El fallo que emita el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 351 y el decreto reglamentario 1597 será clave para que el Gobierno tome el control hegemónico de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.
Una resolución contraria al recurso, presentado por el Defensor del Pueblo, Rolado Villena, le otorgará automáticamente la potestad al Ministerio de Autonomías de entregar y revocar las personerías jurídicas de estas entidades colectivas.
El jefe jurídico del Ministerio de Autonomías, Javier Zúñiga, aclaró que las ONG y fundaciones no deben preocuparse si cumplen los requisitos para la adecuación de estatutos y su registro con los objetivos determinados para sus operaciones, pues seguirán funcionando como corresponde y no se les revocará la personería jurídica.
“Si una entidad colectiva en vez de dedicarse a ayudar a los niños, como es su objeto establecido en su estatuto, se dedica a hacer generar inestabilidad con acciones políticas, lógicamente que está fuera de su misión, por tanto es sujeto a una revocatoria de personería”, aseveró.
En cambio la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), que aglutina a 26 organizaciones no gubernamentales (ONG), Susana Eróstegui, precisó que el Gobierno está buscando la toma total del control de estas entidades colectivas y alinearlas a sus condiciones, violando la libre asociación.
El presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwin Valverde, consideró como “clave” la decisión del TC para el futuro de las organizaciones colectivas sin fines de lucro porque dependerá de este punto si el Gobierno consigue finalmente tomar el control total de estas organizaciones.
Aunque también dijo que lo sensato sería un fallo en sujeción al respeto de la Constitución, que sería en favor de las ONG.
ANTECEDENTES El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó en noviembre de 2014 un recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, promulgada el 19 de marzo de 2013 por el presidente Evo Morales y del Decreto Supremo 1597 de reglamento a la otorgación de personería y envió la solicitud de "amicus curiae" (amigos de la corte) para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo.
El TC debió pronunciarse ya sobre este tema porque, según Eróstegui, se pasó del plazo establecido, por lo que considera se conocerá la resolución en cualquier momento, lo que definirá en gran medida el futuro de las entidades colectivas.
La representante de UNITAS precisó que la ley y el decreto mencionados facultan al Gobierno a disolver una ONG y fundación sin argumentar razones y sin procedimiento judicial, es decir que el “Ministerio de Autonomías otorga y quita la personería convirtiéndose en juez y parte sin intervención de terceros ni debido proceso, por tanto se puede colegir que buscarán argumentos para revocar la personería para las entidades colectivas que no son de su agrado”.
Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades sean tomados por el Estado "35 días después" de anunciada su disolución.
Eróstegui cuestionó que la norma sea ambigua al darle la facultad a la Asamblea Legislativa Plurinacional de solicitar la revocatoria de la personalidad jurídica en casos de "necesidad o interés público".
“Es un concepto ambiguo que puede ser usado por el Gobierno contra entidades críticas. Ello contraviene a la Constitución Política del Estado, que garantiza la libre asociación. Nosotros queremos claridad y esperamos que el fallo sea favorable para que se respete la Constitución y podamos tener ciertas garantías”, aseveró.
En 2013, el Gobierno apeló a esta norma, que no había sido demandada de inconstitucionalidad, para expulsar del país a la ONG ibis Dinamarca, sin especificar razones para ello, ni presentar pruebas.
Apuntes.
Personería jurídica
Es el reconocimiento jurídico que se da a una entidad civil sin fines de lucro para ser objeto de derechos y contraer obligaciones.
Regulación
La modificación de estatutos o reglamentos internos deberá ser tramitada ante el Ministerio de Autonomías para su respectiva actualización en el Sirepeju (Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas).
Revocatoria
La solicitud será presentada mediante nota al Ministerio de Autonomías, fundamentando la existencia de una o más causales de revocatoria.
Plazos
El Ministerio de Autonomías, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, notificará a la parte afectada para que dentro de cinco días hábiles posteriores, a partir de la notificación, presente descargos.
Siete causales de revocatoria
El jefe jurídico del Ministerio de Autonomías precisó que se han especificado siete causales para la revocatoria de la personería jurídica.
La primera es el incumplimiento de la Ley 351 y el reglamento de la norma.
“Otra argumentación es por necesidad o interés público, que debe ser analizado por la Asamblea Legislativa, que puede fallar por la revocatoria de su personería, argumentando que determinada ONG o fundación no está cumpliendo con sus objetivos”, explicó.
Zúñiga señaló que otra causal es que estas entidades públicas se dediquen a otras actividades que no sean de su función de acuerdo a su objetivo.
Un cuarto elemento de revocatoria es por transferencia o comercialización de su personería.
Una quinta causal es por sentencia penal ejecutoriada. Una sexta causal es por no desarrollar ninguna actividad en el marco de su objeto y fines, en un periodo de cinco años. Y un último punto es por incumplimiento a las políticas y normas sectoriales, previo informe del ministerio del área que corresponde.
