La Defensoría establece que El Alto tiene la mayor carga procesal con 4.000 casos entre 16 ciudades

La ciudad de El Alto tiene una mora procesal de 4.000 causas y es la ciudad con el mayor número de casos en juzgados y tribunales, según un trabajo de verificación realizado por la Defensoría del Pueblo que reportó problemas de infraestructura y un total de 28.000 casos en 63 juzgados con la consiguiente vulneración de los derechos de las ciudadanos, principalmente de las víctimas.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó hoy el informe de verificación del estado de los tribunales en materia penal en término de infraestructura y casos. De las 28.000 causas radicadas en 63 juzgados, 21.600 están en juzgados de Instrucción Penal Cautelar; 4.902 en tribunales de Ejecución Penal, y 1.592 en tribunales de Sentencia.

La ciudad de El Alto concentra el mayor número de casos con 4.000, mientras que en orden descendente están Sucre con 3.525 y de a uno La Paz y Cochabamba con 3.300.

“La situación también es crítica en cuanto al mobiliario que resulta insuficiente para todo el personal, debiendo muchas veces compartir escritorio y, en algunos casos, ante la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso. En un juzgado, las mesas son prestadas e incluso se detectaron casos en los que tuvieron que ser compradas con dinero de los servidores públicos”, reveló Villena.

El trabajo involucró las ciudades capitales de los nueve departamentos, además de las ciudades de El Alto, Villa Tunari, Yacuiba, Caranavi, Llallagua, Riberal y Monteagudo. Según el Defensor la situación es tan crítica que los funcionarios deben llevar sus propias hojas bond, cartulinas, bolígrafos y otros materiales de escritorio como es el caso de un Tribunal en El Alto.

De acuerdo al informe, en Villa Tunari, Yacuiba, Llallagua y Caranavi no existe un sistema informático para el seguimiento y la cooperación es escasa entre los juzgados, tribunales, Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública en Potosí, Cobija, Santa Cruz, El Alto y Trinidad.

“Aunque es evidente que, durante toda nuestra historia, el Órgano Judicial ha tenido un presupuesto limitado e insuficiente, no es menos cierto que, en la actualidad con el crecimiento de la demanda pública en la mayoría de sus áreas, la situación alcanza niveles de gravedad”, afirmó.

La Defensoría presentó 11 recomendaciones como mejorar los espacios físicos; atención en cuanto a mobiliario; dotación de equipos de computación; servicios de internet; cobertura en cuanto a material de escritorio; evitar largos periodos de suplencias legales o vacaciones; regular las prácticas y pasantías; incrementar el número de jueces y personal; implementar un sistema de seguimiento de causas y plataforma de atención al público.

La verificación se la hizo en enero y contempló 25 juzgados de Instrucción en lo Penal; 22 tribunales de Sentencia; y 16 de Ejecución Penal. También fue detectada la carencia de oficinas como el caso de Yacuiba, Tarija, donde –de acuerdo al informe- las audiencias deben ser instaladas en un patio; o como en El Alto, donde el despacho del juez es usado como sala de audiencias.