Ligia Velásquez terminó por renunciar como magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional el 6 de enero de este año. A Soraida Chánez la destituyó el Senado dos días después. Mientras que, por motivos de salud, Gualberto Cusi fue apartado del juicio de responsabilidades que se les seguía a los tres por supuesto prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Las dos exmagistradas se alejaron de sus cargos de maneras distintas pero por una causa común, aseguran: fines políticos. En la actualidad, ambas comentan que como abogadas planifican dedicarse al ejercicio libre de la profesión. No tienen fechas definidas para ello pero aseguran que aportarán a la sociedad.
Ahora, y desde hace un par de semanas, Cusi se dedica al activismo. Fundó junto a otras personas el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob). Según explica, lo hizo con el afán de preservar y restituir los derechos constitucionales vulnerados desde el Estado.
"Lo que corresponde es que cada departamento tenga su propia estructura del Condecob, su propia composición porque el tema de los derechos es amplio. En cada lugar del territorio nacional de una u otra forma se violan los derechos”, asegura.
Luego de su destitución, Chánez asegura que tuvo tiempo para reflexionar y darse cuenta de que el proceso fue por "motivos políticos”. La suspensión de la Ley del Notariado por parte de la ahora exmagistrada fue decisiva para que los parlamentarios de la gestión 2010-2015, con mayoría oficialista, decidieran iniciar el proceso.
A momento de renunciar en ambientes del Senado, Velásquez explicó que tomó dicha decisión porque consideraba que estaban en riesgo su vida y su salud. El 8 de diciembre, el vicepresidente Álvaro García Linera había sentenciado: "…si renuncian, aquí se acabaría todo”. Velásquez optó, al final, por este camino.
"Pienso que todavía debo aportar a la sociedad”
Cuenta que mucha gente que la ve en la calle aún le dice "magistrada” al saludarla. Esto pese a que el 8 de enero de este 2015, hace poco más de cinco meses, el Senado decidió destituirla de su cargo como magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Rosario Chánez con sus colegas Gualberto Cusi y Ligia Velásquez fueron procesados por supuestamente "haber emitido resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incurrido en prevaricato”, según la sentencia de su caso.
Desde antes de que se inicie este proceso, ella tenía una premisa: "No soy responsable de lo que se me está acusando”, dijo en una entrevista anterior a este medio.
Hoy, confiesa que sí hubo una afectación en su vida personal por todo lo que le tocó vivir durante el proceso. Sin embargo, explica que la tranquilidad le llegó por sentirse segura de que fue "un tema político sin ningún fundamento jurídico legal” y por saber que muchos académicos y personalidades y gente de a pie piensan lo mismo.
"Soy abogada, es lo que sé hacer bien”
"Soy abogada, es lo que sé hacer bien. Es lo que dije al momento en que tuve que renunciar, que me iba a dedicar a ser abogada y es lo que sé hacer”, explica con voz firme Ligia Velásquez, exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Su salida de ese ente jurídico se vio forzada por el juicio que instauró el Senado a ella y a dos colegas por presunto prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución debido a que suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado.
"Yo he renunciado porque está en riesgo mi vida. Está en riesgo mi salud y no tengo ningún derecho de privar a mis hijas de la presencia de su madre”, manifestó la exautoridad el día de su dimisión verbal ante los senadores que la juzgaban.
Ahora, escueta en sus declaraciones, prefiere no emitir criterio de manera pública con respecto a su futuro profesional. Lo único que puede decir es que piensa retomar el ejercicio del derecho, aunque aún no define cómo ni cuándo será esto posible.
"Soy un activista en Derechos Humanos”
La figura de Cusi fue polémica desde un inicio. "No cualquier gil lee la coca”, había dicho el flamante magistrado en junio de 2012. Trascendió por los medios que la autoridad determinaba sus fallos a través de la lectura de la "hoja sagrada”; la noticia cruzó las fronteras.
Ahora, tres años después, su situación es distinta. Luego de enfrentar hace cinco meses un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional junto a dos colegas, Gualberto Cusi, busca defender a ciudadanos que vean que el Estado vulnera sus derechos constitucionales. Considera que el suyo fue uno de los casos.
Durante el proceso que se le seguía en esa instancia parlamentaria por supuesto incumplimiento de deberes, el magistrado suspendido asistía a las sesiones en silla de ruedas. Por ese entonces, el exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes hizo público su cuadro médico vulnerando normativa que protege a las personas que padecen de cierta enfermedad.
"Soy un activista en Derechos Humanos. Como nadie nos defiende a las personas de las que son violados nuestros derechos, la mejor manera es unirnos y a partir de ahí hacerlos respetar”, comenta.
Hace poco estableció, junto al exasambleísta de La Paz Roberto de la Cruz, el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob). Según explica Cusi, "la idea nació de las víctimas”.
Sobre ello cuenta que se contactó con la familia del bebé Alexander, con las personas que fueron dadas de baja de las Fuerzas Armadas por solicitar descolonización al interior de esta entidad y, entre otros, con líderes indígenas del TIPNIS que se oponen a la construcción de una carretera que atraviese ese parque natural.
En los últimos meses se lo vio caminando por una calle paceña acompañado de su abogado. Algunas veces estaba con un buzo y zapatillas deportivas, otras con un poncho guindo y un sombrero.
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