Tuesday, March 31, 2015

Fiscales destituidos de La Paz apelan decisión



Al menos cuatro de los seis fiscales destituidos en La Paz presentaron su apelación y otros recursos contra la decisión asumida la anterior semana por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, de relevarlos de sus cargos por irregularidades.

El viernes 27, Guerrero anunció, tras cinco días de intervención a diferentes áreas de la Fiscalía Departamental de La Paz, que retiró a media docena de fiscales por acusaciones como negligencia, retraso y cobros irregulares. También se destituyó a la representante departamental Patricia Santos.

Una fuente vinculada a Régimen Disciplinario del Ministerio Público, quien pidió la reserva de su identidad, reveló que cuatro de los seis fiscales involucrados (excepto Santos) presentaron amparos y recursos de apelación a su alejamiento, ya que alegan que se vulneró sus derechos al debido proceso. Los relevados recibieron formalmente, el mismo viernes, su memorándum de agradecimiento por los servicios prestados en su cargo.

La fuente indicó que desde ayer estos representantes del Ministerio Público ya debían dejar las oficinas de la Fiscalía. Este medio accedió a la lista de destituidos: Elmer Laura, Gilbert Muñoz, Guido Colbert Pérez, Carlos Chuquimia, Javier Claros y Carlos Andrade.

Guerrero planteó también la modificación de la Ley del Ministerio Público, con la finalidad de dejar sin efecto la antigua carrera fiscal, ya que esa normativa es usada, según la autoridad, por “malos fiscales” que presentan recursos para no ser destituidos.

La Conare advierte que decisión judicial sobre Belaunde pone en ‘tela de juicio’ 1.000 de sus fallos

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) calificó como ‘oscura’ a la Sala Penal Primera por la decisión de aceptar un recurso de amparo constitucional y emitir un fallo con argumento ‘pobre y forzada fundación’ para anular la negación de refugio político al peruano Martín Belaunde. Advierte que la decisión pone en “tela de juicio casi 1.000 fallos” y anuncia acciones legales.

Los miembros de la Sala Penal Primera, Ramiro López Guzmán y Ricardo Chumacero Tórrez, dieron curso el 27 de marzo a un recurso de Acción de Amparo Constitucional de la defensa de Belaunde, quien es buscado en su país por delitos de corrupción y pesa en su contra un pedido de detención con fines de extradición.

“Se fraguó un supuesto error de notificación para garantizar la presencia del abogado apoderado (Jorge) Valda en la audiencia y, como corolario, en una supuesta deliberación de menos de una hora, a pesar de la complejidad del asunto y la voluminosa prueba ofrecida por las partes, la oscura Sala Penal Primera declaró procedente el Amparo”, prevé el Conare en un comunicado.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, informó el 19 de marzo de la determinó de ampliar la detención domiciliaria del empresario peruano, en una casa de la ciudad de La Paz, por 60 días. La primera orden de detención fenecía el 21 de marzo, por lo que Lima tramitó ampliar la detención para el trámite de extradición.

La Conare recurrió la decisión judicial al Tribunal Constitucional Plurinacional. La institución, encargada de definir las solicitudes de refugio, ve afectado su prestigio y la desacreditación y desnaturalización de su “genuino rol, alterando intencionalmente su ámbito legítimo de atribuciones”.

“Se puso en tela de juicio casi 1.000 fallos dictados por la Conare a la fecha, dejando en la incertidumbre a igual número de personas beneficiarias de la condición de refugiados”, advierte la institución, que además anuncia acciones legales contra los jueces por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y otros.

UE garantiza 15 millones de euros para reforma judicial

La Unión Europea (UE) apoyará con 15 millones de euros a la reforma judicial que impulsa el Gobierno y cuya realización se prevé sea hasta 2016, aunque es posible se amplíe hasta 2020.

El jefe de la Delegación de la UE, Tim Torlot, informó que dentro la estrategia de cooperación a Bolivia está incluido el programa de apoyo a la reforma de la justicia que es considerado uno de los tres pilares fundamentales de su cooperación.

Torlot señaló que dentro de la estrategia de cooperación de la Unión Europea (UE) a Bolivia, el programa de apoyo a la reforma de la Justicia tiene destinado, inicialmente y hasta el 2016, 15 millones de euros en donaciones.

“Es uno de los tres pilares fundamentales de nuestra cooperación a Bolivia. Dependiendo de los resultados, será posible destinar un monto adicional hasta el año 2020”, añadió el diplomático.

La pasada semana, el presidente Evo Morales en Cochabamba dijo que un tema pendiente es la Cumbre Judicial que marcará las directrices para el referendo que tiene el objetivo de comenzar con la reforma de la justicia en Bolivia.

A esto Torlot dijo que “confiamos en que la Cumbre de la Justicia, que figura en la agenda del presidente Morales, será un escenario de discusión democrática, con la participación amplia de todos los sectores y actores de la democracia boliviana.

Allí se definirán, seguramente, objetivos y metas, muchas de las cuales podríamos apoyar con nuestro programa”.

Petición de Bolivia

Dejó en claro que la Unión Europea no lleva adelante programas por su propia cuenta sino que “promueve, más bien, programas de cooperación que responden a las necesidades planteadas en Bolivia, por su Gobierno y por los bolivianos”.

Al mismo tiempo, indicó que las actividades en torno a la reforma judicial se coordinan con todos los actores sectoriales que tienen relación con la temática tanto del Órgano Judicial en su conjunto, así como del Ejecutivo con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.

“A la mesa se suman agencias de cooperación y el sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Todos los integrantes, de una u otra manera, trabajan en forma coordinada en busca de similares objetivos”, aseveró.

Remarcó que el trabajo en el tema de justicia fue a petición del Gobierno de Bolivia y este programa se trata de una iniciativa a largo plazo, que está destinada a fortalecer la democracia boliviana y sus principales instituciones.

“Ninguna democracia puede desarrollarse si no responde a las necesidades de la población y si no construye un base institucional sólida y participativa, cuya fortaleza radique en la confianza de la ciudadanía y en la certeza de que se trata de instituciones de servicio y no de beneficio de pequeños grupos”, indicó.

Señaló también que el propio presidente Evo Morales reconoció los grandes desafíos que la Justicia plantea en Bolivia y que “no es una novedad que allí campea la corrupción, la falta de transparencia y la retardación en la solución de casos”.

Confianza en la justicia, “una tarea de largo aliento”

Para el jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Tim Torlot, dijo que su estrategia en respuesta al pedido del Gobierno de Evo Morales apoya una tarea de largo aliento para recuperar la confianza de los bolivianos en la Justicia.

“Estamos apoyando al desarrollo de la Mesa Sectorial, en la que están involucrados los principales actores del área.

Reconociendo la diversidad de opiniones y visiones, celebramos los pasos que ya se han dado en la creación de objetivos mínimos a conseguir. No es una tarea fácil, por lo que debemos caminar con cuidado”, añadió.

Dijo que esperaba conocer pronto una estrategia específica de parte del Gobierno, que refleje su voluntad para transformar la justicia boliviana. “Confiamos en que las propias instituciones bolivianas tendrán la capacidad para continuar dialogando en busca de reformar su sistema judicial”.

Aseguró que garantizar el acceso oportuno y crear instancias de resolución transparentes es algo que Bolivia necesita, y los propios bolivianos lo han dicho. “Garantizar un sistema judicial transparente, entonces, es una de las bases para fortalecer la plena vigencia de los derechos humanos en una sociedad democrática. Ésa es la base de nuestro diagnóstico y ese objetivo es coincidente con la propia esencia de la Unión Europea”, concluyó.

Monday, March 30, 2015

Video Sepa qué factores considera un juez cuando dicta la custodia de un hijo

Video Los fiscales destituidos en La Paz rechazan su alejamiento y anuncian que presentarán amparos

Video Se fue el Fiscal General y nuevamente los fiscales de La Paz desaparecieron

Gobierno denunciará a los jueces que beneficiaron a exasesor de Humala

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo ayer sentirse indignado por la decisión de la Primera Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que anuló las dos resoluciones con las que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó el pedido de refugio del empresario peruano Martín Belaunde Lossio.

Belaunde Lossio, exasesor de Ollanta Humala, es investigado por la fiscalía en Perú por los presuntos delitos de coautoría de peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos por el Caso ‘La Centralita’.

Según informó el diario “El Deber”, Moldiz adelantó que denunciará a los integrantes del referido tribunal, los vocales Ramiro López y Ricardo Chumacero.

“(Siento) indignación frente a lo que han hecho dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia al meterse donde no están convocados, que es a ver la institución del refugio. La resolución que han tomado es un atentado contra todas las normas vigentes”, manifestó.

Moldiz afirmó que los jueces López y Chumacero “no merecen” ser autoridades judiciales, porque gracias a su fallo Belaunde Lossio tiene nuevamente la protección de la Conare. Es decir, no puede ser extraditado ni expulsado.

“La resolución en los hechos vuelve a foja cero todo el trámite, como si fuera el primer día, pese a que existen los suficientes elementos que hacen ver que este señor no es ningún perseguido político y no merece tener refugio”, señaló.

Agregó que el arresto domiciliario contra Belaunde Lossio vence el 21 de mayo. Tras, ello se verá qué sucede.

Resolución

El pasado viernes, el TDJ de La Paz aprobó un fallo que deja sin efecto las resoluciones del 26 de enero y del 11 de marzo que rechazan la solicitud de refugio presentada por el empresario y también exasesor del Presidente de Perú, informó el abogado del acusado, Jorge Valda. Por esta razón, complementó, su cliente no podía ser expulsado ni extraditado del país.

“La resolución que han tomado es un atentado contra los convenios internacionales, un atentado contra la Constitución, un atentando contra el convenio sobre el refugio y en las próximas horas, sino es mañana (lunes) o pasado mañana (martes), haremos un informe más detallado sobre nuestra posición, pero además acompañado de una acción contra estos dos vocales que no merecen estar donde están”, señaló Moldiz, según ANF.

Caso a la CIDH

El caso del empresario Martín Belaunde puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría disponer medidas para que la justicia peruana le otorgue las debidas garantías judiciales, dijo ayer su abogado José Urquizo al Diario Uno de Perú.

Manifestó que los constantes ataques de la oposición política peruana han violado su derecho a un juicio imparcial, generando un ambiente de inseguridad jurídica, hecho que podría ser corregido por la CIDH para que pueda ser procesado de manera objetiva.

“El Estado Peruano tendría que asumir las reglas que le asigna la comisión”, afirmó Urquizo.

Sunday, March 29, 2015

El fiscal boliviano es experto en leyes, pero débil en las pericias

El perfil del fiscal boliviano puede definirse desde múltiples enfoques, pero en algo coinciden abogados, expertos y los mismos funcionarios del Ministerio Público: es un experto en el área legal, pero débil en las pericias, en dirigir una investigación desde el ámbito científico y las ciencias forenses.
En palabras del gerente general del Gabinete Especializado en Pericias (GEP), Franklin Vargas, uno de los pocos peritos en criminalística que hay en Bolivia, "el punto débil del fiscal es que se cierra sólo en el ámbito legal y delega a su investigador o a los peritos la parte de investigación científica. Entonces debe crecer en el conocimiento científico para exigir también a su personal”.
Esta debilidad genera cuestionamientos a su trabajo y lo peor, que no se sepa a ciencia cierta la verdad de algunos hechos. Ejemplos son el caso de la niña Patricia (violada y asesinada en 1999, hay sentencias, pero muchas dudas) o el del bebé Alexander (muerto tras ser supuestamente violado en 2014).
El problema está, como lo reconocen algunos fiscales y hasta su máxima autoridad, Ramiro Guerrero, en que la gran mayoría -sino todos- son abogados. "Bien sabemos que uno no estudia para ser fiscal. Todos estudian para ser abogados, algunos hacen diplomados o maestrías en materia penal, constitucional, pero no hay un estudio específico para ser fiscal”, dice la autoridad.
En efecto, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260, de julio de 2012, establece como requisitos para ser fiscal: 1) Ser abogado, juez o fiscal durante cuatro años, previa convocatoria. 2) Vencer el curso de formación inicial en la Escuela de Fiscales del Estado (que hasta ahora no empezó). No se menciona nada sobre habilidades en pericias.
Vargas sostiene que las capacidades del actual fiscal no son suficientes y no pueden compararse con lo que ocurre en otros países. Si bien no es necesario que sea un perito o experto en ciencias forenses, debería conocer en qué consisten sus diferentes áreas (como criminalística, documentología, balística, accidentología, etcétera) para dirigir una investigación y saber qué se necesita.

