Saturday, May 30, 2015

Tres años de cárcel para la persona que ocultó a Belaunde en Magdalena

El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz sentenció a tres años de cárcel a Rodrigo Quispe, la persona que ocultó en el domicilio de su madre en Magdalena, Beni, a Martín Belaunde, informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

El fiscal departamental de La Paz, Paúl Franco, informó que el acusado
confesó que recibió 5.000 dólares de parte del empresario, capturado el jueves en Magdalena y entregado a Perú en La Paz este viernes, para ayudarlo a esconderse de la Policía.

Quispe decidió someterse a procedimiento abreviado y reconocer su culpabilidad en el delito de favorecimiento a la evasión, uso de instrumento falsificado y falsedad material. Cumplirá su condena en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

La autoridad también manifestó que Quispe reveló que tuvo contacto con un abogado de Santa Cruz, así como con el asesor que está detenido, Jorge Valda, con el fin de favorecer a la evasión del que fuera prófugo, Martín Belaunde Lossio, hasta lograr su salida del país.

La Fiscalía continúa las investigaciones en contra de una decena de personas acusadas de haber colaborado en algún grado a la fuga de Belaunde, el pasado domingo de un domicilio en La Paz. Entre ellos están los policías que eran su custodia, familiares, y su abogado Jorge Valda.

Reportan que fiscal está como rehén en Llallagua

La población de Llallagua vivió ayer su tercer día de tristeza e indignación por la violación y asesinato de una niña de cuatro años y lo expresó con una nueva marcha de protesta, la intención de quemar nuevos edificios públicos y la presunta toma del fiscal como rehén.

El enlace “Llallagua página oficial”, de la red social de Facebook, reportaba ayer la detención del fiscal Alfredo Santos “en calidad de rehén para el intercambio con el autor del crimen”, quien fue evacuado el pasado jueves por la Policía a la ciudad de Potosí ante el riesgo de que sea linchado por la multitud, que terminó quemando su casa.

“El Fiscal ‘rehén’ no fue victimado ni mucho menos, al contrario se lo invitó a la reunión que se llevará a cabo mañana (hoy) en inmediaciones de la Alcaldía Municipal de Llallagua”, indicaba la información en la red social. Este medio no alcanzó a verificar esta última información.

El autor confeso, un joven de 16 años, fue sorprendido el pasado miércoles cuando trataba de violar a otra niña. Tras ser detenido, confesó haber sido el autor de la muerte de la niña de cuatro años, además de otra en febrero pasado.

La noticia causó tal conmoción en Llallagua, que la población salió a protestar el miércoles y jueves, en marchas que desbordaron en la quema de, al menos, cinco inmuebles públicos: la Escuela Básica Policial (Esbapol), la fuerza anticrimen, la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y el Servicio Legal de la Alcaldía, además de dos casas de familiares del detenido.

El alcalde de Llallagua, Tomás Quiroz, entrevistado por la red Erbol, lamentó los destrozos ocasionados pultitud en los edificios municipales, pese a que manifestó que los gastos de arreglos podrían ser cubiertos con partidas destinados por el Gobierno Municipal a seguridad ciudadana.

El Alcalde también señaló que se esperaba la llegada de la fiscal departamental de Potosí, Vilma Blas, para hacer una segunda autopsia a la niña.

Las manifestaciones contra la inseguridad prosiguieron ayer, mientras en ambientes de la Alcaldía se velaban los restos de la niña hallada el miércoles.

Proceso a policías y fiscales

El alcalde de Llallagua, Tomas Quiroz, informó también a la red Erbol que efectivos policiales y dos fiscales serán procesados por negligencia en la búsqueda de la niña de cuatro años que fue raptada, violada y asesinada.

Los dos fiscales y policías “serán juzgados”, debido a que no supieron investigar a tiempo el caso “y que ello era su responsabilidad”, explicó.

Quiroz agregó que, con representantes del Gobierno, ya se acordó ayer en la mañana, el reemplazo total de los policías y fiscales que trabajan en esta localidad potosina.

Son 120 efectivos de la Policía provincial y dos fiscales, a quienes se acusa de inacción ante la desaparición de la niña.

Quiroz indicó que esta mañana las autoridades de Llallagua se reunieron con los viceministros de Justicia, Diego Jiménez, y de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano.

Señaló que en el encuentro se concertó el recambio de fiscales y policías, además se garantizó la pronta presencia de la fiscal departamental, Wilma Blazz, para una segunda autopsia a la niña.

Juez ordena 3 años de prisión para implicado en la fuga de Belaunde

El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz determinó condenar a Rodrigo Quispe Quispe, implicado en la fuga de Martín de Belaunde, a cumplir tres años de prisión en el penal de San Pedro.
La rapidez de la sentencia se debe a que Quispe se declaró culpable y accedió a un proceso abreviado.
De acuerdo al Ministerio Público, Quispe es la persona que acogió a Belaunde en el inmueble de su madre en la localidad beniana de Magdalena, donde el empresario fue capturado ayer. Para ese efecto, el acusado recibió 5.000 dólares


Fue condenado por los delitos de favorecimiento a la evasión, uso de instrumento falsificado y falsedad material.
El fiscal departamental de La Paz, Paul Franco, indicó que Quispe tuvo contacto con el abogado de Belaunde, Jorge Valda, para lograr la huida del país del empresario.

Morales dice que existe corrupción en el sistema de justicia

Dos personas que trasladaron al empresario a Magdalena están en La Paz y fueron imputados.

La captura y posterior entrega del empresario Martín Belaunde Lossio causó un remesón judicial en La Paz, después que el presidente Evo Morales señaló en Desaguadero, población fronteriza entre Bolivia y Perú, que hay jueces, abogados y policías corruptos.

El primer mandatario que acompañó el proceso de entrega del empresario prófugo Martín Belaunde a las autoridades peruanas en el puente internacional en Desaguadero, lamentó que haya abogados y policías deshonestos en el país, y recomendó que la lucha contra este mal debe ser frontal.

"Las autoridades deben hacer justicia y asumir su responsabilidad. La gente implicada con la fuga, en Bolivia, será juzgada".

En la ocasión, el presidente Morales, volvió a recordar que el país no es un refugio para delincuentes internacionales.

"Quiero que sepan los delincuentes comunes, extranjeros corruptos, que Bolivia no será refugio de corruptos ni delincuentes, que entiendan, y no confundan a Evo con Obama ni a Bolivia con Estados Unidos".



DESLINDA RESPONSABILIDAD. Con la barba crecida y el semblante agotado, Martín Belaunde capturado en la región amazónica de Magdalena, Beni, fue trasladado a la oficina de Migración en Desaguadero, antes de ser llevado a la línea fronteriza, el puente internacional.

El ciudadano peruano evitó dar declaraciones, pero lo único que llegó a decir es que los policías que estaban a cargo de su custodia —en el sector de Los Pinos de Bajo Llojeta— no tienen responsabilidad en su fuga, que ocurrió la madrugada del domingo 24 de mayo.

"Gracias. Hasta luego", esas fueron sus unicas palabras al momento de ver fijamente al primer mandatario, Evo Morales



PROCESO. En tanto, el Ministerio Público continuará con el proceso iniciado en contra de los presuntos cómplices de la fuga del empresario peruano, debido a que cometieron delitos de orden público en Bolivia, afirmó la fiscal Jenny Quispe.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, confirmó esa acción y advirtió que existe un proceso penal abierto por la fuga del extranjero, por evasión, debido a que se violó la detención domiciliara que cumplía en una vivienda en Bajo Llojeta.

Guerrero explicó que existe una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que autoriza la extradición del señor Belaunde hacia Perú y, sobre la base de estos documentos, se analizará también junto a la Cancillería de Bolivia, el futuro legal de su proceso.

La fiscal Quispe adelantó que la comisión de fiscales que investiga el caso, se ausentará al Perú para anotar las declaraciones de Martín Belaunde, quien tiene abierta una causa en La Paz y también debería ser procesado, especialmente por cohecho.



A LA FECHA HAY AL MENOS 13 PROCESADOS PENALMENTE POR LA FUGA. A LA LISTA SE SUMAN LAS SEIS PERSONAS APREHENDIDAS EN BENI.



LOS NARCOS MEXICANOS

El empresario Martín Belaunde llegó a Lima y en las próximas horas será ingresado en un penal de máxima seguridad.



24 DE MAYO

La Policía y familiares hacen conocer de la fuga de Martín Belaunde, quien ya no contaba con orden de arresto domiciliario, ni custodios policiales.



28 DE MAYO

La Policía, en un operativo, lo captura en una casa de comerciantes de ropa usada y electrodomésticos, en la zona de Magdalena, provincia Itenéz de Beni.



29 DE MAYO

Martín Belaunde es entregado al Perú, sin los procedimientos legales. En tanto, en La Paz, otras 19 personas vinculadas a la fuga aún son procesadas.

Friday, May 29, 2015

Video El exfiscal Humberto Quispe se acogió por segunda vez al derecho al silencio

video Una mujer denunció retardación de justicia y fue víctima de abusos policiales

Video El registro de procesados en la Fiscalía de La Paz se redujo a 1 minuto con el nuevo sistema

Video Investigarán a jueces y vocales por existir indicios de soborno para favorecer a Belaunde

Fiscalía dice que jueces fueron sobornados por el empresario

El Ministerio Público señaló ayer al abogado Jorge Valda y a Yuliano Arista, más conocido como el Curaca Blanco, de haber participado en la entrega de sobornos de hasta 80.000 dólares a distintas autoridades del Órgano Judicial, de la Comisión Nacional del Refugiado en Bolivia (Conare) y de la Dirección de Migración, para favorecer Martín Belaunde.
"Arista iba al Desaguadero para recibir dinero y entregarlo al abogado Valda, con lo que después se cancelaba a autoridades judiciales para obtener beneficios a favor de Belaunde. Se sabe que Valda hacía varias transferencias con estos fines”, reveló ayer el fiscal Anghelo Saravia, uno de los que integra la comisión que investiga la fuga del empresario peruano.
En audiencias de medidas cautelares, el abogado del Ministerio de Gobierno sostuvo: "Seguro la defensa preguntará a quiénes estaban destinados los sobornos, pues fueron a los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a funcionarios de Migración, del Conare y además a los policías que custodiaban a Belaunde. Hablamos de sumas de hasta 80.000 dólares”.
De acuerdo con las imputaciones contra Arista, Valda y otras personas, el primero declaró que Valda, abogado de Belaunde, recibía sumas "exorbitantes” de entre 20.000 y 80.000 dólares para "pagar a vocales de la ciudad de Sucre y jueces de la ciudad de La Paz, quienes le habrían favorecido en su resolución judicial”.
La Fiscalía expuso además que se entregó un vehículo en una empresa de Rent a Car para obtener un préstamo de 58.000 dólares, que debía entregarse como coimas a funcionarios públicos.
Pero, además, el 21 de mayo Arista viajó a Puno para recoger 80.000 dólares, con los que Valda debía sobornar a un vocal del Tribunal Supremo de Justicia, quien retrocedió a poco de concretarse el acuerdo, por lo que Arista dijo: "Éstos son unos maricones de (...) y ahora vamos a hacer el plan B de extracción”, según la Fiscalía.
Por esos hechos, la Fiscalía imputó a Valda y a Arista por cohecho activo y favorecimiento a la evasión, este último relacionado con la fuga de Belaunde.
Alberto Morales, abogado de Valda, afirmó, con referencia a los supuestos sobornos, que tales acusaciones no pueden hacerse con base sólo en una declaración.
"Arista nos dijo que a él prácticamente le presentaron su declaración para que la firmara en la Policía y que si no lo hacía, su hija iría presa. Nos dijo que en cuanto él pudiera, haría una aclaración, pues no era verdad lo que allí se decía, lo torturaron y lo presionaron”, informó.
Efectivamente, en una audiencia Arista sostuvo que él jamás había declarado de forma voluntaria esas cosas y que lo torturaron y lo amedrentaron psicológicamente para inculparse e inculpar a otros con amenazas.

