Escoltada por familiares y víctimas de caso que ella investigaba, Claudia Castro, denunció ayer que tiene los argumentos y la documentación necesaria para demostrar que al interior de la Fiscalía Departamental de La Paz operan consorcios conformados entre jueces y fiscales que protegen a falsificadores de documentos que buscan despojar de sus bienes a los verdaderos dueños de varios inmuebles en La Paz.
Al finalizar la entrevista en radio Erbol, Castro solicitó, tanto autoridades del Gobierno como al propio Fiscal General del Estado, las garantías necesarias ya que asegura ser objeto de amenazas y persecución, temiendo por la seguridad de su familia y la suya.
El temor de la abogada, de la cual se afirma, fue destituida de la Fiscalía Departamental, debido a que en los delitos que investigaba como Fiscal de Materia en la Unidad de Económicos y Financieros, están comprometidas varias autoridades, contra quienes, asegura, cuenta con la documentación necesaria para demostrar sus denuncias.
Castro detalló que a raíz de la investigación que efectuó en contra del abogado Gino E.M. en 2014, se allanó una oficina donde se encontró 91 minutas de trasferencia falsificadas, a las que sólo le faltaba el nombre de la víctima, a la que se quería despojar de una propiedad.
Al menos tres son los funcionarios del Consejo de la Magistratura, citados por Castro, entre ellas una juez de sentencia y la expresidenta de esta instancia.
En el caso de la Fiscalía Departamental, el escenario es más complejo pues Castro señala una larga lista de nombres entre fiscales y asistentes, además de nexos e intereses personales sobre casos delicados como el del Fondo Indígena.
También, mencionó la presunta relación del personal que fungía como asistente en su despacho, mantiene con el exfiscal Humberto Quispe y la exfiscal de Distrito Patricia Santos, que en los recientes cuestionamientos al Ministerio Público fueron objeto de polémicas destituciones.
Al momento, desde la Fiscalía de Distrito, sin citar la fecha, tipo de documento o el tenor de la supuesta destitución, aseguran que ya no forma parte de la institución al igual que dos exallegadas al despacho de Patricia Santos.
En cuanto a los casos que investigaba, Castro señaló que luego de una “mediática” intervención estos pasaron a manos Marco Antonio Vargas, el supuesto “vocero” de la Fiscalía en la detención del periodista de EL DIARIO, Carlos Quisbert, el pasado 8 marzo, mientras investigaba datos en torno al Caso Alexander.
Castro acusó a Vargas de haber sido destituido en anterior ocasión, por supuestos actos de corrupción en la Aduana y que luego de contar con el aval político de otro involucrado en caso del Fondo Indígena, es nombrado en el mismo.
Por último, mencionó que plateará las denuncias correspondientes y que ahora está respaldada por las víctimas del caso investigado, sobre el cual mantienen su interés autoridades del Poder Judicial.
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