La Unión Europea (UE) apoyará con 15 millones de euros a la reforma judicial que impulsa el Gobierno y cuya realización se prevé sea hasta 2016, aunque es posible se amplíe hasta 2020.
El jefe de la Delegación de la UE, Tim Torlot, informó que dentro la estrategia de cooperación a Bolivia está incluido el programa de apoyo a la reforma de la justicia que es considerado uno de los tres pilares fundamentales de su cooperación.
Torlot señaló que dentro de la estrategia de cooperación de la Unión Europea (UE) a Bolivia, el programa de apoyo a la reforma de la Justicia tiene destinado, inicialmente y hasta el 2016, 15 millones de euros en donaciones.
“Es uno de los tres pilares fundamentales de nuestra cooperación a Bolivia. Dependiendo de los resultados, será posible destinar un monto adicional hasta el año 2020”, añadió el diplomático.
La pasada semana, el presidente Evo Morales en Cochabamba dijo que un tema pendiente es la Cumbre Judicial que marcará las directrices para el referendo que tiene el objetivo de comenzar con la reforma de la justicia en Bolivia.
A esto Torlot dijo que “confiamos en que la Cumbre de la Justicia, que figura en la agenda del presidente Morales, será un escenario de discusión democrática, con la participación amplia de todos los sectores y actores de la democracia boliviana.
Allí se definirán, seguramente, objetivos y metas, muchas de las cuales podríamos apoyar con nuestro programa”.
Petición de Bolivia
Dejó en claro que la Unión Europea no lleva adelante programas por su propia cuenta sino que “promueve, más bien, programas de cooperación que responden a las necesidades planteadas en Bolivia, por su Gobierno y por los bolivianos”.
Al mismo tiempo, indicó que las actividades en torno a la reforma judicial se coordinan con todos los actores sectoriales que tienen relación con la temática tanto del Órgano Judicial en su conjunto, así como del Ejecutivo con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
“A la mesa se suman agencias de cooperación y el sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Todos los integrantes, de una u otra manera, trabajan en forma coordinada en busca de similares objetivos”, aseveró.
Remarcó que el trabajo en el tema de justicia fue a petición del Gobierno de Bolivia y este programa se trata de una iniciativa a largo plazo, que está destinada a fortalecer la democracia boliviana y sus principales instituciones.
“Ninguna democracia puede desarrollarse si no responde a las necesidades de la población y si no construye un base institucional sólida y participativa, cuya fortaleza radique en la confianza de la ciudadanía y en la certeza de que se trata de instituciones de servicio y no de beneficio de pequeños grupos”, indicó.
Señaló también que el propio presidente Evo Morales reconoció los grandes desafíos que la Justicia plantea en Bolivia y que “no es una novedad que allí campea la corrupción, la falta de transparencia y la retardación en la solución de casos”.
Confianza en la justicia, “una tarea de largo aliento”
Para el jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Tim Torlot, dijo que su estrategia en respuesta al pedido del Gobierno de Evo Morales apoya una tarea de largo aliento para recuperar la confianza de los bolivianos en la Justicia.
“Estamos apoyando al desarrollo de la Mesa Sectorial, en la que están involucrados los principales actores del área.
Reconociendo la diversidad de opiniones y visiones, celebramos los pasos que ya se han dado en la creación de objetivos mínimos a conseguir. No es una tarea fácil, por lo que debemos caminar con cuidado”, añadió.
Dijo que esperaba conocer pronto una estrategia específica de parte del Gobierno, que refleje su voluntad para transformar la justicia boliviana. “Confiamos en que las propias instituciones bolivianas tendrán la capacidad para continuar dialogando en busca de reformar su sistema judicial”.
Aseguró que garantizar el acceso oportuno y crear instancias de resolución transparentes es algo que Bolivia necesita, y los propios bolivianos lo han dicho. “Garantizar un sistema judicial transparente, entonces, es una de las bases para fortalecer la plena vigencia de los derechos humanos en una sociedad democrática. Ésa es la base de nuestro diagnóstico y ese objetivo es coincidente con la propia esencia de la Unión Europea”, concluyó.
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