"Evidentemente tienen que saber de qué se tratan estas materias forenses y cómo utilizarlas para la investigación del delito. Por ejemplo, cómo saber si una firma es auténtica o falsa”, sostiene el especialista.
La deficiencia no sólo está en el Ministerio Público, que es la cabeza de la investigación, comienza desde los "investigadores”, policías asignados a un caso. Es una utopía pensar que en la Policía un licenciado en criminalística procese la escena de un crimen. "Llevas a un policía que patrulla calles a un caso de violación, a un homicidio, no sabe cuáles son los primeros actos”, comenta un fiscal que pidió reserva.
En el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) ocurre algo similar. Paradójicamente, aunque todos firmen como médicos forenses, pocos lo son. Son médicos generales con diplomados o maestrías en medicina forense.
Desde ahí empiezan las trabas para esclarecer un caso. "El problema que empieza con los investigadores se convierte en un problema para los fiscales. Lo hemos visto ya en casos sonados en los medios. ¡Ya es hora de que despertemos!” reclama Vargas.
Guerrero responde: "Somos conscientes de estas debilidades Debemos capacitar a los fiscales”.

Ninguno de los 508 fiscales de Bolivia inició la nueva carrera

En todo Bolivia hay 508 fiscales, ninguno pasó hasta el momento por la Escuela de Fiscales, creada en 2012 junto a la Ley 260, y que hasta ahora no arrancó en la formación inicial de la nueva carrera fiscal.
Según el informe institucional 2012-2014 del Ministerio Público, la Escuela de Fiscales debía iniciar el primer semestre de este año el primer curso de formación inicial bajo la modalidad presencial y semipresencial, algo que no ocurrió hasta el momento.
Sin embargo, según el fiscal general, Ramiro Guerrero, desde su creación se realizaron cursos de capacitación a servidores públicos que duraban días o algunas semanas; todavía se aguarda la convocatoria para la carrera inicial, que se estima durará hasta seis meses.
"En una primera fase no serán los 508, se prevé que unos 150 fiscales ingresen a la escuela y se capaciten y sean parte de la nueva carrera fiscal”, dijo Guerrero.
Por el momento todos los reglamentos para su funcionamiento ya fueron aprobados y según la responsable de esta institución de formación, Fátima Barrios, ya se cuenta con un nuevo currículo pensado para el nuevo perfil del fiscal boliviano.
"Las asignaturas de la nueva malla son para construir el nuevo perfil del fiscal”, informó Barrios, aunque no precisó el contenido de ésta, ni si se incluirán materias de las ciencias forenses.
"Lo recomendado es activar la Escuela Fiscal, pero hacer énfasis en la investigación científica del delito y en las ciencias forenses. El fiscal ideal tiene que tener muchos conocimientos y referencias, porque él acude a especialistas y debe saber de qué se trata su especialidad, sacarle el mayor provecho, cómo le funcionará en un caso”, dijo el perito en criminalística Franklin Vargas.
La Escuela Fiscal (2012) reemplaza al Instituto de Capacitación del Ministerio Público (ICMP), creado en 2001 por la antigua ley, la 2175.



"No atendimos el área de investigación técnico-científica. Cada fiscal pasa cursos con su dinero, de acuerdo con su tiempo y especialidad”.
Frase de un fiscal de materia

"Es cierto que los investigadores deben capacitarse, pero nosotros también como directores funcionales de la investigación. No se hace esto”.
Frase de fiscal anticorrupción

"El fiscal debe estar bien capacitado. Hoy simplemente hay abogados que ingresan sin la capacitación que se dio en 2007 o 2008 en Sucre”.
Frase de un fiscal de materia

Lleva la batuta
Atribución El fiscal cumple la función de director funcional de la investigación y de la actuación policial para el esclarecimiento de un hecho.
Ciencias forenses Ciencias que la ley usa para esclarecer un delito, sea química, física, psicología, etcétera.

Delegan a Paul Franco como nuevo fiscal departamental

La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, fue destituida de su cargo y su lugar será ocupado durante un mes por el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, Paul Franco, reportó la agencia de noticias Erbol.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, tomó la decisión de reemplazar a Santos tras cinco días de intervención al Ministerio Público de La Paz.

“Estamos agradeciendo como fiscal departamental a Patricia Santos (...) y tomé la decisión de delegar al Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General para que se haga cargo de la Fiscalía Departamental de La Paz”, afirmó Guerrero.

La fiscal Santos fue cuestionada en las últimas semanas principalmente por no lograr esclarecer el caso del bebé Alexander y por sus deudas con la dueña del departamento que alquilaba

Junto a Santos también fueron echados de sus cargos otros seis fiscales de materia.

Saturday, March 28, 2015

Descabezan Fiscalía paceña y prevén ‘purga’ en Santa Cruz

“En la Fiscalía de La Paz todo el mundo hacía lo que le daba la gana”, sentenció ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, al anunciar la destitución de la fiscal de distrito, Patricia Santos; de otros seis miembros del Ministerio Público y la indagación de 29 por casos de retardación, maltrato y, aunque está en indagación, hasta consorcio con abogados y con jueces.

“A partir de hoy ya no es más fiscal departamental Patricia Santos, se le notificó y agradeció su servicio”, señaló. El director de asuntos jurídicos de la Fiscalía, Paul Franco, asumió el cargo por el lapso de un mes.
Patricia Santos estuvo involucrada en un escándalo por no pagar el alquiler del apartamento que ocupaba en La Paz. La exfiscal del distrito cumplió con su compromiso por la intervención del fiscal general.

Más casos
Guerrero anunció que “seis fiscales fueron destituidos. Hay otros que están en evaluación y tomaremos decisiones en los próximos días”. No quiso revelar los nombres de los aludidos.

El fiscal general concluyó ayer cinco días de intervención de la Fiscalía paceña. “Atendimos 475 personas, solucionamos 98 de ellos. Se hicieron diligencias en 326 casos y se recibieron 28 quejas y reclamos”. Anunció que el mismo procedimiento se aplicara en los próximos días, en Santa Cruz y Cochabamba.

Guerrero especificó que 29 fiscales fueron remitidos a régimen disciplinario. “Ya hay investigador y autoridad sumariante en 17 de los 29”. Los problemas detectados son negligencia, retraso en los plazos procesales, extravío de cuadernos y pruebas, y maltrato.

Manifestó su preocupación y llamó la atención de los abogados para que desarrollen su trabajo con ética, el buen servicio, en el marco del derecho y del procedimiento. “Hay muchas fallas de ellos, como también es una tarea del Órgano Judicial, lo es de la Policía, que nos acompaña en esta labor”.

Se le consultó si es que hablaba de consorcio. “Estamos investigando, no nos quedaremos en los seis destituidos”

Magistrados expresan apoyo a Von Borries



El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fidel Tordoya aseguró ayer que sus colegas nunca pidieron la renuncia del presidente, Jorge von Borries, y más bien esperan que continúe desempeñando sus funciones.

“Este magistrado aplaude al doctor Von Borries que, pese a su tardanza, porque él estuvo en el directorio de la DAF desde que entró como magistrado hace tres años y medio, recién esté institucionalizando los cargos de la Dirección Administrativa y Financiera”, expresó Tordoya.

Un día antes, otro magistrado, Gonzalo Hurtado, aseguró que la elección de Von Borries es de tres años y todavía no cumplió con su mandato constitucional, y añadió que, como máxima autoridad judicial, es respetuoso de las leyes.

Las declaraciones de ambos magistrados surgen luego de que Von Borries revelara que existía una corriente al interior del TSJ que pretendía promover su cambio, a raíz de la institucionalización de los cargos administrativos en el Órgano Judicial. Tordoya atribuyó ese hecho a una campaña de desprestigio en contra del Órgano Judicial, sin embargo, no identificó de dónde vienen los ataques y tampoco quiso referirse a las personas que promueven dicha campaña.

Por otra parte, Tordoya, a tiempo de ratificar su confianza en Von Borries, le exigió que comience con la disminución de funcionarios administrativos en la institución y que continúe con la institucionalización de la DAF y de la Escuela de Jueces.

Suman las denuncias en contra de fiscales; Santos está en la mira



En cuatro días de intervención al Ministerio Público de La Paz, aumentaron las denuncias de litigantes en contra de los fiscales, ayer sumaron al menos otras 200. La fiscal departamental, Patricia Santos, tiene serios cuestionamientos a su trabajo. El lunes, el trabajo realizado por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, junto a su equipo jurídico de Sucre, comenzó en las divisiones Económica Financiera, Anticorrupción, Plataforma de la Fiscalía Departamental de La Paz y la Unidad de Víctimas, ante diversas denuncias de irregularidades. Hasta el miércoles se recibieron 145 acusaciones.

La Razón verificó que hasta las 15.00 de ayer, al menos otras 200 personas presentaron denuncias en contra de los fiscales paceños por retardación de justicia, corrupción y abusos. Las acusaciones fueron presentadas ante Guerrero y directores de la Fiscalía General, en oficinas del Ministerio Público de La Paz.

Ayer, los litigantes hicieron largas filas en el segundo piso de la Fiscalía Departamental para poder hacer sus denuncias, y mejor si era ante el Fiscal General Una persona que no quiso dar a conocer su identidad, por temor a represalias, indicó que quería denunciar ante la autoridad los cobros que le hizo un fiscal para que avance su caso.

Asimismo, una señora y su hija contaron que sufrieron un robo, que se identificó a los culpables del hecho, pero el proceso, desde hace más de ocho meses, no avanza por decisión del fiscal. Sobre el tema, Guerrero afirmó que hoy dará a conocer los resultados de la intervención a las diferentes unidades de la Fiscalía paceña, ya que existe preocupación por el mal trabajo que realizan algunos fiscales.

“Hemos convocado al mundo litigante para que venga a hacer sus quejas; por lo que se vio, hay una gran cantidad de gente que se hizo presente en la Fiscalía Departamental de La Paz”, señaló la autoridad nacional. Los casos más reiterados son maltratos, incumplimiento de plazos y cobros irregulares, “entonces, esos son los casos de mayor frecuencia que se recibió”.

Explicó que entre las denuncias de maltratos en algunos despachos, se apunta a los asistentes y auxiliares, por lo que advirtió que se tomarán drásticas medidas en este tema. Guerrero indicó el miércoles que 14 fiscales fueron remitidos a procesos disciplinarios y que cuatro serán destituidos, entre ellos Ruddy Terrazas, por el caso del periodista que fue detenido en el penal de San Pedro.

Una fuente vinculada al proceso de intervención declaró a este diario que la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, tiene serios cuestionamientos a su labor y denuncias en su contra, por lo que Guerrero habría tomado la determinación de removerla del cargo. La Fiscalía General ya intervino tres áreas del Ministerio Público de El Alto: Económica Financiera, Unidad de Víctimas y Propiedades. En dichas unidades también se recibieron denuncias.

Exfiscal dice que existe una red de corrupción

El exfiscal Jhonny Garnica denunció ayer que al interior de la Fiscalía Departamental de La Paz existe una red de corrupción, cuyos integrantes se hacen cargo de los casos más grandes. La revelación surgió en el proceso de intervención que realiza la Fiscalía General del Estado por supuestos actos irregulares en el Ministerio Público paceño, en donde ya se recibió al menos 345 denuncias de litigantes por cobros ilegales y abusos.

“Yo vi en persona que muchos fiscales que tenían denuncias de corrupción y otros, repetidas veces, fueron promovidos a mejores cargos, no sé por qué. Se tejió una red de corrupción al interior y es manejada por los fiscales antiguos”, denunció en la red ATB.

Agregó que en el Ministerio Público de La Paz los fiscales más antiguos tienen entre 12 y 15 años de labor y, al parecer, “se eternizan en el cargo” y rotan en diferentes unidades, como Anticorrupción, Tránsito, Aduana y Antinarcóticos, áreas en las que supuestamente se puede sacar mucho rédito económico de parte de los litigantes.

