El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que la solución a la crisis que vive la justicia en Bolivia no pasa sólo por el cambio de personas sino por generar un nuevo modelo de gestión.
“No se trata solamente de cambiar personas (...) pasa por una implementación de un nuevo modelo de gestión, hasta el momento tenemos un modelo arcaico”, dijo en entrevista con medios estatales.
Durante la semana estalló un nuevo caso de corrupción en la ciudad de La Paz donde un juez extorsionó a una litigante, quien lo filmó y lo denunció ante el Ministerio de Transparencia.
Ese hecho puso nuevamente en la mesa del debate la crisis de la justicia boliviana que, según Guerrero, viene desde la época colonial, republicana y neoliberal, ya que la justicia quedó “anquilosada” en el tiempo, no pudo desarrollarse y es ahora una “asignatura pendiente”.
Mencionó que la retardación de justicia genera corrupción en la que están involucrados jueces, fiscales, pero también la Policía que es la encargada de llevar adelante la investigación de los casos.
Agregó que los consorcios de abogados son otra parte de la corrupción, de esa estructura carente de control, que hace que la población desconfíe del sistema judicial.
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