"Quiero decir que se inventaron todo esto que está en la imputación. Yo no declaré esto, a mí me hacen decir cosas que no dije. Me amenazaron que arrestarían a mi hija y a mí me trataron como a un gran delincuente”, afirmó.

Envían a la cárcel a Yuliano Arista

Un juez de Instrucción Cautelar decidió ayer enviar al penal de San Pedro con detención preventiva a Yuliano Arista, quien alojó en su domicilio al peruano Martín Belaunde los últimos meses, imputado por cohecho activo y favorecimiento a la evasión.
Asimismo, otorgó detención domiciliaria a los coimputados Paolo D. y Gabriel G., procesados por el último delito mencionado.
El juez consideró que no se comprobó que Arista tuviera una vivienda –pese a que alojó a Belaunde en una de ellas-, tampoco que tuviera trabajo lícito ni familia, por lo que podría darse a la fuga. Además, no se comprobó que los coimputados tuvieran un trabajo lícito y una vivienda, aunque sí familia.
Los tres imputados coincidieron al declarar que el sábado 23 de mayo se encontraron en una parrillada a las 16:00 en la ciudad de Santa Cruz. Ahí, Arista conoció a Gabriel, cuñado de su sobrino Paolo, quien llegó a fines de abril a Bolivia desde Argentina y en compañía de familiares.

Thursday, May 28, 2015

Postulantes a conciliadores se alistan para el examen

En Santa Cruz, 127 postulantes a los cargos de conciliadores se preparan para acceder a un examen de competencia que se realizará la próxima semana en los predios del Palacio de Justicia, así lo informó Carlos Alberto Calderón Medrano, encargado distrital del Consejo de la Magistratura.

"En su mayoría los postulantes son abogados, psicólogos y trabajadores sociales, entre ellos vamos a escoger 42 para acceder a los cargos que se distribuirán en la ciudad y las provincias", informó Calderón. Mientras que a nivel nacional la representante del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó ayer que el 1 de junio cerca de 1.800 postulantes a conciliadores rendirán examen para optar por este cargo. Los que aprueben ocuparán los 157 puestos que entrarán en vigencia con los Códigos Morales.

Fiscalía identifica al cerebro de la fuga de Belaunde y pone la mira en Valda

Investigaciones del Ministerio Público revelan que la fuga de Martín Belaunde demandó importantes sumas de dinero y hasta la compra de vehículos. Los indicios dan a conocer que el abogado Jorge Valda no se limitó a dar asesoramiento jurídico a su cliente, sino que él habría liderizado los preparativos de la huida. Así informó el fiscal Ramiro Guerrero al periódico digital Oxígeno.

Por otra parte, el diario El Deber informó que la Fiscalía Departamental de La Paz estableció en sus investigaciones preliminares que Valda cobró miles de dólares que Belaunde recibía desde Estados Unidos, Perú y Colombia. La acusación que se prepara contra el jurista es de cohecho activo y de favorecimiento a la evasión.

"Al ver que su cliente se encontraba perdido dentro de los procesos interpuestos, realizó acciones tendientes a la fuga de este ciudadano de nacionalidad peruana. Consecuentemente habría planificado, organizado para que ocurra la fuga de Martín Belaunde", refiere el cuaderno de investigaciones revelado por los periodistas.

"Los abogados no sólo habrían prestado un asesoramiento jurídico, sino habrían tendido la participación plena en la evasión (a la justicia). Dentro de las investigaciones hay fuertes movimientos de dinero que se hubieren empleado", declaró el fiscal general sin detallar la suma específica. "Son fuertes sumas de dinero que se utilizaron para la compra de vehículos, una serie de situaciones, no quiero dar nombres ni adelantar", dijo Guerrero.

El informe policial de acción directa en la ciudad de Potosí señala que Valda se encontraba en compañía de María del Carmen Arista Díaz (hija de Yuliano Arista, el "curaca blanco") y de Martín Cortez Morales (cuñado de Valda) a bordo de una vagoneta marca Hyundai en la tranca de San Antonio, a 5 kilómetros de esa ciudad, en el camino a Oruro.

En este marco, las declaraciones de Yuliano Arista parecen haber sido decisivas. Según el anfitrión de Belaunde, éste entregó distintas sumas a Valda en días recientes, que van desde los 20 mil hasta los 75 mil dólares, montos que los fiscales consideran que fueron para pagar a los cómplices de la evasión.

Con base en las declaraciones de los detenidos, el informe oficial también refiere a que el lunes 25 de mayo, un día después de descubrirse la fuga de Belaunde, Valda pidió a su secretaria, V.G.C., que vaya a dejar su pasaporte a casa de su mamá y que lleve su computadora portátil a la oficina de un abogado (no menciona el nombre).

También figura una declaración del corredor Alí Eid Alí, que asegura que le habría prestado $us 58 mil a Yuliano Arista, pero el que habría recogido el dinero fue el abogado Jorge Valda. A cambio le dejaron una vagoneta propiedad de Arista.



La versión de Valda

Cuando Valda fue atrapado, tenía en su poder dos pasaportes de distinto color, uno guindo y otro azul; tarjetas de crédito de tres bancos; computadoras, portátiles, tabletas, discos duros externos e impresoras, además de documentos del caso Belaunde.

Pese a los cuestionamientos, el abogado negó cualquier participación en la fuga del empresario y cuestionó que la Policía no haya cumplido con su labor como responsable de la vigilancia durante el tiempo de detención domiciliaria del peruano.

"En principio, no tengo la menor idea de dónde está; y quien estaba encargado de velar por su seguridad y su custodia para que él permanezca en el lugar, era la Policía. Lo que trata de hacer la Policía es intimidar, trata de generar temor, amedrentar y extorsionar, esa es la labor de la Policía, lamentablemente, para cumplir una labor investigativa", indicó.

La Sala Penal Segunda rechazó este miércoles la acción de libertad que presentó la defensa de Jorge Valda, abogado del prófugo Martín Belaunde, informó la abogada Sandra Almanza. "Se negó la acción de libertad, ellos (los jueces) han pasado la pelota a la cancha del juez cautelar, y dicen que él se encargue de todas las arbitrariedades e irregularidades que han restringido la libertad del colega Valda", explicó al salir de la audiencia.

La abogada de Valda dijo que en la audiencia se observó varias irregularidades, porque el juez no revisó el cuaderno de investigaciones antes de emitir el fallo.

"Ni siquiera se ha tomado la molestia de ver la prueba que hemos presentado nosotros, el Ministerio Público ha sido tan negligente para ni siquiera traer el cuaderno de investigaciones. Esperamos que esto sea tomado en cuenta en Sucre, en grado de revisión de esta acción", cuestionó la jurista.

Wednesday, May 27, 2015

El 1 de junio, conciliadores rendirán exámenes



La representante del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó ayer que el 1 de junio cerca de 1.800 postulantes a conciliadores rendirán examen para optar por este cargo. Los que aprueben ocuparán los 157 puestos que entrarán en vigencia con los Códigos Morales.

“Se han revisado los méritos (de los postulantes) que han presentado, tenemos una lista final y se convoca al examen de competencia que va a ser simultáneo en todo el país”, manifestó la magistrada Mamani.

Desde el 7 de agosto entrarán en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y el Código de Familias, que son parte de los nuevos Códigos Morales. La magistrada aseguró que los 157 conciliadores electos cumplirán funciones sobre las normativas referidas.

Tuesday, May 26, 2015

Video Autoridades del TSJ aseguran haber cumplido con el trámite de extradición de Martín Belaunde

Senadora Gonzales llama 'mentiroso' al Fiscal General

La senadora de Unidad Demócrata, Carmen Eva Gonzales, reiteró ayer la denuncia presentada la semana pasada contra el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sobre las irregularidades que se tejieron en el denominado caso Alexander, donde se ocultaron resoluciones de sobreseimiento a favor de seis imputados, con el fin de forzar juicios abreviados y mantener una supuesta teoría de violación.

Presentación de pruebas. Gonzales mostró ayer la Resolución de Sobreseimiento Nro 001/2015, firmada el 29 de enero de 2015 por el Fiscal Asignado, Leopoldo Ramos, por el cual liberaba de culpa a los imputados, porque las pruebas acumuladas desde noviembre de 2014 a enero de 2015, “eran insuficientes” para sostener la acusación de infanticidio, y encubrimiento.

“Usted es simplemente un mentiroso y lo voy a probar”, dijo Gonzales al referirse al fiscal general.

Insiste ante el informe oral ante el Congreso. Finalmente, Gonzales, exigió al presidente del Senado, a fijar día y hora para el informe oral del fiscal general del Estado ante el Congreso, petición que hizo hacen dos semanas para la actuación congresal.

Piden informe a la exfiscal Santos

La exfiscal Patricia Santos, fue invitada por parlamentarios de opisición para prestar un informe oral sobre las investigación del caso de vejación y muerte del bebé Alexander, por irregularidades que conocieron los legisladores de Unidad Demócrata. La senadora Carmen Eva Gonzales dijo que existe una resolución de sobreseimiento para algunos imputados y que no dieron validez a la investigación. También piden informe al fiscal general Ramiro Guerrero.

Monday, May 25, 2015

Faltan oficinas y grabadoras para ejecutar los Códigos Morales



A 72 días de que entren en vigencia los Códigos Morales, el Consejo de la Magistratura avanzó un 80% de su implementación, pues le resta el 20% que implica el alquiler de oficinas para los juzgados y la compra de equipos para grabar los juicios orales.

Bajo la denominación de Códigos Morales, por el apellido del presidente Evo Morales, el Estado boliviano comenzó una “revolución judicial” a través de la revocación y actualización de las normas legales que comienzan con el Código Procesal Constitucional, el Código Niño, Niña y Adolescente y la Ley del Notariado. Se tiene planificado que desde este 6 de agosto entren en plena vigencia los códigos Procesal Civil, de las Familias y del Proceso Familiar.

Esta responsabilidad de la implementación de los códigos modificados está en manos del Consejo de la Magistratura. La consejera Cristina Mamani sostuvo que la construcción y elaboración del plan comenzó en diciembre de 2013, en una labor coordinada con el Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, Escuela de Jueces del Estado y el Ministerio de Justicia.

Avance. Mamani manifestó que hasta el momento ya se avanzó en un 80% de esa implementación, particularmente en la infraestructura para los juzgados públicos en materia civil, familia, niñez y adolescencia, además de las salas de audiencia, oficinas de conciliación y sus salas de conciliación que están siendo adecuadas en cada uno de los tribunales departamentales y por la dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial (DAF).

En caso de no existir o si faltare ambientes para el funcionamiento adecuado de juzgados y oficinas de conciliación, el Consejo de la Magistratura tiene planificado alquilar ambientes en los inmuebles más cercanos a cada tribunal departamental.

Pero, ¿cuáles son las particularidades que deben tener las nuevas salas de juicios orales? Cada ambiente, para el desarrollo de las audiencias, deberá estar equipado con computadoras, impresoras, scaners, equipos de video y audio para registrar las audiencias, además de servidores y una red de internet. También se debe garantizar la existencia de mobiliario, entre ellos escritorios, sillones ejecutivos, vitrinas y estantes.

En criterio de Mamani, uno de los cambios más importantes será la vigencia de los conciliadores. Su colega Róger Triveño confirmó que el 2 de junio, luego de un proceso de selección de méritos, se tomará exámenes en todo el país a profesionales para que postulen a estos cargos.

