Idean ‘extraórgano’ para castigar a malos jueces, fiscales y juristas

Ante el cuestionamiento a la administración de Justicia y la presunta relación de abogados con actos delictivos, el Gobierno considera una propuesta para crear un “extraórgano” destinado a controlar el trabajo de jueces, fiscales y juristas y sancionar a los malos profesionales.

El viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina, René Martínez, fue el encargado de presentar el proyecto para abrir el “extraórgano”, que se asemejaría a una contraloría para ver específicamente los temas de administración de justicia.

Al cuestionamiento sobre la crisis que atraviesa el Órgano Judicial, hecho en reiteradas oportunidades por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, además de ministros de Estado, se suma la observación a la labor de abogados, cuando a raíz de la fuga del peruano Martín Belaunde, extranjero que cumplía detención domiciliaria con fines de extradición, se denunció que juristas fueron parte del plan de huida, junto a una red delictiva en la que incluso figuraban vocales de Justicia.

Proceso. “Hemos propuesto crear un extraórgano muy similar a la Contraloría General del Estado, para que haga la evaluación y control del buen desempeño y al apego normativo de jueces, fiscales y abogados, para que tengamos una mejor justicia en el país”, declaró Martínez a La Razón.

El fin de semana, el presidente Evo Morales expresó su intención de asumir medidas drásticas en contra de malos abogados, como el que pierdan su título profesional los juristas que cometan actos ilegales en el ejercicio de su profesión. “Desde el momento que me informaron que se escapó Belaunde, yo dije que debe haber una gran red que permitió la fuga. Creo que están policías, miembros de Migración, una red de abogados y (gente) de la Justicia boliviana”, indicó.

En concordancia con la propuesta de Morales, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dejó abierta la posibilidad de cambios normativos. “Ya analizamos hacer una modificación en la Ley 387 (de Abogacía), pero no se puede adelantar un criterio, ya que actualmente en la norma solo se establece sanciones leves. La reestructuración es trabajada en el Ministerio de Justicia y se ve la situación de sanción a los abogados que cometan ilícitos”, explicó a este diario.

Velasco arguyó que este trabajo se da porque la actual ley no establece nada sobre sanciones a abogados, como la suspensión del título profesional, que incurran en actos de corrupción u otros delitos graves. La norma solo asigna sanciones leves, agregó. No obstante, garantizó que se continuará con el respeto y la aplicación de la Ley del Ejercicio de la Abogacía, debido a que no se puede ir en contra de esta normativa.

Martínez sostuvo que dentro de esta instancia superior se debería evaluar y sancionar a los profesionales que cometan delitos, pero ya no con lentitud ni levedad, como se hace en los colegios de abogados del país, sino con mayor severidad.

“En el tema de los abogados en específico, quienes reincidan en la corrupción, la coima y otros ilícitos, además de la prebenda vinculada a jueces y fiscales, deberían ser sancionados de manera ejemplar”, sugirió Martínez, cuando se refirió a la pérdida del título profesional de los juristas que cometan delitos.

Williams Bascopé, abogado constitucionalista, apoyó la creación de un órgano que ejerza el control respectivo al desempeño de los operadores de justicia y juristas, ya que los colegios de abogados están para lo ético.

“Se debe crear un tipo de comité para que, a partir de eso, funcione un mecanismo sancionatorio. De hecho, yo puedo decir de que por un tipo de fuero, los abogados no sean proclives de ser sancionados o investigados por delitos comunes, pero corresponde que, así sea abogado, se someta a una jurisdicción ordinaria”, opinó el constitucionalista.

El viceministro Martínez rechazó la actuación de los abogados que se vieron implicados en el caso Belaunde, ya que estos profesionales no respetaron la ética ni moral del profesional y se dejaron inmiscuir en hechos ilícitos. Con la ayuda a la huida del extranjero, los juristas incumplieron la orden de detención impuesta por un juez. Para la autoridad, no se respetó el límite entre el secreto profesional y el delito, que es la ética.

Debate a raíz del caso Belaunde

El peruano Martín Belaunde, exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala, es acusado por la Justicia de su país de actos de corrupción, por favorecer a empresas privadas con contratos públicos, acusación por la cual ordenaron su detención preventiva por 18 meses. En diciembre de 2014 ingresó a Bolivia ilegalmente por la localidad de Desaguadero.

El extranjero solicitó refugio político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), que fue denegado. El 21 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su detención domiciliaria con fines de extradición, a pedido de autoridades peruanas.

Ante la negativa de la Conare, Jorge Valda, abogado de Belaunde, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del rechazo de refugio ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recurso que fue aceptado por dos vocales. Esta decisión dejó en fojas cero el pedido de asilo en la Conare. Por ello, el Gobierno presentó una querella contra los vocales.

Las autoridades judiciales enviaron la resolución a revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En medio de recursos presentados por el abogado de Belaunde para lograr el refugio de su cliente, el 17 de mayo, el extranjero vulneró su detención domiciliaria y fugó, pero a los cuatro días fue recapturado y extraditado.

Por esta fuga se destituyó al ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y al comandante de la Policía, Luis Cerruto. También se procesa a tres custodios policiales, dos miembros de Inteligencia, seis familiares y dos abogados, denunciados de planificar la huida del peruano. A esta lista se suman siete personas que ayudaron en el traslado y hospedaje de Belaunde.

La Fiscalía logró que se encarcele preventivamente a nueve personas, entre ellas el abogado Valda. Por este hecho, el Gobierno cuestionó la acción delictiva de juristas, motivo por el que el presidente Evo Morales sugirió quitarles el título profesional.

Juristas refutan la suspensión de sus títulos

Williams Farfán

La propuesta de suspender los títulos profesionales de los abogados que cometan delitos en el ejercicio de su función, planteada por el presidente Evo Morales, es rechazada por el Colegio de Abogados de La Paz.

El presidente de la citada entidad colegiada, Raúl Jiménez, sostuvo que los juristas no pueden ser despojados de su título profesional, ya que ello no es permitido por el Régimen Disciplinario en el que se basa el Colegio Nacional de Abogados, pues solo permite castigos de suspensión por un determinado tiempo en el ejercicio.

“En nuestro código disciplinario, a denuncia de parte, levantamos un proceso administrativo, entonces eso lo derivamos al Tribunal de Honor. En esa instancia, en diez días, se deben presentar pruebas de descargo. Luego, si se comprueba la ruptura del principio o un ilícito, se sanciona al jurista hasta con dos años de suspensión, pero no se le puede quitar el título profesional, que le costó sudor y sangre”, explicó el representante de los abogados de La Paz.

No obstante, Jiménez lamentó la situación de los abogados implicados en el caso del peruano Martín Belaunde que fugó el 17 de mayo y luego de cuatro días fue recapturado. En este hecho hay al menos tres juristas acusados de participar en la planificación de la huida de Belaunde.

Jiménez aseguró que no existe un límite para trabajar y defender a una persona, sea o no culpable, por lo que no se puede obligar a un abogado a romper el denominado secreto profesional, lo que hicieron los fiscales con Jorge Valda defensor del peruano.

“Acá en el tema Belaunde hubo una situación de no mantener ese juramento que hicimos para el secreto profesional, para (esto) no hay un límite que diga hasta acá tienes que guardar el secreto, ni tampoco dice que si te pasas de eso, tienes que revelar las cosas importantes (que informa un cliente) no existe una disposición que nos obligue”, dijo Jiménez.

El viceministro de Justicia Originaria, René Martínez, rechazó la actuación de los abogados implicados en este caso, ya que considera que no respetaron la ética ni moral profesional.