivas gestiones.

Guerrero convocó a la primera sesión ordinaria del Consejo del Ministerio Público, que se realizó en la capital cruceña hasta ayer. Además, el jefe del Ministerio Público informó que en la reunión nacional se aprobó la implementación, en cronograma y fechas del nuevo Modelo de Gestión Fiscal y las Fiscalías Corporativas que entraron en vigencia en Chuquisaca como un plan piloto en miras la revolución de la Justicia.