La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) identificó al 2014 como uno de los peores años de la última media década en Bolivia, pese a esfuerzos de reformas judiciales que fracasaron por una serie de acciones de carácter estructural.
El alto comisionado de la ONU para Bolivia, Denis Racicot, ante esta crítica situación propuso implementar un “plan amplio” de reformas a la justicia, que sigue siendo una de las debilidades del Estado.
“El 2014 fue el peor de los últimos años en cuanto a los problemas que se ha señalado, respecto de los últimos seis informes”, indicó.
Manifestó que cada año se ve en el análisis sobre la justicia una serie de problemas estructurales y por consiguiente se va repitiendo las mismas recomendaciones perfilando matices. “Las recomendaciones del año anterior al informe 2014 en la administración de justicia vuelve a ser objeto de atención porque la reforma judicial no ha dado sus frutos”, señaló.
Añadió que los problemas que se han identificado, siendo de carácter estructural, no se pueden cambiar de un día para otro, no obstante que en 2013 y 2014, en particular el último, la Oficina de la ONU ha desarrollado proyecto financiado por la Unión Europea para mejorar la independencia judicial y el acceso a la justicia
Incluso, las autoridades judiciales electas han confrontado distintos problemas internos y tardan en dar sus frutos.
DESDE LA COLONIA El abogado Rogelio Mayta coincidió con las conclusiones de la ONU y recordó que una investigación denominada Laberinto.bo muestra que desde la colonia hasta la actualidad Bolivia nunca pudo consolidar una administración de justicia creíble, independiente, eficiente y democráticamente justa, por mantener el legado colonial con una estructura jerárquica pesada, corrupta y discriminadora.
EL INFORME En el séptimo informe del Oacnudh sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia 2014, considera varios temas como derechos económicos, sociales y culturales, además de derechos de las mujeres, indígenas, pero hace especial énfasis a la crisis judicial.
Racicot manifestó que existe alta preocupación por la crisis en la administración de justicia que a decir de la evaluación efectuada se da, principalmente por la falta de independencia y la corrupción.
LOS PROBLEMAS Los principales problemas estructurales de la justicia mencionados en los últimos informes del Alto Comisionado continúan y se han agravado: escasa cobertura, altos índices de rezago judicial, impunidad, poca confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, falta de acceso a la justicia, escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso.
El presupuesto de las instituciones del sector justicia es insuficiente. Además, es susceptible de corrupción y de influencias políticas.
A comienzos de 2014, la crisis se profundizó como resultado de los cambios en las presidencias de las principales instituciones judiciales, lo que provocó descontento público y declaraciones de altas autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo sobre el desempeño de las autoridades judiciales elegidas en 2011.
“La reforma de la justicia, iniciada hace casi cinco años no dio los resultados esperados para revertir los profundos y persistentes problemas estructurales que afectan a la administración de justicia”, manifestó el funcionario de la ONU.
Para el jurista Mayta, los intentos de concretar la independencia del Órgano Judicial por la vía de “despartidizar” la elección de sus altas autoridades, fracasó porque no se pudo romper ese cordón umbilical de la dependencia política.
RECOMENDACIONES En síntesis la Oacnudh recomendó a Bolivia que sus instituciones del sector justicia, en coordinación con todos los órganos del Estado definan un plan integral de reformas judiciales, que considere lineamientos básicos con medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas estructurales.
Además, que se defina e implemente una política de transparencia y lucha contra la corrupción en la justicia, en concordancia con la política nacional de lucha contra la corrupción y con los estándares internacionales de derechos humanos.
Datos.
Coordinación
ONU recomienda a las instituciones del sector justicia, en coordinación con todos los órganos del Estado, definan un plan integral de reformas judiciales que plantee lineamientos básicos con medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas estructurales.
Transparencia
Asimismo, pide que se defina e implemente una política de transparencia y lucha contra la corrupción en la justicia, en concordancia con la política nacional de lucha contra la corrupción y con los estándares internacionales de derechos humanos.
También que las autoridades realicen investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales en casos de linchamiento.
Observa casos de los reos
Continúa la preocupación del Alto Comisionado por los elevados índices de personas privadas de libertad sin condena y el rezago de la justicia penal, declaró el representante de Acnudh-Bolivia, Denis Racicot.