Intervienen tres áreas en la zona Sur

La Fiscalía General del Estado tiene previsto intervenir hoy tres unidades del Ministerio Público de la zona Sur de la ciudad de La Paz, por las denuncias de irregularidades que hay en estas instancias judiciales. Esta acción se realizará en el marco de la reestructuración que dirige el fiscal general, Ramiro Guerrero, quien junto a su equipo de directores del Ministerio Público ya intervinieron al menos seis áreas en la ciudad de La Paz y El Alto, por actos irregulares. A raíz de ello se derivó a 14 fiscales a procesos disciplinarios y se anunció la destitución directa de cuatro representantes de la Fiscalía.

Guerrero informó que tiene previsto realizar la intervención de las divisiones de la Fiscalía de la zona Sur en Propiedades, Unidad de Víctimas y Económica Financiera, por posibles actos irregulares cometidos por fiscales y otros funcionarios de la institución.

“Hay casos de mero trámite y lo vimos. Esto ya es tema de actitud y no hay compromiso, pese a que los fiscales tienen una gran carga procesal; sin embargo, debe haber el compromiso y voluntad para atender a la sociedad”, declaró la autoridad a los periodistas.

En las anteriores intervenciones que se hizo en la sede de gobierno y El Alto, las denuncias en contra de fiscales fueron más por cobros irregulares, retardación de justicia y excesos por parte de fiscales y funcionarios en contra de los litigantes. En los tres días de esa intervención hubo al menos 345 personas que hicieron denuncias.

Sobre estas últimas y las destituciones, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, cuestionó las intervenciones y señaló que entre fiscales no se pueden investigar, por lo que no habría credibilidad en esos actos que se realizan. El miércoles, Guerrero anunció que se implementará un nuevo modelo corporativo de la Fiscalía, en el que los fiscales ya no serán dueños de los casos y cualquiera de ellos podrá atender las causas.

Convocan a abogados para ser nuevos fiscales

El fiscal general Ramiro Guerrero convocó a abogados a presentarse con sus hojas de vida con el fin de ser los nuevos fiscales de materia de La Paz.
"Quiero convocar a los profesionales abogados que quieran ser parte del nuevo Ministerio Público, que reúnan las condiciones académicas de profesionalidad y éticas. Hacemos una convocatoria pública a los abogados para que participen en un proceso de selección transparente”, llamó Guerrero.
Los juristas que quieran formar parte del Ministerio Público de La Paz deben presentar sus hojas de vida desde el próximo jueves 2 de abril en la Fiscalía de Distrito de La Paz.
"Queremos contar con gente proba, comprometida, idónea para que venga a servir a la ciudadanía y no a servirse del cargo”, expresó Guerrero.
El trabajo se enmarca en la nueva visión del Ministerio Público liderada por el fiscal general y la aplicación de la política de puertas abiertas al atender la demanda de justicia de la población en cumplimiento del mandato constitucional de defensa de los derechos de la ciudadanía en su conjunto.
Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público ordenó que en La Paz se realicen dos eventos de capacitación para los fiscales de materia con el fin de refrescar el conocimiento y las capacidades de los servidores públicos.
Ambos eventos se deberán realizar en el marco de la intervención y evaluación de los fiscales de La Paz y El Alto

Proceso disciplinario a jueza Camacho

En medio de una inusitada expectativa, ayer se inició el proceso disciplinario contra la jueza de Instrucción Mixto Liquidador y Cautelar de Viacha, Lorena Camacho, tras la denuncia presentada por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, por presuntas vulneraciones a la normativa tras emitir la resolución donde disponía la detención preventiva contra el periodista Carlos Quisbert por el supuesto delito de Obstrucción a la Justicia de acuerdo con la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz (Lucha Contra la Corrupción).

El Tribunal Tercero Disciplinario de La Paz presidido por Nataly Vargas fue la responsable de llevar la audiencia. Antes del inicio de la audiencia la jueza Camacho solicitó a la magistrada no permita que le tomen fotografías porque en su criterio habían mellado su dignidad.

Luego le preguntaron que cuál era el delito que había cometido el periodista Carlos Quiisbert. La Jueza respondió indicando que, "fue enviado preventivamente a la cárcel de San Pedro por obstaculizar las investigaciones del caso Alexander, ratificando y justificando la medida que tomó".

Posteriormente le tocó al periodista Qusibert quien ratificó que se vulneraron sus derechos desde el momento que fue arrestado en Qalauma, lo tuvieron incomunicado y no le permitieron ejercer su defensa.

Guerrero destituye a Santos y deja a Franco en cargo por un mes

Luego de cinco días de intervención, en los que constató una serie de falencias, junto a otros seis fiscales destituidos, la máxima autoridad del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, tomó la determinación de “agradecer los servicios”, de Patricia Santos, y dejar a cargo de la Fiscalía de Distrito al director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, Paúl Franco.

Al ser consultado sobre si los graves cuestionamientos en el caso Alexander y la detención del periodista de EL DIARIO (el 8 marzo, mientras investigaba este caso) fueron los factores que influyeron en la destitución de Santos, el Fiscal General señaló que esta decisión se dio en base a varios factores, entre ellos, la inacción o el exagerado protagonismo de los fiscales: “Aquí (en La Paz) parecía que no había una autoridad, cada fiscal hacia lo que quería”, remarcó Guerrero.

475 DENUNCIAS EN 5 DÍAS

Además de la destitución de Santos, que era el comentario general en pasillos de la Fiscalía de Distrito desde que se inició la intervención, por un tema de respeto, se negó a dar el nombre de los otros seis fiscales destituidos, e informó que junto al equipo de 12 personeros de la Fiscalía General se atendieron 475 denuncias de personas en cinco días.

De esta cifra, 98 denuncias fueron resueltas de manera inmediata. Por otro lado, 326 casos fueron rencausados y se recibieron 28 denuncias por malos tratos.

De los cerca 120 fiscales que trabajan en La Paz, 29 fueron remitidos a tribunales disciplinarios, entre ellos, el fiscal de Viacha que pidió la detención del periodista Carlos Quisbert en el penal de San Pedro, Rudy Terrazas.

DESTACA LABOR DE ALGUNOS

Por otro lado, Guerrero destacó la labor de los buenos fiscales que cumplen su labor investigativa de manera adecuada y mantiene en orden su despacho. Sin embargo, llamó a la reflexión a sus “colegas abogados” en La Paz, para que presten un mejor servicio a la sociedad litigante.

ADVIERTE A FISCALES DE DISTRITO

“Yo quiero, desde la ciudad de La Paz, mandar un mensaje a los ochos fiscales departamentales del país, un buen trato a la gente, apertura en sus despachos, (…) y si todavía no han entendido, que este es un nuevo tiempo en el Ministerio Público, pues los vamos a cambiar”, advirtió ayer Guerrero minutos antes de anunciar la destitución de Santos.

En estos cinco días se intervino las áreas de las Fiscalías Especializadas en la Ley 348 (Violencia contra la Mujer); Patrimoniales; Contra la Vida y la Integridad de las Personas; Delitos de Corrupción; Económicos-Financieros; Corrupción Pública, además de Plataforma de Atención al Público y de Análisis.

Franco asume la Fiscalía Departamental con el reto de ejecutar los cambios y una nueva reingeniería instruidos por Guerrero.

84 jueces vigilarán comicios en La Paz

El presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, informó ayer que 84 jueces acompañarán la jornada electoral del domingo en el departamento de La Paz, para preservar los derechos y garantías de la ciudadanía.

“El Órgano Judicial acompaña este proceso desde el ámbito técnico-jurídico, con la participación de 28 jueces electorales en la ciudad de La Paz, 26 en El Alto y 30 en provincias”, detalló.

Berríos indicó que ese grupo de profesionales comenzará su jornada desde las primera horas del domingo, cuando más de 1.7 millones de ciudadanos habilitados en La Paz emitirán su voto.

“Las obligaciones y los derechos de esos electores serán garantizados por la acción jurisdiccional de las juezas y jueces desplazados en las 20 provincias”, agregó.

Los jueces tendrán atribuciones para conocer, resolver y sancionar en primera instancia las faltas electorales cometidas por los jurados, los notarios, los servidores públicos, organizaciones políticas y particulares.

También podrán recibir denuncias emanadas del Ministerio Público, emitir cédulas de comparendo e imponer las sanciones pecuniarias y/o privativas de libertad a los que vulneren las prohibiciones durante ese día.

TSJ DECLARA PROCEDENTE UN AMPARO

En su edición electrónica de ayer, el diario limeño La República informó que el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) de Bolivia declaró procedente el recurso de amparo planteado por la defensa de Martín Belaunde Lossio en contra la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), que rechazó su solicitud de refugio.

Como resultado de ello, el empresario peruano, según su abogado, Jorge Valda, vuelve a tener la calidad de solicitante de refugio y la protección estatal.

Friday, March 27, 2015

Video Un fiscal puede llegar a ganar hasta los Bs 10 mil

Video Litigantes se quejan de auxiliares y pasantes de la Fiscalía de La Paz

Destituyen a fiscal Patricia Santos y a otros seis fiscales de materia

La fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, fue destituida hoy junto a otros seis fiscales de materia. "Producto de la intervención (ocurrida el lunes), se ha procedido a la destitución de seis fiscales de materia, además de la Fiscal Departamental de La Paz (Patricia Santos). La intervención en esta Fiscalía se extenderá por espacio de un mes y similar trabajo se realizará en el resto del país”, informó hoy el fiscal General, Ramiro Guerrero, en conferencia de prensa.

Anunció que en lugar de Santos fue posesionado interinamente el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, Paúl Franco Zamora, con el reto de ejecutar los cambios y una nueva reingeniería en el Ministerio Público de La Paz.

Durante la intervención, entre el lunes y hoy, Guerrero, junto a un equipo de 12 funcionarios recogió denuncias de la ciudadanía en las ciudades de La Paz y El Alto, las que tienen que ver con retardación de justicia, cobros ilegales, abuso de autoridad, entre otras irregularidades.

"En total hemos atendido a 475 personas y de esa cifra se ha dado solución efectiva e inmediata a 98 casos, se recogieron 28 quejas y reclamos, y se remitió a 29 fiscales a régimen disciplinario para su procesamiento”, dijo Guerrero.

La autoridad invitó a los abogados que quieran ser parte de la Fiscalía Departamental de La Paz y para ello sugirió que presenten sus hojas de vida a partir de lunes en oficinas de la Fiscalía de La Paz. "Queremos contar con gente proba, comprometida, idónea para que venga a servir a la ciudadanía y no a servirse del cargo”, expresó.

Casos emblemáticos

Guerrero permaneció en laciudad de La Paz durante una semana para identificar los problemas internos en la entidad y evaluar la labor fiscal. El caso del ex fiscal Humberto Quispe denunciado por hechos de corrupción fue el primero en destapar la crisis de la entidad, las víctimas del funcionario se organizaron para hacer varias protestas.

El segundo caso, involucró directamente a Santos, quien fue acusada de no pagar durante 33 meses el alquiler de su departamento, el monto acumulado por el incumplimiento fue de 93 mil bolivianos.

Guerrero también removió a otros seis fiscales "producto de la intervención, se ha procedido a la destitución de seis fiscales de Materia, además de la Fiscal Departamental de La Paz. La intervención en esta Fiscalía se extenderá por espacio de un mes y similar trabajo se realizará en el resto del país".

Según el titular del TSJ, buscan su remoción



El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, reveló ayer que existe una corriente al interior de su institución que pretende promover su cambio por haber planteado la institucionalización de los cargos en la parte administrativa.

“Sé que hay por debajo una corriente que puede ser generada porque hemos determinado en el directorio de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) institucionalizar la Dirección General, que es la que maneja todos los fondos del Órgano Judicial”, declaró Von Borries en Sucre.

El titular del TSJ no dio nombres ni pistas de los que quieren que deje el cargo, pero se conoció que hay tres magistrados del citado ente que estarían tras esta acción. Para el cambio del presidente del Tribunal se necesita la mayoría de los votos de los magistrados, de un total de nueve.