Mamani dijo que en total serán 157 conciliadores que comenzarán a trabajar desde el 6 de agosto y consideró fundamental su rol porque, a través de la cultura de paz y del diálogo, evitarán llegar los procesos a instancias judiciales y, de esa manera, se reducirá la carga procesal en el país.

Cada uno de los conciliadores, según cálculos hechos en el Órgano Judicial, debe tener una remuneración que se ubique en un nivel salarial intermedio entre el secretario del juzgado y del juez. Por ese motivo se pensó que este operador de justicia debe ser considerado como profesional III en la escala salarial vigente, con lo que queda habilitado para obtener mensualmente Bs 5.719.

El consejero Triveño informó que toda esta implementación se lleva adelante con el uso de recursos propios del Órgano Judicial. Actualmente, el Tesoro General de la Nación (TGN) asigna el 0,85% del total del presupuesto para la Justicia, que en cifras absolutas representa Bs 600 millones.

Con esa cantidad de recursos no se brindará las condiciones óptimas para el funcionamiento de los juzgados públicos, solo se alcanzará a cubrir las necesidades mínimas para el inicio del funcionamiento de esos juzgados, afirmó el director Nacional de Control y Fiscalización, Juan Michel. La autoridad advirtió que el TGN debe destinar recursos adicionales para la implementación de los Códigos Morales en Bolivia.

Además, Michel hizo notar que actualmente se encara la implementación de los Códigos Morales con los recursos gestionados de la cooperación internacional, particularmente a través de Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y recursos propios del Órgano Judicial. “Solo alcanzaremos a cubrir las necesidades más mínimas para brindar condiciones de funcionamiento de los juzgados públicos”, señaló el entrevistado.

Presupuesto. Todo el proceso de implementación tiene hasta el momento una inversión aproximada de Bs 20 millones, principalmente destinados al equipamiento y adecuaciones de la infraestructura. Sin embargo, Michel estimó que sería óptimo destinar al menos Bs 60 millones para cubrir con toda la demanda que implica la puesta en marcha de los códigos modificados.

En el monto ejecutado, según Michel, no se toma en cuenta los recursos para la nivelación salarial de los jueces de instrucción que, al constituirse en jueces públicos, percibirían una salario similar a un juez de partido, lo que representa aproximadamente Bs 10 millones adicionales que, en criterio de la autoridad, deben ser cubiertos por el TGN, ya que el Órgano Judicial agotó sus recursos para aumentar sueldos.

A esto se suma la nivelación salarial para el personal de apoyo de los juzgados públicos, especialmente para el caso de provincias. De acuerdo con lo establecido en la norma, los actuales jueces de Instrucción y Partido se convertirán en jueces públicos en Materia Civil y Comercial, por lo tanto no se crearán nuevos juzgados y se trabajará con los mismos recursos humanos existentes.


La Justicia culpa al Ejecutivo de la fuga de Belaunde

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responsabilizó hoy al Poder Ejecutivo de la fuga del peruano Martín Belaunde Lossio, la madrugada de ayer de una vivienda particular en la ciudad de La Paz. "Era responsabilidad del Ejecutivo la custodia, el resguardo, la seguridad del ciudadano peruano (Martín Belaunde) de modo que no podemos opinar otra cosa; para ello está la Policía, para eso está la Interpol (Policía Internacional), ellos son las instancias que deberían tener el resguardo pertinente”, dijo el magistrado del TSE, Pastor Mamani, reportó la red Erbol.



(avance)

El Gobierno dicta líneas de acción a la justicia

En más de una oportunidad, en varios casos que se ventilan en la justicia boliviana, se ha escuchado declaraciones del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, ministros e influyentes funcionarios del régimen donde opiniones anticipadas sobre culpabilidad o inocencia y muchos otros procesos cuestionan los fallos o decisiones de fiscales y jueces.

En un régimen que controla dos poderes del Estado y que jugó un rol vital en la designación de los mandos judiciales, los opositores y analistas consideran que tales opiniones o declaraciones son asumidas como órdenes por los operadores de justicia, por temor al poder.

Cabe recordar que desde el Ejecutivo se han impulsado diversos procesos contra jueces, fiscales y magistrados cuando el oficialismo considera está disconforme con los dictámenes.

Críticas al sistema. El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Samuel Cruz, cuestiona que las autoridades gubernamentales, realicen injerencia en la justicia.

"Es lamentable cómo el gobierno quiere a toda costa interferir en la justicia, hay una clara intromisión del ejecutivo en el órgano judicial. Esa intromisión hace que la justicia empiece a distorsionarse y pervertirse", manifestó el diputados, a tiempo de señalar que en más de un caso se han escuchado declaraciones en el que las autoridades gubernamentales han "sentenciado" a personajes acusados por determinados casos.

Cuestiona que esta actitud sea adoptada en casos en el que precisamente se refieren a personajes políticos, principalmente de la oposición, generando desconfianza hacia el sistema judicial.

Considera que el mecanismo que emplea el Gobierno, es dar declaraciones públicas ante los medios de comunicación para que las autoridades judiciales a cargo de los determinados casos tomen decisiones en base a la "línea de las autoridades gubernamentales".

"En el país hay menos justicia y eso es una muy mala señal para quienes siempre buscamos justicia y bienestar. No hay garantías para hacer justicia o esperar un equilibrio", precisó.

Control del poder. Para la diputada de la bancada opositora Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, el Gobierno de Evo Morales, insiste en tener el control de los poderes del Estado bajo su dominio.

Señala que este es un modelo autocrático de los partidos, puede generar problemas en la administración pública, debido a la falta de control, fiscalización y observaciones a los órganos del Estado, frente al grupo determinado que controla el poder.

"Lo que sucede es que tenemos un órgano ejecutivo enorme. Como están por encima del resto de los poderes los autócratas se acostumbran de tomar definiciones, el rey o jefe de Estado que es la cabeza principal dicta leyes a su antojo", apuntó Costa.

Afirma que se debe lograr un mejor equilibrio para mostrar transparencia en el trabajo que ejecutan las autoridades de turno, enfatizando la necesidad de aplicar la independencia de poderes.

En el mismo sentido, se manifestó el analista político, Julián Ibarra, miembro del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, quien resalta el control del Gobierno en hechos judiciales que tienen tintes políticos.

Indica que la justicia es algo que no se puede ocultar y que se lo ve cotidianamente, ante la falta de equilibrio de poder, dado que el MAS tendría el poder absoluto en los órganos del país, provocando un desequilibrio.

Sin embargo, para Ibarra, la oposición es responsable de esta situación que viven los bolivianos, dado que a su parecer los líderes de oposición al MAS deben adoptar una actitud más dura y de mayor control a la injerencia.

"Es inevitable la injerencia política. Si el Gobierno tiene poder absoluto en todo, ¿Qué juez va querer irse en contra del poder?, Cualquier situación que se dicte en contra del gobierno es sujeto a ciertas acciones que lo desfavorecerán", opinó el politólogo.

Duras observaciones. Desde el MAS, el diputado supraestatal, Edgar Romero, hizo duras críticas al trabajo que desarrollan algunos administradores de justicia en el país.

Considera que en más de un caso, los jueces, han actuado favoreciendo a los imputados de determinados procesos.

Sin embargo, considera que en casos específicos en donde se tienen imputados a personas acusadas por el mismo Gobierno Central, los jueces estarían actuando de forma transparente.

Niega que exista cierto tipo de injerencia desde el oficialismo hacia los jueces. "Hoy por hoy la justicia está mal y no podemos negarlo. Muchos administradores están actuando a favor de las personas que tienen recursos económicos", manifestó el parlamentario, haciendo énfasis a la necesidad de un cambio estructural en el sistema judicial.

Plantea que se debe coordinar una renovación general en la justicia, con jueces probos idóneos con transparencia.

"En el país hay menos justicia y eso es una muy mala señal para quienes buscamos bienestar, lamentablemente no hay garantías en el país".

Samuel Cruz
Diputado opositor PDC

Críticas
Elecciones judiciales bajo la lupa

Trabajo. El 16 de octubre del año 2011, en Bolivia se realizaron de forma inéditas las polémicas elecciones judiciales, las mismas que hasta la fecha siguen siendo cuestionadas.

Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), se abrió la posibilidad de poder elegir a las máximas autoridades de la justicia del país: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como de los consejeros del Consejo de la Magistratura.

Mecanismo. El analista político Diego Ayo, cuestiona la elección judicial que se ejecutaron meses atrás. A su parecer esta actividad electoral fue un mecanismo para tener un control político sobre las determinaciones de estas autoridades. "No les bastó la elección, no fue suficiente eso para controlar el poder político. Los elegidos se han dado la vuelta a sus funciones legales y no tienen independencia para ejercer", enfatizó el analista.

Veracidad. El diputado Samuel Cruz (PDC), considera que los actuales jueces carecen de veracidad y confianza en la población boliviana, al momento de ejercer su función. "Si no se sanea la justicia, si no hay jueces probos, profesionales en leyes que puedan darnos garantías de hacer justicia, lamentablemente vamos a seguir en este rumbo que cada vez empeora más", añadió.

Declaraciones criticadas

"Todos estamos convencidos de que había separatismo para la independencia y eso debe ser procesado
por encima de cualquiera que sea nuestra diferencia ideológica, programática, cultural y social. Primero está la unidad de todo el pueblo"

Evo Morales
Presidente

"Ellos han cometido una arbitrariedad aberrante, injustificada desde cualquier punto de vista de la justicia, un funesto precedente que no se puede permitir. Pido que suceda y pido detener ese tipo de arbitrariedades del Tribunal Constitucional Plurinacional”

Álvaro García Linera
Vicepresidente

"No soy el juez, soy vicepresidente, el Senado es el juez, pero espero que establezcan una sentencia fuerte, para estos magistrados.
Hay que sentar precedente, hay que juzgar y sentenciar, para que no se vuelva a repetir semejante agresión a los bolivianos ".

Álvaro García Linera
Vicepresidente

"Hemos redoblado la vigilancia, la custodia en el domicilio donde cumple detención el señor peruano Martín Belaúnde
Aún se debe esperar que el Tribunal Constitucional resuelva un amparo presentado por el mismo aludido".

Hugo Moldiz
Ministro De Gobierno

"Estos señores acusados de extorsión dicen que todos sus informes han sido presentados al Ministerio de Gobierno y sí, yo entregué copias.
Pero obviamente, un delincuente no va informar y va decir que tal día hice un viaje a Santa Cruz, extorsioné a tal persona".

Carlos Romero
Exministro De Gobierno

"Quisiera que las instituciones del Estado paraguayo no sean protectoras de la corrupción. En ningún momento Mario Cossío es perseguido político.
Ninguna estructura del Estado boliviano puede proteger a un corrupto".

Evo Morales
Presidente

"Pido mayor continuidad en las audiencias del juicio por el caso terrorismo, la defensa de los acusados no deberían incurrir en acciones dilatorias.
Son ellos los que en estos años no han permitido que ese proceso avance, con sus acciones dilatorias e incidentes".

Ramiro Guerrero
Fiscal General

"Gran parte de la platita del presupuesto del Gobierno Departamental de Beni se la están llevando una camarilla de cinco familias.
La justicia deberá tomar acciones. Ernesto Suárez, además ha tomado una venganza política con los alcaldes del MAS".

Juan Ramón Quintana
Actual Ministro de la Presidencia

Saturday, May 23, 2015

El TCP rechaza recursos de Belaunde y allana proceso de extradición a Perú

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó ayer dos recursos planteados por la defensa del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala, para revocar su detención y evitar la extradición a su país.