“Frente a esta situación, las instituciones judiciales aprobaron una serie de medidas de corto y mediano plazo, que pretenden solucionar estos problemas, pero sigue siendo insuficiente”, aseveró.
Destacó el incremento del 49.8 por ciento en el presupuesto para 2014 del Ministerio Público respecto a 2013. Esto permitió a la institución aumentar su cobertura del 23 por ciento al 41 por ciento de los municipios y el número de médicos forenses de 54 a 61.
Mencionó como importante que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura aprueben el Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal, que prevé el incremento de los jueces penales con el fin de mejorar la eficacia de los Tribunales Departamentales.
El Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura aprobaron un programa piloto de Unidades de Flagrancia que contempla cuatro distritos (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca), que pretenden resolver delitos flagrantes dentro de un máximo de 72 horas.
Recordó que el 30 de octubre de 2014 se sancionó la Ley 586, para descongestionar el sistema penal con un tratamiento acelerado para casos y archivos.
Los grandes males son la ausencia de independencia y la corrupción
La politización, la falta de independencia y la corrupción en la justicia desde la fundación de la República de Bolivia son calificados como los peores males que mantiene en crisis a este órgano de poder, coincidieron por separado, el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín y el abogado de las víctimas de Octubre de 2003 Rogelio Mayta.
Este panorama no cambió, a decir de Albarracín, con la aparente democratización de la justicia porque la previa selección se la hizo con los dos tercios del partido oficialista (MAS).
De acuerdo a Albarracín, el problema radica en que en la propia Constitución ya se prevé el nombramiento de los altos magistrados encargados de administrar justicia como una potestad parlamentaria desde la primera Constitución, es decir, esta atribución se mantuvo en Bolivia en todas las versiones constitucionales, con excepción de la actual con Evo Morales.
Por consiguiente, continuó, era el órgano estatal más politizado el que designaba a las altas autoridades judiciales.
“En diferentes coyunturas los partidos políticos con presencia parlamentaria en lugar de promover la designación de los mejores perfiles profesionales para esta sagrada misión, optaban por ubicar en cargos de la entonces Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Distrito a sus militantes, para tener un control directo sobre el Poder Judicial”, consideró.
Mayta dijo que es complicado sacudir a Bolivia de la corrupción y darle independencia a la justicia por la excesiva politización.
Manifestó que el gobierno de Evo Morales pretendió transformar la justicia con la democratización, pero fue un fracaso.
“Con la nueva Constitución en la gestión de Evo Morales se le otorga al soberano la potestad de elegir a los magistrados justicia, sin embargo, al definir que sea la Asamblea Legislativa la que preseleccione a los postulantes, implícitamente se está retornando al anterior sistema para que sean los políticos afines al Gobierno los que definan quiénes llegarán a ocupar estos cargos”, aseveró.
Dijo que queda claro que no se “avanzó nada”, pues
nos siguen repitiendo del pasado con la designación politizada de los magistrados de la justicia.
Observan la corrupción en el Poder Judicial
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia 2014 observó la ausencia de transparencia y la corrupción judicial.
En cuanto a la eficacia del régimen disciplinario de jueces y funcionarios judiciales, en 2013 los jueces disciplinarios recibieron 1.878 denuncias en todo el país y la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura conoció 384 procesos, en etapa de revisión.
El documento detalló que anualmente se procesa un 65 por ciento de las denuncias ingresadas, por lo que el 35 por ciento queda pendiente para la próxima gestión.
Durante los seis primeros meses de 2014, los Juzgados Disciplinarios emitieron 252 resoluciones, declarando el 52 por ciento de las denuncias no probadas y el 37.4 por ciento probadas, mientras que el 7.5 por ciento fueron desestimadas y el 3.1 por ciento prescribieron.
MAGISTRADOS El informe hace referencia sobre la suspensión de sus funciones a los magistrados del Tribunal Constitucional Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi, en el marco de un juicio de responsabilidades sustanciado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
A proposición del Gobierno, la Ley 044, que fue reformada por la Ley 612 de 3 de diciembre de 2014, modificando en tiempo récord las facultades de la Asamblea Legislativa y manteniendo únicamente la posibilidad de destitución de altas autoridades judiciales por razones administrativas.
No obstante, Acnudh-Bolivia observó que la forma en la que se han llevado adelante varios actos procesales podría haber vulnerado las garantías del debido proceso, particularmente el derecho a la defensa de los enjuiciados.
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