Von Borries está en el cargo desde el 5 de febrero del año pasado, cuando fue elegido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia luego de la renuncia de Gonzalo Hurtado, quien fue el primer presidente del Órgano Judicial tras las inéditas elecciones de autoridades judiciales por voto popular en octubre de 2011.

La autoridad señaló a La Razón que el directorio de la DAF determinó institucionalizar los cargos para elegir a gente profesional de alta capacidad y que ya no se llegue a otorgar “pegas” a dedo y con base en intereses personales o políticos.

Avance. Para este objetivo, Von Borries anunció que en los próximos días se emitirá la convocatoria a nivel nacional para que profesionales de las áreas económicas puedan acceder a los cargos bajo examen de competencia y concurso de méritos. Por su parte, el magistrado Gonzalo Hurtado dijo que la normativa del Órgano Judicial establece que el mandato de la presidencia es de tres años y, en ese marco, indicó que su colega Von Borries todavía no ha cumplido su periodo constitucional y agregó que ellos, como máximas autoridades judiciales, son respetuosos de la ley.

También señaló que este tema no fue planteado en ninguna instancia del Tribunal Supremo para ser considerado, pero aclaró que siempre existen posiciones de sus colegas al momento de debatir algunos cambios en la institución.

Decenas de personas colapsan la Fiscalía para hacer denuncias

"Sinceramente hoy encontré justicia porque aquí el doctor me indicó lo que nadie me quería escuchar. Porque yo siempre decía ‘he firmado un acuerdo transaccional’ pero nadie me quería escuchar. Ahora sí el doctor me entendió”, declaró ayer Bety Acarapi que empañaba sus lentes de aumento con sus lágrimas.
Ella era una más entre las decenas de personas que en el cuarto día de intervención se formaron en puertas del despacho que instaló la Fiscalía General en La Paz para denunciar irregularidades en sus procesos.
Hasta las 9:00 la gente todavía usaba los sillones para esperar su turno, el llamado del equipo interventor que llegó con el fiscal general, Ramiro Guerrero. Pero a pocos minutos para el medio día la fila se hacía de pie y llegaba de espaldas muy cerca de la oficina de la fiscal departamental, Patricia Santos.
A Acarapi la procesan por segunda vez por un caso en el que ya llegó a un acuerdo transaccional. Le dijeron que presentara el acuerdo al fiscal asignado y a ella le bastó con eso, algo que al parecer nadie le había explicado.
Agustín Loza también esperaba para quejarse con sus abogados. El representante de la Asociación de Jubilados de la UMSA mantenía un proceso desde 2013 contra una exsecretaria y desde entonces no había avances. "Aquí nos dijeron que investigarán y se harán cargo. A diferencia de lo de siempre, esto es mucho mejor, una atención muy buena”.
Pelagio Vicente espera desde hace un año la respuesta a una objeción que presentó ante un rechazo en su denuncia contra unos avasalladores. "Salgo un poco conforme porque (antes) sólo me dijeron que investigarán y tengo que hablar con el fiscal asignado a mi caso”.
Un abogado que prefirió no dar su nombre fue a denunciar "el incumplimiento de deberes del fiscal, la negligencia en su actuación y su parcialización”. Sostiene un proceso para recuperar un local comercial desde diciembre del año pasado, pero hasta ahora no tiene avances. "Me dijeron que sancionarán al fiscal si mis denuncias son ciertas y que tengo vía libre para ir a Régimen Disciplinario”.
Cerca de las 11:30 la fila rebasó el espacio asignado. Al mismo tiempo que salían los que fueron atendidos llegaban más personas con reclamos. Un momento de esos la fiscal Patricia Santos salió de su oficina y observó la cantidad de gente aglomerada antes de dar media vuelta y entrar a su despacho.
Los medios de comunicación consultaban con la gente. Algunos lloraban y otros explicaban con más calma el motivo de su visita. El asambleísta Roberto de la Cruz llegó con la Asociación de Víctimas de Octubre Negro para pedir información sobre la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la aceleración en el resarcimiento de los heridos. "No podemos tener fiscales con falta de moral para investigar delitos. El fiscal general se comprometió a esto”.

Guerrero informó que hoy difundirá los resultados de la intervención a la Fiscalía de La Paz, que empezó el lunes. La cantidad de fiscales procesados (que hasta el miércoles eran 14 por la vía disciplinaria) y destituidos (que eran al menos tres). Aunque llegará una semana cada mes a la urbe paceña desde Sucre, dijo "no podemos hacer cada vez el trabajo de la fiscal departamental”.

Testimonios
Pelagio vicente, comunario de Jiska Palca
Me rechazaron el proceso porque dicen que no cumplí los requisitos. Presenté mi objeción a principios del año pasado y hasta ahora el fiscal no lo envía a la Fiscalía Departamental para que lo revisen, se lo guarda y no quiere acelerar para favorecer a los avasalladores de un área minera. Yo por lo menos me quejo, allá en mi comunidad hay gente que ni siquiera protesta porque no saben. Aquí me dijeron que investigarán.



anónimo, abogado en un proceso por hurto
Desde diciembre del año pasado que el fiscal no hizo nada en un caso que yo denuncié por hurto, eso es lo que vine a denunciar. Tengo que ser yo el que presenta memoriales y hace un sin número de requerimientos, pero a él no le da la gana. Ahora parecen que los de la Fiscalía General están abiertos. Me dijeron que buscarán el cuaderno de investigación y de ser cierto lo que yo afirmo, habrá sanciones contra el fiscal asignado.

Juzgado Disciplinario admite proceso contra jueza de Viacha

El Juzgado Disciplinario Tercero de La Paz admitió la denuncia contra la juez de Instrucción Mixto Liquidador y Cautelar de Viacha, Lorena Camacho, dentro el proceso que se le instauró de oficio desde el Consejo de la Magistratura al observar que vulneró los derechos del periodista Carlos Quisbert a quien detuvo preventivamente en la cárcel de San Pedro por supuesta Obstrucción a la Justicia de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 004 en el denominado caso bebé Alexander.

Ayer fueron notificadas las partes, tanto la jueza Camacho como el periodista Quisbert, quienes deberán presentarse hoy desde las 09.00 en el Juzgado Disciplinario para que presenten sus pruebas de cargo y descargo en el proceso disciplinario que le fue instaurado.

La admisión de la denuncia es por las supuestas Faltas Disciplinarias establecidas en los artículos 186 Falta Leve Num. 8 "Cualquier otra acción que represente conducta personal o profesional inapropiada, negligencia o descuido o retardo en el ejercicio de sus funciones o menoscabo de su imparcialidad, que pueda ser reparada o corregida; y 187 Falta Grave Num. 14 Omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que están obligados". Ambos artículos están incluidos en la Ley del Órgano Judicial Nº 025.

PROCESO

El proceso instaurado desde la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura se dio a conocer tras que en fecha 8 de marzo se dispusiera el arresto del periodista Carlos Quisbert por disposición del fiscal Rudy Terrazas, quien lo imputó por el delito de Obstrucción a la Justicia tipificado por el artículo 32 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz (Lucha Contra la Corrupción) al día siguiente se dispuso la detención preventiva por la jueza de Instrucción Mixto Liquidador y Cautelar de Viacha, Lorena Camacho, quien avaló la imputación del Ministerio Público y se dijo que no permitió que el imputado asista a la audiencia con su abogado, vulnerando de esa manera el derecho a la defensa. Quisbert fue cautelado en tiempo récord. Tras protestas y movilizaciones el periodista fue liberado.

Thursday, March 26, 2015

Video Dos policías fueron dados de baja definitiva por trasladar marihuana

Video Exfiscal revela que hay una red de fiscales corruptos que escogen casos

Magistratura posesiona a nuevas autoridades



El presidente en ejercicio del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño, posesionó a las nuevas autoridades de la institución, entre directores, jefes nacionales y al nuevo representante distrital de Santa Cruz.

En el acto protocolar que se realizó en Sucre, Triveño exhortó a asumir un compromiso íntegro con la institución en el desarrollo de sus funciones y la contribución en el trabajo del Consejo de la Magistratura.

Álvaro Cuéllar, en representación de las nuevas autoridades, aseguró que se sienten comprometidos con este nuevo desafío, que entre todos buscarán las nuevas formas de hacer un mejor trabajo. También sugirió a sus colegas desarrollar labores en el marco de la cooperación y el apoyo mutuo, demostrando eficiencia y transparencia, evitando las malas prácticas, que hacen daño a la institución.

Guerrero remite a régimen disciplinario a 14 fiscales

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó hoy que 14 fiscales de La Paz fueron remitidos a régimen disciplinario por incumplimiento de plazos en procesos y por actos de corrupción.

"Hemos remitido ya a 14 fiscales a régimen disciplinario para su proceso, un proceso rápido no vamos a esperar meses. Hemos instruido al Director de Régimen Disciplinario de la Fiscalía que los resultados de esos procesos tienen que salir en esta semana", señaló en entrevista con la Red Patria Nueva.

Precisó que en el marco de la intervención de la Fiscalía Departamental de La Paz se detectó malos tratos de servidores públicos, el incumplimiento de plazos e irregularidades en algunas áreas de esa institución.

Según el Fiscal General, superar la retardación de justicia es un "tema de actitud, compromiso y servicio a la gente" por parte de los administradores de justicia.

"Es el cambio de actitud, no podemos cerrar las puertas, mucha gente por el hecho de hablar con la autoridad se siente tranquila y el hecho de recibir a alguien no implica que nosotros estemos tomando una decisión favorable o desfavorable, implica escuchar somos defensores de la legalidad", afirmó.

Sostuvo que evidenció que son reiterativas las faltas de algunos fiscales por lo que se asumirá "decisiones drásticas" tales como: la destitución y los cambios en la Fiscalía Departamental de La Paz.

Asimismo, anunció que el equipo de la Fiscalía General trabajará una semana al mes en la regional de La Paz para hacer seguimiento a las labores de los administradores de justicia.

Descubren 17 denuncias contra un juez que promueve avasallamientos

Más de 18 denuncias presenta el juez Edwin Carvajal, mismo que favoreció a unos presuntos comunarios en la ocupación ilegal de predios en Achocalla.
Francisco Bozo, representante legal de la Cooperativa de Viviendas del Servicio Nacional de Caminos (Covisenac), junto a todo el Directorio desde hace más de cuatro años están luchando para recuperar parte de sus 22 hectáreas avasalladas por un grupo de supuestos comunarios en Achocalla.
Los propietarios se vieron sorprendidos cuando por casualidad se enteraron que existía una demanda de usucapión que inició un grupo de presuntos comunarios sin comunicarles.
El juicio que estaba bajo la responsabilidad del juez Edwin Carvajal presentó algunas irregularidades desde el inicio.
“Cuando nos enteramos de la existencia del juicio ya estaba muy avanzado. Le explicamos al juez que los argumentos de los avasalladores eran falsos, presentamos todos los documentos que acreditan la propiedad y que jamás abandonamos los predios”, explicó Bozo.
Aparentemente, el juez se comprometió estudiar la documentación y respaldar el derecho propietario. Se comprobó que los supuestos comunarios actuaron de mala fe puesto que hicieron todo el proceso a espaldas de los interesados, sin embargo, el resultado fue sorprendente.
“Este juez rápidamente dictó una sentencia a favor de los avasalladores, no contempló ninguna de las pruebas que presentamos emitió un fallo injusto y por demás irregular”, agregó el entrevistado.
Ante ello, los afectados iniciaron un proceso por prevaricato e incumplimiento de deberes.

Más denuncias
“A través de un requerimiento fiscal tuvimos acceso a registro del régimen disciplinario del Distrito de La Paz, donde evidenciamos que este juez tiene cerca de 20 denuncias y tres denuncias de prevaricato. Consideramos que es una gran prueba del actuar irregular de esta persona”, dijo Bozo.
Actualmente el proceso se encuentra estancado, según los denunciantes aparentemente existe una complicidad de sus colegas por lo que no pudo avanzar el caso.
El documento al tuvo acceso Cambio se registran 17 denuncias contra Carvajal. En la mayoría de los casos este administrados de justicia sentenció sobreseimientos de manera dudosa.
“Es alarmante que este tipo de funcionarios tengan la autoridad para promover el delito de avasallamiento y tráfico de tierras, entre otros delitos. Gracias a este tipo de funcionarios existe una crisis en la justicia del país”, acotó el representante.