La decisión fue tomada por la Sala Segunda del Constitucional, informó el tribunal boliviano en un comunicado.

“Una vez notificadas las partes, después de un exhaustivo análisis por parte del Tribunal Constitucional, no se ha advertido los actos ilegales que él (Belaunde) denunciaba que lesionaban sus derechos. Es por esto que se ha denegado la tutela en ambos casos”, informó el magistrado relator del caso, Oswaldo Valencia Alvarado.

Los dos procesos que debía analizar el TC en el caso del empresario peruano eran una acción de libertad y un amparo constitucional, este último derivado al Constitucional tras ser rechazado por un Tribunal de Garantías de Chuquisaca.

Según Valencia, no existe otro proceso pendiente sobre el caso de Belaunde Lossio en el TC.

La defensa del peruano buscaba con los recursos interpuestos ante el Constitucional impedir su extradición y el cese de la detención domiciliaria que cumple en La Paz desde enero pasado.

La Cancillería anunció en días pasados que solamente esperaba la decisión del TCP para determinar la fecha y la coordinación con Perú para la extradición del peruano.

Belaunde, que asesoró a Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.

El empresario solicitó refugio en Bolivia, pero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó dos veces esta petición alegando que el peruano no probó ser un perseguido político.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó el 11 de mayo la extradición de Belaunde, acusado en su país de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y apropiación indebida de caudales públicos.

Las autoridades indicaron la semana pasada que la entrega del empresario a Perú podría demorar unos 90 días, debido a trámites y a los recursos que presentó ante el Constitucional.

Presentan 75 denuncias contra los magistrados

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, informó que a su despacho llegaron 75 denuncias contra autoridades judiciales.
"El movimiento de denuncias que llega a esta comisión refleja la crisis institucional que tiene el órgano de justicia. Recibimos denuncias para juicios de responsabilidades hasta tres por semana”, informó la asambleísta.
Administración de justicia
También dijo que este año recibieron cinco denuncias que fueron remitidas al Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para que sean investigadas.
"Tenemos un cronograma para resolver las denuncias de la pasada gestión y las denuncias recientes, que son un total de 75 denuncias”, informó Rivero.
La situación de la administración de justicia está en la mira del MAS porque no se logró los cambios esperados con la elección de autoridades judiciales.
El vicepresidente Álvaro García Linera, en entrevista con la red UNO, informó que el Gobierno iniciará acciones para mejorar el sistema judicial en el país.
"Es un padecimiento entrar a la justicia, acercase a un tribunal ya huele a azufre a 10 cuadras de distancia”, manifestó.

Friday, May 22, 2015

García dice que al acercarse a un tribunal ‘huele a azufre’ y anuncia cambios radicales en la Justicia

Las reformas a la Justicia serán radicales y materializadas hasta fin de año a través de un referéndum, que implicará reformas a la Constitución Política del Estado, una ley o un decreto. Estarán orientadas a un cambio institucional y a “erradicar de cuajo” a jueces corruptos porque al acercar a un tribunal "‘ya huele a azufre”, afirmó el vicepresidente Álvaro García.

La Cumbre sobre la Justicia establecerá las reformas necesarias. “La Justicia está muy mal, no hay una justicia rápida, barata, que obre en equidad y legalidad, tres grandes problemas cuyo fruto es un sistema judicial muy corrupto, lentísimo; es un padecimiento entrar a la justicia, acercarse a un tribunal ya huele a azufre a diez cuadras de distancia”, cuestionó en una entrevista al programa ‘El Mañanero’ de la red UNO.

El Ministerio de Justicia es el encargada de preparar el encuentro nacional que aún no tiene fecha, aunque ya empezó con una serie de acercamientos con instituciones vinculadas al tema y sectores sociales. La elección por voto de las máximas autoridades del Órgano Judicial no resolvió la crisis de la institución, marcada por denuncias de corrupción y retardación.

Tras la finalización de las elecciones, con la posesión de las nuevas autoridades, y los referéndum autonómicos, los esfuerzos serán volcados, explicó García, a la organización del encuentro para el debate y consenso de los mecanismos destinados a cambiar la justicia, aunque aún no se conoce cuál será el vehículo legal

“Hay que erradicar de cuajo (los males de la justicia con) reformas instituciones, cambio de personas, deshacernos de jueces corruptos”, insistió y expresó su confianza en que hasta fin de año ya se cuente con una “justicia que haga sentirse seguro y protegido”.

El Vicepresidente anticipó que el Gobierno y la sociedad civil propondrán “un conjunto de transformaciones radicales” y señaló que podrían aplicarse vía referéndum, ley o decreto.

Plataforma “amigable” en la Fiscalía

La nueva plataforma "amigable e inteligente” fue inaugurada ayer en la Fiscalía de La Paz para que los litigantes accedan a un mejor servicio: información rápida, ágil recepción de denuncias y anulación de los "casos a pedido” que hacen algunos fiscales, sostuvo el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Para este espacio, cuya remodelación se inició el 8 de abril y debía concluir en 23 días, se invirtió 125.870 bolivianos.
La antigua plataforma tenía dos ventanillas de recepción de denuncias, en las que se formaban largas filas. Los casos que ingresaban eran sorteados de forma manual para asignarles un fiscal y esto era aprovechado por algunos funcionarios que pedían hacerse cargo de un proceso para obtener beneficios personales.
Ahora el litigante recibirá una ficha antes de presentar su denuncia en tres ventanillas. Tal como sucede en un banco, se atenderá con preferencia a mayores de edad y personas con discapacidad. Hay una ventanilla sólo para obtener información y otra exclusiva para delitos de violencia contra la mujer.
Antes de irse, Guerrero lanzó una advertencia a sus subalternos: que atiendan bien a la gente.

Aceleran 133 juicios abreviados por la llegada de Francisco

En una semana se logró suscribir 133 acuerdos para que los privados de libertad de Palmasola, en Santa Cruz, obtengan una sentencia tras someterse a un juicio abreviado. Ésta es la segunda fase de descongestionamiento que encara el Ministerio Público por la llegada del papa Francisco.
"Seguimos avanzando en buscar acuerdos con los internos en procesos abreviados; hasta ayer se llegó a 133, hoy y mañana otro grupo de fiscales seguirá conversando con los internos, de esta manera lograr el descongestionamiento de los detenidos preventivos para que pasen a ser personas con sentencias”, dijo el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla Jaro.
La autoridad departamental destacó el trabajo de campo que llevan adelante los fiscales y sostuvo que no es una tarea fácil.
"Las diferentes comisiones de fiscales se trasladaron hasta el recinto penitenciario para conversar con los reos, abogados y defensa pública, es decir con todas las partes del proceso. Los reclusos de este centro penitenciario son quienes se acercan voluntariamente y hablan con los fiscales y piden se les aplique una salida alternativa o un proceso abreviado”, explicó.
Según fuentes del Ministerio Público, en la primera fase de descongestionamiento hubo alrededor de 250 acuerdos que llegaron a una sentencia tras un proceso abreviado.
Ambas fases se desarrollan en el marco de la llegada del papa Francisco al país, el próximo 8 de julio, y la visita que hará a la centro penitenciario cruceño.
Padilla manifestó que el trabajo del Ministerio Público y de los fiscales demuestra su compromiso con la sociedad y lo que se busca es resolver los conflictos de los internos. Aclaró que los reos solicitan la aplicación de una salida alternativa de manera voluntaria.
"Dentro del plan de descongestionamiento, el Ministerio Público estuvo presente en el recinto penitenciario de Palmasola. Hemos llegado hasta ellos (reclusos) como operadores de justicia estamos con ellos para poder dar solución a muchos casos y así tener una justicia pronta. Seguiremos hasta el día de mañana y esperamos seguir avanzando y tener más resultados”, señaló el fiscal de Santa Cruz.
No obstante, esta alternativa siempre existió, empero antes de este plan de descongestionamiento por la llegada de Francisco, eran una o dos las sentencias que se dictaban tras un acuerdo de procedimiento abreviado.
El pedido de los privados de libertad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fue siempre el acceso a una justicia oportuna tomando en cuenta que el 84% de los reclusos no tiene condena.

Padilla informó que hasta hoy se presentarán los acuerdos suscritos a la autoridad respectiva y esta instancia será la que fije las audiencias para resolver todos los casos. "Lo que buscamos es acortar el proceso oral público y contradictorio que puede tardar varios años, lo único que hacemos es abreviar ese tiempo, después la pena está dentro de los parámetros”, precisó.

La primera fase

Condenas En la primera fase de descongestionamiento se emitieron 250 sentencias condenatorias en el penal de Palmasola a principios de este mes, después de que los privados de libertad aceptaran culpabilidad en el delito por el que fueron detenidos y se sometieran a juicios abreviados.
Indulto Durante la primera fase, el Ministerio Público trabajó para que tres reclusos obtengan el perdón judicial. Asimismo, jueces de ejecución aprobaron y homologaron indultos a favor de 13 reos.
Fases La Fiscalía prevé replicar estos acuerdos con presos en diferentes cárceles de provincias de Santa Cruz con el fin de que haya más personas que puedan obtener una condena tras un juicio abreviado.

A Domingo Bell Experto es incorporado a academia de juristas

El experto español Domingo Bello Janeiro fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia por su destacada trayectoria bajo la calidad de Académico Correspondiente Extranjero en la Coruña, España.
El jurista logró un doctorado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, actualmente es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de la Coruña y docente invitado en varias casas de estudio superior de Latinoamérica.
Además, fue designado por el Banco Mundial como árbitro del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y tiene el premio Cruz de San Raimundo de Peñafort.
El acto se realizó anoche en el Circulo de la Unión, de Sopocachi. En el evento, el académico expuso su tesis sobre El arbitraje de inversión y luego se le colocaron los emblemas académicos de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, presidida por el prestigioso abogado Ramiro Moreno Baldivieso.
Esta entidad está integrada por "abogados distinguidos en su actividad académica, profesional y de reconocida trayectoria”, según un boletín institucional.
Además, precisaron que sus objetivos son el estudio, la investigación de la ciencia jurídica, la promoción , el auspicio de conferencias, cursos, seminarios, apoyo a los colegios de abogados en sus actividades académicas, el establecimiento de convenios de colaboración con casas de estudios superiores y en suma la realización de toda actividad académica útil para el logro de sus fines.

www.justicia.bo.gob, Habilitan sitio web para inscripciones

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó esta semana que se habilitó el internet y la página web de esa secretaría de Estado para la inscripción de los abogados al Registro Público de la Abogacía, plazo que vence el próximo 9 de julio, informó.

"Como una forma de apoyar a los abogados y ganar tiempo, el Ministerio de Justicia está habilitando el internet para que inserten sus datos, así como la página web: www.justicia.bo.gob, para más información", precisó en conferencia de prensa.

Explicó que acordó con el Colegio Nacional de Abogados conformar brigadas móviles para la inscripción de los abogados.

Instó a los juristas a cumplir con la Ley 387 y anotarse en el Registro Público de la Abogacía tomando en cuenta que la fecha final impostergable es el 9 de julio.

Explicó que ese registro permite acceder a una credencial con la que los juristas podrán litigar en todo el país, a diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas cuando solamente lo hacían en su jurisdicción. / ABI

Según Patricia Santos: Ramiro Guerrero manipuló hipótesis de violación y debe responder por ello

La “hipótesis” de la supuesta violación en contra del bebé Alexander, fallecido el 13 de noviembre del pasado año, fue sustentada por el fiscal general Ramiro Guerrero, y será esta autoridad quien deba responder por los efectos que han causado en la situación legal que atraviesa el médico Jhiery F.S., detenido preventivamente, como principal sospechoso del delito y otros 10 imputados, según la exfiscal de Distrito, Patricia Santos, quien asegura que su destitución, el 27 de marzo, fue una represalia “por haber permitido” que se procese al sobrino de la máxima autoridad del Ministerio Público, quien fue detenido el 9 de enero por un delito de extorsión.

