Monday, May 11, 2015

Proliferación de juicios abreviados preocupa a la Iglesia y a Derechos Humanos

Representantes de Derechos Humanos y de la Iglesia católica expresaron su preocupación por la proliferación de juicios abreviados en el país como un método cada vez más recurrente para eludir condenas largas y descongestionar los hacinados recintos penitenciarios. Este punto de vista fue manifestado en la cárcel de Palmasola, donde se emitieron 250 sentencias de reclusos en cinco días. El operativo fue impulsado por 60 fiscales de la capital y de las provincias concentrados para cumplir con un plan de descongestionamiento, informó el periódico El Deber.

"Mucha gente no es culpable y se inculpa. ¿Qué van a hacer afuera?, van a buscar trabajo, pero sus antecedentes van a decir culpable de esto y lo otro y no tendrán la posibilidad de conseguir oportunidades. Observamos este proceso que le dicen abreviado, por no decir proceso para que se inculpen. Aquí hay mucha tela por cortar, una retardación de justicia de años la quieren hacer volar en días sin tomar en cuenta el aspecto social y humano", señaló Irene Galvis, representante de Derechos Humanos (DDHH) en Santa Cruz.

La Iglesia denunció en días pasados que muchos inocentes tienen que declararse culpables ante la desesperación del hacinamiento y de todo el sistema injusto en las cárceles. El sacerdote Marcial Chupinagua considera que no se debe regatear la libertad por una circunstancia, pues antes que nada está la dignidad de las personas. "La visita del papa es una circunstancia, la justicia y la libertad deberían ponerse en práctica todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia", opinó.

Como contraparte, el fiscal de distrito Gomer Padilla manifestó que solo se está haciendo uso de la norma procesal.

"El proceso abreviado es una herramienta que está para usarla, el problema es que se la practica poco; el proceso abreviado es una salida alternativa que busca cómo resolver los casos, tenemos gente sin sentencia y nuestro trabajo como fiscales junto al tribunal de justicia es resolver los conflictos penales. Que estas personas no encuentren trabajo o sean estigmatizadas corresponde a otros niveles de Estado, esto ya no es un tema del Ministerio Público o de la autoridad judicial", declaró Padilla a El Deber.

Según los datos de El Deber, en Palmasola, el penal más grande de Bolivia, hay más de 5.000 presos de los cuales el 80 por ciento no tiene sentencia ejecutoriada.

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