Fiscal General anuncia destitución de tres fiscales


Alrededor de 14 fiscales serán remitidos a régimen disciplinario y continuará la “depuración”, anunció el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.

El fiscal general Ramiro Guerrero decidió asumir “medidas duras”, porque los imputados se rehúsan a cambiar. Quien imputó al periodista Quisbert fue enviado a régimen disciplinario.

“Tres fiscales se van”, 14 fiscales serán remitidos a régimen disciplinario y continuará la “depuración”, así lo anunció Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado. Estas decisiones emergen de la intervención a la Fiscalía Departamental de La Paz, tras una ola de denuncias contra los operadores del Ministerio Público.

A dos años y cinco meses de que Guerrero asumió las funciones en la conducción del Ministerio Público reconoció, este miércoles, que la labor fiscal no mejoró pese a las buenas condiciones laborales otorgadas. “Les hemos dado equipamiento y un montón de cosas, pero esto no mejora, entonces hay que tomar medidas duras y radicales”, sostuvo la autoridad.

El lunes, la cabeza del Ministerio Público llegó a La Paz para intervenir la institución. Inicialmente se identificaron irregularidades en las áreas de Anticorrupción, Económica Financiera y Plataforma. Guerrero recibió al menos 160 casos de denuncias vinculadas a corrupción.

La dilación en los casos, la suspensión de audiencias, la actitud conspirativa y negligente de muchos fiscales son algunas de las causas por las que el Fiscal asegura que no existen cambios en la institución que conduce, por lo que aseguró que la tarea de intervención continuará en la ciudad de El Alto y en la zona Sur de La Paz.

Identificó como otro problema, el excesivo uso del derecho penal “todo se penaliza”, por lo que se constituyó una unidad de análisis que revisará las denuncias para rechazar los casos que no sean penales. El derecho penal es de última instancia de última ‘ratio’ (recurso extraordinario), hecho que aumenta la carga en las fiscalías.

Guerrero decidirá continuidad de Patricia Santos hasta el viernes

Hasta el día viernes, se decidirá la continuidad en el cargo de la fiscal de Distrito, Patricia Santos, y al menos de otros cinco funcionarios, luego de recibir una serie de denuncias en relación a la idoneidad de su trabajo y otros hechos irregulares, como lo anunció el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

La autoridad señaló que luego de una evaluación parcial, hasta ayer se evidenció “falta de voluntad, criterio o sentido común de quien conduce Fiscalía Departamental de La Paz”.

“Estamos evaluando esta semana precisamente, hasta el día viernes vamos a tomar una decisión, yo no quiero adelantar nada, estamos en la mitad del trabajo de esta semana”, dijo Guerrero, sin embargo hizo referencia a elementos que en su criterio podrían haber sido resueltos con un simple instructivo o nombrándose al Fiscal de Materia.

“Nos encontramos con tema de hace dos meses. Homicidios en El Alto, no hay fiscal asignado y no es precisamente porque no haya fiscal, es por falta de voluntad, criterio, sentido común de quien conduce la Fiscalía Departamental de La Paz”, afirmó.

En tono enfático ante esas falencias Guerrero dijo que “eso va a cambiar”.

BEBÉ ALEXANDER

En cuanto a la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el caso del bebé Alexander, el fiscal Guerrero afirmó que desde su llegada a La Paz estuvo trabajando con la Comisión de Fiscales que tienen a su cargo este caso y afirmó que el próximo martes brindará un informe del caso en detalle a la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, aseguró que en el curso de esta semana habrá novedades en el caso. “Estuve viendo estas dos noche en persona el trabajo de esta comisión, he recibido los informes, tuve acceso a los cuadernos de investigación estamos trabajando eso y no quisiera adelantar ningún criterio y será la comisión que emita las resoluciones que corresponden”, afirmó.

FISCAL TERRAZAS

En referencia a la situación del fiscal Rudy Terrazas, quien imputó al periodista Carlos Quisbert bajo el delito de Obstrucción a la Justicia de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz (de Lucha Contra la Corrupción), dijo que la noche del martes tomó la determinación de que el “Régimen Disciplinario” debe abrirle un proceso “ de manera inmediata”.

“Hice la instrucción, una vez que hemos revisado el cuaderno, revisado la actuación que ha tenido este fiscal Terrazas de Viacha ayer mismo hemos remitido a Régimen Disciplinario para la apertura de un proceso en este caso”, afirmó.

LA FISCALÍA AFRONTA 160 DENUNCIAS

Durante dos días de intervención al Ministerio Público de La Paz, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, recibió 160 denuncias de litigantes e identificó irregularidades en las áreas Anticorrupción, Económica Financiera y Plataforma.

La autoridad dijo ayer que analiza la continuidad de Patricia Santos en el cargo de fiscal departamental.

Recepción de denuncias. Según Guerrero, 14 casos se enviaron a Régimen Disciplinario, que decidirá si es pertinente o no la destitución de los juristas denunciados.

Dijo, además, que “para atender un caso de homicidio en la ciudad de El Alto, no hay fiscal y no es precisamente porque no haya fiscales, sino por falta de voluntad, criterio y sentido común de quien conduce la Fiscalía de La Paz”.

Patricia Santos afrontó recientemente una denuncia por ocupar un departamento sin pagar los alquileres correspondientes, extremo que se resolvió cuando la propietaria del inmueble denunció el hecho y por instrucción de Guerrero, la autoridad honró la deuda y desocupó esa vivienda.

Wednesday, March 25, 2015

Video Litigantes lisiados llegan como pueden a la Fiscalía para pedir justicia

Video Fiscalía confirma destitución de Humberto Quispe, exfiscal acusado en más de 30 casos de corrupción

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El Órgano Judicial se abre a estudiantes



Los estudiantes de las facultades de Derecho del sistema universitario estatal podrán realizar pasantías, estadías y también acceder a modalidades de graduación, gracias a un acuerdo firmado ayer entre el Órgano Judicial y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en Sucre.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, y el secretario ejecutivo del CEUB, Eduardo Cortez, suscribieron el documento. El Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional tiene el fin de establecer relaciones de cooperación, científica, cultural y propositivas, así como el intercambio de ideas y criterios para la investigación en materia judicial en el país.

Von Borries, durante la firma del pacto, realizado en el salón principal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, destacó la predisposición de las autoridades universitarias del CEUB para permitir establecer bases de cooperación mutua entre las 11 universidades del sistema universitario boliviano y las instituciones judiciales.

Al referirse al tema, Cortez explicó que dentro de los alcances del convenio se contempla el desarrollo de pasantías, estadías, modalidades de graduación y el fortalecimiento de un centro de investigación en materia de impartición y administración de justicia.

La autoridad judicial informó que este acuerdo tendrá una vigencia de dos años. Según la agencia estatal ABI, el titular del CEUB, en el mismo acto, también firmó otros convenios con el Consejo de la Magistratura y la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

El Consejo someterá a jueces a una evaluación integral



El Consejo de la Magistratura determinó llevar adelante una evaluación integral al trabajo que realizan todos los jueces del país, con el objetivo de llegar a establecer si están aptos o no para continuar su carrera en el Órgano Judicial de Bolivia. El consejero de la Magistratura Wílbert Choque explicó que se tomó esa determinación durante una reunión de Sala Plena, sobre la base del resultado de un amparo constitucional en la ciudad de Santa Cruz, que determinó paralizar la puesta en marcha de la carrera judicial en Bolivia y que, además, solicitó a las autoridades del sector actualizar el escalafón judicial.

Choque explicó que actualmente se redacta un nuevo reglamento para esa evaluación de magistrados y luego estimó que en unos 45 días podría comenzar la de todos los jueces, de manera gradual.

“Esto nos va a permitir un nuevo cambio en la Justicia y también nos va a posibilitar, tal vez, alejar a aquellos malos jueces. Nos va a permitir que los buenos jueces y funcionarios continúen prestando servicios en el Órgano Judicial”, indicó Choque.

Amparo. El 4 de marzo, el Tribunal de Garantías del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz concedió a la Asociación de Magistrados de Bolivia el amparo constitucional, determinación que dejó sin efecto la convocatoria para la carrera judicial en materia de niñez y adolescencia. A través de ese amparo, los jueces del país, que previamente se declararon en estado emergencia, denunciaron que el reglamento a ejecutarse vulneraba sus derechos laborales y que, además, no reconocía los años de experiencia profesional.

Choque reiteró que la revisión de ese recurso todavía está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que se esperará su resultado. Sin embargo, señaló que en la Magistratura ya se trabaja en otros aspectos establecidos en el fallo.

El reglamento que se redacta establecerá la evaluación del conocimiento del juez, la forma de trabajo y, además, cómo lleva el despacho judicial. También se conocerá si un magistrado tiene una carga procesal elevada y el porqué de la dinámica que se aplica en su despacho.

“De lo que se trata es de evaluar y determinar qué jueces están aptos para continuar en la carrera judicial y qué jueces no”, declaró y añadió que cerca de 900 jueces en todo el país serán evaluados de manera gradual. Adelantó que se conformará un equipo de profesionales integrado por jueces que tengan la capacidad de evaluar el trabajo de sus colegas, aunque advirtió que, previamente, se debe solucionar el problema económico para contratar a este equipo.

Los cambios anunciados están enmarcados en la reorganización de la institución, a partir de la gestión presidencial en la Magistratura de Freddy Sanabria, quien asumió el cargo a inicios de este mes, en reemplazo de la consejera Cristina Mamani. En ese entendido, Choque anunció que en unos 15 días se concluirá con toda la labor de reestructuración interna y que, además, se procederá a la elección de las presidencias de las salas de Control y Fiscalización y Disciplinaria del Consejo.

Tribunales y juicios en el país

Empleados

Hasta 2011, Bolivia tenía 754 jueces para 591.000 juicios, según el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries. Los funcionarios judiciales también serán evaluados.

Belaunde recusa a todos los magistrados del TSJ a poco de tratarse el pedido de extradición en su contra



El peruano Martín Belaunde recusó a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre, por considerar que vulneraron sus derechos; lo hizo poco antes del inicio del tratamiento jurídico del pedido de extradición que cursa en su contra. El recurso legal fue presentado por el abogado Jorge Valda.

La máxima instancia judicial amplió por 60 días la detención domiciliaria con fines de extradición de Belaunde en atención a un pedido de su similar peruano. El extranjero guarda detención en un domicilio de la ciudad de La Paz desde el 21 de enero y en medio del rechazo a su pedido de refugio político.

Valda explicó hoy que la recusación, que implica apartar a los magistrados del tratamiento de su caso, fue presentada debido a que su defendido no fue escuchado por lo que –consideró- fueron vulnerados sus derechos a la defensa.

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó en segunda instancia y de forma definitiva el pedido de refugio político de Belaunde, quien es requerido por su país debido a la supuesta comisión de delitos de corrupción.

El recurso legal es presentado horas después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, anunciara que tras las elecciones del 29 de marzo comenzarán a analizar la solicitud del Perú respecto a la extradición.

La Sala Plena debe tratar y definir el curso de acción sobre el recurso presentado.