“La hipótesis, en realidad, la ha sustentado el señor Fiscal General y será esta autoridad la que deba responder al respecto”, declaró Santos.

La exautoridad envió su renuncia el 27 de febrero, pero esta recién fue aceptada el 27 de marzo, tal cual aparece en la copia del documento, donde figura la firma y sello del Fiscal General, lo cual genera una grave contradicción pues Guerrero afirmó el miércoles, que recién “considerará” el documento de retorno a Sucre.

El altercado del sobrino de Guerrero en enero se reactivó el 27 febrero, cuando Santos fue informada de las atribuciones que se tomó el enviado especial de la Fiscalía General, Gastón Corrales Dorado, en la dirección funcional de la investigación del caso Alexander.

Esa fecha, Corrales junto al fiscal Edwin Blanco negociaron los términos del proceso abreviado al que pretendían someter al médico del hospital Juan XXIII, Roberto G. R., sin informar a Santos, además, bajo criterios legales distintos a los de la exfiscal.

Relató que informó a Guerrero sobre lo hecho por Corrales y Blanco, pero en lugar de recibir el respaldo de la autoridad, este le habría ordenado que le envíe su renuncia, pues ella no contaba con la autoridad para observar estas acciones.

CONTRAPARTE

Consultado sobre este altercado y las denuncias efectuadas por Santos, el Fiscal General declaró: “Ella era autoridad departamental, hoy no puede decir, seis meses después, qué se le permitió o no. Me parece totalmente desatina esa versión”.

El miércoles, EL DIARIO consultó a Guerrero sobre la excusa para no continuar en el caso Alexander, que el fiscal Leopoldo Ramos presentó ante Santos, donde le exponía las observaciones a “la falta de autonomía en la investigación”, observación confirmada ahora con la postura asumida por Santos.

“Ella debió haber resuelto en su momento esta situación, habría que preguntarle a ella por qué no resolvió esta situación (…) Reitero, se ha conformado una comisión de fiscales y se ha enviado un fiscal especializado (Corrales), (…) y esa comisión estaba bajo la supervisión de la Fiscal Departamental”, afirmó Guerrero.

HIPÓTESIS SIN PRUEBAS

Hasta la fecha, la comisión que investiga el caso Alexander, reducida a Susana Boyan y Edwin Blanco (este último se mantiene desde el inicio del proceso), no ha presentado ni una sola prueba material que comprometa al médico Jhiery F.S. (34) como el autor del supuesto abuso.

Los fiscales, según afirmó el actual fiscal de Distrito, Paúl Franco, mantienen la “hipótesis” de la violación en base al informe forense emitido por la perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ángela Yarmila Mora Vera que de forman extraña renunció a su puesto en noviembre de 2014 (por razones personales), luego de las primeras observaciones en su formación y experiencia presentadas por el Colegia Médico de La Paz.

Tanto Guerrero como Santos ya han planteado deslindar responsabilidad ante los errores que Mora pudo haber cometido cuando procedió a examinar al menor en el hospital Juan XXIII, al mediodía de ese 13 de noviembre, mientras el bebé aún estaba con vida.

El diagnóstico fue filtrado, sin conocer cuál la intención, divulgando la teoría de la violación y generando indignación en todo el país, que pareció ser aplacada por el Ministerio Público, con la imputación del médico del hogar Virgen de Fátima, Jhiery F.S.

Thursday, May 21, 2015

La Contraloría apelará el fallo que absuelve a Costas

La Contraloría General del Estado apelará el fallo judicial que absolvió al electo gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, del proceso instaurado en su contra y la de 22 exconsejeros y otros tres exfuncionarios por financiar con recursos públicos el referéndum autonómico en 2008, donde fue aprobado el estatuto de ese departamento.

Esta mañana el contralor Gabriel Herbas aseguró que la institución, como demandante, demostró que las hoy exautoridades incurrieron en un ‘manejo irregular’ de los recursos públicos, porque sacaron de diferentes partidas presupuestarias, como de proyectos de inversión, los dineros para destinarlos a la consulta ciudadana.

“Hemos visto con extrañeza que se haya dado este fallo. La Contraloría va a apelar este fallo”, anunció en una conferencia de prensa, a pocas horas del dictamen del Tribunal 3º de Sentencia de Santa Cruz que liberó de culpa a Costas y a otros 25 exfuncionarios por supuesto delito de malversación de más de 10 millones de bolivianos.

Costas recordó que hace cinco años fue planteado el juicio y que culminó con una sentencia favorable. “No solo nos absolvió, sino que el pueblo boliviano nos aprobó porque se realizarán consultas populares en cinco departamentos en poco tiempo (para la aprobación de estatutos autonómicos)”, dijo.

Herbas afirmó que utilizarán los mecanismos legales necesarios para revertir la inicial determinación. “Se apelará a un tribunal de máxima instancia, nosotros esperamos revertir esa situación para que los responsables de este manejo irregular sean sancionados y se recupere los dineros”, sostuvo la autoridad.

Costas fue reelegido gobernador en las elecciones del 29 de marzo.

La Fiscalía lleva las jornadas judiciales a otras 2 ciudades



En las próximas semanas, el Ministerio Público ejecutará las llamadas ‘jornadas judiciales’ en cárceles de los departamentos de La Paz y Cochabamba, con el objetivo de que los reos, que cumplan los requisitos, puedan obtener sentencias judiciales. Este proceso se realiza en el marco de la reforma carcelaria que busca el despoblamiento de los recintos penitenciarios del país.

Una fuente de la Fiscalía General anunció que desde la próxima semana se aplicarán las jornadas judiciales en las cárceles de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de La Paz. Luego se ejecutará el mismo procedimiento en el penal de El Abra de Cochabamba.

Esta misma fuente indicó que se dio prioridad a estas cárceles porque tienen una gran población carcelaria que provoca el hacinamiento. Por eso, se tiene el objetivo de despoblar primero en esos recintos penitenciarios del eje troncal, para después, en los próximos meses, hacer lo mismo en otros departamentos del país.

El 11 de mayo, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz impulsó las primeras jornadas judiciales, en las que al menos 250 internos de la cárcel de Palmasola se acogieron a un procedimiento abreviado y recibieron sentencias judiciales. El lunes, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, cuestionó que se acojan a juicios cortos “delincuentes” que ya tenían procesos y además obtengan sentencias leves.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, observó que haya reos que se inculpen para salir en libertad, ya que esa no sería la solución del problema en la justicia. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, recordó que el procedimiento abreviado busca la economía jurídica, además que no es algo nuevo porque se aprobó junto al Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia en 2001, vale decir que la norma tiene 14 años de vigencia.

“Primero, el proceso abreviado es un acto voluntario y consentido de parte de la persona que es acusada y procesada, a nadie se le puede obligar. Segundo, está en el marco de la objetividad y de la investigación que puede haber realizado el Ministerio Público”, sostuvo el Fiscal General.

Además, puntualizó que el proceso está sujeto a un control jurisdiccional porque así el Ministerio Público haya aceptado un proceso abreviado para un acusado, el juez que atiende el litigio tiene la potestad de rechazarlo. Guerrero subrayó que hay ciertos requisitos para que reos se acojan a procesos cortos; por ejemplo si alguna persona ya fue procesada antes, no podrá acceder.

Unos 400 reos obtendrán su libertad

Al menos 400 reos de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz obtendrán su libertad en los próximos días. Una parte de éstos se acogió al procedimiento abreviado y la otra será beneficiada con el indulto, según adelantó una fuente del Ministerio Público. El 11 de mayo, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ejecutó las jornadas judiciales en el penal de Palmasola. En esa actividad, al menos 250 internos se acogieron a juicios cortos y obtuvieron condenas. Para el caso del indulto, esta medida está vigente desde septiembre de 2014.

La fuente consultada adelantó que en el transcurso de los próximos días, al menos 400 reclusos de Palmasola saldrán en libertad, porque una parte de ellos ya llegó a cumplir su condena obtenida a través de un juicio corto. El otro tanto recuperará su libertad porque accederá al perdón judicial.

Agregó que este trabajo se lo lleva adelante en el marco de la política de reducir el número de privados de libertad en las cárceles. El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, recordó ayer que se realiza una reforma del sistema penitenciario y se trabaja con el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

“Por lo pronto, tenemos el decreto de indulto. Analizamos la posibilidad de tomar otras iniciativas de carácter legal que puedan ayudar a un mayor despoblamiento de los recintos carcelarios. Se analiza una flexibilización en los requisitos del indulto, con algunas excepciones”, declaró Moldiz. Añadió que se presentó dos iniciativas legales, entre ellas un nuevo decreto de perdón judicial.

Fiscalía firma 133 acuerdos de juicio abreviado con internos de Palmasola

La Fiscalía consolidó hasta ayer 133 acuerdos de procesos abreviados con los internos del penal de Palmasola, en Santa Cruz, en el marco del objetivo de descongestionar ese centro penitenciario, informó hoy el fiscal departamental, Gomer Padilla.

"Seguimos avanzando en buscar acuerdos con los internos en procesos abreviados, hasta ayer se llegó a 133 acuerdos, hoy y mañana otro grupo de fiscales seguirán conversando con los internos, de esta manera lograr el descongestionamiento de los detenidos preventivos para que pasen a ser personas con sentencias", dijo citado en un boletín de prensa.

La autoridad departamental destacó el trabajo de campo que llevan adelante los fiscales y sostuvo que no es una tarea fácil. "Las diferentes comisiones de fiscales se trasladaron hasta el recinto penitenciario para conversar con los reos, abogados y defensa pública, es decir con todas las partes del proceso. Los reclusos de este centro penitenciario, son quienes se acercan voluntariamente y hablan con los fiscales y piden se les aplique una salida alternativa o un proceso abreviado", indicó.

Padilla manifestó que el trabajo del Ministerio Público y de los fiscales demuestra su compromiso con la sociedad y lo que se busca es resolver los conflictos de los internos. Aclaró que los reos solicitan la aplicación de una salida alternativa de manera voluntaria.

"Dentro del plan de descongestionamiento, el Ministerio Público estuvo presente en el recinto penitenciario de Palmasola. Hemos llegado hasta ellos (reclusos) como operadores de justicia, estamos con ellos para poder dar solución a muchos casos y así tener una justicia pronta, seguiremos hasta el día de mañana y esperamos seguir avanzando y tener más resultados", señaló.

Asimismo, informó que entre hoy y mañana se presentarán los acuerdos suscritos a la autoridad jurisdiccional y esa instancia será la que fijará las audiencias para resolver todos estos casos.

"Lo que buscamos en este camino de salidas alternativas y procesos abreviados es acortar el proceso oral público y contradictorio que puede tardar varios años, lo único que hacemos es abreviar ese tiempo, después la pena está dentro de los parámetros que los tribunales pueden dictarle", recalcó.

Detienen a falso abogado que alteró firma de una exministra

A las 12:30 del martes, efectivos de la Policía, a denuncia de la abogada María Arduz, aprehendieron a Cristian Z., quien para fungir como abogado se presume falsificó la firma de la exministra de Justicia, Nilda Copa, con cuya argucia asistió a innumerables audiencias por al menos dos años.
El fiscal asignado al caso, Anghelo Saravia, informó que el "supuesto abogado” fue interceptado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), cuando éste entablaba una conversación con uno de sus clientes. "Se lo encontró en compañía de su procurador, un joven que fue arrestado y que después de prestar su declaración informativa fue liberado por disposición mía”, dijo.
El supuesto abogado tenía en sus bolsillos una credencial emitida por el Ministerio de Justicia en la que figuran el nombre y la firma de la exministra Copa, la cual sería falsa porque el aprehendido no está registrado ni en la Oficina de Registro Público de este ministerio ni en las listas del Colegio de Abogados.

