El exfiscal se postuló para ser vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de donde fue depurado en una segunda instancia.
El exfiscal Humberto Quispe fue aprehendido ayer por una de más de 30 denuncias que pesan en su contra en La Paz, informó el coronel Gary Omonte, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Quispe fue reconocido y atrapado por Carmiña Luna, una de sus víctimas, en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TJD) de La Paz, con mandamiento de aprehensión en el que se lo señala por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes, e incumplimiento de deberes. Ambos delitos tienen pena cárcel de cinco a 10 años y de uno a cinco, respectivamente.
El jefe de la fuerza anticrimen, afirmó que el aprehendido prestó su declaración informativa y después fue puesto a disposición de un juez.
"Se ha dado cumplimiento a un mandamiento de aprehensión en contra del señor Humberto Quispe, emitido por el doctor Edwin Blanco, por dos delitos. Está en calidad de aprehendido, estamos en la fase investigativa".
Una de las víctimas de Quispe, Carmiña Luna, quien también es abogada, relató que la orden de aprehensión se hizo efectiva al mediodía y que Quispe la amenazó con "destruir su vida".
En tanto el exfiscal, Humberto Quispe, declaró que es víctima de un proceso político y que a la fecha ninguna de las más de 30 a denuncias han sido probadas.
ANTECEDENTES. Víctor Vargas, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Humberto Quispe, recordó que el exfiscal es señalado de robo, extorsión y uso indebido de influencias, además de abuso de autoridad.
El exfiscal Quispe trabajó en el Centro Especial de investigación Policiales (CEIP) y tiene diez denuncias por diferentes delitos, que datan desde 2011. Un ciudadano, que forma parte de la Asociación, indicó que Humberto Quispe le robó de su empresa 300 mil bolivianos y 200 mil dólares, además de un vehículo.
Además, la exautoridad de la Fiscalía y algunos miembros de Policía del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) fueron señalados como parte de una red de volteadores y de extorsión, de acuerdo con una denuncia que fue entregada al Ministerio de Gobierno en enero de 2013.
Estos grupos policiales que se hallaban bajo la dirección de la Fiscalía —de acuerdo con el documento— planificaban sus operativos en un domicilio particular, donde oficiales del CEIP y el GICE señalaban los puntos o las personas a las que se tenía que intervenir.
Además, en la reunión, los oficiales se dedicaban a beber alcohol y elegían a las personas que se iban a infiltrar para cometer el delito, los volteos y extorsiones.
5.000 dólares, afirman, era la tarifa mínima de la red de extorsión del exfiscal y los policías denunciados.
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