Ciudadanos entregan a Guerrero 160 denuncias contra fiscales

La gente se aproxima de forma directa al máximo representante del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, para entregarle denuncias contra funcionarios de la Fiscalía Departamental de La Paz. Desde la mañana del lunes hasta las 16:00 de ayer Guerrero recibió más de 160 quejas, según las estimaciones preliminares.
"Todavía no se sacó un dato específico, pero estimamos que ya hemos pasado las 160 denuncias. Es la misma gente la que se acerca al fiscal, no puede ser de otra manera”, informó ayer un funcionario de la Fiscalía General.
Fue el mismo Guerrero quien al llegar ayer retrasado para firmar un convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) manifestó: "Mil disculpas por el retraso, pero estaba atendiendo 100 denuncias en mi despacho de la Fiscalía de La Paz”. Esto fue poco después de las 10:00.
Se conoció que las denuncias se refieren a maltratos de los funcionarios, retardación de procesos y otras irregularidades. "Detectamos algunas situaciones irregulares, como incumplimiento de plazos, mala atención, el maltrato a la gente, tenemos que admitirlo. Vamos a tomar medidas correctivas e inmediatas”, añadió Guerrero.
La noche del domingo llegó a la sede del Gobierno desde Sucre un equipo de la Fiscalía General compuesto por las direcciones de Régimen Disciplinario, Gestión Fiscal y el área Jurídica para intervenir el Ministerio Público en La Paz.
La intervención se inició en las oficinas ubicadas en la calle Potosí, en el centro paceño. Se esperaba que ayer continúe con la Fiscalía de El Alto, pero la actividad se suspendió para hoy, junto a las oficinas en la zona Sur de La Paz.
También, hoy se conocerán algunos resultados de los primeros dos días de revisión de expedientes y supervisión del trabajo de los fiscales.
"Si se trata de destituir a algunos fiscales o iniciarles procesos lo vamos a hacer. Estamos en un proceso de depuración de malos funcionarios”, anunció Guerrero, quien ya instruyó algunos cambios como ampliar el horario de trabajo desde las 7:00 (antes era desde las 8:00) y agilizar el proceso de recepción y rechazo de las denuncias presentadas al Ministerio Público.
Instaló su despacho en la Fiscalía de La Paz, donde recibe a la ciudadanía. "Se analizarán todos los casos, uno por uno . No se sabe hasta cuándo se dará una respuesta, pero se analizarán todas las denuncias”, dijo el funcionario de la Fiscalía General.


La intervención se da después de las constantes quejas de la población contra funcionarios públicos que supuestamente vulneran derechos en lugar de garantizarlos.

Abren puertas
Inicio Las denuncias que la población hizo a través de los medios de comunicación contra los fiscales en La Paz aumentaron después de que se conoció la conformación de una Asociación de Víctimas del exfiscal Humberto Quispe y la deuda por alquileres de la fiscal distrital, Patricia Santos.
Despacho El fiscal general Ramiro Guerrero instaló su oficina en el primer piso de la Fiscalía de La Paz, donde la gente se aproxima para hacerle conocer sus quejas.
Limpieza La intervención que inició el lunes se basa en una política de limpieza del Ministerio Público para que la población recupere la confianza.

Bolivia debe concluir la reforma judicial para garantizar su independencia

Bolivia debe concluir y profundizar la reforma del sistema judicial para garantizar su efectiva independencia, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Deficiencias estructurales en la administración de Justicia siguen siendo un desafío mayor en Bolivia", afirmó la comisionada adjunta Flavia Pansieri. Pansieri presentó hoy el informe sobre Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en sesión plenaria, y en su discurso solicitó la implementación de un plan de reforma de la Justicia.

"La reforma del sistema judicial, iniciada hace al menos cinco años, no ha eliminado problemas crónicos como el excesivo y prolongado uso de la detención preventiva y la impunidad", aseveró la funcionaria.

Es por ello que el Alto Comisionado considera necesario un plan de reforma de la Justicia "que promueva efectivamente la independencia judicial", dijo. Pansieri urgió al Gobierno de Evo Morales a que consulte más asiduamente a la sociedad civil sobre la legislación relacionada con violaciones cometidas por regímenes preconstitucionales, "para que se asegure el respeto a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

Dos nuevos jueces serán posesionados hasta el jueves



La representante del Consejo de la Magistratura, Paola Chirinos, informó que dos nuevos jueces serán posesionados hasta el jueves, quienes irán a ocupar los cargos acéfalos de los juzgados cautelares tercero y cuarto del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

“Ya están completando sus trámites para sus posesión, entre ellos está la doctora Alicia Durán y además hay otro juez, quienes estarán ocupando los puestos que dejaron acéfalos las juezas Candelaria Peñarrieta y Teresa Villena, sin embargo, hasta este viernes ya se tendrá trabajando a los nuevos”, dijo.
Asimismo, hizo conocer que se tiene también la posesión para el viernes de un nuevo juez cautelar para la ciudad de Yacuiba. “Está tramitando sus certificados para ser posesionado y hay una serie de requisitos que deben cumplir”, mencionó.
“Los anteriores jueces ya dejan sus oficinas porque fueron posesionados como tribunales y ellos ya están trabajando, porque se les está sorteando causas”, añadió.
Chirinos indicó que se está buscando que se dé la agilidad a las más de 300 causas en materia civil, basados a la Ley 247, por parte del TDJ.
“Nos hemos reunido con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia y los jueces de instrucción en materia civil, por el motivo de la aplicación 247, que es la ley corta, sumaria, porque había una denuncia que no se estuvieran dando la aplicación de la misma, pero ahora ya se comenzará a agilizar con los cinco jueces que se tiene en esa área”, dijo.

Tuesday, March 24, 2015

Video Conozca algunos testimonios de litigantes que son víctimas de la injusticia

Video Litigantes hacen largas filas para denunciar a fiscales por presuntos hechos de corrupción

Video Colapsan las oficinas de la Fiscalía de Distrito de La Paz por denuncias de corrupción

Usarán el B-Sisa para ver patrimonios de fiscales

Un convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sobre cooperación interinstitucional y asistencia recíproca, permitirá el intercambio de información para la investigación patrimonial de los funcionarios del Ministerio Público.

“Este acuerdo que hemos suscrito nos permitirá el intercambio de información con el proyecto B-SISA, que coadyuvará en la investigación patrimonial que lleva adelante la Fiscalía General del Estado a sus servidoras y servidores públicos”, afirmó el titular de esa instancia, Ramiro Guerrero.

De acuerdo con el documento oficial, el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y la ANH, tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación y asistencia recíproca para promover y fortalecer el cumplimiento de objetivos institucionales.

Guerrero sostuvo que mediante el acuerdo, el Ministerio Público se compromete a cooperar y coordinar con la ANH en la lucha contra ilícitos de Hidrocarburos y sus derivados, para el fortalecimiento de los servicios integrales y políticas del sistema de Seguridad Ciudadana.

Anteriormente, el Fiscal General señaló que las indagaciones se realizarán para evaluar si el patrimonio de cada fiscal fue bien habido o es producto de hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

También se explica que la vigencia del convenio es de dos años, computables a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado luego de una verificación del cumplimiento del objeto del mismo y ampliarse por un plazo similar al presente, previo acuerdo de partes.

Denuncia: cambio de fiscales causa dilación



Hipólito Aruquipa, de 67 años, perdió la cuenta del número de fiscales que atendieron su caso desde 2009 y que hasta la fecha no dan solución a su calvario. “Creo que son ocho...”, dijo el hombre, quien denunció a un dirigente vecinal por apropiarse de sus dos lotes. Al igual que él, Agni Barriga, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Subalcaldía Zongo, quien sigue una causa por maltrato y abuso a una menor de edad desde 2012, vio pasar a tres miembros del Ministerio Público.

“El caso está en el limbo por el manejo administrativo de la Fiscalía. Los casos de la División Familia y Menores que tienen la tipificación de abuso sexual están así porque no hay fiscal”, resumió. Desde la Fiscalía Departamental de La Paz informaron ayer que cada uno de sus 122 representantes atiende al menos 4.000 casos.

“Ellos son cambiados para brindar un mejor servicio, pero es falso que eso provoque mayor dilación”, dijo ayer un personero de la entidad, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Hipólito no piensa de esa forma. “Cada vez cambian al fiscal y a los investigadores igual los cambian. El nuevo que atiende mi demanda ha entrado hace un mes, dice que me va a ayudar, pero no sé si eso será cierto”, expresó. Aruquipa compró en 2009 dos terrenos por $us 3.500 en San Luis II de El Alto y el vicepresidente de la zona —según su denuncia— lo habría desalojado y habría vendido uno de ellos a un tercero.

El caso del abogado edil es más complejo, no solo porque este cambio implica volver a fojas cero, sino porque después de que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Subalcaldía Centro les pasó el asunto tanto a él, como al psicólogo Isidro F. L. y a la trabajadora social Rosario A., el sindicado les inició un proceso, que avanza a diferencia del juicio por maltrato y tocamientos sexuales.

El caso data de 2012, y durante todo el proceso pasaron los fiscales Susana Boyán, Tania Alfaro y Lilian Calderón. En las últimas semanas se les informó que Calderón fue reasignada a cumplir funciones en Caranavi.

“Eso es volver a comenzar todo con la dilación que aquello implica”, explicó el profesional, quien el miércoles 18 de marzo fue agredido físicamente por el padre de la víctima. Según el Código Penal, el representante del Ministerio Público es el director funcional de las investigaciones.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, intervino ayer la Fiscalía Departamental de La Paz. “Estamos viendo los flujos de ingreso, el acceso a la justicia, el curso que sigue, por qué hay demora en algunos casos”, señaló ayer en declaraciones a la red de radios estatales Patria Nueva.

Debaten reformas contra el “monstruo” de la crisis judicial

Abogados, abogadas y defensores de derechos humanos intercambiaron criterios para enfrentar la crisis judicial, a la que calificaron como un "monstruo muy grande”, ante la cual la sociedad debe generar propuestas para hallar una solución.
El debate tuvo lugar en un seminario organizado el pasado viernes por la Red Unitas, mediante el Programa Urbano y el Colectivo Nacional de Defensores de Derechos. El propósito es generar una conciencia crítica y mejorar progresivamente las competencias de juristas.
El representante del Colectivo Nacional de Defensores de Derechos Humanos, Rogelio Mayta, dijo que "estos escenarios permiten la reflexión en medio de críticas duras y autocríticas, donde se resalta la necesidad de mejoras con miras a la cumbre judicial”.
En febrero de 2014 el presidente Evo Morales planteó la necesidad de una "cumbre del pueblo-Estado” en la que participen organizaciones sociales, entes colegiados y autoridades del país, con el objetivo de analizar y buscar soluciones a los problemas en la justicia boliviana.
El viernes, el representante de la Defensoría del Pueblo, Osvaldo Candia, aseguró que la exigencia de la sociedad ante la naturaleza y tamaño de la crisis judicial incidirá para que las autoridades tomen decisiones.
"El presupuesto asignado al Órgano Judicial es ínfimo en comparación al de defensa o seguridad interna. Los juzgados están en situación de precariedad, los sistemas de control no están funcionando. Es un monstruo muy grande el de la crisis judicial; no se ve por dónde empezar y pareciera que desde el propio Estado no hay voluntad para dar soluciones”, dijo Candia.
Se refirió también a la injerencia política. "Somos testigos y víctimas de cómo el sistema judicial se aparta del cumplimento de la ley y parece seguir otras directrices de injerencia o participación del poder político”.
El seminario se realizó en el salón Pairumani del Hotel Cochabamba y contó con más de un centenar de profesionales relacionados con la justicia boliviana y participantes invitados de los países vecinos como Brasil, Colombia y Ecuador.

Consejo de la Magistratura Lanzan convocatoria para conciliadores

Profesionales en las áreas de ciencias jurídicas, sociales y/o humanísticas, pueden participar para optar por el cargo de conciliadores, modalidad que implementará la justicia boliviana, para alivianar la carga procesal y disminuir la retardación de justicia. En el proceso deberán someterse a un concurso de méritos y examen de competencia para desempeñar el cargo.

La convocatoria fue lanzada en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y la Ley 025, que ordena al Consejo de la Magistratura, incorporar al Órgano Judicial a Conciliadoras y Conciliadores, servidores de apoyo judicial, que tendrán como obligaciones el de llevar trámites de conciliación, debiendo extremar todos los recursos técnicos para lograr un acuerdo justo, con la responsabilidad de mantener la confidencialidad en su accionar.

No serán tomados en cuenta los profesionales con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o familiares, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento o no estén inscritos en el padrón electoral, entre otros aspectos previstos en la convocatoria.

Guerrero anuncia medidas “urgentes y drásticas” ante irregularidades

En un trabajo que inició desde las 06.00, ayer junto a equipos de la Dirección de Gestión Fiscal, Régimen Disciplinario y Dirección Jurídica, el fiscal general del Estado inició la intervención en la Fiscalía Distrito de La Paz, anunciando medidas “urgentes y drásticas”, en contra de los funcionarios institucionalizados y todo aquel representante del Ministerio Público, que se vea involucrado en hechos irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Tal como lo había anunciado, Guerrero señaló que este trabajo de control y supervisión, al igual de lo que aconteció en otros departamentos, será de manera permanente y se repetirá una semana cada mes.