Después de la aprehensión, los uniformados se trasladaron al estudio jurídico que Cristian Z. había instalado en el tercer piso del edificio Corazón de Jesús, en inmediaciones del estadio Hernando Siles.

Allí se encontró a dos personas, según Saravia, dos asistentes (uno de ellos apoderado legal de Cristian Z. para participar en algunos de sus casos), que fueron conducidos a la FELCC en calidad de testigos, aunque fueron liberados después de prestar declaraciones.
"Sólo el supuesto abogado se acogió a su derecho constitucional de no prestar su declaración informativa. Él es el único aprehendido e imputado”, afirmó el fiscal, pese a que en la plaqueta del estudio jurídico figura el apellido de otro "abogado” y la palabra "Asociados”.
Por esto, en la denuncia de la abogada Arduz, Cristian Z. es sólo uno más de los miembros de una "asociación delictuosa” que tiene en su haber múltiples víctimas que contrataron sus servicios.
Saravia sostiene que al momento "no se conoce de víctimas, pero se sabe que este ‘abogado’ atendía procesos familiares, civiles, laborales, penales, todo tipo de casos”.
Cristian Z. está detenido en celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar, que se realizará en las próximas horas. El Ministerio Público lo imputó por falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la abogacía.
De acuerdo con el Código Penal, los dos primeros delitos se sancionan con uno a seis años de prisión, mientras que el último hasta con dos años de cárcel.

No se descarta que en este caso haya más involucrados.

Casos anteriores


Padre e hijo En marzo de 2014, la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, detuvo a Pamela M., Julio César M. y a su hijo del mismo nombre, todos supuestos abogados que presuntamente falsificaron títulos en provisión nacional.
Juez sin título En junio de 2014 se envió a la cárcel preventivamente a un juez de familia que trabajó por dos años con un título de abogado que fue falsificado.
Penas El Código Penal establece la pena de hasta seis años de cárcel por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado. Para el ejercicio indebido de profesión, en la que se requiere título, la pena es de hasta dos años.

Mirian Rosell asume presidencia del TDJ de Santa Cruz

Tras cumplir los dos años de gestión como manda la norma, el vocal Mirael Salguero renunció como presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y la Sala Plena eligió a Mirian Rosell.

La presentación oficial de la nueva autoridad judicial, la hicieron sus colegas Salguero y la decana Teresa Lourdes Ardaya.

Ambos vocales resaltaron la vocación de servicio de Rosell y los desafíos que tiene por delante.

El expresidente descartó que el cambio se trate de alguna crisis institucional, sino que es un mandato de la Ley del Órgano Judicial, que deben renovar de titular cada dos años.

"Mi persona fue posesionada el 20 de mayo de 2013 y debo entregar el cargo el 20 de mayo del 2015 y por eso la vocal Rosell fue electa por la Sala Plena de forma unánime", remarcó la exautoridad del TDJ.

El reto es descongestionar los procesos. Por su parte, la nueva autoridad afirmó que el principal reto que le toca desempeñar es seguir en la aplicación del Plan de Descongestionamiento Procesal penal en el departamento.

Proyecto iniciado por su antecesor, que ya se logró 300 juicios abreviados en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola.

Además de la preparación de la ejecución de los Códigos Civil y Procesal Civil y Código Familiar y Procesal Familiar, con el incremento de nuevos jueces en el distrito judicial cruceño.

Comentó que hará el seguimiento de la desconcentración en las distintas casas judiciales de la capital cruceña, coadyuvando en las áreas familiar y laboral.

Negó injerencia del Gobierno. La presidente del TDJ de Santa Cruz, negó que el Poder Judicial tenga injerencia con el Gobierno.

"Somos un órgano independiente, ahora lo que hay es una coordinación con las instituciones llamadas a la administración de justicia", enfatizó.

Rosell anotó que el trabajo conjunto tiene que ser con el Ministerio Público y la Policía Nacional, para coadyuvar con el Tribunal de Justicia en sus distintas áreas.

Se desata confrontación entre Fiscal General y Patricia Santos


JUNTOS EL DÍA QUE POSESIONÓ A SANTOS COMO NUEVA FISCAL DE DISTRITO, 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.

La jornada de ayer, la exfiscal de distrito de La Paz, Patricia Santos, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, iniciaron una confrontación verbal en la que ambos revelaron una serie de irregularidades en la administración de la Fiscalía Departamental.

Mientras Santos declaró que su destitución se dio en represalia a la investigación iniciada contra el sobrino de Guerrero, por un delito de extorsión, este señaló que la exautoridad no tiene moral para hacer estas denuncias, recordándole los 33 meses de alquiler que debía por su departamento.

La exfiscal departamental, mediante una nota envida el 18 de mayo (y reiterada ayer 20), advierte a Guerrero que el nombramiento como fiscal en el municipio de Chulumani, en la categoría de Fiscal de Materia II, significa una “vulneración de sus derechos y garantías fundamentales”, pues constituye un “despido indirecto” el degradarla a el servicio en provincia, afectando su nivel salarial, que disminuiría a 10.593.00 bolivianos.

EL DIARIO verificó que la renuncia inicial de Santos fue presentada el 27 de febrero, tras verificar la conducta irregular del enviado especial de la Fiscalía General, Gastón Corrales Dorado, para supervisar el caso Alexander. Sin embargo, Corrales incurrió en acciones de control propias de Santos.

El enviado de Sucre, junto al fiscal Edwin Blanco habrían negociado los términos del proceso abreviado al que pretendían someter al médico Roberto G. R. del Juan XXIII, dentro del caso de la muerte y supuesta violación del bebé Alexander ocurrida el 13 de noviembre del año pasado, acuerdo que no fue consultado con Santos, dando lugar a un altercado que concluye con el repliegue inmediato de Corrales a Sucre.

Santos informó de esta irregularidad al Fiscal General, quien en lugar de respaldar su autoridad la presionó para que presente su renuncia, si no le enviaba la firma del proceso abreviado del médico, según lo reveló ayer Santos. La exautoridad le envió su renuncia.

Santos aseguró a ANF que su relación profesional con el Fiscal General comenzó a deteriorarse luego de que el 9 de enero, el sobrino de este, Limberth Inti Guerrero, junto a otras dos personas, fue aprehendido por una denuncia de extorsión en la ciudad de La Paz.

ALQUILERES

Consultado sobre este hecho, Guerrero recurrió a la desacreditación, descalificando la postura como denunciante asumida por Patricia Santos, recordándole que la deuda por el pago de 33 meses de alquileres de un departamento le quita toda moral para hacer reclamos, siendo que su destitución habría sido motivada por la falta de control y las irregularidades cometidas en su gestión como Fiscal Departamental.

“Qué se puede esperar de gente que no paga sus alquileres, de gente que tiene muchos problemas en la conducción de una Fiscalía”, respondió Guerrero a tiempo de informar que la carta enviada por Santos será revisada en Sucre.

TEMOR

Santos afirmó sentirse atemorizada debido a que el enfrentamiento se está dando con la máxima del Ministerio Público. “Yo me encuentro atemorizada (…), me llama la atención esta forma de actuar, yo no lo comprendo”, aseguró Santos apuntando que el hecho podría culminar si el Fiscal General admite su renuncia, pero no desacreditándola.

Guerrero contestó que no existe tales represalias, “falta que me echen la culpa de lo que (Santos) no ha pagado sus alquileres, yo actúo con mucha probidad, aquí no hay absolutamente una represalia contra nadie, (…) pregúntenle a la doctora Santos, cuántas veces ha ido a provincia, cuántas veces como fiscal departamental ha ido a El Alto, (…) yo no tengo la culpa pues de que haya una pésima gestión”, declaró Guerrero.

INTERVENCIÓN SE AMPLÍA A 90 DÍAS

La intervención a la Fiscalía Departamental de La Paz, iniciada el 27 marzo, y programada para 30 días, fue ampliada a 90, por lo cual, el nuevo Fiscal de Distrito será posesionado a fines de junio, según anunció el fiscal general, Ramiro Guerrero.

La autoridad sostuvo que la determinación fue tomada desde el 28 de abril debido a las varias irregularidades que se verificaron, producto de las cuales se han iniciado más de 27 procesos disciplinarios.

FISCALES ANTIGUOS

Guerrero volvió a lazar advertencias a los fiscales “institucionalizados” (o de más antigüedad), mencionando que el cargo no les pertenece. “Lamentablemente algunos colegas fiscales no entienden, por esa vieja forma de pensar, se creen dueños de sus cargos, de sus ítems, se creen dueños de los espacios donde han estado por 15, 20 años; ¿quién sabe cómo se mantenían?”, cuestionó Guerrero.

La autoridad anunció hace más de un mes que en los próximos meses se presentará una proyecto para la modificación de la ley que ampara a estas autoridades.

Renuncia fiscal Patricia santos por 3 causas

La denuncias de corrupción, represalias y su repentino cambio a Chulumani, fueron las tres causas que derivaron en la renuncia de la exfiscal departamental Patricia Santos, según informó un vocero de la Fiscalía de La Paz.

La fiscal Patricia Santos, que tuvo uno de los mandatos más cortos en la Fiscalía paceña, después de congelar el caso Chaparina y dejar de lado la investigación por la muerte del periodista Eugenio Aduviri, envió ayer una carta al fiscal General, Ramiro Guerrero, luego de que se la destinara a Chulumani y se le asignara el cargo de Fiscal de Materia II, hecho que consideró una degradación.

La nota enviada a la Fiscalía General, en sus partes sobresalientes, dice que "presento mi renuncia al cargo de Fiscal de Materia II, pidiendo que la misma sea aceptada, previo a otorgarme 20 días de vacaciones que tengo pendientes y que por Ley me corresponden".

Además la operadora de justicia, que se vio involucrada en una deuda por 33.000 dólares que le costó el cargo de Fiscal Departamental, denunció represalias por parte del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, por no encubrir un caso que involucra a uno de sus familiares y por intentar esclarecer lo sucedido con la muerte del bebé Alexander.

La exfiscal declaró a radio Panamericana que "he manifestado que en caso de negarse la existencia de un despido indirecto, presento mi renuncia. Me cambiaron de ítem y no respondieron a mi renuncia, por lo que la tuve que presentar de nuevo".

En tanto, el vocero de la Fiscalía en La Paz, afirmó que se instruyó hace una semana la investigación a Patricia Santos por cobros irregulares, de 5.000 dólares, para beneficiar a fiscales en cargos.



Wednesday, May 20, 2015

Video Patricia Santos renunció a su cargo y denuncia represalias del Fiscal General

Video Ramiro Guerrero: "Qué se puede esperar de gente que no paga alquileres"

video Le explicamos a cuánto reduce la pena de un acusado que se somete a un juicio abreviado

Video La Ministra de Justicia pide a los fiscales valorar los casos antes de aplicar un juicio abreviado

Yañíquez advierte una mala aplicación en juicios cortos



Los cuestionamientos a la administración judicial suman. Betty Yañíquez, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, advirtió ayer que hay una mala práctica de juicios abreviados, aspecto que da pie a que fiscales y jueces puedan cometer actos de corrupción.

“No aplican la ley como debe ser, ya debería sentarse un precedente con aquellos jueces que no lo hacen bien. Igual se debe proceder con aquellos fiscales que actúan un tanto desorientados, en donde no se puede descartar la corrupción en estos procesos”, declaró Yañíquez a este diario.

