El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó ayer dos recursos planteados por la defensa del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala, para revocar su detención y evitar la extradición a su país.
La decisión fue tomada por la Sala Segunda del Constitucional, informó el tribunal boliviano en un comunicado.
“Una vez notificadas las partes, después de un exhaustivo análisis por parte del Tribunal Constitucional, no se ha advertido los actos ilegales que él (Belaunde) denunciaba que lesionaban sus derechos. Es por esto que se ha denegado la tutela en ambos casos”, informó el magistrado relator del caso, Oswaldo Valencia Alvarado.
Los dos procesos que debía analizar el TC en el caso del empresario peruano eran una acción de libertad y un amparo constitucional, este último derivado al Constitucional tras ser rechazado por un Tribunal de Garantías de Chuquisaca.
Según Valencia, no existe otro proceso pendiente sobre el caso de Belaunde Lossio en el TC.
La defensa del peruano buscaba con los recursos interpuestos ante el Constitucional impedir su extradición y el cese de la detención domiciliaria que cumple en La Paz desde enero pasado.
La Cancillería anunció en días pasados que solamente esperaba la decisión del TCP para determinar la fecha y la coordinación con Perú para la extradición del peruano.
Belaunde, que asesoró a Humala en la campaña electoral de 2006, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales.
El empresario solicitó refugio en Bolivia, pero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó dos veces esta petición alegando que el peruano no probó ser un perseguido político.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó el 11 de mayo la extradición de Belaunde, acusado en su país de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y apropiación indebida de caudales públicos.
Las autoridades indicaron la semana pasada que la entrega del empresario a Perú podría demorar unos 90 días, debido a trámites y a los recursos que presentó ante el Constitucional.
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