Guerrero dijo que esta intervención se efectúa “ante las constantes denuncias, de casos que llevan algunos fiscales, como la conciliación en casos de violación, algo que está fuera de la ley”.

Para esta intervención se conformaron tres equipos y sólo en horas de la mañana ya se habían intervenido las áreas de Delitos Económicos Financieros, Lucha Contra la Corrupción, Plataforma y la Unidad de Análisis Informático.

Entre las primeras observaciones que el Fiscal General observó en el trabajo de la Fiscalía Departamental, está el retraso de la asignación de fiscales. “Los tiempos y los flujos tardan mucho, cuando se presenta una denuncia, eso está tardando entre tres y cuatro días, eso debería ser en 24 horas”, verificó la autoridad.

Los controles, serán rigurosos, y Guerrero explicó que estos van desde la asistencia a sus despachos y audiencias.

Sólo en su primer día, Guerrero atendió una serie de denuncias que van desde la mala valoración de pruebas en un caso de supuesto homicidio, hasta la de un posible desfalco de 30 millones de dólares en Cotel, en la que los fiscales incurrieron en supuestos actos de corrupción.

ELECCIONES

Otro de los aspectos que la presencia del Fiscal General está contemplado es la coordinación, con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los operativos de control en las próximas elecciones regionales del 29 de marzo.

“Ya desde la pasada semana se ha emitido un instructivo para que conformen comisiones, a partir de hoy (ayer), 23 de marzo, hasta el 4 de abril”, afirmó Guerrero, a tiempo de detallar que la instructiva se emitió para los nueve fiscales departamentales, para que los cerca de los 500 fiscales de materia, en el país, efectúen trabajos preventivos y estén disponibles ante cualquier denuncia.

Dentro de este plan de prevención, Guerrero, señaló que también están incluidos los peritos forenses de Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en las áreas de balística y criminalística, por ejemplo.

INSTITUCIONALIZADOS

“Si se trata de agradecer los servicios (despido) de fiscales que no están cumpliendo su función lo vamos hacer, si se trata de abrir procesos a fiscales institucionalizados, de la antigua, de la vieja carrera fiscal, vamos abrir proceso”, advirtió la autoridad del Ministerio Público.

En este sentido, la autoridad afirmó que esta semana, en cumplimiento de su política de “fiscalía de puertas abiertas”, seguirá recibiendo las denuncias de la comunidad litigante.

“La intervención, la depuración y la auditoría de algunos casos, como del periodista, Carlos Quisbert, no implica el cierre de las oficinas, porque el mundo litigante todos los días acuden a los fiscales en busca de que sus casos se agilicen”, afirmó Guerrero.

Monday, March 23, 2015

Intervienen Fiscalía de La Paz para optimizar trabajo y agilizar procesos

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, intervino hoy el Misterio Público de la ciudad de La Paz para mejorar el trabajo de esa instancia y agilizar los procesos judiciales. "Estamos interviniendo los diferentes despachos de fiscales, en este momento me encuentro en la unidad de denuncias de causas y análisis fiscal viendo los flujos de ingreso, el acceso a la justicia, el curso que sigue, por qué hay mucha demora en algunos casos", señaló en un contacto telefónico con la Red Patria Nueva.

Aseguró que tras ese análisis se asumirá medidas "urgentes y drásticas" para mejorar el trabajo de la Fiscalía en La Paz e identificar a los administradores de justicia denunciados por corrupción. Según Guerrero, se realizará una "revisión y auditoria" a los cuadernos de investigación para realizar una reingeniería en la Fiscalía de La Paz a fin de dar señales de cambio.

"Vamos a mejorar el acceso de los casos, las denuncias la querellas para que de manera inmediata se le asigne un fiscal para la investigación de los casos", dijo. Asimismo, el Fiscal General sostuvo que se efectuará un trabajo similar en el Ministerio Público en la ciudad de El Alto. Guerrero anunció que la próxima semana se dará a la prensa el detalle de los fiscales procesados, suspendidos y sancionados por faltas graves. "El trabajo que vamos a desarrollar en La Paz será de un seguimiento pormenorizado de la Fiscalía General", remarcó.

Friday, March 20, 2015

Muere Pablo Dermizaky, el primer presidente del Tribunal Constitucional



Pablo Dermizaky Peredo, reconocido ensayista, diplomático, abogado constitucionalista e impulsor y primer presidente del Tribunal Consitucional (TC) de Bolivia falleció en Santa Cruz, a los 92 años. Sus restos mortales serán trasladados este viernes a las 16:00 horas en el Cementerio General de esa ciudad, informó José Rivera, exmagistrado del TC.

"Estoy totalmente compungido porque para mí fue mi mentor y guía profesional, tuve el inmenso honor de ser su alumno en la Universidad, discípulo en el ámbito académico, y colega en el Tribunal Constitucional", dijo Rivera.

Desde hace tres años, Dermizaky vivía en Santa Cruz. Su esposa falleció el pasado año, sufría del corazón y ya había sido víctima de un preinfarto en 2001, lo que lo obligó en eseentonces a presentar su renuncia a la Presidencia del TC y a retirarse de lavida pública, informó el periódico "Los Tiempos".

El jurista aportó al Estado de derecho y se lo recuerda por su carrera política y diplomática. Fue embajador de Bolivia en Bélgica.

"Él es el ícono delderecho constitucional en Bolivia", resumió Rivera. "Formó varias generaciones de constitucionalistas y tengo el honor de haber sido alumno suyo", agregó.

Dermizaky encaminó al Tribunal Constitucional (actualmente Tribunal Constitucional Plurinacional) y fue su primer presidente (1998-2002), dándole a esta instancia el sello de la independencia, responsabilidad y mística de trabajo. "Defendió a capa y espada la independencia del TC para queéste pudiera ejercer un verdadero control de constitucionalidad para hacer prevalecer el estado de derecho y custodiar la Constitución", comentó a "Los Tiempos".

Sus principales libros se han convertido en textos obligados de consulta (Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencias de la Administración, La Justicia Constitucional, Constitución Democracia y Derechos Humanos y otros.

Estos libros y su pensamiento, explica Rivera a "Los Tiempos", permitieron pasar en Bolivia del Estado legislado de derecho al Estado constitucional de derecho, de una exegética francesa del siglo XIX auna forma contemporánea de concebir la justicia, de las reglas a los principios y de la norma de derecho a la justicia.

Fiscalía reabrirá el caso Marcelo Quiroga Santa Cruz

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó ayer que se retomen las investigaciones para la búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y dispuso que un fiscal tome oficialmente las declaraciones del exdictador Luis García Meza.

“Ante las declaraciones públicas del señor Luis García Meza y de su abogado hemos instruido para que un fiscal pueda tomar oficialmente esas declaraciones y podamos retomar estas investigaciones”, declaró Guerrero.

García Meza, el martes, en declaraciones a Erbol y Gigavisión, sostuvo que el cuerpo del extinto líder del Partido Socialista se encuentra en la hacienda del exdictador Hugo Banzer Suárez, en la localidad de San Javier del departamento de Santa Cruz. Ya había señalado eso con anterioridad.

“El Gobierno no quiere saber nada de los restos, porque no le costaría nada comprar un aparato que detecte los huesos, cuadricular la estancia de Banzer y saber dónde están, en San Javier pues, en Santa Cruz”, sostuvo García Meza.

La diputada del MAS, Sonia Brito, recordó que hace años, ante unas declaraciones similares de García Meza, “ya hubo una comisión de fiscales que intervino en la hacienda, que actualmente es de Yolanda Prada de Banzer, y no encontraron nada”.

Por eso exigió al exdictador proporcionar datos más específicos sobre la localización de los restos del asesinado líder socialista.

TSJ de Bolivia amplía detención preventiva de Belaunde por 60 días

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge Von Borries, informó ayer que esa instancia ordenó ampliar por 60 días la detención preventiva con fines de extradición del exasesor de campaña del presidente Ollanta Humala y empresario peruano, Martín Belaunde.

“Sí, efectivamente, se ha ampliado el plazo por 60 días, conforme la solicitud del Gobierno peruano, hecha a conocer por intermedio de la Cancillería y se ha remitido inmediatamente por fax la comunicación al Tribunal Departamental de La Paz”, dijo a los periodistas.

Así también ayer se conoció que el Gobierno de Perú autorizó el viaje del procurador Anticorrupción, Joel Segura, a Bolivia para gestionar las acciones de la extradición de Belaunde.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Hugo Moliz, dijo que “Belaunde no tiene nada con Bolivia, pero tiene que rendirle cuentas a su país”.

Von Borries explicó que el Tribunal Departamental de La Paz deberá remitir la resolución al Juez 12vo de Instrucción Penal, instancia que está a cargo de la detención del súbdito peruano.

Asimismo, dijo que a las 16:30 de ayer el TSJ recibió el memorial de pedido de extradición oficial de Belaunde Lossio, interpuesta por el Gobierno de Perú mediante vía diplomática a Bolivia.

“Esta es la solicitud formal de extradición”, dijo mostrando el documento.

Von Borries explicó que la solicitud de extradición será complementada por un paquete de documentos de cinco cuerpos, que será enviada a la Sala Plena del TSJ el lunes 23 de marzo.

“Esa tramitación fue remitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, previa petición del Gobierno peruano”, agregó.

Belaunde Lossio está siendo procesado en Perú por varios delitos.

Thursday, March 19, 2015

Video Litigante exhibe grabación de cómo un fiscal lo extorsionaba

Jueza es enviada a juicio por detención de periodista Quisbert

El jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo Departamental de la Magistratura, Ariel Marañón, informó que la jueza de Viacha, Lorena Camacho Ramírez, será enviada a un juicio disciplinario por supuestos actos irregulares cometidos durante la detención del periodista, Carlos Quisbert, que investigaba acerca del caso de la muerte del bebé Alexander.

Según Marañón, la jueza Camacho sería enjuiciada por posibles faltas leves y una falta grave que habría cometido en el cumplimiento de sus funciones.

En cuanto a la falta leve, se tipifica a cualquier acción que represente una conducta personal o profesional inapropiada, negligencia, descuido de sus funciones, o menoscabo de su imparcialidad que pueda ser reparada o corregida.

Por otra parte, una falta grave se da cuando un funcionario del Órgano Judicial omite, niega o retarda indebidamente la tramitación de los asuntos que competen a su cargo.

"Nosotros hemos visto por conveniente, la tipificación de estas dos faltas y ahora recién vamos a ver en el proceso disciplinario, la sanción que corresponda definida por el juez disciplinario", manifestó Marañón a la red ERBOL, a tiempo de informar que si se determina que la juez cometió una falta grave podría ser suspendida por el lapso de uno a seis meses sin derecho a una remuneración económica.

Finalmente, Marañon informó que el juzgado disciplinario, poseedor de facultades investigativas, visitará el juzgado de Viacha para solicitar los elementos, expedientes y documentación necesaria para el proceso en contra de la jueza.

El domingo 8 de marzo, el periodista de El Diario, Carlos Quisbert, fue detenido bajo el cargo de supuesta "obstrucción a la justicia" tras haber visitado a Madeleine Pahe, implicada en el caso de la muerte del bebé Alexander, en el centro penitenciario de Qalahuma de la localidad de Viacha.

Wednesday, March 18, 2015

Consejo de la Magistratura Transparencia denuncia a jueza Camacho


EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ARIEL MARAÑÓN, A TIEMPO DE DAR LECTURA A LA DENUNCIA PRESENTADA AYER ANTE UN JUZGADO DISCIPLINARIO.

La jueza Lorena Camacho, a cargo del Juzgado Mixto Liquidador y Cautelar de Viacha, ayer fue denunciada ante el Juzgado Disciplinario del Tribunal Departamental de Justicia por irregularidades que habría cometido en el ejercicio de sus funciones a tiempo de disponer la detención preventiva, por el supuesto delito de obstrucción a la justicia según el artículo 32 de la Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz), en contra del periodista Carlos Quisbert.