La asambleísta enfatizó que los operadores de justicia distorsionan el sentido de lo que significa un procedimiento abreviado, ya que el juez no está obligado a aceptar todos los juicios cortos, porque su deber es estudiar caso por caso y ver si cumplen o no con los requisitos exigidos por ley.

Resolución. “Recuerdo y lo pongo como ejemplo: cuando estuve de jueza, un asesinato quisieron convertirlo en homicidio culposo. Se imagina, un cambio de 90 grados, tomando en consideración los antecedentes, incluso la prueba que existía, un asesinato no podía considerarse así; por eso, lo que hice fue rechazar enfáticamente”, subrayó Yañíquez.

El lunes, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, criticó los juicios abreviados para los delincuentes, debido a que con esos procesos, que sustituyen a los juicios orales, se dan penas benevolentes y, al final, los infractores salen libres. Por eso, exigió a los operadores de justicia emitir condenas máximas a malhechores implicados en el uso de instrumento falsificado, robo agravado y falsedad material e ideológica.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, también advirtió que si los juicios abreviados no están correctamente aplicados, pueden generar efectos no deseados. “Para evitar esto, la norma establece, por ejemplo, que los reincidentes no pueden ser beneficiarios de esta medida. Otra previsión es que en esta instancia el tipo penal no puede ser cambiado; el beneficiario de esta medida puede tener una pena de mediana intensidad, pero en ningún caso la máxima pena”.

Al ser consultado sobre la observación de Yañíquez, el interventor de la Fiscalía Departamental de La Paz, Paul Franco, aseguró que esta instancia judicial aplica de forma correcta la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, en el sentido de los juicios cortos.

“Tenemos un techo y un marco legal para llevar adelante los procesos abreviados. En la medida en que las personas, de manera voluntaria, siguen y cumplen con todos los requisitos, pueden obtener una salida alternativa al juicio oral, el Ministerio Público mal haría en negarles ese proceso”, explicó Franco.

Indicó que hay quejas que llegaron a su despacho en el sentido de que algunos fiscales no quieren dar curso a una salida alternativa de procedimiento abreviado y se trabaja en ello. Esto demuestra que las personas son las que quieren acceder al juicio corto con una mala aplicación, observó.

Franco señaló que el juicio corto es un instituto jurídico reconocido en la norma y si alguna persona piensa que la norma es permisiva, puede utilizar los mecanismos que expulsan del ordenamiento leyes inconstitucionales.

Al respecto, la diputada Yañíquez afirmó que la ley es perfectible, por lo que tal vez se puede dar algunas modificaciones que especifiquen la ley. “Hay varios caminos, podemos hacerlo nosotros directamente o mediante el Ejecutivo”, sostuvo la asambleísta.

La ley no vulnera los derechos

Fiscalía

El fin de semana, el fiscal general Ramiro Guerrero aseguró que los procesos abreviados son una salida alternativa de solución voluntaria, aplicada sin ninguna presión y no vulneran los derechos y garantías constitucionales.

Desde febrero se registran tres cuestionamientos

En los últimos cuatro meses se registraron al menos tres cuestionamientos a la aplicación de juicios abreviados, debido a que acusados inocentes optan por inculparse para obtener su libertad o porque delincuentes peligrosos obtienen penas benevolentes. Gary Prado (hijo), en febrero, criticó la aplicación del juicio corto en el caso Terrorismo, ya que las seis personas que se acogieron al procedimiento tuvieron que inculparse, solo para salir de la cárcel, sostuvo.

El 11 de mayo, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz promovió las jornadas judiciales, en las que al menos 250 reos de la cárcel de Palmasola recuperaron su libertad, tras acogerse a juicios abreviados.

Tras esas jornadas, el 13 de mayo el defensor del Pueblo, Rolando Villena, observó los procesos cortos, cuando aseguró que esos casos no pueden ser considerados como un logro porque solo revelan la falta de condiciones para la aplicación de la justicia. Por eso, dijo que existe preocupación en la institución por la falta de condiciones materiales que se ofrecen para el acceso a la justicia y porque para acceder a estos procesos el acusado debe inculparse.

El lunes, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, cuestionó la aplicación del procedimiento abreviado a delincuentes, debido a que logran una pena benevolente y luego salen de la cárcel. En este caso, puso de ejemplo el caso de un ciudadano colombiano, presentado como miembro de una banda dedicada al atraco a clientes de entidades financieras. Indicó que esa persona ya había sido aprehendida en 2013 por el mismo delito, pero tres meses después obtuvo su libertad con medidas sustitutivas y luego volvió a delinquir.

Por extorsión Exjuez de Yacuiba sentenciado

El Tribunal Primero de Sentencia condenó con 6 años de presión al exjuez de Yacuiba, Édgar Abircata, y tres años para el exfuncionario del Consejo de la Magistratura, Diego Coca, ambos acusados por el delito de extorsión.

Limberg Martínez, defensor de Abircata, informó que el lunes se ha dispuesto la sentencia condenatoria para los coimputados, a cumplirse en la carceleta de El Palmar.

“El fundamento del proceso no lo hemos conocido aún, porque al ser avanzada la noche de ayer (lunes), el juez solo dio lectura a la parte resolutiva, por lo que se ha señalado una nueva audiencia para este jueves a fin de dar lectura integra de la sentencia”, explico el abogado.

Indicó que luego de conocer los fundamentes resolutivos se apelará la sentencia, porque se considera que la determinación del juez, fue injusta, ya que no se encontró ninguna prueba que demuestre la culpabilidad de su defendido.

“En todo el proceso del juicio oral y contradictorio, no se ha encontrado ni un solo elemento de prueba que pueda sustentar la autoría de parte de mi defendido, en el delito que le acusa, bajo ese parámetro vamos a interponer el recurso de apelación restringida”, agregó.

Explicó que durante el proceso se pudo identificar varios agravios y sobre todo en lo que respecta a la valoración de la prueba, porque no se pudo verificar la participación de Abircata en el delito de extorsión.

Recordar que el exjuez de Yacuiba, Édgar Abircata, fue denunciado el 2014 por realizar cobros de dinero a un litigante, a través del funcionario del Consejo de Magistratura, Diego Coca.

Tuesday, May 19, 2015

Video Patricia Santos, exfiscal de distrito de La Paz, fue enviada a Chulumani

Fiscales y jueces Moldiz pide anular juicios abreviados en algunos casos

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, instó a los jueces y fiscales a "no prestarse a juicios abreviados que terminan poniendo en la calle a delincuentes”. La autoridad realizó el pedido al presentar a tres ciudadanos colombianos reincidentes en robo agravado a clientes de bancos, en la ciudad de Santa Cruz.
"No queremos suponer que los jueces sean amedrentados; si lo están, tienen que denunciarlo”, indicó Moldiz.
Dijo que las "condenas suaves” estimulan la comisión del delito. En su opinión, los procesados por robo agravado, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado no deberían beneficiarse con un juicio abreviado.
A los tres extranjeros detenidos se les acusa de ejecutar ocho robos agravados en la ciudad de Santa Cruz en dos años.
Entre los aprehendidos se encuentra Luis Fernando S. V., de 35 años, que había sido favorecido en 2013 con una sentencia de tres años luego de que aceptara un juicio abreviado por el robo de 450.000 bolivianos a una mujer que retiró esta suma de un banco de la calle René Moreno.
El ministro informó que el extranjero salió del penal de Palmasola sin terminar de cumplir su sentencia. Poco después de salir libre, continuó con asaltos a personas que retiraban fuertes sumas de dinero de entidades bancarias.
A él como a sus cómplices se les encontró con identidades falsas y armas de fuego.

Justicia comunitaria Condenan a fiscal a cosechar papas

Un fiscal tuvo que acudir a una comunidad rural a recolectar patatas a modo de condena, después de que la Justicia comunitaria, reconocida en la Constitución del país, le impusiera este castigo por no asistir a una reunión a la que se le había convocado, informaron hoy medios locales.

El fiscal Leopoldo Chui aceptó la condena dictada por las autoridades originarias de la comunidad Queascapa, en el departamento de La Paz, por no haberse presentado el pasado 20 de febrero a una reunión en la que debía explicar una disputa por terrenos entre dos familias, según un reporte de la radio Erbol.

Chui fue condenado a cosechar este lunes tres surcos de cultivos de papa, aunque finalmente las autoridades indígenas le redujeron la pena a un solo surco.

El funcionario se presentó voluntariamente a cumplir la sanción y cosechó las patatas con herramientas que le prestaron los habitantes.

"Hubiéramos querido que sean tres surcos, pero somos humanos", declaró el secretario de Justicia de la comunidad Queascapa, Félix Callisaya.

Cumplida la condena, el fiscal pudo incluso llevarse parte de la cosecha, ya que los pobladores consideraron justo que se quedara con el fruto de su trabajo.

La Justicia Indígena Originaria Campesina está reconocida en la Constitución boliviana (2009) al mismo nivel que la Justicia ordinaria, y aunque no establece ni ampara la pena de muerte ni los castigos físicos, es invocada con frecuencia por pobladores de zonas rurales para cometer linchamientos.

Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, en Bolivia se producen entre diez y veinte casos de linchamientos consumados cada año, y una cifra mayor de intentos.

Monday, May 18, 2015

Gualberto Cusi anuncia Amparo Constitucional para pedir la restitución a su cargo



El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, anunció este lunes que en los próximos días presentará un Amparo Constitucional para pedir la restitución a su cargo.

"Estos últimos días voy a presentar un Amparo Constitucional, a objeto de que el juez de garantías determine si es que vamos a volver a las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional", dijo.

Cusi adelantó que el Amparo Constitucional será "contra el Presidente de la Cámara de Senadores", José Alberto Gonzales, en el que pedirá, además, el cese del proceso que esa instancia legislativa sigue en su contra.

El Tribunal de Sentencia del Senado inició un juicio de responsabilidades contra Cusi por un supuesto incumplimiento de deberes al declarar la inconstitucionalidad de la Ley del Notariado.

Cusi fue procesado junto con sus colegas Soraida Chánez y Ligia Velásquez; sin embargo, fue excluido de ese proceso, por problemas de salud.

Friday, May 15, 2015

Los juristas podrán afiliarse vía internet



A partir de la próxima semana, los abogados podrán afiliarse al Registro Público de la Abogacía (RPA) vía internet. Esta medida tiene el fin de agilizar esta inscripción obligatoria, cuyo plazo vence el 9 de julio, anunció la ministra de Justicia, Virginia Velasco. La decisión se da a casi dos meses del cierre el registro para los juristas, medida que fue adoptada en el marco de la reforma judicial.

“Vamos a habilitar este registro en línea para los abogados, en una semana más”, adelantó Velasco a La Razón. Añadió que este proceso facilitará el registro de juristas porque ya no tendrán que hacer filas en el Ministerio de Justicia, ya que la afluencia de profesionales para este fin sube cada día.

El responsable del RPA, Gary Romero, explicó que los profesionales que se registrarán vía internet, solo deberán insertar todos sus datos correspondientes, como la matrícula profesional y otros. Luego, con el registro que obtengan, tendrán que pasar por el Ministerio de Justicia para validar el proceso de matriculación.

Velasco recordó que el registro público es obligatorio para los profesionales de está aérea, ya que si no lo hacen hasta el 9 de julio, correrán las sanciones que estipula la Ley 387 de Ejercicio de la Abogacía. Esta labor de registro empezó el 9 de julio de 2013.

Labor. La autoridad gubernamental también informó que a la fecha se registraron al menos 36.000 abogados de aproximadamente 50.000 que hay en Bolivia. Velasco aseguró que por día se registran de 20 a 30 juristas en el RPA.