Ley pone “candado” y limita campo de acción de entidades
La disposición que obliga a que las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo y que solo puedan dedicarse a un objetivo específico, sin diversificaciones, es un “candado” que limita el campo de acción de las entidades colectivas.
“Esto sucede cuando una ONG recibe un apoyo financiero para una temática nueva que el Estado no está en la capacidad de cumplir. Esto es una gran limitante desde el Ministerio de Autonomías”, afirmó la directora de Unitas, Susana Eróstegui.
Argumentó que si la ONG recibe recursos para la prevención de la violencia contra las niñas, está fuera del alcance que demarcó el Gobierno al momento de otorgar la personería, por tanto es un obstáculo en su campo de acción y que va en desmedro de los sectores más vulnerables.
“Esta idea de alinearnos todos solo a lo que el Gobierno está planteando como Plan de Desarrollo está impidiendo el progreso de los potenciales, la creatividad y la innovación para responder a múltiples necesidades. A la vez se vulnera ese derecho de asociación”, aseveró.
Eróstegui aclaró que su sector no se opone a la ley, sino que piden una norma clara en el marco de la Constitución, donde se respete las libertades democráticas, el derecho de asociación y se promueva la participación social con la contribución de las ONG al desarrollo del país.
Señaló que deberían ser partícipes en la definición de las políticas públicas y tener la posibilidad de dialogar con las autoridades.
Advierten que monopolio busca eliminar disidencia
El presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwin Valverde, dijo que el Gobierno busca monopolizar las ONG y fundaciones para eliminar las “disidencias”, pero con un accionar “autoritario” al querer limitar los derechos civiles y derechos de asociación que están garantizados por la Constitución Política del Estado.
“Lo que el Gobierno quiere posesionar es el monopolio de la representación social, de la verdad y el pensamiento único. Quiere alinear a las ONG y fundaciones, pese a que la propia Constitución no lo permite. Quiere generar un pensamiento único que controle cualquier tipo de pluralidad o disidencia contra el Gobierno”, aseveró.
Según el politólogo, este accionar del oficialismo, a través del Movimiento Al Socialismo (MAS), no le hace bien a la democracia, donde el disenso es necesario y no así la imposición, que se ha aplicado con las ONG.
PEDIDO Valverde considera que es “reprochable” todo monopolio que quiera imponerse en el caso de estas entidades, sin respetar la Constitución.
“Esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie por el respeto a la libre asociación consagrada en la Constitución y las obligaciones de Bolivia previstas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo contrario significaría un retroceso”, aseveró.
Dijo también que con estas actitudes del Ejecutivo, se proyecta un futuro incierto que puede ser muy peligroso cuando llegue a una insostenibilidad en la sociedad y que más adelante puede ser un argumento para generar conflictos sociales.
“Estas acciones deben llamar poderosamente la atención en la sociedad ante las arremetidas que vienen desde el poder para limitar las libertades civiles”, aseveró.
Asimismo consideró como un “contrasentido y falta de lealtad” que el Gobierno pretenda arrinconar a las entidades colectivas, cuando una gran mayoría de sus autoridades pasaron por una ONG o fundación.
Además, dijo que en varias organizaciones colectivas se ha defendido y promovido la carrera sindical y política del presidente Evo Morales.
La semana pasada el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, advirtió con expulsar del país a las organizaciones que se entrometan en asuntos internos.
El MAS promoverá una norma específica y coercitiva
El vicepresidente de la Cámara de Diputados y legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, manifestó que hay la decisión de trabajar en un proyecto de ley específico para fiscalizar a las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, donde se incluyan sanciones y acciones coercitivas contra los que incumplan la normativa.
Considera que la actual normativa de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su reglamentación no es suficiente, pues cree que hay la necesidad de precisar varios aspectos.
“La nueva ley deberá establecer la naturaleza jurídica de las ONG, la finalidad que tienen esas organizaciones y la transparencia en el manejo de sus recursos. Puede ser que haya recursos de dudosa procedencia”, indicó.
Según Borda, existen ONG que dicen defender el medio ambiente pero sus recursos los desvían a otros fines, por tanto considera que esas acciones deben sancionarse e individualizar las responsabilidades.
El diputado oficialista aclaró que la nueva ley no será complementaria, sino específica, porque la ley vigente no incorpora control. Dijo que se pretende incluir medidas coercitivas más efectivas con la incorporación de sanciones para que las ONG y fundaciones no se desvíen de sus objetivos y finalidades.
“El ente fiscalizador tiene que saber cuánto tienen estas organizaciones y en qué están invirtiendo”, aseveró Borda.
Recordó que algunas ONG financiaron movimientos y protestas que apoyaban a la “derecha”, acción que puso en riesgo la estabilidad del Gobierno del presidente Morales.
“Este elemento es sancionable con la revocatoria de personería”, concluyó al recordar el caso de los marchistas del TIPNIS, en la época de la Asamblea Constituyente y otros hechos que demostraron que las ONG apoyan a la oposición.
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