Tuesday, March 31, 2015

La Conare advierte que decisión judicial sobre Belaunde pone en ‘tela de juicio’ 1.000 de sus fallos

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) calificó como ‘oscura’ a la Sala Penal Primera por la decisión de aceptar un recurso de amparo constitucional y emitir un fallo con argumento ‘pobre y forzada fundación’ para anular la negación de refugio político al peruano Martín Belaunde. Advierte que la decisión pone en “tela de juicio casi 1.000 fallos” y anuncia acciones legales.

Los miembros de la Sala Penal Primera, Ramiro López Guzmán y Ricardo Chumacero Tórrez, dieron curso el 27 de marzo a un recurso de Acción de Amparo Constitucional de la defensa de Belaunde, quien es buscado en su país por delitos de corrupción y pesa en su contra un pedido de detención con fines de extradición.

“Se fraguó un supuesto error de notificación para garantizar la presencia del abogado apoderado (Jorge) Valda en la audiencia y, como corolario, en una supuesta deliberación de menos de una hora, a pesar de la complejidad del asunto y la voluminosa prueba ofrecida por las partes, la oscura Sala Penal Primera declaró procedente el Amparo”, prevé el Conare en un comunicado.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, informó el 19 de marzo de la determinó de ampliar la detención domiciliaria del empresario peruano, en una casa de la ciudad de La Paz, por 60 días. La primera orden de detención fenecía el 21 de marzo, por lo que Lima tramitó ampliar la detención para el trámite de extradición.

La Conare recurrió la decisión judicial al Tribunal Constitucional Plurinacional. La institución, encargada de definir las solicitudes de refugio, ve afectado su prestigio y la desacreditación y desnaturalización de su “genuino rol, alterando intencionalmente su ámbito legítimo de atribuciones”.

“Se puso en tela de juicio casi 1.000 fallos dictados por la Conare a la fecha, dejando en la incertidumbre a igual número de personas beneficiarias de la condición de refugiados”, advierte la institución, que además anuncia acciones legales contra los jueces por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y otros.

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