El fallo dictado por la juez Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar, Lia Cardozo, y el accionar de la Fiscalía, es calificado de ilegal y abusivo por parte de los representantes de la prensa nacional y los sectores sociales.
“Indignados ante los hechos suscitados en la sede de Gobierno, los trabajadores de la prensa de Potosí, expresamos nuestra denuncia pública al pueblo boliviano, por el atropello a la libertad de información y expresión que atenta a los Derechos Humanos de las personas y vulnera el libre ejercicio del periodismo en el país debido a la detención e imputación de la que ha sido objeto nuestro compañero Juan Carlos Paco Veramendy, quien fue designado delegado de nuestra institución en la ciudad de La Paz, para cumplir con el trabajo de cobertura informativa para los distintos medios de comunicación de esta capital que carecen de corresponsales en la sede de gobierno”, es el contenido del pronunciamiento de la Federación de la Prensa de Potosí.
Los representantes potosinos de prensa, luego de conocer el fallo de la juez Cardozo, convocó a una reunión de emergencia y emitió el duro pronunciamiento, advirtiendo al Gobierno que el dialogo con Comcipo, está condicionado a la libertad del periodista Paco.
Además, la Federación potosina, adjuntó a su pronunciamiento, la certificación de que Paco está registrado en la institución desde el 3 de enero de 1998.
Por su lado, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, emitió otro pronunciamiento, observando la intransigencia tanto de los representantes de Comcipo como del Gobierno para dar las condiciones adecuadas para el dialogó.
“Tercero.- Demandamos a las autoridades de Gobierno Central y del Poder Judicial a no penalizar el trabajo de la prensa. La detención del compañero periodista de Potosí, Juan Carlos Paco Veramendy de Radio Líder, quien fue detenido en circunstancias irregulares, es ilegal y se constituye en un amedrentamiento al trabajo de la prensa, por lo tanto, pedimos su inmediata libertad”, señala parte del pronunciamiento.
Entre tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, también se pronunciaron en favor del periodista y en señalaron la ilegalidad de la detención dictada por la juez Cardozo, que habría vulnerado el debido proceso.
“Se ha visto que no existe coherencia en lo expuesto por el Ministerio Público y que el debido proceso no se está cumpliendo, pues no se ha demostrado la participación del periodista en los hechos que se le imputa”, señaló Gregorio Lanza, secretario de conflictos del Defensor del Pueblo.
Por su lado, Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, señaló que esta instancia no podía constituirse en mediador, pero como un observador, opina que la libertad de todos los detenidos, sería un inmejorable escenario para retomar el dialogo entre Comcipo y el Gobierno, sobre la demandas que el pueblo potosino mantiene.
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