El 9 de mayo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CNAB) César Cabrera, indicó que el Ministerio de Justicia no otorgó la prórroga que solicitó este ente colegiado, hecho por el cual sus afiliados evalúan presentar una acción constitucional en contra de la Ley 387. Al respecto, Velasco señaló que no adelantará ningún criterio sobre el tema hasta que haya algo oficial en su despacho.

Órgano Judicial Seleccionan a 2.700 candidatos a conciliadores

El Consejo de la Magistratura preseleccionó hasta ayer a 2.700 candidatos a conciliadores del Órgano Judicial, informó el titular de esa instancia judicial, Freddy Sanabria.
"Cumpliendo con el cronograma de la convocatoria, terminó la preselección de candidatos para los conciliadores; en su mayoría son trabajadores sociales, psicólogos, profesores y los abogados", dijo a los periodistas.
Informó que los postulantes que aprueben el examen final, para cubrir las 157 plazas, serán capacitados en un curso que se iniciará el 7 de junio.
En julio, los conciliadores serán distribuidos a 157 juzgados de distritos judiciales tanto del área urbana como rural del país para que participen en la conciliación de partes, en casos de contratos privados, por deuda o anticrético, antes de ingresar a un proceso judicial.
"Si la conciliación de partes resulta positiva, el juez deberá homologar el acta y termina el proceso, pero si no llegan a la conciliación, cualquiera de las partes puede iniciar la demanda", complementó.
En esa línea, informó que los conciliadores tienen la misión de contribuir a un mayor acceso a la justicia, promover justicia de paz y resolver conflictos, otorgar seguridad jurídica en materias susceptibles de conciliación y facilitar la descongestión procesal. Esta es una de las determinaciones asumidas por el Órgano Judicial para dar celeridad a los casos que llegan.

Thursday, May 14, 2015

Se ejecutorió su retiro obligatorio Colque dejó de ser militar

Franklin Colque, uno de los líderes de la movilización de suboficiales y sargentos de abril del año pasado, dejó de ser militar debido a que ya se ejecutorió su retiro obligatorio de las Fuerzas Armadas, informó su abogado, Ramiro Cabrera.

“El día lunes mi cliente ha sido sujeto de una notificación dando por ejecutoriado el retiro obligatorio del que había sido sancionado”, indicó el jurista.

Colque está acusado de rebelión, sedición y motín. Se encuentra, junto a su camarada Freddy Sucojayo, detenido preventivamente en las celdas de la Fuerza Aérea de El Alto desde el 2 de julio del año pasado.

El abogado señaló que su cliente debió ser liberado puesto que dejó de ser suboficial y, a su juicio, ya no es pasible a ser procesado por delitos militares.

Cabrera también lamentó la retardación en este caso, puesto que desde noviembre del año pasado no se ha reinstalado la audiencia de juicio oral.

Wednesday, May 13, 2015

video Renunciaron 5 fiscales de La Paz posesionados recientemente por el fiscal Ramiro Guerrero

Alistan un sistema de registro y seguimiento de casos judiciales

Un nuevo sistema informático de registro y seguimiento de casos judiciales se implementa en el país, el cual permitirá acelerar los procesos y tanto los funcionarios judiciales como los litigantes podrán conocer el estado de las causas en tiempo real.
El director nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Juan Michel, explicó que ya empezó la implementación en las materias Civil, Familia y Niñez y Adolescencia. Desde agosto se lanzará el soporte informático para ser utilizado.
El Sistema Integrado de Gestión Judicial Multimateria para el Órgano Judicial (SIREJ) sustituirá a futuro al sistema Llanos, actualmente utilizado exclusivamente en materia Penal.
"Es un sistema informático completo que establece al momento el estado del proceso de cada una de las causas, determinará el tiempo en el que juez tendrá que resolver las causas de tal suerte que no tendrá que postergar los plazos procesales, sino que a través del sistema se identificará los tiempos en los que tiene que resolver”, explicó.
Asimismo, el sistema tendrá una agenda de audiencias que ayudará al juez a administrar mejor su tiempo.
Otro aporte del SIREJ es que se podrá hacer notificaciones vía web a las partes de una causa. "Ya se encontraron los mecanismos para eso”, dijo Michel.
El próximo 7 de agosto será lanzado oficialmente el sistema en el área Civil, Familia y Niñez y Adolescencia. Todos los casos ingresarán directamente al nuevo formato. En cambio, en la materia Penal se trabajará en la migración de los casos del sistema Llanos al SIREJ y después de agosto se implementará el nuevo soporte con casos recientes.
"Se está trabajando en la implementación juzgado por juzgado. El juez y el secretario tendrán acceso al sistema”, afirmó Michel.

El litigante también podrá acceder al SIREJ. Cuando ingrese un determinado caso para su investigación, tendrá acceso a un código que le permitirá tener los datos y conocer en tiempo real lo que sucede con su causa.

El nuevo sistema guardará y difundirá videos de las audiencias llevadas a cabo en el proceso. Michel aseveró que buena parte de los recursos invertidos es dotación de Dinamarca y otra parte del Órgano Judicial.

Buscan unificar los juzgados por materia

El Consejo de la Magistratura encara actividades de reacondicionamiento de juzgados en materia Civil, Comercial, Familiar y Niñez y Adolescencia con el fin de cumplir con los nuevos códigos que entrarán en vigencia en agosto.
Las autoridades lanzaron la licitación para 350 computadoras que tendrán las salas de conciliación. Asimismo, las nuevas normas establecen que los juzgados de cada materia deben estar en un mismo lugar.
Asimismo, se adquirió equipos, pero falta la compra de más material.

Consejo de la magistratura Desde el 6 de agosto aumentan 68 jueces

Desde el 6 de agosto se aumentan 68 nuevos jueces en el departamento de Santa Cruz.

"Son 30 juzgados en lo Civil de la capital, 42 en lo Civil Comercial Provincial y 16 juzgados en Materia Familiar de la Capital", informó Limbert Rojas, director nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura.

Rojas dijo que el aumento de los administradores de justicia se debe a la implementación del Nuevo Código Civil, Código Procesal Civil y Código de Familia y Código Procesal Familiar.

Nuevo Sistema. Mientras que Carlos Calderón, representante distrital del CM, indicó que en Santa Cruz se inaugurará el Sistema Integrado de Gestión Judicial Multimateria para el Órgano Judicial (Sirej). Además indicó que las bondades del sistema serán la digitalización de los memoriales, el sorteo aleatorio, auditorías y elaboración automática de los movimientos de las causas.

Ciudadanos podrán seguir los juicios desde sus celulares

Los ciudadanos podrán conocer el estado de sus causas en los tribunales de justicia en cualquier lugar del país desde sus celulares, tabletas o computadoras a partir del próximo 6 de agosto gracias a la implementación de una nueva plataforma virtual.

Se trata del Sistema Integrado de Gestión Judicial Multimateria para el Órgano Judicial (SIREJ), que permitirá el monitoreo de los procesos en todas sus etapas, desde la presentación del trámite en la ventanilla del tribunal hasta su conclusión, informó ayer el director nacional de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura, Álvaro Cuéllar.

Los litigantes deben ingresar a la página web del Consejo de la Magistratura: www.magistratura.organojudicial.gob.bo y registrar su código en el link SIREJ. La clave les será ofrecida al momento de iniciar su trámite judicial.

La digitalización también permitirá el seguimiento de los jueces para que puedan cumplir con los plazos procesales establecidos en la administración de justicia, pues el sistema informático contempla sistemas de alerta para evitar la mora procesal.

Inicialmente se comenzará con los procesos de tipo civil y penal, pero se incorporarán los demás juzgados y las causas antiguas, concluyó.

Tuesday, May 12, 2015

Video Renunciaron 5 de los 14 fiscales posesionados recientemente

Denuncian a dos vocales del TDJ de La Paz por corrupción

Ramiro Sotomayor, socio de un instituto de aprendizaje, denunció a Ángel Arias Morales y Virginia Crespo vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de la Sala Penal Tercera por una supuesta corrupción beneficiando a Guillermina Márquez Pinto, quien aparentemente pagó 30 mil dólares a las autoridades mencionadas.

"El vocal Ángel Arias y Virginia Crespo tienen que decir que relación tenía con este exministro y si ellos sabían de este caso de denuncia del pago de 30 mil dólares porque firmaron el fallo que nos perjudica a nosotros por prescripción”, manifestó Sotomayor.

El denunciante expresó su molestia e indicó que los documentos serán envidos al presidente Evo Morales.
"Así está la corrupción en nuestro país ¿Cómo pueden comprar jueces y vocales? Lamentablemente es insostenible y nos encontramos con esta situación”, indicó el querellante.

Erbol ubicó al vocal de la Sala Penal Tercera del TDJ, Ángel Arias Morales, para la contraparte, pero éste con palabras escuetas indicó que se remite a la documentación cursante de inicio de una demanda preparatoria en base a los requerimientos existentes.

Quieren llegar a 500 juicios abreviados en Santa Cruz

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz pretende llegar a 500 juicios abreviados en el departamento.

Así lo informó el presidente del TDJ, Mirael Salguero, al hacer conocer que en los últimos días ya se consolidaron 250 sentencias en el penal de Palmasola.

Además se logró 10 criterios de oportunidad arreglada, es decir que se les otorga libertad a los internos que caen por primera vez en un delito de bagatela, pero que si hay reincidencia puede complicar su situación jurídica. Además de 3 perdones judiciales y 13 indultos.

Estas medidas forman parte del Plan de Descongestionamiento Procesal que se viene implementando a nivel nacional.

Salguero remarcó que a nivel departamental, jueces y fiscales tienen previsto llegar a Puerto Suárez y Montero, que son los municipios aparte de Santa Cruz de la Sierra, de mayor población penitenciaria.

Coordinación con el Ministerio Público. El titular del Tribunal Departamental de Justicia comentó que el trabajo en el recinto penitenciario de Palmasola de descongestionamiento de causas, se lo hizo en coordinación con el Ministerio Público. Por ello, resaltó la labor del fiscal departamental Gomer Padilla.

Además, ponderó la labor de los abogados de Defensa Pública, quienes garantizaron el patrocinio de los internos de escasos recursos económicos.

Se desplazó a 60 fiscales. El fiscal departamental, Gomer Padilla, comentó que se desplazaron más de 60 fiscales de capital y provincias hasta Palmasola, quienes se pusieron manos a la obra para buscar a los internos y encontrar salidas alternativas.

"Hemos buscado la forma de hacer acuerdos con los internos del penal, con el fin de buscar salidas alternativas que se denomina procesos abreviados", agregó Padilla.

Dijo que hubo buena expectativa de parte de los internos al ver que el Ministerio Público juntamente con los jueces llegaron hasta la cárcel para ver y dar solución a sus problemas.

El trabajo de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Tribunal Departamental busca resolver la carga procesal existente. Los resultados fortalecen y dan buena señal para seguir repitiendo estas acciones. Padilla manifestó que en una reunión de coordinación con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se firmó un instructivo conjunto para que los jueces y fiscales estén en las cárceles, buscando nuevos acuerdos y seguir avanzando en las soluciones de conflictos y lograr el descongestionamiento procesal.

Reunión con Racicot. Mientras que Salguero informó sobre la reunión que sostuvo con el representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Denis Racicot, ayer por la tarde. Racicot resaltó la iniciativa del Órgano Judicial de descongestionar las causas en el penal cruceño. Tomó como ejemplo la iniciativa del TDJ de Santa Cruz, misma que será replicada en los nueve departamentos del territorio nacional. Asimismo, Salguero afirmó que el plan de descongestionamiento será sostenible en el tiempo, con fin de acelerar los procesos judiciales en el recinto penitenciario cruceño.