El TA está dividido, dos grupos buscan la presidencia

Dos grupos de magistrados enfrentados desataron una crisis institucional en el Tribunal Agroambiental (TA), hasta llegar a tener dos presidentes. Esto derivó en acusaciones que se extienden desde el mismo inicio de sus actividades, que hasta ahora los mantiene enfrentados.

Las pugnas surgen desde la primera sesión del TA (2012), cuando, según relató el magistrado Lucio Fuentes, se frustró la presidencia de Ricardo Soto, que aseguraba tener el apoyo de las cinco federaciones de cocaleros del trópico cochabambino. En esa ocasión, Bernardo Huarachi fue quien recibió el respaldo de sus demás colegas para presidir la institución.

Durante los casi cuatro años de ejercicio de funciones de los magistrados del TA, la relación interna siempre fue tensa. Más aún cuando la magistrada Deysi Villagómez denunció que fue agredida física y verbalmente por su colega Soto. Este proceso legal incluso llegó a instancias judiciales ordinarias.

Esa tensa relación también se reflejó en constantes cuestionamientos hacia la presidencia de Huarachi. A fines de 2013 y principios de 2014, cuatro de sus colegas: Lucio Fuentes, Deysi Villagómez, Cinthia Armijo y Javier Peñafiel, le retiraron la confianza a Huarachi y le pidieron su renuncia.

Ese “golpe de Estado institucional”, como lo denominó Huarachi, se concretó el 9 de abril de 2014, cuando los cuatro magistrados citados eligieron a Fuentes como presidente, en medio de cuestionamientos de parte del otro grupo encabezado por el magistrado Ricardo Soto y Yola Paucara, además del propio expresidente.

Huarachi no se quedó con los brazos cruzados. Inicialmente presentó un amparo constitucional que le fue negado por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Ese fallo pasó a manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en calidad de revisión y la pasada semana emitió su sentencia, lo que generó que se reaviven las diferencias entre los siete miembros de la Sala Plena.

Huarachi aseguró que él es el presidente por mandato de ese fallo constitucional y que debe retomar su cargo, mientras que Fuentes señaló que la sentencia es ambigua y no afirma expresamente que su colega debe volver a asumir el cargo.

Entre las largas disputas públicas, el lunes 20 se escribió otro capítulo. Soto, por mandato de ese fallo, instaló y continúo con la sesión del 9 de abril. En esa instancia, Huarachi retomó la conducción de la institución, pero, al mismo tiempo y en medio de alusiones verbales, a propuesta de Peñafiel, se eligió a Fuentes otra vez como presidente con el respaldo de cuatro de sus colegas y se suspendió la sesión quedando hasta ahora con dos presidentes.

Pero el conflicto no quedó ahí. Huarachi presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una denuncia contra sus cuatro colegas para iniciarles un juicio de responsabilidades, por incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. Fuentes, por su parte, dijo que cuando se lo convoque también dirá su verdad y presentará sus argumentos.

Cargos. En criterio de Fuentes, las pugnas en su institución se dan simplemente por las diferencias internas que hay. Además, descartó que por medio estén cargos u otros beneficios personales. El presidente del TA, por mando constitucional, es vocal del Directorio de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y de la Escuela de Jueces.

Fuentes lamentó que la norma esté hecha a la medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “En ese directorio somos un florero, no tenemos poder, somos solo oyentes que no tomamos ninguna decisión”, porque la mayoría está en manos de los magistrados del TSJ, lamentó.

Pero Huarachi denunció que el trasfondo de este conflicto interno es un caso económico, referido al cierre del estado financiero de 2011 del extinto Poder Judicial. “Ese tema no está aclarado hasta este momento. En ese entonces, la Contraloría nos entregó el pliego de cargo (por casi Bs 1,5 millones), mi persona encabezó un proceso ante el Ministerio Público y el Órgano Judicial y está en imputación formal. Entonces hay grupos, hay intereses individuales, hasta logias que quieren tapar (la denuncia). Estos cuatro colegas míos son parte integrante de esas logias”, agregó.

Huarachi explicó que cuando era presidente inició procesos penales por supuestas irregularidades en el cierre financiero que causaron un daño económico.

Aseguró que sus cuatro colegas no hicieron nada para continuar con este proceso porque, en su criterio, son parte de esa logia que quieren tapar las irregularidades.

Fuentes en respuesta negó esas acusaciones y manifestó que esos procesos siguen su curso y están en manos del Ministerio Público y no hay por qué taparlos. También le pidió pruebas a Huarachi sobre sus acusaciones de la presencia de logias en esa institución judicial.

Jueces elegidos en comicios

Elecciones

En octubre de 2011 se desa- rrolló las elecciones de autoridades judiciales para los tribunales Supremo, Constitucio- nal y Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura.

Posesión

Las autoridades electas por voto popular fueron posesionadas en sus cargos en enero de 2012. En el caso del Tribunal Agroambiental (TA), Bernardo Huarachi fue elegido presidente. Éste fue sustituido en abril de 2014.

Prevén considerar el juicio esta semana

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados espera conocer esta semana la demanda del juicio de responsabilidades interpuesta por el magistrado Bernardo Huarachi en contra de Lucio Fuentes, presidente del Tribunal Agroambiental (TA), y de sus colegas Javier Peñafiel, Cinthia Armijo y Deysi Villagómez, con el fin de recuperar la presidencia del TA, con base en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La diputada Lourdes Millares (Unidad Demócrata) informó que hasta ayer no conoció la remisión de la demanda a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, por lo que sugirió que ese trámite será concretado en esta semana.

Huarachi presentó la demanda de juicio en contra de otros magistrados del TA por los delitos de desobediencia a recursos legales, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones.

Huarachi sostiene que el TCP le dio la razón para continuar con su mandato de presidente del TA, gestión que fue interrumpida en abril de 2014, mediante un “golpe de Estado institucional” por Fuentes, aspecto que le impidió cumplir su mandato de tres años.

Millares se excusó de emitir criterio alguno respecto a la pugna por la presidencia del TA, debido a que considerará la demanda y, por ello, no puede emitir criterio anticipado.

Sin embargo, explicó que si prospera el juicio de responsabilidades, el procedimiento será el mismo que el juicio de responsabilidades en contra de magistrados del TCP. O sea, la Cámara de Diputados se constituirá en la parte acusadora, en calidad de Ministerio Público, y el Senado en el Tribunal de Sentencia.