Así lo hizo conocer el jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura del Departamento de La Paz, Ariel Marañón, en contacto telefónico con este matutino.

“Sí hemos hecho una denuncia al Juzgado Disciplinario, por dos faltas, una leve y otra grave”, dijo Marañón a tiempo de explicar que la decisión fue asumida por precautelar la imagen institucional y las denuncias públicas que se han efectuado a través de los medios de comunicación, “ha tomado parte para realizar una denuncia de oficio al Juzgado Disciplinario”.

En criterio de Marañón, esa será la instancia que dé a conocer la falta que habría cometido la jueza Camacho en el ejercicio de sus funciones.

“Se ha tipificado por dos faltas, falta leve y grave”, dijo al señalar que la falta leve está referida a cualquier conducta personal o profesional inapropiada, negligencia, descuido o retardo en el ejercicio de sus funciones o menoscabo de su imparcialidad, que pueda ser reparada o corregida. “Esta falta leve se refiere a la acción y la conducta que haya tomado la jueza. La sanción es de amonestación a través de una llamada de atención o memorándum”, dijo.

En cuanto a la falta grave, de acuerdo con el artículo 187 inciso 14, que debe ser valorada por la autoridad que se haga cargo del proceso se refiere a: “Omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que están obligados”, según Marañón “ha negado pero es más por la retardación de justicia de los asuntos a su cargo”., pero está más relacionada a la ligereza con el que se actuó el día de la cautelar del periodista Quisbert, a quien se lo notificó minutos antes de su audiencia y no le permitió la debida defensa, como se conoció en la audiencia de acción de libertad realizado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia. Esta falta puede ser sancionada con uno a seis meses de suspensión.

Tuesday, March 17, 2015

Video ¿Sabía que 1 de cada 3 audiencias se suspende por falta de fiscales o jueces?

Comunarios de Viacha Preparan un mitin contra fiscal y jueza

Comunarios del municipio de Viacha se apersonaron ayer a puertas de la Fiscalía de Distrito y buscaron reunión con diputados de la comisión de Derechos Humanos, para hacer conocer denuncias en contra del fiscal Rudy Terrazas y de la jueza del Tribunal Mixto Liquidador, Lorena Camacho, ambos de Viacha, por supuestas terminaciones irregulares y anunciaron, para este jueves, una movilización en puertas de la Fiscalía.

La mañana de este lunes, los comunarios, con la copia de varios procesos, afirmaron que estas dos autoridades estarían cometiendo una serie de irregularidades, afectando la libertad de varias personas, entre ellas dos jóvenes de 18 y 19 años acusados de violación pero en lugares distintos, y en iguales fechas por la misma persona.

Otro de los denunciantes asegura que lo mandaron a Chonchocoro solo porque trató de defenderse de las agresiones legales del fiscal.

Aseguran que presentarán sus documentos a los medios de comunicación; estas personas se organizan para un mitin de protesta en puertas de la Fiscalía de Distrito para este próximo jueves.

Por otro lado, señalan que en el caso del fiscal, este permanece en su puesto por decisión de la fiscal de Distrito, Patricia Santos, ignorando las denuncias que se presentaron en el área disciplinaria de la Fiscalía.

Monday, March 16, 2015

Al menos 6 casos revelan el accionar irregular de fiscales

"Lo lógico fue confiar en el fiscal porque estaba seguro de que me iba ayudar. Al final, él terminó culpándome de autorrobo, no hay nadie en la cárcel por el atraco que sufrí y de paso fui víctima de maltrato”, recordaba José Luis Cuenca, uno de los denunciantes del exfiscal Humberto Quispe.
El exfuncionario enfrenta al menos una treintena de denuncias por extorsión e incumplimiento de deberes, entre otras. Sus supuestas víctimas presentaron todas las evidencias, pero a pesar de ello se defiende en libertad, aunque fue destituido.
A este caso se suman otros que en los últimos meses pusieron en el ojo de la tormenta al Ministerio Público, debido a las constantes críticas en contra de sus representantes que, dado su accionar, ponen en indefensión a los ciudadanos comunes.
Un policía muerto en 2013, presuntamente en manos de su camarada. Al menos 17 comunarios de Apolo detenidos por ser los supuestos responsables de la muerte de cuatro miembros de la exFuerza de Tarea Conjunta (FTC). La muerte del bebé Alexander y la posterior acusación a un médico por violación.
Ninguna de esas investigaciones identificaron, hasta la fecha, a los responsables con argumentos sólidos. A falta de respuestas concretas, se acumularon las denuncias en contra de los fiscales asignados a las pesquisas.
"El fiscal hizo desaparecer los memoriales que presenté, me dijo que yo nunca los entregué. Pasaron dos años y no hay justicia para mi hermano”, asevera Víctor Mamani, el hermano del policía Modesto Mamani, quien fuera asesinado en 2013 aparentemente por su camarada, quien guarda detención preventiva.
El fiscal que atendía su caso es Édgar Alarcón, quien hace dos meses fue destituido junto con su colega Juan Eduardo Aliaga, por el delito de extorsión.
A principios del año pasado, la dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General registró 240 denuncias en las ciudades de El Alto y La Paz contra fiscales de materia por omisión, corrupción y dilación. Sin embargo, no se conoce aún si los procesos concluyeron o no.
Mientras las denuncias contra fiscales aumentaban en La Paz, en febrero de este año, el fiscal general Ramiro Guerrero reunió a los distritales para encarar la llamada "revolución de la justicia” y anunció que una de las primeras actividades sería la investigación patrimonial de los funcionarios, tarea que no tiene respuesta hasta la fecha.
Sin embargo, lo que terminó de "cansar” a la sociedad fue la reciente detención y encarcelamiento del periodista de El Diario, Carlos Quisbert, quien intentó entrevistar a una de las imputadas por la muerte del bebé Alexander (octubre de 2014).
Los fiscales Marco Antonio Vargas y Rudy Terrazas imputaron al reportero por obstrucción a la justicia con el argumento de que Quisbert quiso inducir a la detenida a mentir.
El Ministerio Público lo detuvo el domingo 8 de marzo, salió la imputación en sólo horas y el lunes, la juez Lorena Camacho lo envío a la cárcel de San Pedro.
"Quisiéramos que los fiscales actúen así de rápido con Humberto Quispe, con los jueces o con los policías que nos piden dinero para acelerar los casos. Estamos cansados de ver tanta injusticia, los delincuentes están libres”, concluye Sara Moscoso, víctima del exfiscal.

Una ley pide "probidad y trato humano”
El artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (julio de 2012) pide a los representantes probidad y trato humano.
"Las y los fiscales sujetarán sus actuaciones de acuerdo a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, garantizando a la sociedad un acceso equitativo y oportuno al Ministerio Público”, señala el primer inciso.
Asimismo, el siguiente establece: "Las y los fiscales están obligadas y obligados a proporcionar un trato igualitario, digno y humano a las personas que intervienen en la investigación y en el proceso penal, bajo responsabilidad”.
Estas dos premisas que oficialmente deben regir en la labor diaria de los representantes del Ministerio Público no se cumplen, según las denuncias presentadas diariamente por los litigantes.
"Yo no le deseo esto ni a mi peor enemigo. Entrar al Ministerio Público por algún caso es un castigo, primero por la retardación y segundo por el maltrato, no sólo de los fiscales, sino de sus ayudantes y secretarios. Es un maltrato que no merecemos, pero ellos piensan que tienen el derecho de abusar”, aseveró Cristina Peláez, una mujer que hace dos años lucha para que encuentren a dos delincuentes que le robaron en su casa.
Asimismo, la ley orgánica de la Fiscalía indica que el servicio prestado a los ciudadanos es gratuito, algo que siempre está en duda por las constantes reclamaciones.

Punto de vista
Yolanda Herrera Presidenta de la APDHB
"Hay que persistir en la denuncia”
Tiene que haber una instancia de control jerárquico para poder acudir. Hay una serie de denuncias contra fiscales, éstas deberían llegar hasta el fiscal general, y que a partir de esta instancia se pueda instruir hacer investigaciones y procesos administrativos por este tipo de hechos.
Normalmente las víctimas denuncian sólo una vez y no sostienen la denuncia hasta el final, entonces a raíz de esto muchas veces se queda ahí.
Ante una denuncia de corrupción, de extorsión u otros delitos, la víctima debería ser persistente ante instancias jerárquicas, porque la Fiscalía tiene fiscales anticorrupción y ellos están encargados no sólo de hacer seguimiento de otros actores, sino de asumir los casos de su propia institución.
Son varios los factores que influyen para que existan fiscales con serias dificultades, como falta de conocimiento, pero, por otro lado, es cierto que existe un nivel de saturación , no cuentan con el personal necesario, entre otros. Son los elementos que contribuyen a que muchas veces el trabajo del Ministerio Público no cumpla con su labor de manera objetiva.
Hay una responsabilidad desde el ámbito central, del Ministerio de Hacienda por la mala distribución del presupuesto nacional en estos ámbitos. Por lo mínimo se requiere personas capacitadas con todos los elementos y material necesario.
Los jueces tienen más controles que los fiscales y ése es un punto que tiene que corregirse por el bien de la gente que es víctima de estas irregularidades.

El caso Quispe
Extorsión A partir de un robo agravado que sufrió José Luis Cuenca, en 2014, se inició un proceso en contra del entonces fiscal Humberto Quispe, quien fue acusado de extorsión y abuso de autoridad. Tras conocerse públicamente el caso, otras personas aparecieron con más denuncias en su contra. Todas sumaron 30. La Fiscalía General lo destituyó, pero el fiscal que lo investiga no consideró aprehenderlo. Quispe dijo que es un complot y que se postulará a la Fiscalía de La Paz.

Líos de terrenos
Achumani Uno de los últimos casos por avasallamiento de terrenos se dio en Kellumani, en enero, cuando la dueña de un lote denunció que el fiscal que atiende el caso hizo desaparecer el cuaderno de investigación. Un grupo de loteadores se entraron al terreno. Como este, hay decenas de casos similares en Irpavi II, Flor de Irpavi y en otros barrios. Las víctimas coincidieron en denunciar a los fiscales por asociación delictuosa, porque éstos se beneficiaron con los lotes.

Policía asesinado
El Alto El policía Modesto Mamani murió en abril de 2013. Dos de sus camaradas fueron investigados por el delito de asesinato porque una noche antes de su muerte estuvo con ellos y les contó que tenía 30.000 dólares para comprar un vehículo. El dinero desapareció. Después de casi dos años del deceso, dos efectivos están con detención preventiva, pero no inició el juicio. Durante la investigación, el fiscal Édgar Alarcón hizo desaparecer memoriales y evidencias del caso.

Muertes en Apolo
Erradicadores Tres efectivos de la entonces Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y un médico murieron en una incursión de erradicación de coca en una comunidad de Apolo. La Policía detuvo al menos a 17 comunarios y los acusaron de asesinato, pero su argumento se basó netamente en declaraciones de testigos. A la fecha, todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, la Fiscalía no presentó pruebas de los autores de las muertes y no se inicia el juicio oral.

Carlos Quisbert
Cárcel El periodista de El Diario, Carlos Quisbert, fue detenido el domingo 8 de marzo luego de que intentar entrevistar a una de las imputadas del caso Alexander, en el penal de Qalauma. Los fiscales Marco Antonio Vargas y Rudy Terrazas lo imputaron por obstrucción a la justicia, aseverando que él indujo a la acusada a mentir. En menos de 48 horas fue enviado a la cárcel con detención preventiva. Sin embargo, un tribunal evidenció que hubo irregularidades, por lo que Quisbert salió libre.

El caso Alexander
Dudas El bebé Alexander, de ocho meses, murió en noviembre del año pasado por una hemorragia interna producto de una violación, según la autopsia. Pasaron casi cinco meses, hubo cambio de fiscales, de investigadores, pero hasta la fecha no se conoce quién abusó sexualmente y mató al pequeño. Los fiscales se contradijeron; la fiscal de Distrito Patricia Santos anunció que un examen de ADN revelaría al autor, detuvieron al médico J.F., pero no hay pruebas contra él.